Quito. 29 nov 2001. (Editorial) El presidente Noboa no pierde oportunidad
para expresar su frustración y enojo con la prensa, por lo que él
califica injusto tratamiento de criticarlo y destacar solo los aspectos
negativos de su Gobierno, de no reconocerle suficientemente los logros y
esfuerzos por avanzar, por hacer, por gobernar este paÃs ingobernable,
lleno de contradicciones, de impedimentos, de oposición.
Es posible que tenga razón de sentirse muy mal. Debe ser muy difÃcil
ejercer la Primera Magistratura, con el cúmulo de problemas por resolver,
agravados durante los últimos 22 años de democracia con la consigna
acostumbrada de dejarlos siempre pendientes, entre ellos la seguridad
social, la reforma y privatización de sectores claves, como la telefonÃa,
la electricidad, los puertos, el petróleo. El oleoducto de crudos pesados
y la seguridad social son temas que han estado en la mesa de debate y
discusión por muchos años.
Hoy, cuando el Gobierno se empeña en privatizar las empresas de
distribución eléctrica, como paso previo para licitar o emprender Mazar,
obra única que nos darÃa seguridad por muchos años de contar con
suficiente suministro de energÃa, surge otra vez la oposición de los
sindicatos, que conocen y saben a ciencia cierta que, una vez privatizado
el sector, ya no podrán seguir usufructuando de las mismas prebendas y
canongÃas, dado que al pasar a ser empresas privadas, ajenas al manoseo y
la componenda polÃtica, la situación y la negociación sindical serán muy
diferentes.
La pregunta que cabe es si acaso los beneficios o abusos de una clase
gremial privilegiada, de unos pocos obreros sindicalizados que han
desnaturalizado la protección laboral de nuestras leyes, valen más o
prevalecen sobre la suerte de todo un pueblo, una nación de 13 millones
de ecuatorianos, que cada año corre el peligro de paralizarse, sin
posibilidades de llevar una vida normal; y que la industria, el comercio,
la agroindustria no se puedan desenvolver con seguridad, y que el paÃs no
pueda crecer y progresar por falta de suficiente electricidad.
La administración estatal ha probado ser un fracaso en la mayorÃa de las
actividades; lamentablemente, es deficitaria, ineficiente y, sobre todo,
no genera los recursos necesarios de reinversión y reposición de activos
para mantener y acrecentar cualquier actividad. La mayorÃa estamos
conscientes de esta verdad, pero las suspicacias o los intereses creados
pueden más, el juego es: si yo no, tampoco tú; cada tienda polÃtica en la
oposición se opone a que los procesos privatizadores sean ejecutados en
su oportunidad, en la convicción de que mañana serÃan potencialmente
ellos quienes lo puedan realizar.
A su vez, el ex presidente Borja expresa que, si el Gobierno insiste,
"teme un proceso de violencia". Propone alternativamente la
capitalización del sector y la creación de empresas mixtas con nuevos
aportes del 51% de socios privados. En la práctica es lo mismo, de una y
otra forma terminamos igual con empresas mixtas y el Estado con el
remanente de 49% en ambos casos. Las objeciones no son de fondo, la
cuestión es simplemente postergar o impedir.
El paÃs, mientras tanto, que espere una vez más. Las pérdidas de $100
millones al año, según lo denunció este Diario, que se sigan acumulando
unos cuantos años más. El argumento de que el precio de hoy no es
conveniente es otro pretexto, y el peor negocio a largo plazo si tomamos
en cuenta lo perdido durante tantos años de diferir, detener y postergar
el proceso.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
para expresar su frustración y enojo con la prensa, por lo que él
califica injusto tratamiento de criticarlo y destacar solo los aspectos
negativos de su Gobierno, de no reconocerle suficientemente los logros y
esfuerzos por avanzar, por hacer, por gobernar este paÃs ingobernable,
lleno de contradicciones, de impedimentos, de oposición.
Es posible que tenga razón de sentirse muy mal. Debe ser muy difÃcil
ejercer la Primera Magistratura, con el cúmulo de problemas por resolver,
agravados durante los últimos 22 años de democracia con la consigna
acostumbrada de dejarlos siempre pendientes, entre ellos la seguridad
social, la reforma y privatización de sectores claves, como la telefonÃa,
la electricidad, los puertos, el petróleo. El oleoducto de crudos pesados
y la seguridad social son temas que han estado en la mesa de debate y
discusión por muchos años.
Hoy, cuando el Gobierno se empeña en privatizar las empresas de
distribución eléctrica, como paso previo para licitar o emprender Mazar,
obra única que nos darÃa seguridad por muchos años de contar con
suficiente suministro de energÃa, surge otra vez la oposición de los
sindicatos, que conocen y saben a ciencia cierta que, una vez privatizado
el sector, ya no podrán seguir usufructuando de las mismas prebendas y
canongÃas, dado que al pasar a ser empresas privadas, ajenas al manoseo y
la componenda polÃtica, la situación y la negociación sindical serán muy
diferentes.
La pregunta que cabe es si acaso los beneficios o abusos de una clase
gremial privilegiada, de unos pocos obreros sindicalizados que han
desnaturalizado la protección laboral de nuestras leyes, valen más o
prevalecen sobre la suerte de todo un pueblo, una nación de 13 millones
de ecuatorianos, que cada año corre el peligro de paralizarse, sin
posibilidades de llevar una vida normal; y que la industria, el comercio,
la agroindustria no se puedan desenvolver con seguridad, y que el paÃs no
pueda crecer y progresar por falta de suficiente electricidad.
La administración estatal ha probado ser un fracaso en la mayorÃa de las
actividades; lamentablemente, es deficitaria, ineficiente y, sobre todo,
no genera los recursos necesarios de reinversión y reposición de activos
para mantener y acrecentar cualquier actividad. La mayorÃa estamos
conscientes de esta verdad, pero las suspicacias o los intereses creados
pueden más, el juego es: si yo no, tampoco tú; cada tienda polÃtica en la
oposición se opone a que los procesos privatizadores sean ejecutados en
su oportunidad, en la convicción de que mañana serÃan potencialmente
ellos quienes lo puedan realizar.
A su vez, el ex presidente Borja expresa que, si el Gobierno insiste,
"teme un proceso de violencia". Propone alternativamente la
capitalización del sector y la creación de empresas mixtas con nuevos
aportes del 51% de socios privados. En la práctica es lo mismo, de una y
otra forma terminamos igual con empresas mixtas y el Estado con el
remanente de 49% en ambos casos. Las objeciones no son de fondo, la
cuestión es simplemente postergar o impedir.
El paÃs, mientras tanto, que espere una vez más. Las pérdidas de $100
millones al año, según lo denunció este Diario, que se sigan acumulando
unos cuantos años más. El argumento de que el precio de hoy no es
conveniente es otro pretexto, y el peor negocio a largo plazo si tomamos
en cuenta lo perdido durante tantos años de diferir, detener y postergar
el proceso.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
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