Puerto Ayora (Ecuador). 11 feb 96. Este será el segundo
intento. La primera Ley Especial para la provincia de
Galápagos fue presentada al Congreso el año pasado por el
diputado por Galápagos, Eduardo Véliz.
Ese primer intento recibió el veto parcial del presidente de
la República, después de que grupos ecologistas, e incluso la
Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República
(CAAM), se quejaron de que el proyecto de Ley no era fruto del
consenso de los interesados y, entre otras cosas, introducía
excesivos componentes políticos.
En esta ocasión, instituciones nacionales y seccionales, ONGs,
organismos internacionales y representantes de la sociedad
civil galapaguense han buscado consensos. Al menos eso se
intentó en una gran reunión plenaria organizada por la
Comisión Permanente para las Islas Galápagos que tuvo lugar el
miércoles, jueves y viernes pasados en Puerto Ayora, donde
cerca de cien personas debatieron sobre los principales
problemas que afectan a las islas, y establecieron los
elementos básicos que servirán de insumo para la elaboración
de la Ley Especial.
En este gran seminario-taller, convocado bajo el nombre de
"Consenso para el desarrollo sustentable de la provincia de
Galápagos", se establecieron como grandes problemas de
discusión el inadecuado marco jurídico institucional para
aplicar eficientemente la política de conservación de las
islas, el acelerado crecimiento poblacional, las dificultades
en el manejo de las pesquerías, desequilibrios en la actividad
turística, y el impacto provocado por las especies animales y
vegetales introducidas.
No fue fácil llegar a consensos. En algunos casos, las
discusiones subieron de tono. Y es que, en Galápagos parece
que constantemente se enfrentan el crecimiento a largo plazo
(conservación) y el crecimiento a corto plazo (uso y
explotación de los recursos naturales); la pesca y el turismo;
los pescadores artesanales y los pescadores industriales; la
mano de obra insular y la mano de obra del continente; y
últimamente los ecologistas y los políticos.
Eduardo Véliz, que estuvo en Puerto Ayora durante el
seminario, participó solo un par de horas en las discusiones.
Poco antes de que el seminario concluya, su asesor, Hugo Loza,
se encargó de gritar a voz en cuello que "las reuniones han
sido un fracaso". Sin embargo, el resto de los asistentes se
mostraron más positivos. Alfredo Carrasco, director de la
Fundación Charles Darwin, señaló que están dados todos los
elementos que Galápagos requiere: hay estudios ecológicos y
económicos, la comunidad exige mayor participación en el
trabajo de conservación, existen recursos financieros
nacionales e internacionales, etc. "Creo que ya es tiempo de
aterrizar", dijo Carrasco, y agregó que en el seminario
algunas autoridades -sobre todo del Congreso- se
comprometieron a trabajar para que no falte la voluntad
política.
Algunas propuestas nuevas
De las acaloradas discusiones que caracterizaron el
seminario-taller, salieron algunas propuestas novedosas que
seguramente serán recogidas en la Ley Especial.
Hubo consenso en proponer, como una de las cuestiones
prioritarias, un control especial de la migración, que
actualmente parecer ser uno de los principales problemas de
las islas, pues -según explicaron los especialistas - los
migrantes sacrifican los esfuerzos tendientes a mejorar las
condiciones de vida de la población local y presionan sobre la
infraestructura, dotación de servicios, educación, empleo,
salud... En algún momento, incluso, se propuso un cierre total
de fronteras, cosa que obviamente fue rechazada. La creciente
inmigración, sin embargo, parece causar, en ciertos círculos
radicales de la población galapaguense, una especie de rechazo
al poblador continental y extranjero, que muchas veces ocupa
los principales puestos de dirección en las instituciones
existentes en las islas. Por eso, un rígido control
migratorio y de residencia se exigió una y otra vez en las
discusiones.
Asimismo, se propuso la creación de una Corte Suprema de
Justicia en Galápagos, ya que al momento la mayor parte de los
trámites judiciales tienen que ser realizados en el
continente.
También se propuso la creación de un Consejo Insular, como una
alternativa para regularlas decisiones institucionales de
Galápagos. Este Consejo estaría conformado por representantes
del sector científico de Galápagos, el sector de turismo y
pesca, organismos regionales, el sector de educación y la
función judicial provincial.
En la gran plenaria, sin embargo, no se planteó poner límite a
la entrada de turistas, que cada año llegan en mayor número a
las islas. Solo se decidió no aumentar la oferta turística,
mantener la demanda sin acrecentarla e incorporar el modelo de
gestión turística con base local.
El Consejo Provincial es la gran polémica
Definitivamente, la gran polémica de las discusiones que
tuvieron lugar en Puerto Ayora fue la existencia en Galápagos
de un Consejo Provincial.
Como se recordará, una reforma constitucional aprobada por el
Congreso, en junio pasado, creó un Consejo Provincial en
Galápagos, la única provincia que carecía de un ente de este
tipo.
Aunque la reforma a la Constitución no ha sido todavía
publicada en el Registro Oficial, parece que el Consejo es un
hecho. Incluso, el Tribunal Supremo Electoral convocó, hace
pocos días, a elecciones en Galápagos de prefecto y
concejales.
Pero parece que el Consejo Provincial no convence a un
importante número de galapaguenses. Para los ecologistas, el
Consejo es una amenaza para la ecología, porque impulsaría una
visión desarrollista, a través de cargos administrativos y
políticos cuya única finalidad serían los votos y no la
conservación. "La actividad de la conservación quedaría
relegada por las notas políticas y de poder. El Consejo sería
un obstáculo para alcanzar el desarrollo sustentable de la
provincia", dijo Salvador Cazar de la CAAM.
Los defensores del Consejo tienen a la cabeza al diputado
Eduardo Véliz, y al Movimiento de Defensa Insular, que en
septiembre pasado apoyara el paro declarado en Galápagos para
defender el proyecto de ley vetado parcialmente por el
ejecutivo. Este grupo defiende la necesidad de tener una
institución provincial con dignidades elegidas por voto
popular.
Alfredo Carrasco considera que hay otras formas de ejercer la
democracia, y señala que la creación del Consejo muestra una
cierta necesidad de "repartirse el pastel". Propone, en
cambio, fortalecer las instituciones locales.
La existencia del Consejo Provincial no consiguió acuerdos
entre la gente. De todas maneras, será un tema a tratarse en
la Ley Especial, ya sea para proponer su desaparición o para
especificar sus funciones.
Este punto deberá ser discutido en la Comisión Tripartida
-Congreso, Ejecutivo, y representantes de la sociedad
galapaguense- que redactarán la Ley Especial en las próximas
semanas.
Los cinco grandes problemas
En el seminario-taller se definieron los siguientes como cinco
de los grandes problemas de Galápagos:
Crecimiento poblacional
- Galápagos tiene una tasa anual de crecimiento del 5.1%,
frente al 2.1% que es la tasa nacional.
- Entre 1950 y 1995 la población se ha multiplicado por diez;
un porcentaje alto se debe a la migración.
- La alteración del medio ambiente por asentamiento humanos ha
provocado el incremento de tierras de labranza, extracción de
materiales de construcción y, entre otras cosas, contaminación
por desechos sólidos y elementos químicos.
Desequilibrio en la actividad turística
- Mientras en 1970 operó en Galápagos una sola embarcación que
movilizaba 4.479 pasajeros hacia el Parque Nacional, el año
pasado operaron 88 embarcaciones y entraron 55.782 visitantes.
- En 1970 existían en las islas 43 sitios de visitas; hoy hay
60 sitios terrestres y 36 marinos.
- De los 5.782 turistas que visitaron el año pasado Galápagos,
40.303 eran extranjeros y 15.483 nacionales.
Impacto de animales y vegetales introducidos
- Las especies vegetales y animales, introducidas accidental o
voluntariamente por los migrantes, amenazan con causar graves
perjuicios al medio ambiente de Galápagos.
- En 1971 existían en Galápagos 170 plantas introducidas. Hoy
hay 500 especies agresivas que están destruyendo las especies
nativas.
- El volcán Alcedo, en Isabela, está invadido por más de
30.000 chivos salvajes que han destruido la vegetación y
amenazan con desterrar a las tortugas gigantes. Además hay
cerdos, asnos y perros salvajes.
Pesca
- La pesca masiva de tipo industrial amenaza con la extinción
de especies marinas, como los pepinos de mar.
- En lo que va de este año, se han capturado dos embarcaciones
pescando ilegalmente. En la primera se incautaron 80.000
pepinos de mar; en la segunda se detuvieron 18 toneladas de
atún pescadas dentro de las cinco millas consideradas como
reserva de recursos marinos de Galápagos.
Marco institucional
- En Galápagos existen varias instituciones administrativas
del gobierno central y local que duplican e incluso
contraponen sus funciones. (Ecología) (Diario HOY) (10B)
intento. La primera Ley Especial para la provincia de
Galápagos fue presentada al Congreso el año pasado por el
diputado por Galápagos, Eduardo Véliz.
Ese primer intento recibió el veto parcial del presidente de
la República, después de que grupos ecologistas, e incluso la
Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República
(CAAM), se quejaron de que el proyecto de Ley no era fruto del
consenso de los interesados y, entre otras cosas, introducía
excesivos componentes políticos.
En esta ocasión, instituciones nacionales y seccionales, ONGs,
organismos internacionales y representantes de la sociedad
civil galapaguense han buscado consensos. Al menos eso se
intentó en una gran reunión plenaria organizada por la
Comisión Permanente para las Islas Galápagos que tuvo lugar el
miércoles, jueves y viernes pasados en Puerto Ayora, donde
cerca de cien personas debatieron sobre los principales
problemas que afectan a las islas, y establecieron los
elementos básicos que servirán de insumo para la elaboración
de la Ley Especial.
En este gran seminario-taller, convocado bajo el nombre de
"Consenso para el desarrollo sustentable de la provincia de
Galápagos", se establecieron como grandes problemas de
discusión el inadecuado marco jurídico institucional para
aplicar eficientemente la política de conservación de las
islas, el acelerado crecimiento poblacional, las dificultades
en el manejo de las pesquerías, desequilibrios en la actividad
turística, y el impacto provocado por las especies animales y
vegetales introducidas.
No fue fácil llegar a consensos. En algunos casos, las
discusiones subieron de tono. Y es que, en Galápagos parece
que constantemente se enfrentan el crecimiento a largo plazo
(conservación) y el crecimiento a corto plazo (uso y
explotación de los recursos naturales); la pesca y el turismo;
los pescadores artesanales y los pescadores industriales; la
mano de obra insular y la mano de obra del continente; y
últimamente los ecologistas y los políticos.
Eduardo Véliz, que estuvo en Puerto Ayora durante el
seminario, participó solo un par de horas en las discusiones.
Poco antes de que el seminario concluya, su asesor, Hugo Loza,
se encargó de gritar a voz en cuello que "las reuniones han
sido un fracaso". Sin embargo, el resto de los asistentes se
mostraron más positivos. Alfredo Carrasco, director de la
Fundación Charles Darwin, señaló que están dados todos los
elementos que Galápagos requiere: hay estudios ecológicos y
económicos, la comunidad exige mayor participación en el
trabajo de conservación, existen recursos financieros
nacionales e internacionales, etc. "Creo que ya es tiempo de
aterrizar", dijo Carrasco, y agregó que en el seminario
algunas autoridades -sobre todo del Congreso- se
comprometieron a trabajar para que no falte la voluntad
política.
Algunas propuestas nuevas
De las acaloradas discusiones que caracterizaron el
seminario-taller, salieron algunas propuestas novedosas que
seguramente serán recogidas en la Ley Especial.
Hubo consenso en proponer, como una de las cuestiones
prioritarias, un control especial de la migración, que
actualmente parecer ser uno de los principales problemas de
las islas, pues -según explicaron los especialistas - los
migrantes sacrifican los esfuerzos tendientes a mejorar las
condiciones de vida de la población local y presionan sobre la
infraestructura, dotación de servicios, educación, empleo,
salud... En algún momento, incluso, se propuso un cierre total
de fronteras, cosa que obviamente fue rechazada. La creciente
inmigración, sin embargo, parece causar, en ciertos círculos
radicales de la población galapaguense, una especie de rechazo
al poblador continental y extranjero, que muchas veces ocupa
los principales puestos de dirección en las instituciones
existentes en las islas. Por eso, un rígido control
migratorio y de residencia se exigió una y otra vez en las
discusiones.
Asimismo, se propuso la creación de una Corte Suprema de
Justicia en Galápagos, ya que al momento la mayor parte de los
trámites judiciales tienen que ser realizados en el
continente.
También se propuso la creación de un Consejo Insular, como una
alternativa para regularlas decisiones institucionales de
Galápagos. Este Consejo estaría conformado por representantes
del sector científico de Galápagos, el sector de turismo y
pesca, organismos regionales, el sector de educación y la
función judicial provincial.
En la gran plenaria, sin embargo, no se planteó poner límite a
la entrada de turistas, que cada año llegan en mayor número a
las islas. Solo se decidió no aumentar la oferta turística,
mantener la demanda sin acrecentarla e incorporar el modelo de
gestión turística con base local.
El Consejo Provincial es la gran polémica
Definitivamente, la gran polémica de las discusiones que
tuvieron lugar en Puerto Ayora fue la existencia en Galápagos
de un Consejo Provincial.
Como se recordará, una reforma constitucional aprobada por el
Congreso, en junio pasado, creó un Consejo Provincial en
Galápagos, la única provincia que carecía de un ente de este
tipo.
Aunque la reforma a la Constitución no ha sido todavía
publicada en el Registro Oficial, parece que el Consejo es un
hecho. Incluso, el Tribunal Supremo Electoral convocó, hace
pocos días, a elecciones en Galápagos de prefecto y
concejales.
Pero parece que el Consejo Provincial no convence a un
importante número de galapaguenses. Para los ecologistas, el
Consejo es una amenaza para la ecología, porque impulsaría una
visión desarrollista, a través de cargos administrativos y
políticos cuya única finalidad serían los votos y no la
conservación. "La actividad de la conservación quedaría
relegada por las notas políticas y de poder. El Consejo sería
un obstáculo para alcanzar el desarrollo sustentable de la
provincia", dijo Salvador Cazar de la CAAM.
Los defensores del Consejo tienen a la cabeza al diputado
Eduardo Véliz, y al Movimiento de Defensa Insular, que en
septiembre pasado apoyara el paro declarado en Galápagos para
defender el proyecto de ley vetado parcialmente por el
ejecutivo. Este grupo defiende la necesidad de tener una
institución provincial con dignidades elegidas por voto
popular.
Alfredo Carrasco considera que hay otras formas de ejercer la
democracia, y señala que la creación del Consejo muestra una
cierta necesidad de "repartirse el pastel". Propone, en
cambio, fortalecer las instituciones locales.
La existencia del Consejo Provincial no consiguió acuerdos
entre la gente. De todas maneras, será un tema a tratarse en
la Ley Especial, ya sea para proponer su desaparición o para
especificar sus funciones.
Este punto deberá ser discutido en la Comisión Tripartida
-Congreso, Ejecutivo, y representantes de la sociedad
galapaguense- que redactarán la Ley Especial en las próximas
semanas.
Los cinco grandes problemas
En el seminario-taller se definieron los siguientes como cinco
de los grandes problemas de Galápagos:
Crecimiento poblacional
- Galápagos tiene una tasa anual de crecimiento del 5.1%,
frente al 2.1% que es la tasa nacional.
- Entre 1950 y 1995 la población se ha multiplicado por diez;
un porcentaje alto se debe a la migración.
- La alteración del medio ambiente por asentamiento humanos ha
provocado el incremento de tierras de labranza, extracción de
materiales de construcción y, entre otras cosas, contaminación
por desechos sólidos y elementos químicos.
Desequilibrio en la actividad turística
- Mientras en 1970 operó en Galápagos una sola embarcación que
movilizaba 4.479 pasajeros hacia el Parque Nacional, el año
pasado operaron 88 embarcaciones y entraron 55.782 visitantes.
- En 1970 existían en las islas 43 sitios de visitas; hoy hay
60 sitios terrestres y 36 marinos.
- De los 5.782 turistas que visitaron el año pasado Galápagos,
40.303 eran extranjeros y 15.483 nacionales.
Impacto de animales y vegetales introducidos
- Las especies vegetales y animales, introducidas accidental o
voluntariamente por los migrantes, amenazan con causar graves
perjuicios al medio ambiente de Galápagos.
- En 1971 existían en Galápagos 170 plantas introducidas. Hoy
hay 500 especies agresivas que están destruyendo las especies
nativas.
- El volcán Alcedo, en Isabela, está invadido por más de
30.000 chivos salvajes que han destruido la vegetación y
amenazan con desterrar a las tortugas gigantes. Además hay
cerdos, asnos y perros salvajes.
Pesca
- La pesca masiva de tipo industrial amenaza con la extinción
de especies marinas, como los pepinos de mar.
- En lo que va de este año, se han capturado dos embarcaciones
pescando ilegalmente. En la primera se incautaron 80.000
pepinos de mar; en la segunda se detuvieron 18 toneladas de
atún pescadas dentro de las cinco millas consideradas como
reserva de recursos marinos de Galápagos.
Marco institucional
- En Galápagos existen varias instituciones administrativas
del gobierno central y local que duplican e incluso
contraponen sus funciones. (Ecología) (Diario HOY) (10B)
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