EL PRESUPUESTO DEL ESTADO DE 2002

Quito. 6 nov 2001. (Editorial) En el análisis de la pro forma del
Presupuesto para el próximo año se deben considerar factores de orden
estructural, que subsisten desde mucho tiempo atrás, y elementos
coyunturales, que alterarán el cálculo de ingresos debido al impacto del
terrorismo en la economía mundial.

En el tema estructural, los presupuestos han sido seriamente afectados
por la carga excesiva del servicio de la deuda pública, la cual en el año
2000 representó el 54% del Presupuesto del Estado y, en los últimos diez
años, el promedio fue del 35%. Para 2002 ascenderá al 33%.

Cuando se hacen comparaciones de los índices de la carga de la deuda con
otros países, en el caso ecuatoriano se han dejado de lado la deuda
pública interna de $2 964 millones, así como las deudas del Estado al
IESS de $2 051 millones, además de los valores que debe la AGD a los
depositantes de los bancos cerrados, entre otras. Si se suman todas estas
deudas del Estado, la cifra total bordea los $18 700 millones, suma
equivalente al 107% del PIB, una de las más altas del mundo.

Esta situación requiere un cambio radical para establecer un límite al
endeudamiento público que podría alcanzar el 40% del PIB, como lo propuso
el ex ministro Gallardo.

El sobreendeudamiento público se asemeja a la situación de la presa del
Paute, en la cual la capacidad de producción de energía se ve disminuida
paulatinamente por la acumulación de sedimentos. En el caso del
Presupuesto del Estado, el servicio de la deuda absorbe más de la tercera
parte de los recursos y provoca un estado de rigidez, agravado por las
llamadas preasignaciones y gastos fijos de sueldos, con lo cual apenas un
10% del Presupuesto puede ser libremente utilizado por el Gobierno.

Para resolver esta situación y permitir que una mayor cantidad de
recursos puedan destinarse a la inversión social, se debe reflexionar
sobre la necesidad de utilizar la riqueza petrolera para la recompra de
la deuda, mediante las modalidades que se consideren adecuadas previstas
en la Ley. En la industria petrolera se cierne una amenaza por el
desarrollo de las nuevas tecnologías que permitirán sustituir los
hidrocarburos como combustible en los vehículos, y que determinará la
caída de los precios del crudo a corto plazo.

En el tema de coyuntura, la recesión mundial iniciada antes de los
sucesos del 11 de septiembre ha ocasionado una disminución de la demanda
de algunos productos ecuatorianos, especialmente del petróleo, que
exigirá una revisión del precio promedio de $20 fijado en la pro forma y
que tendrá un impacto de alrededor de $300 millones en el próximo año. De
igual manera tendrán que reajustarse las cifras de producción de crudo,
ya que las expectativas no son tan optimistas como lo esperan las
autoridades de Petroecuador. Tampoco hay la certeza de que a la
terminación del OCP se pueda llenar el SOTE, dada la caída de la
producción, por la falta de inversión.

En el tema tributario, es destacable el crecimiento del las recaudaciones
del IVA, gracias a la gestión del SRI, pero es lamentable que solamente
una parte del proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo
haya sido aprobado, y se mantenga archivada una parte importante de la
reforma que tiene por objeto racionalizar la tributación municipal.

Igualmente continúa pendiente el debate relativo a la creación de un
fondo petrolero, por el cual los ingresos provenientes de las
exportaciones de crudo transportado por el OCP estarían destinados a la
estabilización del Presupuesto ante posibles shocks externos y para la
recompra de la deuda pública. (Diario Hoy)