Crisis Univeristaria

Quito. 07.02.93. Cuando en 1969 la universidad ecuatoriana abría
las puertas al libre ingreso de estudiantes, nadie se imaginó que
ese proceso, 24 años después, iba a estar lleno de dificultades
económicas y políticas.

Ni siquiera los más pesimistas se esperaban una respuesta como
la obtenida. Y ahora, en medio de profundas dificultades, la
universidad enfrenta la más grave crisis de toda su historia por
la falta de recursos humanos especializados y económicos que
llevarían, inclusive, a una privatización.

Si bien el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén ha
involucrado en su política privatizadora a las universidades, sus
máximas autoridades tratan de realizar esfuerzos por sacar a
dichos centros del problema, introduciendo una reforma profunda
que privilegie la intervención estatal.

Pero ya se están dando grandes pasos en esta gigantesca tarea,
que el secretario del Consejo de Universidades y Escuelas
Politécnicas (CONUEP), Gonzalo Muñoz ha comparado con los grandes
desafíos que debe enfrentar el país: no solo se trata de la
transferencia de recursos económicos, sino de una reforma
profunda.

"Hay una clara conciencia en todos los rectores y autoridades
universitarias y una urgencia por cambiar", dijo Muñoz. Todos los
establecimientos se hallan revisando los planes de estudio y los
perfiles profesionales y muchos de ellos, inclusive, se
encuentran en una rigurosa planificación para el futuro.

Se espera para 1995 tener un gran proyecto de renovación
universitaria, que permita que la educación superior entre en una
nueva etapa, a través del mejoramiento radical de la excelencia
académica.

El proyecto cuenta con el financiamiento del Banco Mundial por
400 mil dólares y el asesoramiento de expertos extranjeros.

En una primera etapa de esta transformación, se tiene previsto
poner a discusión los grandes problemas universitarios con los
medios productivos, los políticos, periodistas, realizar debates
con el Estado sobre la autonomía, el financiamiento, etc "para
justamente ver qué es el sentir de la ciudadanía y del país en
general sobre la universidad y qué se propone".

Para Muñoz, dicho plan es el aspecto más importante que se
encuentra en manos del CONUEP y en el que se hallan empeñadas
todas las universidades y escuelas politécnicas. "Tenemos la
esperanza que con el proyecto habrá posibilidades, tanto de
financiamiento externo como de una mayor contribución también del
Estado, que va a ver que la universidad si está empeñada en
rehacerse", dijo.

Las reformas

Quizá una de las reformas más importantes que se trata de
introducir, es la relativa a cómo se va a adecuar al bachiller
para que tenga suficiente solvencia para el ingreso. Se les
exigirá -y de hecho algunas universidades y facultades ya lo
están haciendo- un curso preuniversitario o de pre facultad para
que el aspirante continuamente vaya mejorando. "Hay una
sensibilidad y una gran apertura para ir perfeccionando el tipo
de recursos académico", dijo Gonzalo Muñoz.

Autofinanciamiento.

Pero el gobierno se encuentra empeñado en liberalizar más el
procedimiento de formación de universidades, alentando a que
organizaciones no gubernamentales, asociaciones de profesionales,
organizaciones confesionales y grupos privados organicen centros
de educación superior.

Según el documento "Estrategia y Políticas Sociales del Ecuador",
elaborado en el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), la
universidad estatal, en el corto plazo, debe propender a
autofinanciarse, captando recursos de las familias que se
benefician de la educación superior y de las empresas a través de
la prestación de servicios.

Sin embargo, "el Estado mantendrá una intervención, especialmente
en el campo de la investigación científica y tecnológica que
rinde beneficios sociales, por lo que el Estado debe cubrir al
menos una parte de los costos que requiere".

El documento considera que hay profesiones que tienen un alto
rendimiento social más que personal, que deberían ser subsidiadas
por el Estado o existir mecanismos adecuados de crédito.

El gobierno de Durán Ballén considera que el concepto de la
"autonomía universitaria" debe ser revisado. Dice que si éste es
equivalente al de total gratuidad, resulta casi siempre en una
ineficiencia financiera que la deben sobrellevar todos los
cuidadnos contribuyentes al tesoro del Estado y que afecta
también a otros niveles educacionales que pierden esos
potenciales recursos.

Asimismo plantea revisar el concepto de que la definición de las
profesiones ofertadas son decisiones "autónomas" de las
universidades o del CONUEP, porque producen "desajustes en
aquello que el mercado realmente demanda".

Señala que la intervención del Estado en la educación superior
debe llegar solamente hasta donde es beneficiosa, guiando o dando
normas dentro de las cuales deben las universidades actuar para
acceder a las transferencias estatales, para los fines de mejorar
su excelencia académica, hacer investigaciones, desarrollar
carreras socialmente deseables y apoyar a los estudiantes que no
pueden financiar sus estudios, pese a su alta capacidad
intelectual.(2A)