Los Masones Piden Un Obispado

Quito. 25.02.93. ¿Se imaginan ustedes a dos tremendos masones
exigiendo a las autoridades la erección de un obispado católico y
un seminario en su ciudad? Cuesta imaginarlo, pero ocurrió en la
realidad. Y ocurrió en nuestro país. Y más precisamente en
Guayaquil.

Esta historia de desarrolló entre 1812 y 1820 y sus actores
principales fueron nada menos que dos de nuestros mayores
próceres: don José Joaquín de Olmedo y don Vicente Rocafuerte,
que a comienzos de aquel período fungieran como diputados de
Guayaquil en las Cortes Constitucionales de Cádiz.

El caso es que Olmedo y Rocafuerte, en su calidad de
representantes de su provincia, elevaron en 1813 un memorial al
Rey de España, Fernando VII, solicitando, entre otras cosas, "la
erección de un obispado en Guayaquil, independiente del que
existe en la ciudad de Cuenca" y "la erección de un Colegio
Seminario para la educación de la juventud". Posteriormente
elevaron nuevas solicitudes con el mismo fin.

¿Cómo explicarnos que dos insignes masones abogaran por la
creación de un obispado y un "seminario conciliar" para su
ciudad? Vistas desde hoy, las razones que movían a los
solicitantes no son difíciles de entender: eran diputados de la
provincia de Guayaquil y, como tales, abogaban por el progreso y
desarrollo de su "patria chica". También eran miembros del "Gran
Cacao" porteño y estaban (como todos los habitantes de su región)
fastidiados con el predominio religioso y la explotación
económica que Cuenca ejercía sobre Guayaquil y su provincia.

Sucedía que Guayaquil pertenecía entonces a la jurisdicción
eclesiástica cuencana, lo que había causado ya odiosas
confusiones y animosidades, estragando la relación social entre
ambas regiones y alimentando al monstruo regionalista.

Así, por ejemplo, los cuencanos se fastidiaban de que los
confundiesen con los costeños y que ciertas críticas oficiales a
los hábitos y costumbres "de los habitantes del obispado de
Cuenca" fuesen, en realidad, motivadas por los usos cotidianos de
los guayaquileños.

Los guayaquileños, por su parte, opinaban que Cuenca se
enriquecía a su costa, precisamente gracias a la recaudación de
elevados tributos eclesiásticos. De ahí que, en su memorial al
rey, Olmedo y Rocafuerte se preocuparan de demostrar "con
números" las razones de su pedido. Comenzaban por relievar la
importancia de su país nativo: "La Provincia de Guayaquil
-decían-, tiene 60 leguas de latitud, y 80 de longitud. Es cabeza
de 14 partidos, distribuidos en 42 pueblos, con 18 parroquias, y
habitados por 62.682 almas, cuya mayor parte se dedica al cultivo
y comercio del cacao y otros frutos nacionales é industriales".

A continuación, entraban al ataque. A modo de ejemplo citaban el
bienio de 1809 a 1810, en el cual el remate de los diezmos de la
provincia de Guayaquil le produjo al Obispado de Cuenca la
cantidad de 132 mil pesos, las cuartas de eclesiásticos mil pesos
y las penitencias pecuniarias por matrimonios de parientes 400
pesos, todo lo cual se había remitido a Cuenca.

Además, los diputados no olvidaban citar lo ocurrido con el
impuesto para la construcción de la catedral de Cuenca (dos
reales por fanega de cacao exportado), que por mandato real se
cobrara en Guayaquil desde 1789 hasta 1802 y que produjera un
monto total de 164 mil 474 pesos, "pese a lo cual aún no estaba
hecha la obra".

Añadían luego: "a pesar de tantas contribuciones para la Mitra de
Cuenca, se halla desprovista la Provincia de Guayaquil de pasto y
dirección espiritual, porque la fragosidad del camino, mucha
distancia y malos temporales lo hacen intransitable ocho meses al
año, y no permiten que el Obispo pase a Guayaquil, ni aun para la
visita diocesana; de modo que hace 18 años que los vecinos no han
visto a su prelado. Una población tan numerosa y una provincia
tan rica, distribuida en tantos pueblos, necesita de un
prelado... Los diezmos dan lo suficiente para sostenerlo con todo
el decoro correspondiente y... no es justo que salgan de su
propio suelo las grandes cantidades que se anuncian, para
mantener un pastor que los tiene descuidados. Además
-finalizaban- la erección del nuevo obispado contribuirá mucho
para el engrandecimiento y prosperidad de Guayaquil."

La segunda solicitud de los diputados guayaquileños era "que se
erija un Seminario Conciliar para la educación de la Juventud,
porque no hay en Guayaquil escuelas ni casas de enseñanza, y se
ven los padres precisados a remitir sus hijos a Lima, o Quito,
haciendo gastos considerables, y los que carecen de facultades
(económicas) están privados de toda instrucción".

Precisos, como buenos empresarios que eran, señalaban: "en el
Archivo de la Ciudad consta que desde 1608 hasta 1701 varios
vecinos hicieron donaciones a la Compañía de Jesús en cantidad de
73.569 pesos, para fundar un colegio y establecer catedral para
los naturales del país, y esto se verificó hasta la expatriación
de dichos religiosos".

Añadían que el colegio no llegó a ser establecido por los
jesuitas y que tras la expulsión de estos, pese a las instancias
del Ayuntamiento por recaudar esa suma, sólo se había conseguido
de las autoridades de la Audiencia la devolución de 17 mil pesos.
Así, elevaban ante el rey el pedido de que se crease el seminario
junto con el nuevo obispado y, si no se crease este último, que
al menos se ordenase a las autoridades de Quito la devolución del
monto restante al Cabildo de Guayaquil, para que pudiese
financiar con los réditos de ese capital el sostenimiento de un
colegio público.

La burocracia española de entonces -de la cual parece hemos
heredado la agilidad- se tomó todo el tiempo del mundo para
tramitar las solicitudes de nuestros diputados. A fines de 1814
el asunto llegó finalmente a conocimiento del rey, quien dispuso
el 21 de octubre que se remitiera a consulta del Consejo. Siete
meses después, el 8 de mayo de 1815, este organismo pasó el
expediente a informe de la Contaduría General, del Virrey de
Nueva Granada y de las autoridades de la Audiencia de Quito, con
lo que se inició la parte más dilatada y engorrosa del trámite.

Pedidos van y expedientes vienen, la guerra regional se declaró
en nuestra zona ecuatorial, aunque se contuvo en los límites
estrictamente político-administrativos. La curia, el cabildo y
las fuerzas vivas de Cuenca levantaron bandera de oposición a la
propuesta guayaquileña de crear un nuevo obispado en el puerto,
mientras que las autoridades de Quito buscaban evadir por
cualquier medio la devolución de los fondos destinados al colegio
de Guayaquil. Por su parte, el cabildo y las fuerzas vivas de
Guayaquil contraatacaron en varias oportunidades, planteando que
se divida en dos el Obispado de Cuenca o, en su defecto, "se
traslade al puerto la silla episcopal".

Seis años más tarde, en 1819, la guerra regional había causado ya
una grave fractura entre tres de las cuatro sociedades regionales
del país quiteño, mientras la cuarta, Pasto, se limitaba a ver
los toros desde lejos. En Madrid, entre tanto, el asunto estaba
todavía por resolverse, pues la Contaduría General opinaba que
"este punto (del obispado) debe tratarse con más seriedad en la
Cámara Real, tomando conocimientos exactos del estado de la Mitra
de Cuenca, su extensión, valores y gravámenes, y de los diezmos y
vecindario de Guayaquil". En cuanto al colegio, opinaba que "su
erección es consiguiente a la del obispado, y hasta que esta se
decida nada se puede proveer sobre aquella".

Un año después, cansados de tantas dilatorias oficiales a este y
otros asuntos de su interés, los guayaquileños proclamaban la
independencia y tomaban en sus manos las riendas de su destino.

(Fuentes: Jorge Pacheco Quintero, "La masonería en la
emancipación de América", 1943; Archivo General de Indias,
Sevilla, legajo 223.) (1C)