La Deuda Social, La Pobreza Y Mister Preston

Quito. 23.02.93. El monto de la deuda social de largo plazo es
del 41% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre 1980 Y 1990 se
incrementó en 11 puntos (pasó de 30% a ese 41%). De modo que
es mesurable. No es solo un alegato cansino de los sectores
sociales más pobres del Ecuador. Si en los últimos tres años
no ha crecido más (lo que es imposible), significa una suma
que está alrededor de los 5 mil millones de dólares.

Cubrir aquel 11% (la deuda social de corto plazo, 1,3 mil
millones de dólares, aproximadamente) implicaría devolver a
los acreedores la situación que tenían en 1980. Los acreedores
son los pobres y los trabajadores. Los deudores son aquellos
ecuatorianos que obtienen ingresos de las utilidades del
capital y de otras rentas no salariales.

Estas afirmaciones se desprenden de un documento publicado por
el Programa Mundial del Empleo (PRE- ALC), escrito por Simón
Pachano, y que se titula "Ecuador, los costos sociales del
ajuste, 1980-1990", Santiago, diciembre de 1992.

El deterioro de las condiciones de vida de la población, en
que se evidencia la deuda social -según Pachano-, tiene dos
causas: la crisis (con una raíz estructural e histórica) y la
incoherencia de las políticas ajuste, que afectó en mayor
medida a los grupos urbanos. Es decir, a la caída de los
ingresos de los asalariados y de los grupos sociales pobres,
se sumó la reducción proporcional del gasto social fiscal y el
incremento de los ingresos transferidos al exterior, que
determinó que aumentaran los índices de pobreza, cuya
extensión pasó del 45%, en 1980, al 52% de la población
urbana, en 1990.

Aunque el ingreso de los sectores pobres se mantuvo en el
mismo nivel durante la década (9% del PIB), hay que indicar
que su número ha aumentado, lo que significa una baja real del
ingreso. Es decir, un mismo porcentaje del PIB debió
dirigirse, al final del periodo, a una población
considerablemente mayor.

"La diferencia del 7% en la extensión de la pobreza entre 1980
Y 1990, significa que ésta creció en el 15,6% con respecto a
la cantidad de la población que ya estaba en situación de
pobreza en 1980", precisa Simón Pachano.

El ingreso de los grupos no pobres también ha caído en 18
puntos porcentuales del PIB. El fenómeno está focalizado en
los trabajadores, que pierden 15 puntos porcentuales,
equivalentes al 42,9% de su ingreso inicial.

Mientras tanto, los ingresos del capital se redujeron en 3
puntos porcentuales del PIB, debido a la transferencia de
recursos al exterior y, en general, a la baja de la inversión.

"Por tanto -dice el autor- es evidente que hubo una
transferencia considerable desde los sectores más pobres y
asalariados, hacia los de mayores ingresos y, especial, hacia
el exterior". Se suma a ello la baja del gasto social, que
paso del 11,4% en 1980, al 7,7o del PIB, en 1990, que equivale
a una reducción del 32,5% de su dimensión inicial.

De modo que así se llega a la conclusión de que los problemas
del crecimiento económico fueron trasladados, "por una doble
vía, a los sectores menos favorecidos: por la reducción de su
parti- cipación en el ingreso nacional y por la menor
asignación de recursos a través del gasto social".

¿COMO SUPERAR LA POBREZA?

La situación de pobreza de la mayoría de ecuatorianos solo es
posible superar con la generación de empleo y el incremento de
los ingresos, que aseguren la satisfacción de las necesidades
básicas de los grupos de menores recursos y la transferencia
de ingresos y provisión de servicios desde el Estado.

Esto se logra -Perogrullo al habla- pagando la deuda social
que, dado el tipo de ajuste efectuado por los sucesivos
gobiernos, no fue uniforme para todos los sectores sociales ni
tiene un costo igual para cada uno de ellos.

Pachano cree que si se distribuyen equitativamente los costos
de la crisis y del ajuste, el sector pobre debería recibir 10%
del PIB para volver al nivel que tuvo en 1980. Mientras tanto,
los trabajadores precisarían del punto porcentual del PIB para
retornar al nivel con que iniciaron la década del 80.

"Por tanto, ese 11% del PIB" (más o menos 1,3 mil millones de
dólares) "que sería necesario destinar para cubrir el
incremento que ha tenido la deuda social en la década o, lo
que es lo misnlc). para pagar la deuda social de corto plazo,
se distribuye diferencialmeníe: lO puntos deberían destinarse
a reducir la extensión (SG/Il) y la intensidad de la pobreza
(5%), mientras que l punto porcentual del PIB debería
destinarse a cubrir los costos distributivos". afirma Pachano.

La deuda social de corto plazo con los pobres debe ser pagada
equitativamente por los trabajadores y por los capitalistas,
que Soll los no pobres del país. Así se entiende el costo
distribuido de 1a deuda social, pues si bien ha disminuido la
participación de los trabajadores no pobres en el PIB, ello
quiere decir que han soportado un costo proporcionalmente
mayor que el de los capitalistas, de modo que también se
convierten en acreedores sociales o, dicho de otro modo, son
deudores de montos menores.

Estos son los elementos que, según el autor, deben inspirar el
contenido y la orientación de la políticas sociales del
Estado. Así, la reducción de la intensidad pobreza, por
ejemplo, debe cubrirse fundamentalmente por el gasto social y
por las acciones que, en general, tiendan a a mejorar las
condiciones.de vida de los sectores pobres de la población.
Del mismo modo, deben inspirar la orientación de las políticas
económicas, ya que gran parte de la deuda social "sobre todo
la que tiene relación con el incremento de la brecha de la
pobreza y con el costo distribu- tivo" debe cubrirse a través
de la reorientación de la inversión y la generación de empleo.

Sin embargo, se advierte, las políticas económicas han
sacrificado esos objetivos por combatir a la inflación y co-
rregir las grandes cifras de la economía. "Su carácter-
recesivo y regresivo en lo que hace a equidad y redistribución
el texto habla de la década pasada, pero bien puede aplicarse
al gobierno de Durán Ballén constituyó uno de los factores de
impulso al incremento de la deuda social", señala.

LA POLITICA DE LA POBREZA

Ahora bien, combatir la pobreza es un objetivo que rebasa la
voluntad de los gobernantes: hay que suponer, ciertamente, gue
existió buena fe en Febres Cordero o Rodrigo Borja, y que
existe en Durán Ballén y Alberto Dahik. Pero es una patología
social que persistirá siempre y cuando, como hasta hoy, se la
ubique entre las prioridades de los Ministerios de segunda
clase, como lo es ahora el de Bienestar Social, con un
tratamiento "parcial, discontinuo, coyuntural y, en gran
medida, superficial...', pues "la superación de la pobreza no
solamente es ignorada como un gran objetivo nacional, sino que
además se constituye en impor- tante elemento de manipulación
política", advierte Pachano, indicando, además, que "su
presencia asegura el respaldo a líderes mesiánicos." Para
estar a tono con Lewis T.

Preston, presidente del Banco Mundial, que no tiene un pelo
de subversivo y ha dicho que la pobreza es el problema
fundamental que afecta a Latinoamérica, el tema debe ser
ubicado en el centrode la preocupación política de los
ecuatorianos.

Según Preston, desde 1982 una cuarta parte de la población de
nuestros países está luchando por sobrevivir con un ingreso
inferior a los US$ 2 al día. Mientras en el Ecuador, durante
1991, datos de Pachano, el ingreso medio de una familia pobre
(¿cinco, seis personas en promedio?) se situó en alrededor de
US$ 1,43 al día, sin considerar compensaciones adicionales y
bonificaciones de ley que se añaden al salario.

Pero hacerle caso a Preston, o convenir que la pobreza es una
preocupación que merece ser sembrada en todas las mentes,
depende de un escenario que privilegie los grandes temas
nacionales, de la existencia de una orientación política que
busque consensos antes que discrepancias, de la existencia de
actores po- líticos y sociales que tengan disponibilidad y
capacidad de incidencia y de interlocución.

Estas condiciones, indicadas también por Simón Pachano,
suponen terminar con un sistema político caracterizado por la
evasión de los grandes problemas nacionales. Algo que para
muchos sonara a imposible, porque quiere decir que la política
doméstica se estaría moviendo a largo plazo, dando prioridad a
metas mediatas, superando las discrepancias y dejando "el
juego de vetos recípro- cos". Es decir, que los partidos
políticos y las organizaciones sociales logren llegar a
acuerdos de largo plazo. El BID, el PNUD, el Banco Mundial y
el FMI, reunidos en Washington la semana anterior, han
expresado, con una franqueza que duele y mete mie- do, que la
lucha contra la pobreza es ineludible a fin de evitar un
estallido social n Latinoamérica y el Caribe. Tales organismo
coincidieron en la necesidad de que los gobiernos impongan una
reforma social para encarar planes de largo plazo orientados a
disminuir la pobreza. Es decir, tocaron la campana de la
política, no de la economía. Dijeron reforma social, no
reforma económica. ¿Se escucharán esos tañidos en la capital
de la República del Ecuador, una ciudad tan orgullosa de sus
campanarios?

ECUADOR: ESTIMACION DE LA DEUDA SOCIAL URBANA, 1980-990

1980 1990

A. Monto de la deuda social 30.0 41.0
B. Incremento de la deuda social 11.0

Pobres 10.0
Extension 5.0
Desempleados 0.2
Sector informal 4.8

Intensidad
Incremento de la brecha de pobreza 5.0
Trabajadores no pobres
Costo distributivo de la deuda social 1.0


* FUENTE: Texto tomado de EL COMERCIO ( Martes Económico )