¿Y la competencia a favor del consumidor?
Si el Gobierno sigue con el proceso de adjudicar la tercera banda de telefonÃa celular a Andinatel, al menos dos escenarios son factibles: en el más optimista para el duopolio que está en el mercado, se crearÃa un oligopolio de tres, si pueden llegar a un acuerdo explÃcito o implÃcito con Andinatel; en el más pesimista, Andinatel puede utilizar desde subsidios cruzados (desde telefonÃa fija) hasta valerse del seguro implÃcito de que el Gobierno no la va a dejar quebrar para entrar en guerra temporal de precios, sacar del mercado a las que están para luego erguirse en monopolio.
Aunque el segundo sea tal vez el polÃticamente menos factible, en ningún caso es razonable esperar competencia a favor de los consumidores, y la razón es que habrá muy pocas empresas en el mercado. Se seguirán teniendo situaciones como las vividas a fines de diciembre con muy alta probabilidad. Y esto sin mencionar lo ridÃculo que es observar que se siga adelante con una subasta de un solo participante.
Si el Gobierno considera más a los consumidores que el monto de los ingresos que las subastas le podrÃan generar, y si el problema es que la banda se puede congestionar, pues que licite la mayor cantidad de licencias nacionales factibles para al menos tener un poco de competencia ex post a la subasta que ayude a: bajar el precio por segundo, y que las empresas estén pendientes de la calidad del servicio que prestan. Los acuerdos en contra de los intereses de los consumidores son fáciles de sustentar entre dos y tres empresas, y exponencialmente más difÃcil con más empresas compitiendo.
Dr. José Luis Lima R.
Control no afecta a obras sociales
En la edición de 29 de enero, en primera página, se menciona que la intervención de ContralorÃa e las empresas de propiedad del Fondo de Solidaridad âpone en riesgo los recursos de ese organismo para obras socialesâ.
Dicha apreciación es absolutamente falsa, pues el ejercicio del control por parte de la ContralorÃa fundamentado en a Constitución, la Ley y Reglamento, no afecta de manera alguna a las obras sociales que se financien con recursos del Fondo de Solidaridad.
Tampoco se afecta al pago de las obligaciones tributarias que deban hacerse al SRI. No hace falta interpretación, ni aclaración alguna a la Ley, para que se sometan al control del Estado.
Las empresas Andinatel, Pacifictel y otras prestan servicios públicos de telecomunicaciones y otros, señalados en el artÃculo 240 de la Constitución, por lo que tienen, indiscutiblemente, fines públicos.
Por fin llegó la hora de saber de qué manera estas empresas han utilizado los recursos del Estado que los han manejado, y eso se sabrá a través de la acción de control de la ContralorÃa, con el respaldo y decisión del señor presidente constitucional de la República, aunque, en forma insólita, sigan oponiéndose los ex funcionarios del Fondo de Solidaridad.
Dr. Alfredo Corral Borrero
Sociedad de desocupados
Uno de los soportes polÃticos del actual Gobierno es Sociedad Patriótica que, por lo que se ve en la integración de la administracción pública, no es un partido sino un numeroso y heterogéneo grupo de ecuatorianos en la desocupación y, por ello, ávidos de un cambio que les permita lograr una migaja grande, mediana o pequeña del erario nacional, y otro sector, el de los militares retirados, muchos de los cuales participaron en el golpe del coronel Gutiérrez y que, a su retiro mucho mejor que cualesquier jubilación civil, desean añadir un sueldito más para apuntalar sus economÃas. Muy legÃtima aspiración en una sociedad de desocupados en donde la pobreza galopa más y más todos los dÃas, pero un gran dolor de cabeza para el flamante presidente que empieza a ver cómo y por qué se le alejan sus hasta ayer apasionados partidarios.
Por las declaraciones del vicepresidente, que aparecen en la prensa, como que se quiere tener un gobierno bicéfalo, con áreas exclusivas para el segundo mandatario.
No alcanzo a entender aún al flamante Gobierno si, a lo anotado, se añaden las declaraciones presidenciales como aquella de que âno habrá en cuatro años más medidas económicasâ. Con sobrada razón el ministro Pozo pide al Congreso âun voto de feâ; mejor serÃa darle complemento: fe, esperanza y caridad.
José Iturralde Arteaga
Placas pares e impares
Según lo divulgado por la prensa, regirá en Quito el uso de placas pares e impares con el supuesto fin de âmejorar el tránsitoâ. Los paÃses en los que se ha aplicado este método no han tenido los resultados esperados, esto tomando en cuenta que el servicio del transporte público en paÃses como Chile o Brasil no puede compararse con el transporte público de la ciudad de Quito, en donde âbuserosâ, taxistas e incluso la misma PolicÃa, hacen lo que les da la gana sin respetar las señales de tránsito.
Por otro lado, no cabe esperar que se respete tal disposición, pues ¿cómo van a hacer la PolicÃa y el Municipio de Quito para controlar la falsificación de placas?
Antes de aplicar una ley semejante, lo que le aconsejo es implantar el mismo método de vÃa única para transporte público, en toda la ciudad, incluyendo las áreas periféricas más pobladas; la reducción de la cantidad de buses y taxis y un control real de paradas para buses y taxis.
Damián Toro
Opiniones y reclamos a la DefensorÃa del Lector envÃelos por carta a Diario HOY, Apartado 17-07-09069 de Quito o al buzón electrónico:
[email protected]
Las cartas deben tener un máximo de 1 000 caracteres (página y media a doble espacio), con firma responsable y cédula de identidad.
Si el Gobierno sigue con el proceso de adjudicar la tercera banda de telefonÃa celular a Andinatel, al menos dos escenarios son factibles: en el más optimista para el duopolio que está en el mercado, se crearÃa un oligopolio de tres, si pueden llegar a un acuerdo explÃcito o implÃcito con Andinatel; en el más pesimista, Andinatel puede utilizar desde subsidios cruzados (desde telefonÃa fija) hasta valerse del seguro implÃcito de que el Gobierno no la va a dejar quebrar para entrar en guerra temporal de precios, sacar del mercado a las que están para luego erguirse en monopolio.
Aunque el segundo sea tal vez el polÃticamente menos factible, en ningún caso es razonable esperar competencia a favor de los consumidores, y la razón es que habrá muy pocas empresas en el mercado. Se seguirán teniendo situaciones como las vividas a fines de diciembre con muy alta probabilidad. Y esto sin mencionar lo ridÃculo que es observar que se siga adelante con una subasta de un solo participante.
Si el Gobierno considera más a los consumidores que el monto de los ingresos que las subastas le podrÃan generar, y si el problema es que la banda se puede congestionar, pues que licite la mayor cantidad de licencias nacionales factibles para al menos tener un poco de competencia ex post a la subasta que ayude a: bajar el precio por segundo, y que las empresas estén pendientes de la calidad del servicio que prestan. Los acuerdos en contra de los intereses de los consumidores son fáciles de sustentar entre dos y tres empresas, y exponencialmente más difÃcil con más empresas compitiendo.
Dr. José Luis Lima R.
Control no afecta a obras sociales
En la edición de 29 de enero, en primera página, se menciona que la intervención de ContralorÃa e las empresas de propiedad del Fondo de Solidaridad âpone en riesgo los recursos de ese organismo para obras socialesâ.
Dicha apreciación es absolutamente falsa, pues el ejercicio del control por parte de la ContralorÃa fundamentado en a Constitución, la Ley y Reglamento, no afecta de manera alguna a las obras sociales que se financien con recursos del Fondo de Solidaridad.
Tampoco se afecta al pago de las obligaciones tributarias que deban hacerse al SRI. No hace falta interpretación, ni aclaración alguna a la Ley, para que se sometan al control del Estado.
Las empresas Andinatel, Pacifictel y otras prestan servicios públicos de telecomunicaciones y otros, señalados en el artÃculo 240 de la Constitución, por lo que tienen, indiscutiblemente, fines públicos.
Por fin llegó la hora de saber de qué manera estas empresas han utilizado los recursos del Estado que los han manejado, y eso se sabrá a través de la acción de control de la ContralorÃa, con el respaldo y decisión del señor presidente constitucional de la República, aunque, en forma insólita, sigan oponiéndose los ex funcionarios del Fondo de Solidaridad.
Dr. Alfredo Corral Borrero
Sociedad de desocupados
Uno de los soportes polÃticos del actual Gobierno es Sociedad Patriótica que, por lo que se ve en la integración de la administracción pública, no es un partido sino un numeroso y heterogéneo grupo de ecuatorianos en la desocupación y, por ello, ávidos de un cambio que les permita lograr una migaja grande, mediana o pequeña del erario nacional, y otro sector, el de los militares retirados, muchos de los cuales participaron en el golpe del coronel Gutiérrez y que, a su retiro mucho mejor que cualesquier jubilación civil, desean añadir un sueldito más para apuntalar sus economÃas. Muy legÃtima aspiración en una sociedad de desocupados en donde la pobreza galopa más y más todos los dÃas, pero un gran dolor de cabeza para el flamante presidente que empieza a ver cómo y por qué se le alejan sus hasta ayer apasionados partidarios.
Por las declaraciones del vicepresidente, que aparecen en la prensa, como que se quiere tener un gobierno bicéfalo, con áreas exclusivas para el segundo mandatario.
No alcanzo a entender aún al flamante Gobierno si, a lo anotado, se añaden las declaraciones presidenciales como aquella de que âno habrá en cuatro años más medidas económicasâ. Con sobrada razón el ministro Pozo pide al Congreso âun voto de feâ; mejor serÃa darle complemento: fe, esperanza y caridad.
José Iturralde Arteaga
Placas pares e impares
Según lo divulgado por la prensa, regirá en Quito el uso de placas pares e impares con el supuesto fin de âmejorar el tránsitoâ. Los paÃses en los que se ha aplicado este método no han tenido los resultados esperados, esto tomando en cuenta que el servicio del transporte público en paÃses como Chile o Brasil no puede compararse con el transporte público de la ciudad de Quito, en donde âbuserosâ, taxistas e incluso la misma PolicÃa, hacen lo que les da la gana sin respetar las señales de tránsito.
Por otro lado, no cabe esperar que se respete tal disposición, pues ¿cómo van a hacer la PolicÃa y el Municipio de Quito para controlar la falsificación de placas?
Antes de aplicar una ley semejante, lo que le aconsejo es implantar el mismo método de vÃa única para transporte público, en toda la ciudad, incluyendo las áreas periféricas más pobladas; la reducción de la cantidad de buses y taxis y un control real de paradas para buses y taxis.
Damián Toro
Opiniones y reclamos a la DefensorÃa del Lector envÃelos por carta a Diario HOY, Apartado 17-07-09069 de Quito o al buzón electrónico:
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Las cartas deben tener un máximo de 1 000 caracteres (página y media a doble espacio), con firma responsable y cédula de identidad.
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