Para este año las Superintendencias de Telecomunicaciones, de Bancos y de CompañÃas, al igual que la ContralorÃa estrenarán a nuevos funcionarios. Pero también esperan la aprobación de nuevas normativas que rijan su labor para cumplir mejor sus objetivos. En especial, para que las sanciones por el mal servicio vayan acordes con la realidad del paÃs.
ProcuradurÃa, con 4 000 juicios a cargo
Según el artÃculo 130 de la Constitución, el Congreso deberá nombrar al procurador del Estado de la terna enviada por el Ejecutivo. En esta constan los nombres de José MarÃa Borja, Tito Yépez y Marco Antonio Guzmán.
El 31 de enero de 2003 cesó en sus funciones Ramón Jiménez Carbo, quien fue designado por cuatro años para ocupar este cargo, que tiene como atribución principal ser el representante judicial del Estado. Según el procurador subrogante, José Morales, al momento este organismo lleva a cabo el seguimiento de alrededor de 4 000 juicios, en los cuales actúa como defensor del Estado, âuno de los casos relevantes es la defensa en el caso Andrade Gutiérrez, en el cual se tratan de recuperar $23 400 000", dice.
Mientras tanto, la fiscal Mariana Yépez permanecerá en su cargo hasta 2005, fecha en la que cumplirá los seis años para los cuales fue designada. (ICO)
CCCC recibe 673 casos de corrupción en 2002
Otro de los organismos que ha cumplido un rol de vigilancia ha sido la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC), que durante 2002 recibió 673 denuncias. De estas, 344 han sido investigadas, 102 están en proceso de investigación, 128 fueron archivadas por falta de competencia, 91 están en proceso de calificación y ocho han sido anexadas a otros expedientes.
Los informes son remitidos generalmente al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a la ContralorÃa.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, conformada por un pleno de 31 magistrados vitalicios, forma parte también del conjunto de organismos que vigilan el cumplimiento de las leyes en el paÃs.
Entre los casos pendientes de este organismo están el juicio que se sigue en contra de los ex accionistas de Filanbanco, el juicio en contra del ex presidente Jamil Mahuad por el congelamiento bancario, el proceso en contra del ex ministro Carlos Julio Emanuel, entre otros. (ICO)
La ContralorÃa arguye lentitud del sistema judicial en trámite de informes
En los últimos cuatro años el organismo de control estableció 11 mil glosas
El Estado podrÃa disponer de alrededor de $102 millones si llegan a su fin algunos de los casos resueltos por la ContralorÃa, y que en estos momentos están en manos de la Función Judicial.
En los últimos cuatro años, el organismo de control, presidido por Alfredo Corral Borrero, determinó, mediante sus informes, responsabilidades penales y civiles que han dado paso a procesos judiciales, algunos de los cuales implican la restitución de dineros a las arcas públicas.
Entre estos se ubica el informe de responsabilidad penal por la fallida compra de dos helicópteros a la empresa Panamerican Organization Properties (POP), a la que el paÃs pagó $17 900 000, sin recibir nada a cambio.
Otro ejemplo es el establecimiento del pago ilegal de $23 400 000 a la CompañÃa Andrade Gutiérrez por la construcción de la carretera Méndez- Morona.
Asà también, la ContralorÃa determinó una glosa por $60 621 648 a la empresa YPF, monto que debÃa ser entregado a Petroecuador por el ajuste en el diferencial de calidad y transporte del petróleo crudo oriente. Otro caso es la nulidad que demandó la ContralorÃa al contrato que el IESS suscribió con la empresa Tecfaprev para la supuesta solución del virus denominado Y2K en la unidad informática del instituto, por la cual la empresa recibió un adelanto de 3 800 millones de sucres ($152 mil). En todos estos casos, la recuperación de los dineros para el Estado está aún pendiente.
En los cuatro años, el organismo efectuó 3 900 acciones de control, de las cuales 80% resultaron con algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Esto, a criterio del contralor (e) Genaro Peña, refleja el elevado Ãndice de corrupción en el manejo de los recursos públicos. (ICO)
LA FICHA
Alfredo Corral Borrero, ex contralor del Estado, doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, ex director del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (Ierac), fue ministro de Trabajo en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Actualmente es catedrático de la Universidad Católica y de la Universidad Central de Quito.
La escasa promoción del mercado de valores es un asunto que preocupa
La Superintendencia de CompañÃas espera la aprobación de la nueva Ley
Para Xavier Muñoz, superintendente de CompañÃas durante los gobiernos de Mahuad y Noboa, se destaca "el buen comportamiento del sector societario ecuatoriano".
Durante sus cuatro años de gestión, asegura: "Fueron intervenidas apenas unas 300 compañÃas, que no cumplÃan con la ley o los estatutos. Por ejemplo, se detectaron en ellas irregularidades en los nombramientos de gerentes, no se presentaron los balances y los libros de actas". Solo en 2002, según el informe de gestión de la Superintendencia de CompañÃas (SC), se controló, inspeccionó y auditó a 7 160 empresas.
Muñoz considera que la nueva Ley de CompañÃas -aprobada en primer debate en el Congreso- servirá para mejorar el control. "Propone transparentar la información y permitirá la creación de un sector societario más competitivo". Y es que la posibilidad de que las empresas sean más eficientes no depende del control, sino del mismo sector privado, afirma.
"En el paÃs existen alrededor de 30 mil sociedades, con apenas 150 mil accionistas. Eso significa que, en promedio, cada una tiene cinco socios, que la vuelve un núcleo muy pequeño, casi familiar. En los paÃses más desarrollados esa participación es de 100, 200, 300... accionistas", critica.
Destaca la disminución del tiempo para los trámites de constitución de empresas, cuestinado por el sector privado. "Ahora hay constituciones en 20 dÃas".
La tarea pendiente, advierte, es la promoción del mercado de valores, que permite lÃneas de financiamiento no bancarias, como la titularización.
¿Organismo de control o promotor? Para el ex superintendente, las dos funciones van de la mano, pero considera que la nueva Ley de la ContralorÃa -que permite la intervención de empresas privadas con capitales públicos-ayuda a supervisar a un sector que estaba al margen del control. (XRV)
LA FICHA
Xavier Muñoz, abogado, graduado en la Universidad de Cuenca, fue superintendente de CompañÃas desde 1998 hasta 2002.
Anteriormente ya desempeñó varios cargos públicos. En 1984 y en 1992 fue alcalde de Cuenca, y en 1978, prefecto de Azuay. También en 1997 se desempeñó como vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Suptel ha realizado 69 sanciones por mes durante los últimos cuatro años
El sector dispone de la página www.supertel.gov.ec para informar a los usuarios
Varios logros ha obtenido la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) durante la administración de Hugo Ruiz, desde septiembre de 1998 a diciembre de 2002. Sin embargo, aún hay cabos sueltos que le toca asumir al nuevo superintendente. Por ejemplo, conseguir la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Entre los principales logros están la emisión de sanciones. El organismo de control afirma que desde septiembre de 1998 se ha desarrollado una intensa acción de control que, para fines de 2002, produjo, en promedio, 69 sanciones por mes, cifra similar a todas las emitidas durante los seis años anteriores (1992 - 1998).
Otro aspecto que rescató el ex superintendente Hugo Ruiz, en una entrevista realizada por este Diario hace algunos meses, es el control del bypass. La Suptel ha producido 108 clausuras en cuatro años.
Esto ha permitido que el tránsito internacional presente un crecimiento. Por ejemplo, en 1998 se registraron 206,23 millones de minutos hablados y en 2002 registró 833,02 millones. Es decir, un crecimiento del 300% en cuatro años.
En el informe presentado por Ruiz al término de sus funciones, se destaca también el control técnico realizado a los servicios de telecomunicaciones que ha detectado la presencia de servicios ilegales, por lo que se ha dispuesto la suspensión de 3 068 lÃneas.
Se han eliminado, además, varias radiodifusoras clandestinas. La Suptel ha emitido 55 clausuras. Y la televisión por cable que operaba sin autorización ha recibido 54. La Superintendencia también destaca la creación del Centro de Atención al Usuario (CAU) para atender los reclamos.
Otro aspecto importante es la implementación de una red informática que permite transmitir datos entre los organismos de telecomunicaciones de control a escala nacional, la información, en forma automática. (MFA)
LA FICHA
Hugo Ruiz Coral, ex superintendente de Telecomunicaciones. Tiene 56 años, es ingeniero electrónico y en telecomunicaciones. En la Universidad de Atlanta obtuvo un Master of Science in Information and Computer Science. Ha trabajado también en el Consejo Nacional de Modernización (Conam) como coordinador del área de Telecomunicaciones.
âEl control de los créditos es un tema que los bancos aún deben resolverâ
La supervisión de las aseguradoras es una de las debilidades del organismo
A partir de la crisis financiera de 1998 y 1999 y el inicio de la administración de Jamil Mahuad, la Superintendencia de Bancos (SB) ha tenido cuatro titulares: Jorge Egas, Jorge Guzmán, Juan Falconà y Miguel Dávila.
Desde entonces, la desconfianza en el sistema financiero ha sido una sombra que no ha podido evitar este organismo de control. Eso le obligó a emitir -a través de la Junta Bancaria- nuevas resoluciones y regulaciones, tendientes al fortalecimiento y saneamiento de las cuentas de los bancos.
Pero, explica Dávila, la evidencia más palpable está en los indicadores: "En los dos últimos años, el total de activos del sistema financiero pasó de $4 139 millones a $5 708 millones". Destaca "la reducción de las obligaciones financieras de $782 millones, en 1999, a menos de la mitad (alrededor de $300 millones), en 2002".
En los proyectos de reorganización de la SB se hace hincapié en la protección de los ahorristas, quienes ahora pueden conocer la calificación de las entidades, antes de hacer sus transacciones.
Según el último informe, de enero de este año, "el 74% de los activos y el 80% de las captaciones se encuentran en entidades calificadas en las subcategorÃas A". Estos indicadores, dice el ex superintendente, "ratifican la estabilidad del sistema, por lo que no existe posibilidad de un feriado bancario". No obstante, confiesa debilidades en el control de la emisión de créditos, que "si llega a ocurrir un sobreendeudamiento, podrÃa generar problemas similares a los de Bolivia, donde varios bancos tuvieron que cerrar". "Hay ese peligro porque la información no es suficiente. Los bancos saben cuánto gana su cliente, pero no sus deudas".
Otro tema pediente de la SB es el de las compañÃas aseguradoras. "Eso está bastante atrasado, es necesario elaborar manuales de supervision in situ (en el sitio) y extra situ (con la información que llega en red) para lograr un sistema de control eficiente". (XRV)
LA FICHA
Miguel Dávila, desde abril de 2001 hasta el 31 de enero de 2003, fue superintendente de Bancos. Antes se desempeñó como funcionario del Banco Central y alto ejecutivo de los bancos Continental y Popular. Es economista graduado en la Universidad Católica del Ecuador y tiene estudios adicionales en Suiza, Estados Unidos y Holanda. Actualmente desempeña funciones privadas.
ANALISIS
Las entidades de control exhiben logros limitados y muchos temas pendientes
Los controles nunca serán suficientes, ni en Ecuador, ni en ningún paÃs que se jacte de ser transparente. Si analizamos lo que ha sucedido con Ecuador durante los últimos años, quienes estuvieron interesados en desembarcar sus inversiones o firmar contratos públicos con el Gobierno lo pensarÃan dos veces.
Aunque los informes presentados por las ex autoridades públicas demuestran que ha habido voluntad en el manejo de las entidades de control, también está claro que los números no son todo. Ha faltado ajustar, en algunos casos, o en otros no se han logrado los resultados esperados. Esto, tal vez por el ingrediente polÃtico que nunca falta en las negociaciones, o tal vez porque, en Ecuador, las leyes están plagadas de vacÃos, lo que afecta a los procesos justo cuando se debe juzgar un caso de abuso o realizar una denuncia contra alguna entidad del Estado.
No en vano, Ecuador continúa liderando la lista de los paÃses más corruptos de América Latina. Y no precisamente todo el peso de esta triste calificación se debe al sector privado.
Los logros más notables de las superintendencias, independientemente de sus áreas, son la suspensión de los servicios a las empresas celulares, debido a fallas en sus sistemas, o la clausura de locales que operaban con bypass o call back.
En otro campo, la implementación de las normas de Basilea para los bancos o la nueva legislación para evitar la proliferación de entidades. Finalmente, también se ha logrado disminuir el tiempo necesario para abrir una empresa hasta 20 dÃas.
Ahora bien, hay otro espacio por explorar: el de los temas pendientes o los que se quedaron a medias. En lo financiero, no se ejerció un control adecuado sobre las tasas de interés y costos administrativos de los bancos, que en ocasiones son excesivos. Tampoco se ha podido abrir la llave de créditos para varios sectores rezagados, por sus problemas de pago. El nuevo Gobierno también deberá revisar las multas que se cobran a las empresas de telecomunicaciones que incumplan con los Ãndices de calidad o que simplemente infrinjan la ley. Además, está pendiente la aprobación de una nueva legislación para el sector.
En lo referente a la FiscalÃa, es necesario desempolvar los sonados casos que desestabilizaron al paÃs y continuar las investigaciones de los prófugos de la Justicia. (YB) (BLANCO Y NEGRO)
ProcuradurÃa, con 4 000 juicios a cargo
Según el artÃculo 130 de la Constitución, el Congreso deberá nombrar al procurador del Estado de la terna enviada por el Ejecutivo. En esta constan los nombres de José MarÃa Borja, Tito Yépez y Marco Antonio Guzmán.
El 31 de enero de 2003 cesó en sus funciones Ramón Jiménez Carbo, quien fue designado por cuatro años para ocupar este cargo, que tiene como atribución principal ser el representante judicial del Estado. Según el procurador subrogante, José Morales, al momento este organismo lleva a cabo el seguimiento de alrededor de 4 000 juicios, en los cuales actúa como defensor del Estado, âuno de los casos relevantes es la defensa en el caso Andrade Gutiérrez, en el cual se tratan de recuperar $23 400 000", dice.
Mientras tanto, la fiscal Mariana Yépez permanecerá en su cargo hasta 2005, fecha en la que cumplirá los seis años para los cuales fue designada. (ICO)
CCCC recibe 673 casos de corrupción en 2002
Otro de los organismos que ha cumplido un rol de vigilancia ha sido la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC), que durante 2002 recibió 673 denuncias. De estas, 344 han sido investigadas, 102 están en proceso de investigación, 128 fueron archivadas por falta de competencia, 91 están en proceso de calificación y ocho han sido anexadas a otros expedientes.
Los informes son remitidos generalmente al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a la ContralorÃa.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, conformada por un pleno de 31 magistrados vitalicios, forma parte también del conjunto de organismos que vigilan el cumplimiento de las leyes en el paÃs.
Entre los casos pendientes de este organismo están el juicio que se sigue en contra de los ex accionistas de Filanbanco, el juicio en contra del ex presidente Jamil Mahuad por el congelamiento bancario, el proceso en contra del ex ministro Carlos Julio Emanuel, entre otros. (ICO)
La ContralorÃa arguye lentitud del sistema judicial en trámite de informes
En los últimos cuatro años el organismo de control estableció 11 mil glosas
El Estado podrÃa disponer de alrededor de $102 millones si llegan a su fin algunos de los casos resueltos por la ContralorÃa, y que en estos momentos están en manos de la Función Judicial.
En los últimos cuatro años, el organismo de control, presidido por Alfredo Corral Borrero, determinó, mediante sus informes, responsabilidades penales y civiles que han dado paso a procesos judiciales, algunos de los cuales implican la restitución de dineros a las arcas públicas.
Entre estos se ubica el informe de responsabilidad penal por la fallida compra de dos helicópteros a la empresa Panamerican Organization Properties (POP), a la que el paÃs pagó $17 900 000, sin recibir nada a cambio.
Otro ejemplo es el establecimiento del pago ilegal de $23 400 000 a la CompañÃa Andrade Gutiérrez por la construcción de la carretera Méndez- Morona.
Asà también, la ContralorÃa determinó una glosa por $60 621 648 a la empresa YPF, monto que debÃa ser entregado a Petroecuador por el ajuste en el diferencial de calidad y transporte del petróleo crudo oriente. Otro caso es la nulidad que demandó la ContralorÃa al contrato que el IESS suscribió con la empresa Tecfaprev para la supuesta solución del virus denominado Y2K en la unidad informática del instituto, por la cual la empresa recibió un adelanto de 3 800 millones de sucres ($152 mil). En todos estos casos, la recuperación de los dineros para el Estado está aún pendiente.
En los cuatro años, el organismo efectuó 3 900 acciones de control, de las cuales 80% resultaron con algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Esto, a criterio del contralor (e) Genaro Peña, refleja el elevado Ãndice de corrupción en el manejo de los recursos públicos. (ICO)
LA FICHA
Alfredo Corral Borrero, ex contralor del Estado, doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia, ex director del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (Ierac), fue ministro de Trabajo en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Actualmente es catedrático de la Universidad Católica y de la Universidad Central de Quito.
La escasa promoción del mercado de valores es un asunto que preocupa
La Superintendencia de CompañÃas espera la aprobación de la nueva Ley
Para Xavier Muñoz, superintendente de CompañÃas durante los gobiernos de Mahuad y Noboa, se destaca "el buen comportamiento del sector societario ecuatoriano".
Durante sus cuatro años de gestión, asegura: "Fueron intervenidas apenas unas 300 compañÃas, que no cumplÃan con la ley o los estatutos. Por ejemplo, se detectaron en ellas irregularidades en los nombramientos de gerentes, no se presentaron los balances y los libros de actas". Solo en 2002, según el informe de gestión de la Superintendencia de CompañÃas (SC), se controló, inspeccionó y auditó a 7 160 empresas.
Muñoz considera que la nueva Ley de CompañÃas -aprobada en primer debate en el Congreso- servirá para mejorar el control. "Propone transparentar la información y permitirá la creación de un sector societario más competitivo". Y es que la posibilidad de que las empresas sean más eficientes no depende del control, sino del mismo sector privado, afirma.
"En el paÃs existen alrededor de 30 mil sociedades, con apenas 150 mil accionistas. Eso significa que, en promedio, cada una tiene cinco socios, que la vuelve un núcleo muy pequeño, casi familiar. En los paÃses más desarrollados esa participación es de 100, 200, 300... accionistas", critica.
Destaca la disminución del tiempo para los trámites de constitución de empresas, cuestinado por el sector privado. "Ahora hay constituciones en 20 dÃas".
La tarea pendiente, advierte, es la promoción del mercado de valores, que permite lÃneas de financiamiento no bancarias, como la titularización.
¿Organismo de control o promotor? Para el ex superintendente, las dos funciones van de la mano, pero considera que la nueva Ley de la ContralorÃa -que permite la intervención de empresas privadas con capitales públicos-ayuda a supervisar a un sector que estaba al margen del control. (XRV)
LA FICHA
Xavier Muñoz, abogado, graduado en la Universidad de Cuenca, fue superintendente de CompañÃas desde 1998 hasta 2002.
Anteriormente ya desempeñó varios cargos públicos. En 1984 y en 1992 fue alcalde de Cuenca, y en 1978, prefecto de Azuay. También en 1997 se desempeñó como vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Suptel ha realizado 69 sanciones por mes durante los últimos cuatro años
El sector dispone de la página www.supertel.gov.ec para informar a los usuarios
Varios logros ha obtenido la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) durante la administración de Hugo Ruiz, desde septiembre de 1998 a diciembre de 2002. Sin embargo, aún hay cabos sueltos que le toca asumir al nuevo superintendente. Por ejemplo, conseguir la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Entre los principales logros están la emisión de sanciones. El organismo de control afirma que desde septiembre de 1998 se ha desarrollado una intensa acción de control que, para fines de 2002, produjo, en promedio, 69 sanciones por mes, cifra similar a todas las emitidas durante los seis años anteriores (1992 - 1998).
Otro aspecto que rescató el ex superintendente Hugo Ruiz, en una entrevista realizada por este Diario hace algunos meses, es el control del bypass. La Suptel ha producido 108 clausuras en cuatro años.
Esto ha permitido que el tránsito internacional presente un crecimiento. Por ejemplo, en 1998 se registraron 206,23 millones de minutos hablados y en 2002 registró 833,02 millones. Es decir, un crecimiento del 300% en cuatro años.
En el informe presentado por Ruiz al término de sus funciones, se destaca también el control técnico realizado a los servicios de telecomunicaciones que ha detectado la presencia de servicios ilegales, por lo que se ha dispuesto la suspensión de 3 068 lÃneas.
Se han eliminado, además, varias radiodifusoras clandestinas. La Suptel ha emitido 55 clausuras. Y la televisión por cable que operaba sin autorización ha recibido 54. La Superintendencia también destaca la creación del Centro de Atención al Usuario (CAU) para atender los reclamos.
Otro aspecto importante es la implementación de una red informática que permite transmitir datos entre los organismos de telecomunicaciones de control a escala nacional, la información, en forma automática. (MFA)
LA FICHA
Hugo Ruiz Coral, ex superintendente de Telecomunicaciones. Tiene 56 años, es ingeniero electrónico y en telecomunicaciones. En la Universidad de Atlanta obtuvo un Master of Science in Information and Computer Science. Ha trabajado también en el Consejo Nacional de Modernización (Conam) como coordinador del área de Telecomunicaciones.
âEl control de los créditos es un tema que los bancos aún deben resolverâ
La supervisión de las aseguradoras es una de las debilidades del organismo
A partir de la crisis financiera de 1998 y 1999 y el inicio de la administración de Jamil Mahuad, la Superintendencia de Bancos (SB) ha tenido cuatro titulares: Jorge Egas, Jorge Guzmán, Juan Falconà y Miguel Dávila.
Desde entonces, la desconfianza en el sistema financiero ha sido una sombra que no ha podido evitar este organismo de control. Eso le obligó a emitir -a través de la Junta Bancaria- nuevas resoluciones y regulaciones, tendientes al fortalecimiento y saneamiento de las cuentas de los bancos.
Pero, explica Dávila, la evidencia más palpable está en los indicadores: "En los dos últimos años, el total de activos del sistema financiero pasó de $4 139 millones a $5 708 millones". Destaca "la reducción de las obligaciones financieras de $782 millones, en 1999, a menos de la mitad (alrededor de $300 millones), en 2002".
En los proyectos de reorganización de la SB se hace hincapié en la protección de los ahorristas, quienes ahora pueden conocer la calificación de las entidades, antes de hacer sus transacciones.
Según el último informe, de enero de este año, "el 74% de los activos y el 80% de las captaciones se encuentran en entidades calificadas en las subcategorÃas A". Estos indicadores, dice el ex superintendente, "ratifican la estabilidad del sistema, por lo que no existe posibilidad de un feriado bancario". No obstante, confiesa debilidades en el control de la emisión de créditos, que "si llega a ocurrir un sobreendeudamiento, podrÃa generar problemas similares a los de Bolivia, donde varios bancos tuvieron que cerrar". "Hay ese peligro porque la información no es suficiente. Los bancos saben cuánto gana su cliente, pero no sus deudas".
Otro tema pediente de la SB es el de las compañÃas aseguradoras. "Eso está bastante atrasado, es necesario elaborar manuales de supervision in situ (en el sitio) y extra situ (con la información que llega en red) para lograr un sistema de control eficiente". (XRV)
LA FICHA
Miguel Dávila, desde abril de 2001 hasta el 31 de enero de 2003, fue superintendente de Bancos. Antes se desempeñó como funcionario del Banco Central y alto ejecutivo de los bancos Continental y Popular. Es economista graduado en la Universidad Católica del Ecuador y tiene estudios adicionales en Suiza, Estados Unidos y Holanda. Actualmente desempeña funciones privadas.
ANALISIS
Las entidades de control exhiben logros limitados y muchos temas pendientes
Los controles nunca serán suficientes, ni en Ecuador, ni en ningún paÃs que se jacte de ser transparente. Si analizamos lo que ha sucedido con Ecuador durante los últimos años, quienes estuvieron interesados en desembarcar sus inversiones o firmar contratos públicos con el Gobierno lo pensarÃan dos veces.
Aunque los informes presentados por las ex autoridades públicas demuestran que ha habido voluntad en el manejo de las entidades de control, también está claro que los números no son todo. Ha faltado ajustar, en algunos casos, o en otros no se han logrado los resultados esperados. Esto, tal vez por el ingrediente polÃtico que nunca falta en las negociaciones, o tal vez porque, en Ecuador, las leyes están plagadas de vacÃos, lo que afecta a los procesos justo cuando se debe juzgar un caso de abuso o realizar una denuncia contra alguna entidad del Estado.
No en vano, Ecuador continúa liderando la lista de los paÃses más corruptos de América Latina. Y no precisamente todo el peso de esta triste calificación se debe al sector privado.
Los logros más notables de las superintendencias, independientemente de sus áreas, son la suspensión de los servicios a las empresas celulares, debido a fallas en sus sistemas, o la clausura de locales que operaban con bypass o call back.
En otro campo, la implementación de las normas de Basilea para los bancos o la nueva legislación para evitar la proliferación de entidades. Finalmente, también se ha logrado disminuir el tiempo necesario para abrir una empresa hasta 20 dÃas.
Ahora bien, hay otro espacio por explorar: el de los temas pendientes o los que se quedaron a medias. En lo financiero, no se ejerció un control adecuado sobre las tasas de interés y costos administrativos de los bancos, que en ocasiones son excesivos. Tampoco se ha podido abrir la llave de créditos para varios sectores rezagados, por sus problemas de pago. El nuevo Gobierno también deberá revisar las multas que se cobran a las empresas de telecomunicaciones que incumplan con los Ãndices de calidad o que simplemente infrinjan la ley. Además, está pendiente la aprobación de una nueva legislación para el sector.
En lo referente a la FiscalÃa, es necesario desempolvar los sonados casos que desestabilizaron al paÃs y continuar las investigaciones de los prófugos de la Justicia. (YB) (BLANCO Y NEGRO)
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