Guayaquil. 03 abr 2000. El nuevo Directorio de siete miembros de
la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) tiene un primer punto en
su agenda: el tema de las verificadoras.
Su gestión contratada en 1994 ha sido cuestionada desde sus
inicios. La última denuncia fue de la Comisión de Fiscalización
del Congreso en febrero, que muestra supuesta evasión de impuestos
y subdeclaraciones de ingresos. Estos se habrían rebajado de 99
444 millones de sucres, según datos del Ministerio de Finanzas a
18 827 millones declarados por las cuatro verificadores: Cotecna,
SGS, Veritas y Bivac.
Así, se habría reducido el pago de impuestos de 23 139 millones a
565 millones de sucres, según una investigación de la Contraloría
General del Estado.
Estas acusaciones fueron desmentidas por la verificadora Societé
Générale de Surveillance (SGS) que afirma que la inspección en
origen se tributa en el país correspondiente.
Desestima la denuncia basándose en la Ley de Régimen Tributario
Interno que dispone que las importaciones no son sujetas al pago
del Impuesto a la Renta ni a retención en la fuente, según el
artículo 13 del numeral uno.
Su argumento se apoya también en el artículo 116 de la
reglamentación tributaria: "ninguna sociedad que tenga suscrito
con el Estado contratos de inspección y verificación está sujeta
al cobro de la retención en la fuente ni al Impuesto a la Renta".
La empresa aclara que son incorrectas las cifras que se exponen en
el informe respecto a la supuesta evasión de impuestos. Pues en el
total pagado por verificación en destino, SGS habría cancelado
405,9 millones de sucres que representa el 72 por ciento de los
565,5 millones que menciona el estudio.
Este caso no es el único que tendrá que resolver el nuevo
Directorio de la Corporación, que el jueves tuvo su primera
sesión.
El contrato del servicio de inspección en origen vence el próximo
junio, luego de la prórroga semestral aprobada por los anteriores
funcionarios de la CAE.
En esa reunión se barajaron dos corrientes para resolver el
polémico asunto. La primera, que se mantengan las revisiones de la
mercadería en origen y en destino; y, la otra alternativa, que se
inspeccione únicamente en llegada, según dijo Luis Hidalgo,
gerente general de la CAE.
Tal parece que todo apunta a la segunda opción. Al menos así lo
percibe Gonzalo Dealencar, gerente de verificadora Bivac.
"Estamos negociando con la CAE para ampliar el plazo del contrato
pero no logramos ningún acuerdo por lo que nos permite suponer que
la Aduana tiene una marcada intención de limitar la inspección en
destino y quedarse con un solo sistema de control".
Esta idea parece convencer a Roberto Calderón, gerente del
terminal aduanero Comexport. La razón es que al nacionalizar a las
empresas que ejecuten la inspección de mercaderías, el Fisco podrá
exigir el pago sobre utilidades y la tributación del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) que generaría mayores ingresos al Servicio de
Rentas Internas (SRI) considerando que el negocio produce entre 50
a 60 millones de dólares anuales.
Otra ventaja es la creación de plazas de trabajo y la
especialización de técnicos aduaneros en verificación.
De concretarse esa idea se consolidaría el aforo que es
responsabilidad de la Aduana.
Calderón no descarta la posibilidad de contratar nuevamente a las
empresas multinacionales que han realizado las verificaciones en
origen y destino para que se dediquen ahora únicamente a la última
comprobación.
El contrapeso está en que limitar la verificación en origen hace
resurgir la idea de encargar esta función a los vistaforadores. En
criterio de Calderón "ya no serían los mismos funcionarios
corruptos que conseguían sus puestos de trabajo por pagos de
compromisos políticos sino verdaderos técnicos aduaneros, bien
remunerados y capacitados en materia de comercio exterior".
"Los vistaforadores trabajan hace ocho años en Perú con éxito. La
falencia de los antiguos colaboradores era la falta de normativas
y responsabilidades.
Allí, el despachador de aduanas trasladaba la mercadería
directamente al vistaforador para que éste la procese sin ningún
compromiso serio, pues la responsabilidad recaía directamente en
la Aduana".
A su vez, el gerente de la firma Bivac, defiende la gestión
realizada por las verificadoras. "Si no se renueva el contrato se
perderá la capacidad de control y la opinión seria de un
profesional libre de influencias y presiones".
Considera que las malas experiencias de los usuarios obligaron al
Estado a despedir a los vistaforadores. "Volver a ese esquema
cuando las circunstancias del país parecen no haber cambiado no
parece ser la mejor decisión".
2 años sin reglas
Uno de los frenos que tiene la modernización aduanera, a decir de
los funcionarios encargados del proceso, es la falta de
reglamentación de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) de 1998.
Hasta ahora, siete versiones distintas se han elaborado por parte
de diferentes sectores que no han logrado consenso. Por eso,
todavía se utiliza el reglamento antiguo mientras no contradiga a
la LOA. El último escrito que será corregido en diez días por el
actual Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)
será remitida a la Presidencia de la República donde descansan
otras seis versiones.
Luis Hidalgo, gerente de la CAE, se mostró confiado en la agilidad
del trámite que le dará el presidente Gustavo Noboa a la
reglamentación. Con el visto bueno se dará luz verde a beneficios
de la LOA como: la desaduanización parcial y la recuperación de
tributos, entre otros.
Ilícitos bajo lupa
Una forma para detectar evasión tributaria utilizó el diputado
Rafael Dávila: cruzó los datos registrados en Ecuador por
importaciones desde Estados Unidos, Panamá, Corea del Sur y Taiwan
con los de exportación a Ecuador registrados en esos países. El
subregistro fue USD 929 millones, ese sería el valor del
contrabando de las mercancías.
En tanto, en su informe del 16 de marzo, la Comisión
Anticorrupción identificó tres casos de corrupción que
involucraban a importadores, agentes de aduanas y verificadoras.
Entre ellos, los desfases de valores declarados y supuestamente
pagados con los recaudados. El perjuicio sería de 10 mil millones.
Otros casos comunes son los de falsificación de facturas
comerciales, subfacturación de mercancías importadas, evasión del
IVA. (Texto tomado de El Comercio)
la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) tiene un primer punto en
su agenda: el tema de las verificadoras.
Su gestión contratada en 1994 ha sido cuestionada desde sus
inicios. La última denuncia fue de la Comisión de Fiscalización
del Congreso en febrero, que muestra supuesta evasión de impuestos
y subdeclaraciones de ingresos. Estos se habrían rebajado de 99
444 millones de sucres, según datos del Ministerio de Finanzas a
18 827 millones declarados por las cuatro verificadores: Cotecna,
SGS, Veritas y Bivac.
Así, se habría reducido el pago de impuestos de 23 139 millones a
565 millones de sucres, según una investigación de la Contraloría
General del Estado.
Estas acusaciones fueron desmentidas por la verificadora Societé
Générale de Surveillance (SGS) que afirma que la inspección en
origen se tributa en el país correspondiente.
Desestima la denuncia basándose en la Ley de Régimen Tributario
Interno que dispone que las importaciones no son sujetas al pago
del Impuesto a la Renta ni a retención en la fuente, según el
artículo 13 del numeral uno.
Su argumento se apoya también en el artículo 116 de la
reglamentación tributaria: "ninguna sociedad que tenga suscrito
con el Estado contratos de inspección y verificación está sujeta
al cobro de la retención en la fuente ni al Impuesto a la Renta".
La empresa aclara que son incorrectas las cifras que se exponen en
el informe respecto a la supuesta evasión de impuestos. Pues en el
total pagado por verificación en destino, SGS habría cancelado
405,9 millones de sucres que representa el 72 por ciento de los
565,5 millones que menciona el estudio.
Este caso no es el único que tendrá que resolver el nuevo
Directorio de la Corporación, que el jueves tuvo su primera
sesión.
El contrato del servicio de inspección en origen vence el próximo
junio, luego de la prórroga semestral aprobada por los anteriores
funcionarios de la CAE.
En esa reunión se barajaron dos corrientes para resolver el
polémico asunto. La primera, que se mantengan las revisiones de la
mercadería en origen y en destino; y, la otra alternativa, que se
inspeccione únicamente en llegada, según dijo Luis Hidalgo,
gerente general de la CAE.
Tal parece que todo apunta a la segunda opción. Al menos así lo
percibe Gonzalo Dealencar, gerente de verificadora Bivac.
"Estamos negociando con la CAE para ampliar el plazo del contrato
pero no logramos ningún acuerdo por lo que nos permite suponer que
la Aduana tiene una marcada intención de limitar la inspección en
destino y quedarse con un solo sistema de control".
Esta idea parece convencer a Roberto Calderón, gerente del
terminal aduanero Comexport. La razón es que al nacionalizar a las
empresas que ejecuten la inspección de mercaderías, el Fisco podrá
exigir el pago sobre utilidades y la tributación del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) que generaría mayores ingresos al Servicio de
Rentas Internas (SRI) considerando que el negocio produce entre 50
a 60 millones de dólares anuales.
Otra ventaja es la creación de plazas de trabajo y la
especialización de técnicos aduaneros en verificación.
De concretarse esa idea se consolidaría el aforo que es
responsabilidad de la Aduana.
Calderón no descarta la posibilidad de contratar nuevamente a las
empresas multinacionales que han realizado las verificaciones en
origen y destino para que se dediquen ahora únicamente a la última
comprobación.
El contrapeso está en que limitar la verificación en origen hace
resurgir la idea de encargar esta función a los vistaforadores. En
criterio de Calderón "ya no serían los mismos funcionarios
corruptos que conseguían sus puestos de trabajo por pagos de
compromisos políticos sino verdaderos técnicos aduaneros, bien
remunerados y capacitados en materia de comercio exterior".
"Los vistaforadores trabajan hace ocho años en Perú con éxito. La
falencia de los antiguos colaboradores era la falta de normativas
y responsabilidades.
Allí, el despachador de aduanas trasladaba la mercadería
directamente al vistaforador para que éste la procese sin ningún
compromiso serio, pues la responsabilidad recaía directamente en
la Aduana".
A su vez, el gerente de la firma Bivac, defiende la gestión
realizada por las verificadoras. "Si no se renueva el contrato se
perderá la capacidad de control y la opinión seria de un
profesional libre de influencias y presiones".
Considera que las malas experiencias de los usuarios obligaron al
Estado a despedir a los vistaforadores. "Volver a ese esquema
cuando las circunstancias del país parecen no haber cambiado no
parece ser la mejor decisión".
2 años sin reglas
Uno de los frenos que tiene la modernización aduanera, a decir de
los funcionarios encargados del proceso, es la falta de
reglamentación de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) de 1998.
Hasta ahora, siete versiones distintas se han elaborado por parte
de diferentes sectores que no han logrado consenso. Por eso,
todavía se utiliza el reglamento antiguo mientras no contradiga a
la LOA. El último escrito que será corregido en diez días por el
actual Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)
será remitida a la Presidencia de la República donde descansan
otras seis versiones.
Luis Hidalgo, gerente de la CAE, se mostró confiado en la agilidad
del trámite que le dará el presidente Gustavo Noboa a la
reglamentación. Con el visto bueno se dará luz verde a beneficios
de la LOA como: la desaduanización parcial y la recuperación de
tributos, entre otros.
Ilícitos bajo lupa
Una forma para detectar evasión tributaria utilizó el diputado
Rafael Dávila: cruzó los datos registrados en Ecuador por
importaciones desde Estados Unidos, Panamá, Corea del Sur y Taiwan
con los de exportación a Ecuador registrados en esos países. El
subregistro fue USD 929 millones, ese sería el valor del
contrabando de las mercancías.
En tanto, en su informe del 16 de marzo, la Comisión
Anticorrupción identificó tres casos de corrupción que
involucraban a importadores, agentes de aduanas y verificadoras.
Entre ellos, los desfases de valores declarados y supuestamente
pagados con los recaudados. El perjuicio sería de 10 mil millones.
Otros casos comunes son los de falsificación de facturas
comerciales, subfacturación de mercancías importadas, evasión del
IVA. (Texto tomado de El Comercio)
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