Quito. 26 abr 2000. La guerra interna de Colombia traspasó los
límites y cobra las primeras víctimas en el Ecuador. En solo dos
meses, 20 personas han sido ejecutadas Puertas.

A las 17h00 del lunes tres de abril, el soldado Jefferson Castillo
escuchó varias detonaciones de armas de fuego mientras realizaba
su patrullaje rutinario en la parroquia General Farfán, más
conocida como La Punta, sector fronterizo con Colombia, en
Sucumbíos. Minutos después el militar descubrió el cuerpo de
Richard Párraga Muñoz, de 26 años, quien tenía un disparo en la
cabeza y que 15 días atrás había sido dado de baja de la Policía
Nacional por mala conducta. Según las investigaciones, Párraga fue
ejecutado por problemas de tráfico de drogas.

Horas más tarde de ese mismo día, los colombianos Evelio Moya
Tapia y Ermenio Tapia Andrade se divertían en el cabaret Boricua,
ubicado en la vía a Colombia, en Lago Agrio. Cuando decidieron
retornar a San Miguel, frontera con Ecuador, en la salida se
encontraron con dos sujetos que les dispararon sin darles opción a
la defensa. Según una de las conclusiones policiales, el móvil de
los asesinatos sería que Evelio Moya era integrante de la
guerrilla colombiana y su muerte, junto a la de su primo, fue
ejecutada por sicarios del país del norte. Los disparos fueron
también en la cabeza.

La ejecución no se limita a los hombres. El uno de abril, a las
20h00, Ruth Erlinda Sante Torres, de 40 años, caminaba por el
centro de Lago Agrio cuando fue sorprendida por varios sujetos a
bordo de un vehículo que la mataron con cuatro disparos en la
cabeza. La policía no tiene pistas sobre este crimen.

Marulanda y su estado mayor, en las negociaciones de paz. El
proceso avanza en Colombia, pero Ecuador no siente sus beneficios.

En total, en menos de dos meses, 20 ejecuciones de este tipo han
ocurrido en Sucumbíos. Las características de los delitos son
similares: disparos precisos en las cabezas de las víctimas,
autores desconocidos que huyen fácilmente para Colombia y
familiares de los fallecidos que no se atreven a impulsar las
acciones penales. Por último, el móvil nunca es el robo pues
siempre las víctimas quedan con sus pertenencias intactas. ¿Qué
está ocurriendo en Lago Agrio, cabecera cantonal de Nueva Loja, la
capital de Sucumbíos? Nadie lo sabe con certeza. Lo real es que
mucha gente que de alguna u otra manera mantuvo relaciones
comerciales, laborales o ilícitas en la frontera con Colombia,
está muriendo.

HIPÓTESIS

Tal ha sido el incremento de delitos en Lago Agrio, que desde hace
dos meses se creó un nuevo juzgado penal que solamente en la
última semana recibió nueve casos por muerte. "Definitivamente,
esto no se trata de delincuencia común", afirma el juez Tercero de
lo Penal de Sucumbíos, Fernando Roca. "Los asesinatos son
ejecutados por sicarios, casi siempre colombianos, por lo cual las
investigaciones se quedan truncas. También es raro el crimen en el
que cae alguien detenido", asevera con impotencia Roca.

El jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, Gerardo Zapata,
maneja varias hipótesis. Una de ellas es que las víctimas podrían
ser desertores de las Farc. Otra posibilidad que analiza la
Policía es que los crímenes son ajustes de cuentas entre
ecuatorianos y colombianos que mantienen algún tipo de relación
ilegal. ¿Quiénes son los ejecutores? Zapata no lo puede asegurar
pero sí conoce el procedimiento que manejan los sicarios. "Primero
envían a dos mujeres a ubicar a la víctima, a seguirles sus pasos.
Luego viene él o los sicarios quienes ejecutan el crimen por la
noche y fácilmente huyen hacia Colombia, que de Lago Agrio está a
solo 30 minutos". Todo esto es posible debido a que la Policía no
cuenta con equipos de comunicación ni vehículos que impidan la
salida de los delincuentes. Zapata también se queja de la falta de
colaboración de las Fuerzas Armadas, "quienes tienen más recursos
que nosotros para enfrentar la delincuencia".

ZONA NEUTRAL

¿Qué se puede hacer para controlar la situación? El jefe policial
exige más recursos que nivelen en algo las deficiencias de los
uniformados. Otros prefieren evitar el enfrentamiento. Así piensa
el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, quien ha solicitado que el
Gobierno declare zona neutral a Sucumbíos, lo que implica el
retiro total de los elementos de las Fuerzas Armadas y de la
Policía. Abad, quien busca la reelección y es apoyado por el
Movimiento Popular Democrático, considera que solo esta medida
evitará más derramamiento de sangre.

En La Punta, sector fronterizo al que el río San Miguel separa de
Colombia, los hechos son observados de forma distinta. Según el
presidente de la parroquia, José Cuenca, las víctimas de los
últimos días "son desconocidos que han venido a La Punta por ocho
o 15 días y después amanecen muertos. Vienen a cometer delitos
aquí y ante la ausencia policial lo único que queda es la defensa
propia". Efectivamente, en La Punta no hay presencia policial pero
existe un destacamento militar. "Hasta los militares han reducido
su presencia", se queja Cuenca, quien también es militante del
MPD.

¿FARE?

La última novedad en Lago Agrio fue la repartición de hojas
volantes que anunciaban la formación de unas Fuerzas Armadas
Revolucio narias del Ecuador- Defensores Populares. El panfleto
explica que "nos hemos levantado en armas por la injusticia social
en que vive cada día nuestro pueblo. Por eso nos han obligado a
empuñar nuestras armas por la clase menos favorecida del Ecuador".
El comandante de la Policía Gerardo Zapata duda de la integración
de este grupo y explica estas volantes como un intento de
amedrentar a la Policía. "Nosotros hemos dado algunos golpes a
grupos de contrabandistas, que lesionados en sus intereses, ahora
quieren intimidarnos".

En realidad, hasta ahora el posible grupo guerrillero no ha dado
muestras de actividad. Tampoco la Inteligencia Militar tiene
mayores datos sobre esta agrupación, aunque existe un dato que
preocupa: la mayoría de la población de Lago Agrio ve con simpatía
los movimientos guerrilleros.

MÁS VÍCTIMAS

No solo Lago Agrio es el escenario de las violentas ejecuciones.
En Puerto El Carmen, jurisdicción del cantón Putumayo, en el mes
de febrero murieron con sendos disparos en la cabeza los policías
Joffre Guzmán Reyes y Carlos Alberto Borja Salazar. De acuerdo a
las averiguaciones policiales, el comandante de Puerto Ospina de
las FARC, conocido como "El Ruso", sentía preocupación por las
muertes de estos policías, "puesto que los intereses de la
guerrilla colombiana no son el protagonizar este tipo de acciones
en el Ecuador, ya que conlleva el desprestigio de su imagen ante
la población del cantón Putumayo". Tanta fue la preocupación de la
guerrilla que hasta dio a conocer a la Policía pistas de los
supuestos asesinos, dos ex guerrilleros de nacionalidad colombiana
conocidos como "El Joropo" y "Galo", quienes habrían actuado por
venganza.

La lista es larga y tétrica. Cada una de las historias es con
nombres diferentes pero con circunstancias parecidas. Así han
muerto la joven Maribel Gualinga Payaguaje en un bar; los
cambistas de monedas Guillermo Quintero y Néstor Napoleón
Manosalvas; el taxista Modesto Jaramillo Rosales; los comerciantes
Jorge Sánchez Zambrano y Jhonson Meza Basantes, y en otros casos,
las investigaciones están en cero como ocurre con los asesinatos
de Boston Edén García García, Juan José Arce Domínguez, Rody Arce
Domínguez, Isidro Guanga, Carlos Manuel Cevallos Sornozo,
Christian Eduardo Vásquez y Jairo Eduardo Sacón Moreira, cuyos
procesos judiciales ni siquiera cuentan con informe policial. A
última hora se agregó a la lista el colombiano José Ramos Arango,
de 22 años, asesinado el 11 de abril en un cabaret de Lago Agrio y
de plano la Policía descartó el robo como móvil, pues Ramos fue
encontrado con todas sus prendas de valor, incluidos unos 25
millones de sucres en moneda colombiana.

La explicación popular a estos crímenes es clara: quien ha hecho
de la frontera su base de subsistencia está en inminente riesgo.
El problema es que en esta circunstancia se encuentra la mayoría.
(Texto tomado de La Revista Vistazo)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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