Quito. 10 may 96. Las FFAA ecuatorianas consideran como "un
atentado a la soberanía nacional" la pretensión del fiscal
argentino, Adrián Guillermo Peres, de practicar diligencias en
el país sobre el supuesto tráfico de armas argentinas a
Ecuador.
El ministro de Defensa, Alfonso Alarcón se mostró ayer
preocupado debido a que, en su opinión, existe el peligro de
que el caso se convierta en un pretexto para obstruir la
marcha del proceso de paz entre Ecuador y Perú, que se hallan
próximos a iniciar la negociación definitiva del problema
limítrofe.
Alarcón enfatizó que la supuesta negociación de armas es un
problema del gobierno Argentino, ante el cual las autoridades
nacionales deben mantener una actitud de prudencia por
tratarse de asuntos internos de ese Estado. "Así también
espero que en los asuntos internos del Ecuador no se
introduzcan otras partes", manifestó.
En todo este revuelo, lo importante para el ministro de
Defensa es que continúe el proceso de paz entre Ecuador y
Perú, "a pesar de estas interferencias que, en el fondo,
podrían distorsionar las negociaciones".
Recordó que en varias ocasiones los voceros de las Fuerzas
Armadas han manifestado que la compra de equipo bélico durante
el conflicto se efectuó a través de una empresa privada, pues
"no se ha realizado una negociación de gobierno a gobierno",
reiteró.
Por ello, sobre la presencia del fiscal argentino, el ministro
dijo que en Ecuador se lo ha recibido con cordialidad pero que
no era necesario que viniera personalmente a cumplir la
diligencia judicial. "Esos exhortos que vino trayendo podía
haberlos tramitado desde Argentina por la vía diplomática",
subrayó.
FISCAL ARGENTINO EN MANOS DE SOLORZANO
En manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia está
el dar paso o negar la solicitud del fiscal argentino, Adrián
Guillermo Peres, para realizar en el país varias diligencias
tendientes a aclarar el supuesto desvío de armas argentinas a
Ecuador durante el conflicto.
Luego de que los asesores jurídicos de la Cancillería
verificaron el cumplimiento de los términos establecidos en la
Convención Interamericana de Exhortos, el vicecanciller,
Marcelo Fernández de Córdoba, remitió a la Corte Suprema el
pedido realizado por la Procuración de Justicia de Buenos
Aires.
De esa forma, al titular de la Corte le corresponderá acoger o
negar el pedido, de acuerdo con la legislación ecuatoriana.
Fernández de Córdoba se mostró cauteloso frente a la eventual
negativa de las autoridades judiciales a autorizar las
diligencia, pues dijo que "la petición está enmarcada dentro
de la cooperación judicial, entonces dentro de esos términos
tendrá que ser tratada por las autoridades nuestras".
No obstante, no se descarta la posibilidad de que el
presidente de la Suprema niegue el pedido argentino, en caso
de considerar a la investigación como atentatoria a la
seguridad nacional.
Al parecer el fiscal Adrián Guillermo Peres trata de que su
presencia en el país sea los menos notoria posible, nadie sabe
las gestiones que realiza en Quito. Ayer, la embajada
Argentina no informó sobre la agenda que cumple el
funcionario.
FFAA INVESTIGAN ESTADO DE FUSILES
Las Fuerzas Armadas (FFAA) realizarán una investigación para
comprobar si las armas que vendió Argentina a Ecuador, durante
el conflicto bélico con el Perú, son obsoletas o no, tal como
lo aseguran versiones de prensa publicadas en el diario
argentino La Nación.
El ministro de Defensa, general Alfonso Alarcón, ratificó que
las FFAA efectuarán las investigaciones correspondientes,
aunque precisó que "espero que esto no sea otra jugada para
detener el avance del proceso de paz".
El ministro reiteró una vez más que el caso de la compra-venta
de armas es una negociación que se realizó a través de una
empresa privada intermediaria y no de gobierno a gobierno.
En cuanto a la presencia en el país del fiscal argentino,
Guillermo Peres, el ministro fue enfático en precisar que
personalmente considera que no debió haber venido al país para
solicitar los exhortos, sino que esa tarea pudo haberla hecho
por la vía diplomática.
Como se conoce, el fiscal argentino solicitó a las autoridades
judiciales ecuatorianas que se designe un juez para recopilar
los testimonios de personas que estarían vinculadas con la
venta de armas argentinas al Ecuador. Esas personas son:
Roberto Sassen, presidente de la empresa Prodefensa y el
militar retirado Marco Villa Jaramillo.
En todo caso, Alarcón manifestó que el fiscal argentino es
bien venido al país y que él tiene toda la libertad para haber
viajado; no obstante, expresó que considera que debe existir
respeto total a los asuntos internos de cada país y que espera
que el fiscal argentino proceda de esa manera.
IDENTIFICAN A QUIENES DESVIARON LAS ARMAS
MONTEVIDEO. 10 may 96. Un juez uruguayo, que investiga el
desvío de armas a Ecuador, durante la guerra con Perú en 1995,
tiene en su poder la identidad de los titulares extranjeros de
las dos sociedades con domicilio en Montevideo, que
intermediaron en la negociación con Fabricaciones Militares
Argentinas.
Según informó hoy, miércoles, el diario "El Observador", el
Juez Penal del 19o. Juzgado, Rubén Eguiluz, que investiga de
oficio la operación de las dos empresas desde el 31 de marzo
de 1995, posee la documentación que prueba que los
responsables de las empresa Debrol SA y Hayton SA son todos
extranjeros.
La información se produjo luego de que se agregaron esta
semana al expediente la denuncia formal contra las empresas,
que presentaron el abogado Gonzalo Fernández, suplente del
senador izquierdista José Korseniak, y los diputados de la
coalición Frente Amplio, Guillermo Chiflet, Pedro Balbi, José
Bayardi y José Mujica.
También se detalló que el Juez Eguiluz ha tomado declaración
al coronel argentino Diego Pallares, quien ahora es
investigado en su país por el mismo caso.
Eguiluz tiene conocimiento que las empresas con domicilio en
Montevideo, intervinieron en la venta de armas cuyo destino
final fueron Ecuador y Croacia.
El Juez, tras una serie de investigaciones que ha ordenado a
través de los servicios de información de la Policía y los
Registros Públicos, ha logrado reunir los libros de las
empresas con domicilio en Uruguay, pero propiedad de
extranjeros.
Según "El Observador", que accedió a la información, "ningún
ciudadano uruguayo es titular de las empresas mencionadas y la
totalidad de los mismos son extranjeros".
Debrol SA fue constituida en Uruguay en el año 1988, mientras
que Hayton Trade fue registrada en 1993.
La fuente agregó que "el Juzgado tiene la certeza de que las
armas no pasaron por territorio uruguayo. Se cargaron hacia
Venezuela, no transitaron por Uruguay y luego habrían sido
desviadas a Ecuador.
La misma información sostiene que la empresa Hayton Trade
tiene habilitación en Argentina para intervenir en el tráfico
de armas.
La investigación coincide con la afirmación hecha el pasado
día 2 en Montevideo por el ministro argentino de Defensa,
Oscar Camilión, de que el único punto de referencia que puede
tenerse para hacer aparecer el nombre de Uruguay en este
asunto, "es por una empresa que tiene domicilio aquí, pero que
ni siquiera se puede saber si hay uruguayos en la misma".
CASARES PIDE NEGAR EL PERMISO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, debería rechazar la solicitud que realizó el fiscal
argentino Guillermo Peres, sostuvo el fiscal, Fernando
Casares.
El fiscal argentino solicitó a las autoridades judiciales
ecuatorianas que se designe un juez para recopilar los
testimonios de Roberto Sassen, presidente de la empresa
Prodefensa y el militar retirado Marco Villa Jaramillo, que
estarían vinculadas con la venta de armas argentinas al
Ecuador.
Casares, estimó que Solórzano debería rechazar esa solicitud,
porque la seguridad nacional no pude estar supeditada a
sucesos que son de carácter público en Argentina.
"Ese tema a la Fiscalía del Ecuador le preocupa mucho porque
independientemente de las responsabilidades civiles y penales
que puedan establecer los jueces argentinos, lo grave del tema
es que se involucre al Ecuador en un negociado o contrabando
de armas, es decir, no podemos los ecuatorianos permitir, que
de haber existido algún tipo de irregularidad en la presunta
negociación, se quiera mencionar la país como un eventual
beneficiario que a los mejor resultaría de mala fe", dijo
Casares.
Añadió que el tema se debe tomar con especial atención para no
permitir que la soberanía del Ecuador "sea manoseada,
manipulada" con fines que pueden ser políticos.
Reiteró que la Fiscalía no está de acuerdo en la forma como el
fiscal argentino ha procedido, con toda "una ola de misterio",
cuando sus pedidos los pudo haber realizado por vía la
diplomática, mediante las cartas rogatorias, ajustándose a las
normas internacionales.
DEFIENDEN A CAMILION
SAN SALVADOR .- El presidente de Argentina, Carlos Menem,
afirmó anoche en San Salvador que su ministro de Defensa,
Oscar Camilión, es inocente hasta que no se demuestre
judicialmente lo contrario en relación a la supuesta venta
ilegal de armas a Ecuador, cuando éste libró una guerra con
Perú en 1995.
En una rueda de prensa al término de una visita oficial de dos
días a El Salvador, Menem dijo que espera el resultado de las
investigaciones administrativas y judiciales que se llevan a
cabo sobre el caso, para tomar las medidas correspondientes.
"Tengo una larga trayectoria política, he formado una
personalidad y a partir de esa personalidad un estilo. Yo no
me guío cuando hay este tipo de situaciones por lo que puedan
expresar los medios o los adversarios políticos", declaró
Menem.
Agregó que "resultaría muy duro condenar a una persona por lo
que puedan decir los medios o los adversarios políticos,
además yo iría en contra de claras prescripciones
constitucionales, que no sólo son de Argentina, sino del mundo
civilizado, que se presume de la inocencia de las personas
hasta que no se pruebe lo contrario".
El presidente argentino insistió en que "no hay pruebas de que
hayamos vendido armas a Ecuador o a Croacia, como se ha dicho
durante los últimos tiempos".
Pero, dijo a renglón seguido, "por supuesto, si evidentemente
hubo algún tipo de transgresión de la normatividad imperante
en Argentina de esto, los responsables tendrán que pagar las
consecuencias del caso, no importa quienes sean".
Las pruebas "se están aportando para dilucidar este caso en
los ámbitos correspondientes, esperamos el fallo de la
justicia, el fallo de las actuaciones administrativas, yo no
voy a admitir culpabilidad alguna en un hecho de esta magnitud
hasta que no tengamos la sentencia correspondiente", añadió.
En sectores de la oposición argentina se exige la renuncia del
ministro de Defensa por considerarlo responsable del
escándalo, pero éste ha afirmado que su dimisión depende de
Menem.
Consultado el presidente argentino sobre si él pidió a la
facción parlamentaria del gobernante Partido Justicialista
(PJ) que renunciara a una interpelación a Camilión, expresó:
"yo no he pedido absolutamente nada, la bancada de mi partido
consideró que en este momento no era conveniente".
Las principales fuerzas de oposición argentinas, la Unión
Cívica Radical (UCR) y Frente País Solidario (FREPASO),
querían que Camilión fuera interpelado, pero ello fue evitado
por el PJ, que cuenta con la mayoría en las cámaras de
diputados y senadores. (EFE) (DIARIO HOY) (P. 2-A)
atentado a la soberanía nacional" la pretensión del fiscal
argentino, Adrián Guillermo Peres, de practicar diligencias en
el país sobre el supuesto tráfico de armas argentinas a
Ecuador.
El ministro de Defensa, Alfonso Alarcón se mostró ayer
preocupado debido a que, en su opinión, existe el peligro de
que el caso se convierta en un pretexto para obstruir la
marcha del proceso de paz entre Ecuador y Perú, que se hallan
próximos a iniciar la negociación definitiva del problema
limítrofe.
Alarcón enfatizó que la supuesta negociación de armas es un
problema del gobierno Argentino, ante el cual las autoridades
nacionales deben mantener una actitud de prudencia por
tratarse de asuntos internos de ese Estado. "Así también
espero que en los asuntos internos del Ecuador no se
introduzcan otras partes", manifestó.
En todo este revuelo, lo importante para el ministro de
Defensa es que continúe el proceso de paz entre Ecuador y
Perú, "a pesar de estas interferencias que, en el fondo,
podrían distorsionar las negociaciones".
Recordó que en varias ocasiones los voceros de las Fuerzas
Armadas han manifestado que la compra de equipo bélico durante
el conflicto se efectuó a través de una empresa privada, pues
"no se ha realizado una negociación de gobierno a gobierno",
reiteró.
Por ello, sobre la presencia del fiscal argentino, el ministro
dijo que en Ecuador se lo ha recibido con cordialidad pero que
no era necesario que viniera personalmente a cumplir la
diligencia judicial. "Esos exhortos que vino trayendo podía
haberlos tramitado desde Argentina por la vía diplomática",
subrayó.
FISCAL ARGENTINO EN MANOS DE SOLORZANO
En manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia está
el dar paso o negar la solicitud del fiscal argentino, Adrián
Guillermo Peres, para realizar en el país varias diligencias
tendientes a aclarar el supuesto desvío de armas argentinas a
Ecuador durante el conflicto.
Luego de que los asesores jurídicos de la Cancillería
verificaron el cumplimiento de los términos establecidos en la
Convención Interamericana de Exhortos, el vicecanciller,
Marcelo Fernández de Córdoba, remitió a la Corte Suprema el
pedido realizado por la Procuración de Justicia de Buenos
Aires.
De esa forma, al titular de la Corte le corresponderá acoger o
negar el pedido, de acuerdo con la legislación ecuatoriana.
Fernández de Córdoba se mostró cauteloso frente a la eventual
negativa de las autoridades judiciales a autorizar las
diligencia, pues dijo que "la petición está enmarcada dentro
de la cooperación judicial, entonces dentro de esos términos
tendrá que ser tratada por las autoridades nuestras".
No obstante, no se descarta la posibilidad de que el
presidente de la Suprema niegue el pedido argentino, en caso
de considerar a la investigación como atentatoria a la
seguridad nacional.
Al parecer el fiscal Adrián Guillermo Peres trata de que su
presencia en el país sea los menos notoria posible, nadie sabe
las gestiones que realiza en Quito. Ayer, la embajada
Argentina no informó sobre la agenda que cumple el
funcionario.
FFAA INVESTIGAN ESTADO DE FUSILES
Las Fuerzas Armadas (FFAA) realizarán una investigación para
comprobar si las armas que vendió Argentina a Ecuador, durante
el conflicto bélico con el Perú, son obsoletas o no, tal como
lo aseguran versiones de prensa publicadas en el diario
argentino La Nación.
El ministro de Defensa, general Alfonso Alarcón, ratificó que
las FFAA efectuarán las investigaciones correspondientes,
aunque precisó que "espero que esto no sea otra jugada para
detener el avance del proceso de paz".
El ministro reiteró una vez más que el caso de la compra-venta
de armas es una negociación que se realizó a través de una
empresa privada intermediaria y no de gobierno a gobierno.
En cuanto a la presencia en el país del fiscal argentino,
Guillermo Peres, el ministro fue enfático en precisar que
personalmente considera que no debió haber venido al país para
solicitar los exhortos, sino que esa tarea pudo haberla hecho
por la vía diplomática.
Como se conoce, el fiscal argentino solicitó a las autoridades
judiciales ecuatorianas que se designe un juez para recopilar
los testimonios de personas que estarían vinculadas con la
venta de armas argentinas al Ecuador. Esas personas son:
Roberto Sassen, presidente de la empresa Prodefensa y el
militar retirado Marco Villa Jaramillo.
En todo caso, Alarcón manifestó que el fiscal argentino es
bien venido al país y que él tiene toda la libertad para haber
viajado; no obstante, expresó que considera que debe existir
respeto total a los asuntos internos de cada país y que espera
que el fiscal argentino proceda de esa manera.
IDENTIFICAN A QUIENES DESVIARON LAS ARMAS
MONTEVIDEO. 10 may 96. Un juez uruguayo, que investiga el
desvío de armas a Ecuador, durante la guerra con Perú en 1995,
tiene en su poder la identidad de los titulares extranjeros de
las dos sociedades con domicilio en Montevideo, que
intermediaron en la negociación con Fabricaciones Militares
Argentinas.
Según informó hoy, miércoles, el diario "El Observador", el
Juez Penal del 19o. Juzgado, Rubén Eguiluz, que investiga de
oficio la operación de las dos empresas desde el 31 de marzo
de 1995, posee la documentación que prueba que los
responsables de las empresa Debrol SA y Hayton SA son todos
extranjeros.
La información se produjo luego de que se agregaron esta
semana al expediente la denuncia formal contra las empresas,
que presentaron el abogado Gonzalo Fernández, suplente del
senador izquierdista José Korseniak, y los diputados de la
coalición Frente Amplio, Guillermo Chiflet, Pedro Balbi, José
Bayardi y José Mujica.
También se detalló que el Juez Eguiluz ha tomado declaración
al coronel argentino Diego Pallares, quien ahora es
investigado en su país por el mismo caso.
Eguiluz tiene conocimiento que las empresas con domicilio en
Montevideo, intervinieron en la venta de armas cuyo destino
final fueron Ecuador y Croacia.
El Juez, tras una serie de investigaciones que ha ordenado a
través de los servicios de información de la Policía y los
Registros Públicos, ha logrado reunir los libros de las
empresas con domicilio en Uruguay, pero propiedad de
extranjeros.
Según "El Observador", que accedió a la información, "ningún
ciudadano uruguayo es titular de las empresas mencionadas y la
totalidad de los mismos son extranjeros".
Debrol SA fue constituida en Uruguay en el año 1988, mientras
que Hayton Trade fue registrada en 1993.
La fuente agregó que "el Juzgado tiene la certeza de que las
armas no pasaron por territorio uruguayo. Se cargaron hacia
Venezuela, no transitaron por Uruguay y luego habrían sido
desviadas a Ecuador.
La misma información sostiene que la empresa Hayton Trade
tiene habilitación en Argentina para intervenir en el tráfico
de armas.
La investigación coincide con la afirmación hecha el pasado
día 2 en Montevideo por el ministro argentino de Defensa,
Oscar Camilión, de que el único punto de referencia que puede
tenerse para hacer aparecer el nombre de Uruguay en este
asunto, "es por una empresa que tiene domicilio aquí, pero que
ni siquiera se puede saber si hay uruguayos en la misma".
CASARES PIDE NEGAR EL PERMISO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, debería rechazar la solicitud que realizó el fiscal
argentino Guillermo Peres, sostuvo el fiscal, Fernando
Casares.
El fiscal argentino solicitó a las autoridades judiciales
ecuatorianas que se designe un juez para recopilar los
testimonios de Roberto Sassen, presidente de la empresa
Prodefensa y el militar retirado Marco Villa Jaramillo, que
estarían vinculadas con la venta de armas argentinas al
Ecuador.
Casares, estimó que Solórzano debería rechazar esa solicitud,
porque la seguridad nacional no pude estar supeditada a
sucesos que son de carácter público en Argentina.
"Ese tema a la Fiscalía del Ecuador le preocupa mucho porque
independientemente de las responsabilidades civiles y penales
que puedan establecer los jueces argentinos, lo grave del tema
es que se involucre al Ecuador en un negociado o contrabando
de armas, es decir, no podemos los ecuatorianos permitir, que
de haber existido algún tipo de irregularidad en la presunta
negociación, se quiera mencionar la país como un eventual
beneficiario que a los mejor resultaría de mala fe", dijo
Casares.
Añadió que el tema se debe tomar con especial atención para no
permitir que la soberanía del Ecuador "sea manoseada,
manipulada" con fines que pueden ser políticos.
Reiteró que la Fiscalía no está de acuerdo en la forma como el
fiscal argentino ha procedido, con toda "una ola de misterio",
cuando sus pedidos los pudo haber realizado por vía la
diplomática, mediante las cartas rogatorias, ajustándose a las
normas internacionales.
DEFIENDEN A CAMILION
SAN SALVADOR .- El presidente de Argentina, Carlos Menem,
afirmó anoche en San Salvador que su ministro de Defensa,
Oscar Camilión, es inocente hasta que no se demuestre
judicialmente lo contrario en relación a la supuesta venta
ilegal de armas a Ecuador, cuando éste libró una guerra con
Perú en 1995.
En una rueda de prensa al término de una visita oficial de dos
días a El Salvador, Menem dijo que espera el resultado de las
investigaciones administrativas y judiciales que se llevan a
cabo sobre el caso, para tomar las medidas correspondientes.
"Tengo una larga trayectoria política, he formado una
personalidad y a partir de esa personalidad un estilo. Yo no
me guío cuando hay este tipo de situaciones por lo que puedan
expresar los medios o los adversarios políticos", declaró
Menem.
Agregó que "resultaría muy duro condenar a una persona por lo
que puedan decir los medios o los adversarios políticos,
además yo iría en contra de claras prescripciones
constitucionales, que no sólo son de Argentina, sino del mundo
civilizado, que se presume de la inocencia de las personas
hasta que no se pruebe lo contrario".
El presidente argentino insistió en que "no hay pruebas de que
hayamos vendido armas a Ecuador o a Croacia, como se ha dicho
durante los últimos tiempos".
Pero, dijo a renglón seguido, "por supuesto, si evidentemente
hubo algún tipo de transgresión de la normatividad imperante
en Argentina de esto, los responsables tendrán que pagar las
consecuencias del caso, no importa quienes sean".
Las pruebas "se están aportando para dilucidar este caso en
los ámbitos correspondientes, esperamos el fallo de la
justicia, el fallo de las actuaciones administrativas, yo no
voy a admitir culpabilidad alguna en un hecho de esta magnitud
hasta que no tengamos la sentencia correspondiente", añadió.
En sectores de la oposición argentina se exige la renuncia del
ministro de Defensa por considerarlo responsable del
escándalo, pero éste ha afirmado que su dimisión depende de
Menem.
Consultado el presidente argentino sobre si él pidió a la
facción parlamentaria del gobernante Partido Justicialista
(PJ) que renunciara a una interpelación a Camilión, expresó:
"yo no he pedido absolutamente nada, la bancada de mi partido
consideró que en este momento no era conveniente".
Las principales fuerzas de oposición argentinas, la Unión
Cívica Radical (UCR) y Frente País Solidario (FREPASO),
querían que Camilión fuera interpelado, pero ello fue evitado
por el PJ, que cuenta con la mayoría en las cámaras de
diputados y senadores. (EFE) (DIARIO HOY) (P. 2-A)
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