Seguros ¿proteccion O Negocio? (primera Parte)

Quito. 27.11.94. Mauricio Pinto, el presidente del Consejo
Nacional de Modernización (CONAM), anunció entusiasmado que al
trabajador ecuatoriano está a punto de abrírsele una nueva
etapa que le traerá beneficios. Es que los trabajadores
activos tendrán la opción de escoger entre el IESS y los
llamados seguros paralelos, de empresas privadas que brindarán
pensiones en caso de jubilación, seguro de salud y de vida.


Esto es parte de la llamada modernización del Estado, vía
privatizaciones, que significa la disputa por un enorme
mercado en el que están en juego grandes cantidades de dinero.
Y que, al decir de Pinto, no implicará la desaparición del
IESS, cuyos servicios son criticados por la generalidad de los
ecuatorianos.

Aunque la oferta privada promete un servicio inmejorable para
el afiliado y ubica a los servicios del seguro estatal en el
terreno de la competencia, el director del IESS sostiene que
los seguros privados serán discriminatorios, porque la mayor
parte de la población económicamente activa no podrá financiar
os costos de la seguridad privada.

Esto conduce a la substancia del asunto y que se designa con
una palabra: solidaridad. ¿Están las empresas aseguradoras del
sector privado dispuestas a correr con subsidios a ciertos
grupos de la sociedad? ¿Cómo es que este negocio de los
seguros paralelos posee una perspectiva social?

VIENEN LAS AFPs

Fue "temporada alta" la comprendida entre fines de octubre y

mediados de noviembre para la seguridad privada del Ecuador.


El último fin de semana de octubre, el superintendente de
Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, se reunió en Bahía de Caráquez
con la mayoría de gerentes de la empresas aseguradoras del
país, para finiquitar los detalles de la nueva Ley de Seguros,
cuyo proyecto ha sido presentada al presidente de la
República.

Ya en noviembre, en Quito, la Federación Interamericana de
Empresas de Seguros (FIDES), realizó su asamblea ordinaria y
nombró la nueva directiva. Acto seguido, ante más de 100
ejecutivos de los seguros privados ecuatorianos, Francisco
Serqueira, abogado y presidente de los aseguradores privados
chilenos, en una amena conferencia explicó por qué debe
terminarse lo que llama la "seguridad social de reparto o
solidaria", para pasar a la seguridad de "capitalización
individual con administración privada": antes había más
jóvenes trabajando para proteger a menos viejos; luego de 25
años, en el Ecuador habrá muchos menos jóvenes que por más
trabajo que hagan nunca podrán proteger a una sociedad de
viejos, pues tenemos cada vez menos hijos y la esperanza de
vida aumenta.

Salud y pensiones
Serqueira relató a sus colegas ecuatorianos cómo se ha
implantado en su país el modelo chileno de seguridad social
privada, e informó que en Chile ella se divide en seguro de
salud y seguro de pensiones, administrados, estos últimos, por
las llamadas AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) en
el argot del ramo.

Señaló que en su país la administración privada de la
seguridad social mueve 23 mil millones de dólares al año,
cuatro veces el PIB araucano. Dinero que se ha invertido en
Chile y que ahora se lo hace en Asia y Europa. Monto del que
solo rendirán cuentas en el año 2001, cuando empiecen a pagar
las primeras pensiones.

La información causa murmullos entre los presentes, y
aprovechando el estado de excitación general, Serqueira adopta
un aire solemne y remata con una frase rotunda: "Para las
empresas de seguros privados esta es una oportunidad
histórica, de esas que no se vuelven a repetir".

Colaboración

En el mismo ciclo de conferencias, el superintendente de
Bancos, en una corta intervención expresa que la nueva Ley ha
sido elaborada con la estrecha colaboración de la
Superintendencia y las empresas de seguros privados del
Ecuador. Y, para no quedarse atrás, lanza otra frase
memorable: "Plantear un nacionalismo en los actuales momentos
es ir contra la historia".

Tres días antes de estos hechos, miembros del Consejo Superior

del IESS viajaron a Santiago de Chile para una "observación"
del modelo chileno de seguridad privada. La invitación viene
de la agencia gubernamental norteamericana AID.

Al tiempo que el abogado Serqueira teoriza en el salón el
Hotel Colón, y los "duros" de la seguridad pública ecuatoriana
visitan el país de Neruda, el CONAM saca su as de la manga y
el 14 de noviembre plantea que la seguridad social ecuatoriana
se divida en seguros de salud y seguros de pensiones,
administrados estos últimos por las AFPs.

El servicio sobre todo

"En el mundo de hoy se impone la eficiencia de los prestadores
de servicio. Que el capital privado se vincule al servicio
público no le quita al ciudadano ese beneficio. Lo que
necesita el ciudadano corriente no es que el Estado le preste
el servicio para que no haya utilidades y él reciba un mal
servicio". La frase es de William Fadul, presidente de la
FIDES, que agrupa a todas las empresas de seguros de América.



El colombiano Fadul, dice a BLANCO y NEGRO que lo que los
ciudadanos quieren es un buen servicio, de calidad, sostenido,
responsable, que remunere lo que está pagando mensualmente.


"El que lo haga el seguro privado o el Estado es indiferente
para el ciudadano. Lo que sucede es que el Estado es un mal
operador de servicios y eso no es su papel en las economías
modernas", señala.

El debate entre el Estado y la empresa privada "es solo de las
clases políticas e ideológicas" y los pensadores de derecha e
izquierda, pero no de la comunidad, sostiene la principal
cabeza de los aseguradores americanos. "Si usted le pregunta
al común de la gente, si quiere una privatización de la
seguridad social o lo que le da el Estado, estoy seguro que la
respuesta es que lo privaticen".

CAMBIAN LAS REGLAS DEL JUEGO

Las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades
anónimas encargadas de manejar los aportes de los trabajadores
o ciudadanos que tengan relación de dependencia o deseen
afiliarse a las mismas.

Las cotizaciones mensuales varían entre un mínimo del 10% y un
máximo del 20% de la remuneración mensual del trabajador o del
ingreso que declara la persona que desee acogerse a esta
afiliación.

El capital mínimo de la empresa encargada de administrar los
fondos (que no son las compañías de seguros) es lo determinará
la nueva Ley de Seguridad Social. En Chile es de 450 mil pesos
cuando el número de afiliados es de 10 mil en adelante.

Las AFP se fundamentan en el sistema de capitalización
individual, en contraposición del sistema de capitalización
colectiva, que subsiste en el IESS.

Luego de 30 años de aportaciones el cotizante puede optar por
dos alternativas:

1. Retirar su plata y trasladarla a una aseguradora de vida
para que mensualmente le entregue una pensión vitalicia a él y
a sus deudos, cuando falleciere.

2. Mantener la plata en la misma AFP para que ésta, de acuerdo
a los cálculos financieros correspondientes le otorgue una
pensión mensual equivalente al 70% de la remuneración
cotizada. Esta pensión puede ser revisada periódicamente. En
caso de muerte la pensión será recibida por los deudos.

Algunas premisas

El funcionamiento de las AFP tiene algunas premisas:

Se debe mantener la economía del país estable eliminando la
inflación y el déficit fiscal, así como mantener estable el
tipo de cambio.

Es necesario eliminar el monopolio de la seguridad social que
actualmente otorga el IESS, permitiendo que participen las AFP
en el mercado. Que haya libertad de entrada, de precios y de
tasas de interés, para que se la rentabilidad la que marque la
competencia entre AFP.

El Estado debe dictar regulaciones para que el mercado sea
transparente. La información respecto al sistema debe ser
transparente, oportuna y eficiente.

Los cotizantes deben tener libertad de elección para afiliarse
a cualquier AFP legalmente constituida.

El descalabro

Según el economista Bolívar Landivar, asistente al seminario
Project Magnenement Consultant que estudió la implantación de
las AFP en Ecuador, el impacto de estas será negativa en el
Seguro Social.

Al liberarse los recursos que se aportan al IESS, se
deterioraría definitivamente las prestaciones médicas y otras
que brinda el Instituto a sus afiliados. Es posible un
desbande de afiliados insatisfechos, pero para los que se
queden la situación será más difícil. Por ejemplo, se tendría
que incrementar la cotización para la prestación médica y el
seguro voluntario.

La disminución de ingresos al IESS impedirá el pago adecuado a
204 mil pensionistas del Instituto. Sería el fin de la
solidaridad de los jóvenes para con los viejos. Además, será
muy difícil cumplir con los compromisos del Seguro Social
Campesino que protege a 800 mil afiliados y a sus familias. Se
eliminaría también los préstamos prendarios.

Para atender sus obligaciones el IESS debería vender sus
activos y reduciría drásticamente el personal con la carga
financiera que significan las indemnizaciones.

Ante la necesidad de una reforma constitucional para la
transformación del sistema de seguridad social y posible
oposición del Congreso en ese punto, fuentes parlamentarias
señalaron que la Presidencia de la República impondría las AFP
vía decreto.

Sí, con la cabeza...

Mueve la cabeza asintiendo y en silencio para evitar la
grabación. La pregunta al doctor Serqueira es: ¿resulta
demagógico el planteamiento del Conam de invertir la plata de
las pensiones en planes de vivienda, hospitales y otros
servicios sociales?

El chileno da más pistas: "Las inversiones que hagan las AFP
con la plata de los trabajadores es únicamente para mejorar
las pensiones de vejez a sus afiliados, no para otra cosa".
Anunciar hospitales y programas de vivienda es anunciar que de
aquí a 30 años no habrá pago en efectivo para los
pensionistas, dice el experto chileno.

La propuesta del Conam en cuanto a las AFP establece que el
objetivo es dar opción al afiliado para decidir quién
administra sus fondos, tener la posibilidad de una pensión de
jubilación decente e impulsar el desarrollo del país con los
recursos que genere el sistema.

Se crearía también un "fondo de solidaridad" para financiar
las jubilaciones de las personas que no alcancen la pensión
mínima.

El beneficio de las AFP será cobrar un porcentaje por
administrar esos fondos. La cotización para obtener estos
seguros será determinado por la Ley y no por las compañías. En
Chile se eliminó el aporte patronal al que consideraban como
un "impuesto al capital" y es únicamente el trabajador el que
se paga su seguro. Aquí no se ha sacado a la luz ese tema.

EL MODELO CHILENO

Chile extiende su influencia en América Latina a través de su
modelo de seguridad social: los AFP. Perú y México adoptaron
el modelo. Uruguay, Honduras, Ecuador y Colombia estudian su
aplicación. Argentina optó por un sistema mixto.

En 1981 Pinochet transformó el antiguo sistema de las Cajas de

Pensión por las Administradoras de Fondos de Pensiones. La
seguridad social de reparto por la capitalización individual
con administración privada. Se formaron 13 sociedades
privadas, cuatro de ellas extranjeras, a las que se confió la
administración y capitalización de los fondos de los
trabajadores. Cuatro y medio millones de ellos están
afiliados.

Para los pertenecientes al antiguo sistema fue voluntario,
pero quienes se incorporaron al trabajo desde 1983 fueron
obligados a ello. Para quienes optaron por el nuevo sistema el
Estado pagó un bono por el monto de los valores aportados
anteriormente. Pero esa plata fue congelada y será pagada en
caso de emergencia o cuando se llegue a la jubilación. Esto le
ha costado al Estado 30 mil millones de dólares.

Trece años después viene la hora de las evaluaciones, aunque
la verdadera prueba de las bondades del sistema vendrá cuando
se pague la primera pensión de jubilación, en el año 2001.

Por lo pronto ya existen cuestionamientos de expertos
internacionales, quienes han señalado varias "fisuras" en el
modelo: No se ha logrado aumentar el número de afiliados. Solo
el 61% de los aportantes está en capacidad de reunir el fondo
mínimo necesario para acceder a una pensión de vejez de 80
dólares (184.000 sucres).

Tres administradoras (AFP) concentran el 60% de los
aportantes, lo que las ha convertido en un nuevo foco de
concentración y poder económico. Ninguna de ellas asumió la
responsabilidad inicial de pagar pensiones "solidarias" para
los más pobres.

La cobertura general de salud y jubilación a la población ha
disminuido. La cobertura de los subempleados y grupos
informales es mínima siendo ésta la mayoría de la población
productiva.

Si bien el rendimiento de inversión de capital es alto (14%
anual) la tendencia es a la baja: en 1992 las AFP pidieron
autorización para invertir en el extranjero.

Los gastos administrativos han crecido: 28 por ciento neto del
total de gastos operativos. A la sazón, el 80 por ciento de
estos gastos administrativos ha sido invertido en publicidad
en medios de comunicación. Y ello ha traído otro problema: la
opción de cada AFP es el resultado de grandes campañas
publicitarias y no por el ofrecimiento de mejores pensiones.

Reglas claras

"Cuidado, advierte Francisco Serqueira a sus colegas
aseguradores ecuatorianos, el fracaso del sector asegurador
privado es dramático para la historia de un país. Los seguros
privados deben ser absolutamente responsables, cualquier
desliz puede destruir el sistema".

El experto chileno sostiene que el sistema solo puede
funcionar con una regulación "de hierro y absolutamente
independiente" por parte del Estado. Las reglas deben ser
claras para los aseguradores y transparente el mercado de
valores para la inversiones.

"Debe quedar muy en claro, dice, que la plata de los afiliados
a las AFP y a los seguros de salud es sagrada, inquebrable e
inembargable. Que ese dinero debe estar en un bolsillo aparte
y no ser confundido con el presupuesto de la empresa. Eso
sería el suicidio", y cuenta el caso de dos AFPs que en Chile
fueron cerradas por el gobierno al comprobárseles malos
manejos con el dinero de los afiliados.

EL SEGURO SE DEBE PRIVATIZAR, PERO...

Para el superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, el
tema de los seguros no es fácil, aunque lo aborda con soltura.


En primer lugar asegura que no se debe privatizar el seguro
social, pues debe existir el seguro estatal al que dice hay
que incentivarlo, para que "todo el mundo vayamos a buscar ese
seguro". Pero, a renglón seguido, puntualiza que, como están
las cosas, el seguro social ecuatoriano es una de las peores y
más graves lacras que tiene el país.

Muñoz no escatima adjetivos para calificarlo: monopólico,
ineficaz, conculcador de los derechos de las personas. Con una
administración politizada que al haberse sindicalizado, vive
para tratar de satisfacer las conquistas laborales de los
sindicatos. Una situación espantosa la del IESS. Y va más
allá.

Dice que si en Ecuador se pidiera a la Comisión de Derechos
Humanos examine cómo cubre el derecho a la seguridad social,
se tendría que decir que el Ecuador es un país donde los
derechos humanos son pisoteados.

"Pocos países en el mundo podrán tener un seguro social tan
ineficaz. Los jubilados son candidatos a morirse de hambre por
el mal manejo que se tiene del Seguro Social", puntualiza. Y
agrega que no podrá haber desarrollo económico y social si no
se da un cambio radical en el manejo de fondos de pensiones,
por lo que considera que con las aportaciones que estamos
haciendo actualmente se debe dejar en libertad a cada persona
para que escoja dónde le dan una mejor protección a sus
derechos y que no se le imponga la del Estado en la que no se
le da ninguna protección.

Una Ley a la medida

En los últimos meses la Superintendencia ha elaborado, con el
respaldo de los "más connotados conocedores del tema",
directivos de las compañías privadas, y en base a seminarios y
reuniones, una nueva Ley que hoy está en manos del Ejecutivo y
que será enviada al Congreso.

Para garantizar su trámite y aprobación, Muñoz se ha reunido
con muchos diputados e, incluso, ha desplazado comisiones a
Chile, para que "observen", lo que allá ha sucedido con el
traspaso de los seguros, modelo que en el Ecuador se quiere
aplicar.

Pero ¿quien controlará a las compañías de seguros?

En esto no hay discusión. Muñoz dice que debe estar bajo el
control de la Superintendencia de Bancos que tiene que dedicar
un "especialísimo" control para exigir las mayores condiciones
de seguridad a cada unas de las compañías que vayan a manejar
estos recursos.

A la Superintendencia también le corresponderá aprobar las
tasas por los servicios, aunque si se deja al libre mercado
sería mejor, porque "el volumen y la competencia lo
determinará, tal como ha sucedido con los bancos, a los que se
les ha dado más libertad, hasta para determinar los horarios
de atención, con lo que se han beneficiado los usuarios".

Ricardo Muñoz está convencido que con una enorme oferta de
servicios, cambiará la situación de los ecuatorianos, que
dejarán de ser lo miserables que son actualmente los afiliados
al seguro social y, sobre todo, las pensiones de montepío ,
etc. "que son paran morirse de hambre"; además que se
extenderá los servicios y la protección a la población que hoy
está desprotegida.

UN BUEN NEGOCIO

El sector de seguros es considerado un buen negocio. A las 40
compañías de seguros y 2 compañías reaseguradoras, les va
bien. Tienen una importante rentabilidad, que Muñoz Chávez
califica de adecuada.

"No voy a decir que sean extraordinarias, pero si tienen
utilidades que dan confiabilidad y solvencia, porque sería muy
grave que las compañías de seguros empiecen a trabajar a
pérdida", puntualiza.

El volumen que manejan es también importante.

En Ecuador el primer semestre de 1994 el sector de los seguros
captó recursos por primas por 234.955 millones de sucres, suma
que seguramente crecerá cuando tomen a su cargo los seguros
que hoy están en manos del IESS.

Por esto hay gran espectativa, el superintendente de Bancos,
revela que más de 20 compañías extranjeras han visitado el
país, en los últimos días, para informarse de lo que va a
pasar con este sector.

Pero no todo es color de rosa en los seguros. Hace poco una
compañía fue liquidada y hoy otra está intervenida.

Fueron "malos manejo" los que llevaron a la quiebra, pues la
compañía empezó a asegurar y cubrir riesgos con mucha
irresponsabilidad, sin hacer estudios adecuados, para cada
caso. El superintendente asegura que se les dio oportunidad
para que capitalicen la compañía, pero no lo hicieron y hubo
que intervenirles y liquidarles.

Actualmente están en liquidación las compañías Norwich,
(liquidación voluntaria) y la Continental, (liquidación
forzoza).

No obstante, en términos generales la situación de las
compañías de seguros es solvente, pero tienen que tener una
mayor solvencia y eso va a exigir la Superintendencia de
Bancos.

Letra chiquita

Hay compañías a las que les está imponiendo severas sanciones
por no cumplir oportunamente sus obligaciones, como el pago de
los seguros que les corresponde y empiezan a litigar,
tardándose hasta 3 o 4 años, para lograr que la compañía pague
un siniestro.

De allí que la nueva Ley establece el procedimiento arbitral,
para que sea resuelto con la mayor celeridad posible.

No obstante existen dudas porque las compañías siempre
recurren a argucias, como aquellas de las excepciones
contempladas en la letra "chiquita" de la que los clientes ni
si quiera han sido informados.

Este aspecto también va a ser revisado, peor si el propio
superintendente debió sufrir, en carne propia, un problema
cuando, como abogado de la Llantera, pidió que se cubra la
voladura del techo de la fábrica, y la compañía respondió que
el siniestro se había producido por "vientos cruzados", que no
contemplaba el seguro, "porque esos vientos solo ocurren en
los mares de Asia"... (REVISTA BLANCO Y NEGRO, N. 31, PP. 1-5)