MODERNIZAR EL ESTADO
Quito. 15.07.91. Los problemas del Ecuador no han sido
extraños al resto de los países andinos. Lo grave es que
mientras en aquellos las decisiones han sido ágiles y
oportunas, desmonopolizando o privatizando las
telecomunicaciones, eliminando la reserva de carga,
semiprivatizando los puertos, en el Ecuador a la par que nada
se hace al respecto, se dan presiones para profundizar
rigideces como ocurre con la reserva de carga, contraviniendo
las decisiones presidenciales y las regulaciones del Pacto
Andino.
Modernizar el Esado implica fortalecer su estructura en las
áreas fundamentales de educación, salud, justicia, seguridad,
infraestructura sanitaria, saneamiento ambiental y vialidad.
Para el resto de sectores económicos asumidos por el Estado,
es urgente una demonopolización que vía competencia haga
eficaz la acción pública y privada porque todo monopolio u
oligopolio es negativo para la sociedad.
Un examen sobre la modernización del Estado Ecuatoriano
efectuado por el Centro de Estudios y Análisis (CEA) señala
que, prescindiendo del reto histórico de la integración andina
e internaional, la obesidad del sistema estatal ha causado un
desfinanciamiento sin precedentes en la administración pública
y una inflación estructural que es la más alta en el Grupo
Andino (Salvo Perú) e impide no solo el crecimiento económico
sino que erosiona la economía popular, los salarios reales y
los fondos de pensiones de los trabajadores.
El financiamiento del desarrollo del país demanda recursos tan
cuantisos que solo pueden darse a través de mecanismo
diferentes a los que tradicionalmente se ha recurrido. Países
de gran fortaleza económica como México, Venezuela, Colombia,
Chile, Brasil, Argentina, no han tenido otra alternativa que
modernizar sus sectores públicos desmonopolizar y
desregularizar la economía para hacer factibles las nuevas
corrientes de inversión.
El Ecuador no puede escapar a esa corriente, más aún si el
sector privado cada día está más resuelto a afrontar sus
riesgos, incluso con el mínimo de garantías que el Estado debe
otorgarle.
A raíz de la cinco cumbres presidenciales andinas, los jefes
de Estado han asumido compromisos determinando que a partir
del primero de enero del próximo año (salvo el Ecuador que lo
hará desde primero de julio), todos los productos del grupo
andino sean comercializados con un arancel cero. exceptuando
un residual de 50 item de Colombia, Perú y Venezuela y 100 del
Ecuador y Bolivia.
El año siguiente (1993) las tres primeros países adoptarán el
arancel externo comun y en 1995 Ecuador y Bolivia; pero sus
aproximaciones comenzarán casi de inmediato, pues dicho
arancel estará definido hasta fines del presente año.
La zona de libre comercio involucra a 95 millones de personas
y el Ecuador con una población que representa al 12 por
ciento, tiene la opción de multiplicar por once veces su
mercado urbano, lo que implica una opción sin precedentes.
La estructura de la demanda final refleja que hay una elevada
participación del consumo interno en el producto interno bruto
(PIB), mientras el porcentaje de las importaciones en el PIB
ha bajado del 24 por ciento en 1990 al 15.5 por ciento a fines
de la década, lo que ha repercutido en el nivel de inversión y
calidad del consumo.
Los coeficientes de integración en el mercado andino apenas
alcanzan al 4 por ciento de las exportaciones totales,
mientras en ALADI se acercan al 12 por ciento y en la
Comunidad Económica Europea CEE, llegan al 60 por ciento. La
tasa de inversión bajó casi seis puntos porcentuales entre
1990 y 1988, y en la distribución del PIB la construcción
ocupa el lugar más bajo en contraste con lo que ocurre en
países de mayor desarrollo. (A-12).
Quito. 15.07.91. Los problemas del Ecuador no han sido
extraños al resto de los países andinos. Lo grave es que
mientras en aquellos las decisiones han sido ágiles y
oportunas, desmonopolizando o privatizando las
telecomunicaciones, eliminando la reserva de carga,
semiprivatizando los puertos, en el Ecuador a la par que nada
se hace al respecto, se dan presiones para profundizar
rigideces como ocurre con la reserva de carga, contraviniendo
las decisiones presidenciales y las regulaciones del Pacto
Andino.
Modernizar el Esado implica fortalecer su estructura en las
áreas fundamentales de educación, salud, justicia, seguridad,
infraestructura sanitaria, saneamiento ambiental y vialidad.
Para el resto de sectores económicos asumidos por el Estado,
es urgente una demonopolización que vía competencia haga
eficaz la acción pública y privada porque todo monopolio u
oligopolio es negativo para la sociedad.
Un examen sobre la modernización del Estado Ecuatoriano
efectuado por el Centro de Estudios y Análisis (CEA) señala
que, prescindiendo del reto histórico de la integración andina
e internaional, la obesidad del sistema estatal ha causado un
desfinanciamiento sin precedentes en la administración pública
y una inflación estructural que es la más alta en el Grupo
Andino (Salvo Perú) e impide no solo el crecimiento económico
sino que erosiona la economía popular, los salarios reales y
los fondos de pensiones de los trabajadores.
El financiamiento del desarrollo del país demanda recursos tan
cuantisos que solo pueden darse a través de mecanismo
diferentes a los que tradicionalmente se ha recurrido. Países
de gran fortaleza económica como México, Venezuela, Colombia,
Chile, Brasil, Argentina, no han tenido otra alternativa que
modernizar sus sectores públicos desmonopolizar y
desregularizar la economía para hacer factibles las nuevas
corrientes de inversión.
El Ecuador no puede escapar a esa corriente, más aún si el
sector privado cada día está más resuelto a afrontar sus
riesgos, incluso con el mínimo de garantías que el Estado debe
otorgarle.
A raíz de la cinco cumbres presidenciales andinas, los jefes
de Estado han asumido compromisos determinando que a partir
del primero de enero del próximo año (salvo el Ecuador que lo
hará desde primero de julio), todos los productos del grupo
andino sean comercializados con un arancel cero. exceptuando
un residual de 50 item de Colombia, Perú y Venezuela y 100 del
Ecuador y Bolivia.
El año siguiente (1993) las tres primeros países adoptarán el
arancel externo comun y en 1995 Ecuador y Bolivia; pero sus
aproximaciones comenzarán casi de inmediato, pues dicho
arancel estará definido hasta fines del presente año.
La zona de libre comercio involucra a 95 millones de personas
y el Ecuador con una población que representa al 12 por
ciento, tiene la opción de multiplicar por once veces su
mercado urbano, lo que implica una opción sin precedentes.
La estructura de la demanda final refleja que hay una elevada
participación del consumo interno en el producto interno bruto
(PIB), mientras el porcentaje de las importaciones en el PIB
ha bajado del 24 por ciento en 1990 al 15.5 por ciento a fines
de la década, lo que ha repercutido en el nivel de inversión y
calidad del consumo.
Los coeficientes de integración en el mercado andino apenas
alcanzan al 4 por ciento de las exportaciones totales,
mientras en ALADI se acercan al 12 por ciento y en la
Comunidad Económica Europea CEE, llegan al 60 por ciento. La
tasa de inversión bajó casi seis puntos porcentuales entre
1990 y 1988, y en la distribución del PIB la construcción
ocupa el lugar más bajo en contraste con lo que ocurre en
países de mayor desarrollo. (A-12).
Más en el