En el Juzgado Fiscal del Guayas, situado en el octavo piso de la Corte de Guayaquil, hay menos trajín, pero más espacio. Su pequeña bodega ya no luce tan atestada de casos empolvados ni de hojas sueltas, que guardan historias de fraudes aduaneros al Fisco.

Aquél espacio tiene un motivo: en los últimos 11 meses 423 juicios han sido archivados, por orden del juez Hanníbal Vela. Así lo revelan los registros de la Fiscalía.

“Son prescripciones”, dice el magistrado Vela que en términos jurídicos, significa que no se pueden seguir con las acciones legales, que se iniciaron hasta el 12 de julio de 1998.

Hasta ese día regía la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) emitida el 10 de marzo de 1994 y que establecía, en su artículo 99, que la prescripción de un juicio es de cinco años. Con la nueva LOA el plazo se subió a 15 años.

Los 423 son casos en los cuales no hubo detenidos, sentencias y peor aún el Estado -a través de la ex Dirección General de Aduana-logró cobrar los dineros, por la evasión del pago de tributos (impuestos, tasas y contribuciones).

El mismo juez admite que, judicialmente, el Fisco ha tenido una serie de derrotas. Un ejemplo reciente son los expedientes prescritos, pues ya no se tiene derecho a reclamo.

La Fiscalía trata de librarse de culpa: “en el Juzgado de Aduanas se han dilatado los trámites”.

Eso lo afirman los dos fiscales de la Unidad de Delitos Aduaneros, Jaime Esteves y Manuel Irigüen.

La Fiscalía dirige las investigaciones de Aduanas –así como de las demás causas penales- desde que entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal.

Desde entonces tampoco hay sentencias, detenidos y jamás se recuperaron los dineros estatales. “Recibo los informes de los fiscales con muchas fallas.

Esta es un área especializada y que requiere de precisiones”, dice el Juez.

Los dos miembros de la Unidad de Delitos Aduaneros niegan las acusaciones. Irigüen muestra documentos en los que el Juzgado se ha demorado más de un año en emitir una providencia. “Y cuando lo ha hace, el caso ha prescrito”.

La mayoría de delitos denunciados, en un 99 por ciento por la Contraloría y la CAE, son por defraudación: sacar ilegalmente mercadería importada, al falsificar documentos (como los DUI o los certificados de inspección de las cinco verificadoras) o evadir los controles.

Estos últimos están a cargo del Servicio de Vigilancia Aduanera que, sin embargo, son limitados.

Pero las denuncias son solo un reflejo de las pérdidas de la CAE, fuentes consultadas del sector importador afirman que. “lo que se va por contrabando es imposible demostrarlo”.

Las formas de evasión detectadas son disímiles. A esto se suma el retraso judicial. En el 2002, el Ministerio Fiscal investigó 1 387 casos, de los cuales 856 están en indagación por los fiscales de Aduanas.

85 investigaciones están en instrucción y 58 tienen un dictamen fiscal (18 acusatorios y 40 absolutorios).

Además, los agentes desestimaron 428 denuncias, desde enero del 2002 hasta este mes, lo que representa el 40 por ciento del total de los casos.

Las nueve formas de robo y se evasión al ente supervisor

Según la CAE, estos métodos son los mismos que detectó la última administración militar.

La subfacturación • Este método consiste en adulterar el documento único de importación, denominado DUI, requisito para la importación de mercaderías.

El túnel • Es uno de los métodos más utilizado según el reporte de las autoridades es el denominado el túnel. Este consiste en que se sacan dos o más contenedores con la misma documentación.

El autorrobo • Se falsifica el DUI para llevar el contenedor a otro lado. Allí se lo abandona el contenedor y luego ladrones rompen los candados y sacan la mercadería. La presunta víctima cobra el seguro, en los días posteriores.

El robo en los patios • El delito se comienza a gestar en los muelles, es decir, antes de los desembarques. Ahí se aprovecha para robarmercadería.

La falsa descondilación • Se falsifica una orden de traslado de un patio a otro de las Aduanas, pero, una vez que el contenedor sale del lugar, un camión plataforma. Éste lo conduce hasta la puerta principal, de esta manera evitan cancelar los impuestos al Fisco.

El boleo nocturno• En este método consiste en que los delincuentes rompen las cerraduras de los contenedores y las cambian por otras, pero deben tener la misma numeración, que las anteriores.

Asalto en carreteras • Los robos no solo se efectúan en el recinto portuario, sino también cuando se traslada la mercadería por carretera a otras ciudades del Ecuador.

Documentos falsificados • En especial los DUI y los certificados de las cinco verificadoras que hacen la inspección en origen y el aforo físico en destino. Las verificadoras han optado por crear papeles con seguridades.

Los contenedores refrigerados • El último método registrado por la CAE consiste en colocar los contenedores junto a alimentos perecibles para que no puedan ser inspeccionados en su totalidad.

El contrabando sin control

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) tiene solo 543 hombres para nueve distritos de la CAE: Carchi, Ibarra, Quito, Esmeraldas, Manabí, Guayaquil, Puerto Bolívar y Huaquillas (El Oro) y Loja.

“Nuestro accionar es limitado, carecemos de recursos”, dice el capitán Haníbal Pavón, director del SVA.

Por ejemplo, señala “es casi imposible detectar el contrabando, especialmente en el área de cuarentena del golfo de Guayaquil donde los buques cargueros esperan para entrar a los muelles”.

Las cuatro lanchas que posee el SVA están dañadas.

El SVA trabaja también con la Fiscalía. Ellos llevan la estadística de los juicios aduaneros y el perjuicio al Fisco.

Los entes de control en entredicho

La Contraloría aún no emite su segundo informe final sobre la gestión del padre Flores en las Aduanas. Halló 12 anomalías: cuatro envió a la Fiscalía en noviembre y las otras el martes.

El informe final del examen especial de auditoría efectuado por la Contraloría a las Aduanas de Quito, en el período 1999-2001, por el paso de maletas con mercancía, está listo pero aún no se emite. Y el resultado del examen hecho en el período 1999-2002, por el ingreso de mercadería en couriers, todavía es un texto borrador pendiente.

Esos documentos son decisivos para la investigación del Ministerio Público, que indaga una supuesta red de corrupción durante la gestión del cura Carlos Flores en la Gerencia Distrital de la CAE (él ocupó ese cargo entre el 8 de septiembre del 2000 y el 6 de diciembre del 2002).

Lo ocurrido no prueba que la Contraloría haya retardado el curso de la Justicia. De hecho, aunque los documentos finales de los exámenes especiales no están listos, el ex contralor Alfredo Corral señala que en el examen especial 1999-2001 se emitieron cuatro documentos previos con indicios de responsabilidad penal. Estos fueron aprobados el 4 de septiembre del 2002 y remitidos a la Fiscalía, que a su vez solo ordenó medidas cautelares contra funcionarios de las Aduanas, a partir de abril último.

Sin embargo, la tramitología del procedimiento de auditoría no identificó a los mentalizadores de esas irregularidades en las Aduanas de Quito, más allá de que la Contraloría no incriminó al sacerdote Flores.

El Título X de la Constitución se refiere a los organismos de control y señala en su Capítulo I que es atribución de la Contraloría vigilar la custodia de bienes públicos. Y su art. 212 precisa: "Hará el seguimiento permanente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones...".

El 12 de septiembre del 2002, la Dirección de Control de Ingresos Públicos finalizó el informe del primer examen especial, de octubre de 1999 a octubre del 2001. El documento fue remitido al Departamento de Planificación de la Contraloría. Así lo certifica el memo nro. 265-Dicip-(clave 7447), de la misma fecha. Al texto solo le faltaba la revisión final de una comisión y la firma del Contralor o Subcontralor.

Genaro Peña, actual contralor subrogante, advierte que ese documento final aún no ha sido aprobado. Además la Fiscalía incautó los respaldos de los informes, que están suspendidos indefinidamente.

Este Diario conoció que a los cuatro informes previos señalados por Corral, se suman cuatro documentos parciales del 2001 y cuatro del 2002.

Es decir, de los 1 819 casos de responsabilidad penal detectados por la Contraloría en las Aduanas, desde 1998, apenas 12 se registraron en la CAE de Quito, entre el 2000 y 2002. El martes, la Contraloría remitió los últimos ocho documentos previos a la Fiscalía.

Las sospechas en dos órganos de vigilancia

El Fiscal pudo alertar a Flores. El 15 de abril fue a su casa sin orden de allanamiento. No se sabe si el sacerdote estaba allí.

La sombra del Fiscal . Jorge Trocellier reveló en la Fiscalía que el 12 de septiembre fueron aprobados cuatro informes parciales de las irregularidades en la aduana de Quito. Esos reportes tienen la firma del entonces subcontralor, Genaro Peña, aseguró el auditor, quien está detenido desde la semana pasada en la Fiscalía.

Anticorrupción bajo lupa . Diego Bohórquez, investigador de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, no halló anomalías en las Aduanas de Quito, pese a que fue asignado a ese lugar para profundizar dos denuncias (del 2000 y 2001) sobre irregularidades. El Pleno de Anticorrupción lo suspendió. Otro funcionario es auditado.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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