Nueve de los diez mayores morosos de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) no se acercaron a las oficinas de Quito ni de Guayaquil.
Son los medianos y pequeños deudores los más preocupados por los pagos, luego de que la jueza de coactivas y gerenta de la AGD, Wilma Salgado, diera plazo hasta ayer para pagar las deudas con la banca cerrada bajo su gestión.
Ayer, los pasillos y la parte externa de la oficina principal de la institución, ubicada en pleno centro de Guayaquil, lucÃan atestados de deudores.
El panorama contrastaba con la puerta cerrada, en la que se destacaba un sello de clausura del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Molinera Figallo, ubicada en el kilómetro 16 de la vÃa a la Costa. La empresa aparece como la que tiene la mayor deuda, con 23,33 millones de dólares.
El sitio es custodiado por personal de seguridad contratado por la AGD. Sobre la empresa pesan embargos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y de la propia AGD. Sus propietarios no pudieron ser ubicados ayer.
La empresa ya no produce. En los terrenos donde se levanta se observan más de media docena de silos sin operar. Febres Cordero CÃa. de Comercio es otro deudor de la Agencia. Su acreencia supera los 8 millones de dólares.
Su principal, AgustÃn Febres Cordero, no fue localizado en su oficina de Guayaquil, pero fuentes de la AGD confirmaron que en la mañana se comunicó telefónicamente con la gerenta Wilma Salgado. No se reveló si llegaron a un acuerdo.
El ex diputado Juan José Pons, principal de la ex bananera Costatrading, segunda deudora (18,15 millones), se encuentra en viajes desde comienzos de este año. Ahora permanece en España. Otras firmas no operan desde hace algún tiempo. La próxima semana se publicará una nueva lista depurada de deudores.
3 941 personas tienen orden de arraigo
El lunes, a mediodÃa, el coronel Rodrigo Heredia, director nacional de Migración, recibió un disco compacto que contenÃa los nombres de 5 490 personas que tienen deudas con la Agencia de GarantÃas de Depósitos (AGD).
Según la Dirección, de ese total, 3 941 personas son naturales y están prohibidas de abandonar el paÃs por una orden de arraigo general.
Ellos no pueden acceder al permiso de salida que emite la PolicÃa de Migración. El documento migratorio, que cuesta cuatro dólares, es revisado en los controles de las salas de abordaje de los puertos y aeropuertos.
Pero en la lista enviada por la AGD existen nombres con un solo apellido y, según la PolicÃa, hay el peligro de una confusión por nombres homónimos. Si eso sucede el usuario debe llevar un documento de la AGD que indique que no tiene la deuda. La lista llegó a 26 las jefaturas y subjefaturas de migración.
Más plazo a quienes quieren pagar
Hasta ayer a mediodÃa 350 personas se acercaron a la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) para cancelar sus acreencias con los bancos cerrados gestionados por ella.
Pero hasta la fecha las incautaciones eran un secreto. "Es parte de la estrategia", dice Wilma Salgado, gerenta de la AGD y jueza de coactivas, quien ayer recibió en su despacho un ramo de flores, en señal de apoyo a su operativo.
La principal de la Agencia extendió el plazo en 20 dÃas, según le permite la ley, debido a la acogida de los deudores interesados en cancelar sus compromisos, que rebasaron toda expectativa.
Recalcó que los sectores productivos pueden tener un trato preferencial, dependiendo del caso. Además, todo aquel que en los próximos 20 dÃas se acerque a cancelar las deudas, tiene la oportunidad de que se le exonere de los pagos de los costos judiciales.
En la AGD se reciben incluso papeles para cruzar deudas. En cambio, en las oficinas del Banco del Pichincha solo se acepta efectivo. La Universidad de Guayaquil apoyará logÃsticamente desde la próxima semana con puntos de atención.
En Quito, el movimiento fue agitado en la Oficina de Cobros del Juzgado de Coactivas instalada en el tercer piso de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las FF.AA.
A ese sitio llegaron, hasta el mediodÃa de ayer, alrededor de 80 pequeños deudores para entregar recibos de pago, buscar información y entregar documentos que certificaban la cancelación de sus créditos.
Sin embargo, el coordinador de la oficina, Francisco JarrÃn, dijo que no está autorizado a revelar ninguna información sobre el monto de las recaudaciones. "Esa información la dará mañana (hoy) la gerenta".
Durante los tres dÃas de plazo que en principio dio la Jueza de Coactivas a 5 490 deudores, a la oficina de Quito se acercaron unas 300 personas.
Empero se calcula que menos de la mitad de ellas entregó los recibos de pago. Un ambiente más agitado se presentó ayer en la oficina principal de la AGD, ubicada en la República de El Salvador y Portugal, al norte de la ciudad. Hasta allà llegaron más de 200 personas, por varios motivos. Entre ellos, el conocer si estaban en la lista de deudores, averiguar sobre las devoluciones y canjear sus papeles.
Esa preocupación se originó porque la nómina publicada por la entidad recoge información desde 1995. Salgado presionó desde el fin de semana a los deudores y denunció la inoperancia de los abogados de la AGD. Desde el 2000 solo se recuperó un 0,03 por ciento.
Salgado buscó asesorÃa en Guayaquil
Wilma Salgado busca respaldo polÃtico a su gestión. En Guayaquil, la Gerenta de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), se reunió el miércoles con el alcalde socialcristiano Jaime Nebot y con el socialista León Roldós, rector de la Universidad Estatal.
Fueron citas individuales y bajo absoluta reserva. Discutió sobre el cobro a los deudores, las acciones de la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) y la exoneración del pago de impuestos municipales de algunos bienes de la Agencia.
Nebot la atendió en su despacho y, según comentó, fue un diálogo cordial. El Alcalde acogió pedido de exoneración, pero será factible solo cuando el Congreso apruebe un proyecto reformatorio a la Ley de Régimen Municipal.
Sobre Emelec, la funcionaria pidió su respaldo para armar un fideicomiso local para cancelar a los acreedores de la banca cerrada. En otras ocasiones, Nebot ha pedido que las medidas de los administradores no deben afectar a la distribución de energÃa.
Roldós, por su parte, le extendió varios ajustes al proceso de coactivas. "Su decisión polÃtica de cobrar es buena, pero tiene que corregir algunos errores jurÃdicos". El catedrático admitió que trataron casos especÃficos, pero evitó dar nombres de los deudores. "Ella busca que haya conciencia colectiva para el cobro. Eso la hace diferente a otros gerentes que buscaban pretextos para no hacerlo".
El deudor sà debe pagar
Alberto Dassum
Presidente de la Cámara de Industriales de Guayas
A raÃz de la publicación de la lista de los deudores de la AGD, algunos empresarios han advertido que aplicarán acciones legales para frenar el cobro. ¿Por qué no quieren cancelar sus deudas?
No creo que solo son empresarios aquellos que no quieren pagar sus deudas. Creo que son gente que no quiere reconocer, lo que en un momento determinado, fue una deuda legÃtima. No estoy de acuerdo en que sean solo empresarios quienes no quieran pagar sus deudas con la banca cerrada. Además, en la publicación hay una serie de personas que ya han cancelado. Creo que se está satanizando el hecho de tener deudas y eso no es pecado.
Empero, algunos empresarios no están dispuestos a pagar, porque dicen que el fenómeno de El Niño y la mancha blanca afectaron sus ingresos. Además advierten juicios de excepción para evitar incautaciones.
Quienes tienen buenas intenciones y tienen los medios para cumplir las obligaciones que adquirieron, van a hacer todo el esfuerzo posible para pagar. Para quienes no puedan hacerlo o no deseen hacerlo, existen procedimientos legales, como la acción coactiva.
Entonces, ¿cuál va a ser la posición de ustedes frente a los empresarios que no quieren pagar deudas? ¿Van a respaldarlos?
En ningún momento vamos a respaldar a las personas que estén al margen de la Ley. Lo que tampoco vamos a permitir es que se pisotee la ley. Es hora de que se actúe con agilidad para hacerla respetar y cobrarles a las personas que no han querido pagar, pero con la Ley.
Algunos sectores dentro de los bananeros y camaroneros cuestionan la decisión de la AGD de la incautación. ¿Eso es aceptable?
Una incautación sin el debido proceso, no es válida, no solamente para el bananero o el camaronero sino para cualquiera. Si no hay el debido proceso, no es legal. Hay sectores que están golpeados y tienen dificultades para cumplir obligaciones.
Pero no todos los industriales están afectados. ¿Por qué no quieren pagar, cuando algunos empresarios causaron el cierre de compañÃas, pero tienen participación o abrieron otras que están operativas?
Seguramente habrá empresarios malos que no quieren cumplir sus obligaciones, pero es una responsabilidad de ellos. Pero la excepción no hace la regla.
Como Cámara queremos que se cumpla la Ley. No debemos alcahuetear al mal deudor, asà sea empresario.
Son los medianos y pequeños deudores los más preocupados por los pagos, luego de que la jueza de coactivas y gerenta de la AGD, Wilma Salgado, diera plazo hasta ayer para pagar las deudas con la banca cerrada bajo su gestión.
Ayer, los pasillos y la parte externa de la oficina principal de la institución, ubicada en pleno centro de Guayaquil, lucÃan atestados de deudores.
El panorama contrastaba con la puerta cerrada, en la que se destacaba un sello de clausura del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Molinera Figallo, ubicada en el kilómetro 16 de la vÃa a la Costa. La empresa aparece como la que tiene la mayor deuda, con 23,33 millones de dólares.
El sitio es custodiado por personal de seguridad contratado por la AGD. Sobre la empresa pesan embargos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y de la propia AGD. Sus propietarios no pudieron ser ubicados ayer.
La empresa ya no produce. En los terrenos donde se levanta se observan más de media docena de silos sin operar. Febres Cordero CÃa. de Comercio es otro deudor de la Agencia. Su acreencia supera los 8 millones de dólares.
Su principal, AgustÃn Febres Cordero, no fue localizado en su oficina de Guayaquil, pero fuentes de la AGD confirmaron que en la mañana se comunicó telefónicamente con la gerenta Wilma Salgado. No se reveló si llegaron a un acuerdo.
El ex diputado Juan José Pons, principal de la ex bananera Costatrading, segunda deudora (18,15 millones), se encuentra en viajes desde comienzos de este año. Ahora permanece en España. Otras firmas no operan desde hace algún tiempo. La próxima semana se publicará una nueva lista depurada de deudores.
3 941 personas tienen orden de arraigo
El lunes, a mediodÃa, el coronel Rodrigo Heredia, director nacional de Migración, recibió un disco compacto que contenÃa los nombres de 5 490 personas que tienen deudas con la Agencia de GarantÃas de Depósitos (AGD).
Según la Dirección, de ese total, 3 941 personas son naturales y están prohibidas de abandonar el paÃs por una orden de arraigo general.
Ellos no pueden acceder al permiso de salida que emite la PolicÃa de Migración. El documento migratorio, que cuesta cuatro dólares, es revisado en los controles de las salas de abordaje de los puertos y aeropuertos.
Pero en la lista enviada por la AGD existen nombres con un solo apellido y, según la PolicÃa, hay el peligro de una confusión por nombres homónimos. Si eso sucede el usuario debe llevar un documento de la AGD que indique que no tiene la deuda. La lista llegó a 26 las jefaturas y subjefaturas de migración.
Más plazo a quienes quieren pagar
Hasta ayer a mediodÃa 350 personas se acercaron a la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) para cancelar sus acreencias con los bancos cerrados gestionados por ella.
Pero hasta la fecha las incautaciones eran un secreto. "Es parte de la estrategia", dice Wilma Salgado, gerenta de la AGD y jueza de coactivas, quien ayer recibió en su despacho un ramo de flores, en señal de apoyo a su operativo.
La principal de la Agencia extendió el plazo en 20 dÃas, según le permite la ley, debido a la acogida de los deudores interesados en cancelar sus compromisos, que rebasaron toda expectativa.
Recalcó que los sectores productivos pueden tener un trato preferencial, dependiendo del caso. Además, todo aquel que en los próximos 20 dÃas se acerque a cancelar las deudas, tiene la oportunidad de que se le exonere de los pagos de los costos judiciales.
En la AGD se reciben incluso papeles para cruzar deudas. En cambio, en las oficinas del Banco del Pichincha solo se acepta efectivo. La Universidad de Guayaquil apoyará logÃsticamente desde la próxima semana con puntos de atención.
En Quito, el movimiento fue agitado en la Oficina de Cobros del Juzgado de Coactivas instalada en el tercer piso de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las FF.AA.
A ese sitio llegaron, hasta el mediodÃa de ayer, alrededor de 80 pequeños deudores para entregar recibos de pago, buscar información y entregar documentos que certificaban la cancelación de sus créditos.
Sin embargo, el coordinador de la oficina, Francisco JarrÃn, dijo que no está autorizado a revelar ninguna información sobre el monto de las recaudaciones. "Esa información la dará mañana (hoy) la gerenta".
Durante los tres dÃas de plazo que en principio dio la Jueza de Coactivas a 5 490 deudores, a la oficina de Quito se acercaron unas 300 personas.
Empero se calcula que menos de la mitad de ellas entregó los recibos de pago. Un ambiente más agitado se presentó ayer en la oficina principal de la AGD, ubicada en la República de El Salvador y Portugal, al norte de la ciudad. Hasta allà llegaron más de 200 personas, por varios motivos. Entre ellos, el conocer si estaban en la lista de deudores, averiguar sobre las devoluciones y canjear sus papeles.
Esa preocupación se originó porque la nómina publicada por la entidad recoge información desde 1995. Salgado presionó desde el fin de semana a los deudores y denunció la inoperancia de los abogados de la AGD. Desde el 2000 solo se recuperó un 0,03 por ciento.
Salgado buscó asesorÃa en Guayaquil
Wilma Salgado busca respaldo polÃtico a su gestión. En Guayaquil, la Gerenta de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), se reunió el miércoles con el alcalde socialcristiano Jaime Nebot y con el socialista León Roldós, rector de la Universidad Estatal.
Fueron citas individuales y bajo absoluta reserva. Discutió sobre el cobro a los deudores, las acciones de la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) y la exoneración del pago de impuestos municipales de algunos bienes de la Agencia.
Nebot la atendió en su despacho y, según comentó, fue un diálogo cordial. El Alcalde acogió pedido de exoneración, pero será factible solo cuando el Congreso apruebe un proyecto reformatorio a la Ley de Régimen Municipal.
Sobre Emelec, la funcionaria pidió su respaldo para armar un fideicomiso local para cancelar a los acreedores de la banca cerrada. En otras ocasiones, Nebot ha pedido que las medidas de los administradores no deben afectar a la distribución de energÃa.
Roldós, por su parte, le extendió varios ajustes al proceso de coactivas. "Su decisión polÃtica de cobrar es buena, pero tiene que corregir algunos errores jurÃdicos". El catedrático admitió que trataron casos especÃficos, pero evitó dar nombres de los deudores. "Ella busca que haya conciencia colectiva para el cobro. Eso la hace diferente a otros gerentes que buscaban pretextos para no hacerlo".
El deudor sà debe pagar
Alberto Dassum
Presidente de la Cámara de Industriales de Guayas
A raÃz de la publicación de la lista de los deudores de la AGD, algunos empresarios han advertido que aplicarán acciones legales para frenar el cobro. ¿Por qué no quieren cancelar sus deudas?
No creo que solo son empresarios aquellos que no quieren pagar sus deudas. Creo que son gente que no quiere reconocer, lo que en un momento determinado, fue una deuda legÃtima. No estoy de acuerdo en que sean solo empresarios quienes no quieran pagar sus deudas con la banca cerrada. Además, en la publicación hay una serie de personas que ya han cancelado. Creo que se está satanizando el hecho de tener deudas y eso no es pecado.
Empero, algunos empresarios no están dispuestos a pagar, porque dicen que el fenómeno de El Niño y la mancha blanca afectaron sus ingresos. Además advierten juicios de excepción para evitar incautaciones.
Quienes tienen buenas intenciones y tienen los medios para cumplir las obligaciones que adquirieron, van a hacer todo el esfuerzo posible para pagar. Para quienes no puedan hacerlo o no deseen hacerlo, existen procedimientos legales, como la acción coactiva.
Entonces, ¿cuál va a ser la posición de ustedes frente a los empresarios que no quieren pagar deudas? ¿Van a respaldarlos?
En ningún momento vamos a respaldar a las personas que estén al margen de la Ley. Lo que tampoco vamos a permitir es que se pisotee la ley. Es hora de que se actúe con agilidad para hacerla respetar y cobrarles a las personas que no han querido pagar, pero con la Ley.
Algunos sectores dentro de los bananeros y camaroneros cuestionan la decisión de la AGD de la incautación. ¿Eso es aceptable?
Una incautación sin el debido proceso, no es válida, no solamente para el bananero o el camaronero sino para cualquiera. Si no hay el debido proceso, no es legal. Hay sectores que están golpeados y tienen dificultades para cumplir obligaciones.
Pero no todos los industriales están afectados. ¿Por qué no quieren pagar, cuando algunos empresarios causaron el cierre de compañÃas, pero tienen participación o abrieron otras que están operativas?
Seguramente habrá empresarios malos que no quieren cumplir sus obligaciones, pero es una responsabilidad de ellos. Pero la excepción no hace la regla.
Como Cámara queremos que se cumpla la Ley. No debemos alcahuetear al mal deudor, asà sea empresario.
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