¿EXISTIO ALGUNA VEZ UNA DEUDA ETNICA?, por Andrés Guerrero
Quito. 28. 10. 90. El pago de la "deuda social" ha sido
frecuentemente mencionado como parte de la política de
justicia social de los gobiernos latinoamericanos. Sabemos de
lo que se trata: la crisis económica, el pago de la deuda
externa, la inflación y las políticas de reajuste económico
provocan un empobrecimiento selectivo que golpea
fundamentalmente a las clases populares. Es una realidad
generalizada y reconocida pero que, en el Ecuador, cubre
además una especificidad étnica puesto que entre la población
más pobre del país se encuentran los pueblos indígenas. Tema
sin duda nuevo pero trae al recuerdo una vieja y encubierta
realidad. En efecto la deuda social hacia los indígenas no es
de hoy: inicia en los albores de la República. Recurro a los
hechos históricos. La conquista y colonización hispánica no
fue solamente un episodio vergonzante del mal llamado
"encuentro de culturas" que eliminó, según estimaciones
demográficas serias, entre 10 y 20 millones de habitantes de
estas tierras, sino que inauguró un sistema de explotación
colonial perdurable. La piedra angular del sistema fue el
llamado "tributo de indios" : era un impuesto percibido por el
Estado. Todo indígena hombre entre los 15 y 50 años, por el
hecho de ser definido como "indio" por los colonizadores
(hispánicos y criollos), debía pagar la tasa. En 1821,
sensible a la injusticia hacia esta parte considerable de la
población colombiana que fue tan vejada y oprimida por el
gobierno español, el Congreso General de Colombia suprimió el
tributo de indios. Sin embargo su decisión encalló en una
dura realidad: el nuevo Estado perecería sin el tributo de los
indios puesto que con la recaudación se pagaba al presidente,
los congresistas, la burocracia y el ejército, se ejecutaban
obras... Entonces, el Libertador Presidente S. Bolivar, con
lúcido realismo de hombre de Estado, expidió en 1828 un
decreto restableciendo el cobro del tributo en el Ecuador;
pero, al menos para en algo amenguar tamaña contradicción,
lo rebautizó con el eufemismo de "Contribución Personal de
Indígenas". Una vez fundada la República del Ecuador, los
gobiernos mantuvieron y vivieron del tributo de indios hasta
que, en 1857, el presidente F. Robles suprimió definitivamente
el cobro. ¿Cuánto pagaron los indígenas durante ese corto
período? ¿Cuánto recibió el Estado en aquellas tres décadas de
tan crucial importancia en la formación de la nación
ecuatoriana? Mejor dicho, ¿en cuanto contribuyeron
involuntariamente los indígenas como sujetos coloniales
internos?
Me remito a datos oficiales y documentos conocidos. De
acuerdo a las "Memorias de los Ministros de Hacienda",
consultados por el historiador Mark Van Aken (Revista Cultura
No 16, 1983, del Banco Central del Ecuador) la recaudación
total sumada año tras año entre 1831 y 1857, asciende a
883.200 pesos de oro. Por otra parte, el serio estudio de
Luis Alberto Carbo, quien fue Director de Investigaciones del
Banco Central, ("Historia monetaria y canbiaria del
Ecuador",Quito, 1953, pp. 23-25) indica que el peso de aquella
época tenía un contenido de 1.47 gramo de "oro fino". O sea
que los indígenas entregaron en tres décadas al Estado
ecuatoriano... 1.3 tonelada de oro. Armese el lector de
papel, lápiz, una calculadora y saque el monto del aporte
indígena a la organización del Estado ecuatoriano, teniendo en
cuenta que aquella tonelada, a precio actual del Banco
Central, sobrepasa los 18 millones de dólares y que el dólar
de intervención (el dólar oficial) está a 820 sucres la
compra: obtendrá la bagatela de unos 15 mil millones de
sucres!
Recuerde el lector, hablando de viejas deudas, de que no por
centenarias les envuelve el olvido: el Ecuador reconoció y
terminó de pagar a los acreedores británicos con intereses y
todo, a mediados de los años 1970, la deuda adquirida por
Bolivar hace siglo y medio. Pero, claro, tampoco todas las
deudas son iguales. Una cosa es reconocer una deuda "justa"
a Gran Bretaña, hoy en día una potencia de segundo rango pero
bien que mal potencia, y otra reconocerles a los pueblos
indígenas, en un acto de simple justicia ética y social, una
deuda étnica por haberles extorsionado durante décadas como
sujetos coloniales internos en nuestro Estado republicano,
democrático y representativo.
Las relaciones coloniales internas
Las relaciones coloniales internas tienen un efecto perverso:
crean intereses tan amplios que desbordan los deslindes de
clase, se reproducen y reorganizan pero no desaparecen por
común y tácito consenso de la minoría dominante. En el censo
de 1846, de los 775 mil habitantes del país, la mayoría (al
menos 51%) fueron clasificados como "indios". Era un depósito
de mano de obra inagotable, cuando no gratuito al menos
barato, y que nadie estaba dispuesto a soltar, del Estado a
las municipalidades, pasando por los hacendados y hasta los
pequeños agricultores y la población blanco mestiza urbana..
El aporte económico de los indígenas a la construcción del
Estado y la sociedad nacional luego de 1857 resulta
incuantificable por su carácter a la vez generalizado e
indefinido. Las haciendas y pequeños propietarios tenían "sus
indios propios": los conciertos; los dueños de cuadras y
huertos: los "indios cuadreros y hortelanos"; las ciudades y
los pueblos: los "caparichis", miembros de comunidades
adosadas al espacio urbano empleados en la limpieza urbana, el
abastecimiento de leña y agua; las municipalidades cantonales
administraban "sus comunidades": nombraban autoridades
indígenas y exigían "contingentes" semanales de comuneros para
las obras vecinales. Me detengo en una sola de estas formas,
la menos encubierta, el llamado "trabajo subsidiario". Fue
una ley reactivada sobre todo luego de la supresión del
tributo. Toda la población activa del país debía contribuir
con el monto de tres jornales, o días de trabajo, anuales para
obras públicas. Luego del 1857, este rubro de recaudación se
convierte en el principal ingreso de las municipalidades
cantonales, como consta en sus presupuestos. Con ese dinero,
luego, se contrata la apertura de caminos y de acequias, se
erigen las fuentes de agua en las plazas, levantan y reparan
los edificios públicos, etc. ¿Quiénes son los trabajadores
"contratados"? Son trabajadores que provienen de las
comunidades indígenas. El gobierno de G. García Moreno
optimizará el trabajo indígena para ensanchar o abrir caminos
carrozables, para unificar al país. Miles de comuneros fueron
reclutados bajo la curiosa figura linguistica de "trabajadores
forzosos voluntarios" como rezan algunos documentos. Así,
sólo para el camino de Otavalo a Esmeraldas, se reclutaron
entre 100 y 300 trabajadores indígenas cada semana durante
varios años. Las obras en las provincias centrales y
australes eran de mayor envergadura y movilizaban contingentes
mucho mayores. Los procedimientos de reclutamiento eran
suficientemente brutales como para que el Presidente Interino
de la República García Moreno se preocupara de firmar el
siguiente decreto:
"Art 1o. Quedan indultados los tenientes políticos, jueces
parroquiales y demás funcionarios por actos emanados de
órdenes del gobierno con el objeto de proporcionar peones a
los trabajos de carretera, camino a Esmeraldas y demás obras
públicas "(publicado en el diario oficial: El Nacional
24/4/1869).
La Revolución Liberal abolió la "Contribución Subsidiaria
(decreto de 28/12/1895), pero el ferrocarril del norte entró
al fin en Ibarra gracias al reclutamiento obligatorio , una
vez más, de unos cuantos cientos de indígenas de las
comunidades aledañas... No me detengo en el recuento
pormenorizado de la utilización del excedente laboral
indígena, impago o mal pagado, en una infinidad de ocupaciones
públicas y privadas: sería cuento de nunca acabar.
¿Qué consecuencias tuvo en las comunidades indígenas esta
exacción generalizada de un excedente económico en trabajo,
productos o dinero?
Un desarrollo étnico bloqueado.
Un agradable paseo al mercado de Otavalo impregna al más
imperturbable de los observadores de la capacidad empresarial,
el ingenio técnico, la astucia comercial y financiera, la
actividad incansable de las familias industriales y
comerciantes indígenas. Han dado vida a la ciudad, sustentan
la actividad económica de la región, desarrollan la vida
cultural, extienden una identidad. ¿Son una excepción? Sin
duda, pero ni tanto: los siguen los Pilauines, productores de
ajo en el centro del país; los Saraguros, en el sur; los
Shuaras, en la Amazonía.
Hoy en día las propiedades agrarias de menos de 20 Has. (censo
agropecuario de 1974) abastecen el 68% de la cebada, el 50%
del trigo, 77% del maíz suave, 73% del fréjol, 60% de la papa,
45% de la yuca, 92% de la cebolla, 97% de la col y 55% del
tomate a los mercados urbanos a pesar de que poseen pocas y
malas tierras: sus lotes dibujan una red de parcelas
multicolores aferradas a las laderas erosionables de las
cordilleras, desprovistas de riego; tierras escasas y
escuálidas que bordean los helados páramos. Más de la mitad
son tierras comunales, que alimentan al país.
La imagen del "indio pasivo", "indolente", reacio al progreso
fue tallada en el siglo XIX para justificar, entre otras
cosas, el paternalismo liberador, la misión civilizadora y
aculturizante de la República. Progreso y modernización
significaba dejar de ser indígena, negarse a sí mismo. Ahora
significa seguir el modelo otavaleño, saraguro, shuar.
¿Qué hubiera ocurrido si no se extraía todo aquel
inconmensurable excedente económico de las comunidades
indígenas por casi dos largos siglos? No nos queda más que
imaginar en base a los logros realizados por estas pocas
excepciones en las condiciones más adversas, la más grande
desatención del Estado, la segregación y opresión étnica. ¿Qué
ocurriría si el Estado y la sociedad blanco mestiza
ecuatoriana les reconocieran hoy en día, con valor y justicia,
una autonomía, es decir, regirse por sus leyes y elegir sus
representantes; si aceptara la propuesta de negociar
consensualmente los términos de su participación en la
sociedad nacional (el derecho de autodeterminación); si les
reconociera al menos una mínima parte de la deuda étnica para
que desarrollen plenamente la capacidad empresarial y la
creatividad cultural, en fin, si se rompieran los frenos
impuestos por el colonialismo interno a un progreso étnico?
(C-3).
Quito. 28. 10. 90. El pago de la "deuda social" ha sido
frecuentemente mencionado como parte de la política de
justicia social de los gobiernos latinoamericanos. Sabemos de
lo que se trata: la crisis económica, el pago de la deuda
externa, la inflación y las políticas de reajuste económico
provocan un empobrecimiento selectivo que golpea
fundamentalmente a las clases populares. Es una realidad
generalizada y reconocida pero que, en el Ecuador, cubre
además una especificidad étnica puesto que entre la población
más pobre del país se encuentran los pueblos indígenas. Tema
sin duda nuevo pero trae al recuerdo una vieja y encubierta
realidad. En efecto la deuda social hacia los indígenas no es
de hoy: inicia en los albores de la República. Recurro a los
hechos históricos. La conquista y colonización hispánica no
fue solamente un episodio vergonzante del mal llamado
"encuentro de culturas" que eliminó, según estimaciones
demográficas serias, entre 10 y 20 millones de habitantes de
estas tierras, sino que inauguró un sistema de explotación
colonial perdurable. La piedra angular del sistema fue el
llamado "tributo de indios" : era un impuesto percibido por el
Estado. Todo indígena hombre entre los 15 y 50 años, por el
hecho de ser definido como "indio" por los colonizadores
(hispánicos y criollos), debía pagar la tasa. En 1821,
sensible a la injusticia hacia esta parte considerable de la
población colombiana que fue tan vejada y oprimida por el
gobierno español, el Congreso General de Colombia suprimió el
tributo de indios. Sin embargo su decisión encalló en una
dura realidad: el nuevo Estado perecería sin el tributo de los
indios puesto que con la recaudación se pagaba al presidente,
los congresistas, la burocracia y el ejército, se ejecutaban
obras... Entonces, el Libertador Presidente S. Bolivar, con
lúcido realismo de hombre de Estado, expidió en 1828 un
decreto restableciendo el cobro del tributo en el Ecuador;
pero, al menos para en algo amenguar tamaña contradicción,
lo rebautizó con el eufemismo de "Contribución Personal de
Indígenas". Una vez fundada la República del Ecuador, los
gobiernos mantuvieron y vivieron del tributo de indios hasta
que, en 1857, el presidente F. Robles suprimió definitivamente
el cobro. ¿Cuánto pagaron los indígenas durante ese corto
período? ¿Cuánto recibió el Estado en aquellas tres décadas de
tan crucial importancia en la formación de la nación
ecuatoriana? Mejor dicho, ¿en cuanto contribuyeron
involuntariamente los indígenas como sujetos coloniales
internos?
Me remito a datos oficiales y documentos conocidos. De
acuerdo a las "Memorias de los Ministros de Hacienda",
consultados por el historiador Mark Van Aken (Revista Cultura
No 16, 1983, del Banco Central del Ecuador) la recaudación
total sumada año tras año entre 1831 y 1857, asciende a
883.200 pesos de oro. Por otra parte, el serio estudio de
Luis Alberto Carbo, quien fue Director de Investigaciones del
Banco Central, ("Historia monetaria y canbiaria del
Ecuador",Quito, 1953, pp. 23-25) indica que el peso de aquella
época tenía un contenido de 1.47 gramo de "oro fino". O sea
que los indígenas entregaron en tres décadas al Estado
ecuatoriano... 1.3 tonelada de oro. Armese el lector de
papel, lápiz, una calculadora y saque el monto del aporte
indígena a la organización del Estado ecuatoriano, teniendo en
cuenta que aquella tonelada, a precio actual del Banco
Central, sobrepasa los 18 millones de dólares y que el dólar
de intervención (el dólar oficial) está a 820 sucres la
compra: obtendrá la bagatela de unos 15 mil millones de
sucres!
Recuerde el lector, hablando de viejas deudas, de que no por
centenarias les envuelve el olvido: el Ecuador reconoció y
terminó de pagar a los acreedores británicos con intereses y
todo, a mediados de los años 1970, la deuda adquirida por
Bolivar hace siglo y medio. Pero, claro, tampoco todas las
deudas son iguales. Una cosa es reconocer una deuda "justa"
a Gran Bretaña, hoy en día una potencia de segundo rango pero
bien que mal potencia, y otra reconocerles a los pueblos
indígenas, en un acto de simple justicia ética y social, una
deuda étnica por haberles extorsionado durante décadas como
sujetos coloniales internos en nuestro Estado republicano,
democrático y representativo.
Las relaciones coloniales internas
Las relaciones coloniales internas tienen un efecto perverso:
crean intereses tan amplios que desbordan los deslindes de
clase, se reproducen y reorganizan pero no desaparecen por
común y tácito consenso de la minoría dominante. En el censo
de 1846, de los 775 mil habitantes del país, la mayoría (al
menos 51%) fueron clasificados como "indios". Era un depósito
de mano de obra inagotable, cuando no gratuito al menos
barato, y que nadie estaba dispuesto a soltar, del Estado a
las municipalidades, pasando por los hacendados y hasta los
pequeños agricultores y la población blanco mestiza urbana..
El aporte económico de los indígenas a la construcción del
Estado y la sociedad nacional luego de 1857 resulta
incuantificable por su carácter a la vez generalizado e
indefinido. Las haciendas y pequeños propietarios tenían "sus
indios propios": los conciertos; los dueños de cuadras y
huertos: los "indios cuadreros y hortelanos"; las ciudades y
los pueblos: los "caparichis", miembros de comunidades
adosadas al espacio urbano empleados en la limpieza urbana, el
abastecimiento de leña y agua; las municipalidades cantonales
administraban "sus comunidades": nombraban autoridades
indígenas y exigían "contingentes" semanales de comuneros para
las obras vecinales. Me detengo en una sola de estas formas,
la menos encubierta, el llamado "trabajo subsidiario". Fue
una ley reactivada sobre todo luego de la supresión del
tributo. Toda la población activa del país debía contribuir
con el monto de tres jornales, o días de trabajo, anuales para
obras públicas. Luego del 1857, este rubro de recaudación se
convierte en el principal ingreso de las municipalidades
cantonales, como consta en sus presupuestos. Con ese dinero,
luego, se contrata la apertura de caminos y de acequias, se
erigen las fuentes de agua en las plazas, levantan y reparan
los edificios públicos, etc. ¿Quiénes son los trabajadores
"contratados"? Son trabajadores que provienen de las
comunidades indígenas. El gobierno de G. García Moreno
optimizará el trabajo indígena para ensanchar o abrir caminos
carrozables, para unificar al país. Miles de comuneros fueron
reclutados bajo la curiosa figura linguistica de "trabajadores
forzosos voluntarios" como rezan algunos documentos. Así,
sólo para el camino de Otavalo a Esmeraldas, se reclutaron
entre 100 y 300 trabajadores indígenas cada semana durante
varios años. Las obras en las provincias centrales y
australes eran de mayor envergadura y movilizaban contingentes
mucho mayores. Los procedimientos de reclutamiento eran
suficientemente brutales como para que el Presidente Interino
de la República García Moreno se preocupara de firmar el
siguiente decreto:
"Art 1o. Quedan indultados los tenientes políticos, jueces
parroquiales y demás funcionarios por actos emanados de
órdenes del gobierno con el objeto de proporcionar peones a
los trabajos de carretera, camino a Esmeraldas y demás obras
públicas "(publicado en el diario oficial: El Nacional
24/4/1869).
La Revolución Liberal abolió la "Contribución Subsidiaria
(decreto de 28/12/1895), pero el ferrocarril del norte entró
al fin en Ibarra gracias al reclutamiento obligatorio , una
vez más, de unos cuantos cientos de indígenas de las
comunidades aledañas... No me detengo en el recuento
pormenorizado de la utilización del excedente laboral
indígena, impago o mal pagado, en una infinidad de ocupaciones
públicas y privadas: sería cuento de nunca acabar.
¿Qué consecuencias tuvo en las comunidades indígenas esta
exacción generalizada de un excedente económico en trabajo,
productos o dinero?
Un desarrollo étnico bloqueado.
Un agradable paseo al mercado de Otavalo impregna al más
imperturbable de los observadores de la capacidad empresarial,
el ingenio técnico, la astucia comercial y financiera, la
actividad incansable de las familias industriales y
comerciantes indígenas. Han dado vida a la ciudad, sustentan
la actividad económica de la región, desarrollan la vida
cultural, extienden una identidad. ¿Son una excepción? Sin
duda, pero ni tanto: los siguen los Pilauines, productores de
ajo en el centro del país; los Saraguros, en el sur; los
Shuaras, en la Amazonía.
Hoy en día las propiedades agrarias de menos de 20 Has. (censo
agropecuario de 1974) abastecen el 68% de la cebada, el 50%
del trigo, 77% del maíz suave, 73% del fréjol, 60% de la papa,
45% de la yuca, 92% de la cebolla, 97% de la col y 55% del
tomate a los mercados urbanos a pesar de que poseen pocas y
malas tierras: sus lotes dibujan una red de parcelas
multicolores aferradas a las laderas erosionables de las
cordilleras, desprovistas de riego; tierras escasas y
escuálidas que bordean los helados páramos. Más de la mitad
son tierras comunales, que alimentan al país.
La imagen del "indio pasivo", "indolente", reacio al progreso
fue tallada en el siglo XIX para justificar, entre otras
cosas, el paternalismo liberador, la misión civilizadora y
aculturizante de la República. Progreso y modernización
significaba dejar de ser indígena, negarse a sí mismo. Ahora
significa seguir el modelo otavaleño, saraguro, shuar.
¿Qué hubiera ocurrido si no se extraía todo aquel
inconmensurable excedente económico de las comunidades
indígenas por casi dos largos siglos? No nos queda más que
imaginar en base a los logros realizados por estas pocas
excepciones en las condiciones más adversas, la más grande
desatención del Estado, la segregación y opresión étnica. ¿Qué
ocurriría si el Estado y la sociedad blanco mestiza
ecuatoriana les reconocieran hoy en día, con valor y justicia,
una autonomía, es decir, regirse por sus leyes y elegir sus
representantes; si aceptara la propuesta de negociar
consensualmente los términos de su participación en la
sociedad nacional (el derecho de autodeterminación); si les
reconociera al menos una mínima parte de la deuda étnica para
que desarrollen plenamente la capacidad empresarial y la
creatividad cultural, en fin, si se rompieran los frenos
impuestos por el colonialismo interno a un progreso étnico?
(C-3).
Más en el