El informe preliminar de la Contraloría General del Estado evidenció que en los contratos suscritos para la reparación de viviendas se fijaron diferentes precios referenciales para la primera fase. Además, la Procuraduría cuestiona la legalidad de la Unidad Técnica de Emergencia
María Esther Pasmay, propietaria de una casa ubicada en la calle Uruguay 18-15 y Chile, no oculta su molestia porque su vivienda haya sido incluida en la segunda etapa de la reconstrucción de Riobamba, tras la explosión de los hangares 78 y 79, de la Brigada Galápagos, el 20 de noviembre de 2002.
Esa inclusión significa que recibirá un monto de $3 600. Tras la explosión, el cielo raso de su casa fue cambiado por un contratista, por lo que no se justifica que conste para una segunda reparación.
Pasmay consta en la lista de autorreparación y habría recibido el cheque número 001528 por un monto de $218,19, el 25 de marzo de 2003. Ella lo niega: "No sé ni cuánto han gastado ni nada, no recibí ningún cheque".
A Piedad López Valarezo le cambiaron 20 vidrios en sus dos casas (una en la calle Veinticuatro de Mayo 25-71 y la otra en la Doce de Octubre 23-31), en las cuales no se habría gastado más de $150. Al igual que Pasmay, ella consta en la lista de la segunda etapa con un presupuesto total de $6 600 para cambiar vidrios. "¡Se imagina! Yo le invito para que cuenten los vidrios y evalúen". Oficialmente, en este último caso, la Unidad Técnica de Emergencia (UTE) negó que esta casa hubiera sido reparada.
La UTE es el organismo técnico creado, el 22 de noviembre de 2002, para la reconstrucción de la ciudad de Riobamba.
Algo más: las casas de Clara Vinueza, Ricardo Guevara, Gonzalo Cruz, Luis Mancero y Santiago Toapanta ya fueron reparadas, pero la UTE dice que no. En la mayoría de casos se repusieron los ventanales.
El último 8 de marzo hubo un intenso movimiento de contratistas en el salón municipal José María Román. Todos ellos, junto a fiscalizadores y funcionarios municipales, fueron citados con la finalidad de leer el borrador del informe de Contraloría sobre los recursos económicos utilizados por la UTE.
La sesión tuvo el carácter de reservada, pero al final trascendió alguna información: 104 contratistas deberán devolver aproximadamente $83 mil, pues la Contraloría encontró "una alteración en los precios unitarios contractuales, por lo que se realizó la reliquidación".
Esta alteración se habría producido especialmente en el precio referencial del vidrio que se utilizó en las obras de reconstrucción. José Vaca, ex representante del Municipio de Riobamba ante la UTE, señala que no hubo tal sobreprecio, pues "se establecieron 33 rubros que serían utilizados en la reconstrucción, incluido el vidrio, pero luego fue necesario realizar una nueva revisión de precios". Por ejemplo, al inicio de la reconstrucción, la UTE estableció un precio referencial del metro cuadrado del vidrio de 3 mm a $7,26 pero luego decidió revisarlo y lo estableció en $9,27.
La Contraloría considera que nunca debió hacerse tal revisión y que se tuvo que respetar el precio inicial. Marco Portalanza, presidente de la Cámara de la Construcción, defiende la legalidad del incremento "por la especulación y la demanda".
Entre las autoridades, círculos políticos y los ciudadanos riobambeños se cree que todos estos ingredientes abonan la posibilidad de que el Gobierno no entregue más recursos para la reconstrucción de Riobamba y se haga de la "vista gorda", mientras se resuelven temas como la legalidad de la UTE y la emisión del informe final de Contraloría.
Rodrigo García, diputado de Chimborazo por el Movimiento Pachakutik, dice que es inaceptable que el Gobierno inclumpla porque es su obligación atender hasta que se concluya la reconstrucción definitiva. Para él, "gran parte de la reconstrucción se ha logrado por el propio esfuerzo de los riobambeños".
Un trabajo realizado por la Procuraduría General del Estado (PGE) demostraría que el presupuesto presentado por la UTE, para la denominada segunda etapa, estaría inflado en cifras y casos. Esa instancia visitó 50 casas, que forman parte de las 470 casos señalados en ese presupuesto.
Es decir, la muestra fue del más del 10% y las casas están ubicadas en diferentes partes de la ciudad.
El análisis señala, en su parte medular, que el 25% de las casas incluidas ya fueron intervenidas por la UTE. Sin embargo, todas ellas constan en el presupuesto y con cantidades mucho mayores a las gastadas.
En un resumen del informe de la Procuraduría, las casas ya intervenidas suman un presupuesto referencial de $53 200, cuando en verdad se habrían gastado $3 090. Con este antecedente, se estima que el presupuesto de la segunda etapa es irreal y no ascendería a los $2 388 000 sino a una cantidad menor. (JP/OP)
El Cuerpo de Ingenieros fiscaliza la reparación?
El Municipio riobambeño incluye a los militares en la fiscalización
Fuentes que prefirieron no identificarse cuestionan la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la fiscalización de la obras de reconstrucción, "si fueron los militares quienes provocaron la explosión, ahora son juez y parte", dicen.
Este Diario intentó conversar con el coronel David Padilla, quien se encuentra al frente de un equipo de 20 militares que cumplen la tarea de fiscalización desde la oficina provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su respuesta fue: "No tengo la autorización de mis superiores". El comandante del Cuerpo de Ingenieros, Juan Reinoso, afirmó que esta unidad no tuvo ninguna participación en la reconstrucción de la ciudad ni en la fiscalización. Aseguró que esa dependencia solo participó en una evaluación de daños y en la planificación de un presupuesto para la reparación de la Brigada.
La Contraloría, en su borrador, habría hecho observaciones de orden legal a la fiscalización, aunque el director regional, Mario Ríos, no dio detalles. Al parecer Fiscalización, en algunos casos, no verificó el fiel cumplimiento de las obras contratadas y por ello se debió hacer una reliquidación de todos los contratos efectuados por la UTE. De ahí que Contraloría consideraría que los militares no hicieron bien su trabajo.
Muchos de estos militares, según los testimonios, participaron en la elaboración del presupuesto de la segunda etapa. Los ciudadanos también se quejan del trato: "Da miedo ir. Los militares salen bravos, un capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para darles", dice Ana Robalino. Otro testimonio parecido es el de Patricia Colcha, "los militares dijeron que no tiene nada que ver, que si no reparamos en la primera etapa ya no había esperanzas". (JP/LB)
¿Quién creó y legalizó la existencia de la UTE?
A 16 meses de operar la unidad técnica se cuestiona su legitimidad
La legalidad de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE) ha sido puesta en duda por la Procuraduría y le ha dado más de un dolor de cabeza al alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero.
Este es un tema importante en el seguimiento del proceso de fiscalización de los gastos efectuados en la reconstrucción, tanto que el 25 de agosto de 2003 se inició una indagación previa para verificar la legalidad de la UTE.
Daniel Escobar Zurita, delegado de la Procuraduría General del Estado, sostiene que hubo "falsedad en instrumento público, pues nunca se probó que el Gabinete ministerial creó la llamada UTE tal como lo señala el alcalde Guerrero en la resolución administrativa 095-SCM-2002".
Guerrero se defiende: "Si nosotros no afrontábamos el problema, ¿quién lo hubiera hecho?". La creación de la UTE podría tener una explicación cuando el 27 de noviembre, siete días después de la explosión, el ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio, firmó el "Plan Operativo de Intervención Inmediata", que en su fase prioritaria señala: "Reponer ventanerías, puertas de calle, cubiertas de toda la ciudad. Para el efecto se ha implementado la Unidad Técnica de Emergencia que laborará entregando a la ciudadanía el calendario de recepción de documentos".
Ni en el decreto de emergencia 3386, publicado en el Registro Oficial del 5 de diciembre de 2002, ni en los archivos de la Presidencia de la República, como lo certifica Guillermo Astudillo Ibarra, secretario de la Administración Pública encargado, el 12 de agosto de 2003, consta la creación de la UTE.
Consultado al respecto, el ex ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio dijo que la UTE se creó por un convenio tripartito entre el Ministerio que él presidía, el de Defensa y la Municipalidad de Riobamba. La UTE recibía, según Murgueytio, los fondos para la reconstrucción a través de la Alcaldía la cual los obtenía desde el Gobierno.
La creación legal estaría consignada en el Plan Operativo que firmó el Ministerio de Vivienda, el 27 de noviembre de 2002, según el alcalde Guerrero.
Mientras la Fiscalía investiga el caso, otros problemas se ciernen sobre la UTE. El Gobierno de Gutiérrez no ha enviado más recursos, en todo este año, para la reconstrucción de más de 4 000 viviendas que están incluidas en la segunda etapa.
Guerrero, el pasado 7 de marzo, durante la inauguración de la pista sintética del estadio de Riobamba, se refirió al tema: "Han creado la muletilla de que no se envían los justificativos. Nos falta entre $4 millones y $5 millones para completar la reconstrucción". La respuesta de Lucio Gutiérrez: ni una palabra.
Por ejemplo, el coliseo mayor de deportes Teodoro Gallegos Borja aún muestra las huellas de la explosión. "Se necesita un presupuesto referencial de $389 mil para repararlo", señala Felipe Serrano, presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo. Falta por reparar la cubierta y paredes. Con el daño del coliseo, Riobamba perdió su escenario deportivo y social cubierto más grande.
Los temores de que algunos ciudadanos no reciban el dinero para la reparación no son aplacados por el gobernador de Chimborazo, Marco Chávez. Dice no conocer y solo aspiraba a que en la reunión del jueves pasado con el presidente de la República las autoridades de Riobamba planteasen este tipo de necesidades.
Asimismo, 62% de una muestra de 63 contratos firmados por la UTE tuvieron una póliza de fiel cumplimiento de contrato de la Agencia de Aseguradora del Sur, en Riobamba. Esta firma es gerenciada por Fabricio Guererero, hijo del alcalde.
Entre las compañías de seguros y corredores existe la sensación de que las ventas de pólizas que tiene que ver con la contratación pública ha disminuido, pues hay una concentración en Aseguradora del Sur.
Fabricio Guerrero se defiende y dice que la preferencia de los contratistas gira en torno al servicio, "nosotros les ofrecemos un mejor precio y mejores condiciones para las pólizas".
En cambio, el alcalde dice no tener ninguna responsabilidad: "Pregunte a los contratistas y al gerente de la aseguradora, no tengo que ver en eso". (JP/OP)
La ayuda para 21 heridos todavía está en espera
Los defensores de los DDHH critican la actitud clientelar del Gobierno
Diez muertos fue la cifra oficial en la explosión del 20 de noviembre de 2002. Los heridos se contaron en alrededor de 300, en su mayoría por cortes de vidrios que explotaron por la onda expansiva. De ellos, 21 heridos aún esperan la ayuda de las autoridades.
Para ayudar a esas personas se creó el Comité de Solidaridad por la Vida y Dignidad de Riobamba, encabezado por el obispo Víctor Corral Mantilla. En octubre de 2003, se lanzó la campaña "El Dólar de la Solidaridad", "en vista de la desatención del Estado y las FFAA". Con ese dinero se pensaba atender a esas 21 personas.
En la página web de la Fuerza Terrestre, aparece un comunicado bajo el título "Trabajo solidario de Riobamba". Allí se señala que se asignó un valor de $847 212, "que han sido entregados a los familiares de los fallecidos y heridos... Son más de 1 000 personas las beneficiadas". El vocero del Ministerio de Defensa, Edison Narváez, dijo que ese aporte fue una contribución de las FFAA para ayudar las víctimas, a pesar de que no era su obligación legal.
El 20 de noviembre anterior la Fuerza Terrestre ofreció $100 mil, "esto es una burla más de la Brigada a Riobamba", señaló el vicepresidente del Comité de Solidaridad, Jorge Luis Idrovo, quien presentó los casos ante la Comisión Interamericana de la Derechos Humanos, "por la gravedad y la urgencia por la que atraviesan 21 personas, entre ellos niños con requerimientos urgentes de transplantes de órganos (córneas), así como la atención inmediata a los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas".
El 7 de marzo, en un comunicado, el Comité rechazó "la práctica política clientelar que usted lidera señor presidente" y solicitó los recursos para la reconstrucción y los heridos. (JP/LB)
CRONOLOGIA
20 de noviembre de 2002
16:00. Ocurre la explosión de la Brigada Blindada Galápagos, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, que deja como saldo 10 personas muertas y alrededor de 300 heridos.
21 de noviembre
El presidente Gustavo Noboa Bejarano emite el Decreto Ejecutivo número 3369 en el que declara el estado de emergencia en Riobamba.
25 de noviembre
El agente fiscal Plinio Vaca inicia la indagación previa para investigar las causas de la explosión.
26 de noviembre
El Gobierno de Gustavo Noboa emite el Decreto Ejecutivo número 3386 para la transferencia de recursos.
27 de noviembre
El Gobierno Nacional otorga una primera asignación de $1 500 000 para iniciar la reconstrucción.
27 de noviembre
El ministro de Vivienda, Nelson Mugueytio, firma el "Plan Operativo de Intervención Inmediata", en donde se habla de la implementación de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE).
28 de noviembre
El alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero emite la Resolución Adminitrativa número 095-SCM-2002 que crea la Unidad Técnica de Emergencia. Se señala "que el Gabinete Ministerial creó la Unidad Técnica de Emergencia".
18 de diciembre
Se hace la segunda transferencia por la cantidad de $1 500 000.
12 de agosto del 2003
El secretario de la Administración Pública encargado, Guillermo Astudilo, certifica que no existe decreto alguno que haya creado la UTE
25 de agosto
Juan Rivera Fierro, ministro fiscal de Chimborazo, abre una indagación previa para investigar la legalidad de la UTE.
1 de octubre
Juan Rivera dicta una instrucción fiscal por la explosión de Riobamba e imputa a los generales Norton Narváez, Oscar Isch y al coronel Roberto Drouet por homicidio inintencional.
12 de octubre
Nelson Alarcón, asesor jurídico del Miduvi, certifica que no existe acuerdo ministerial que crea la UTE
20 noviembre
Se realiza la marcha Por la vida y la dignidad de Riobamba.
LAS EXPRESIONES
Da miedo ir. Los militares salen bravos. Un capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para darles
Ana Robalino, vecina
El Cuerpo de Ingenieros no tuvo ninguna participación en la reconstrucción de Riobamba
Comandante Juan Reinoso (BLANCO Y NEGRO)
María Esther Pasmay, propietaria de una casa ubicada en la calle Uruguay 18-15 y Chile, no oculta su molestia porque su vivienda haya sido incluida en la segunda etapa de la reconstrucción de Riobamba, tras la explosión de los hangares 78 y 79, de la Brigada Galápagos, el 20 de noviembre de 2002.
Esa inclusión significa que recibirá un monto de $3 600. Tras la explosión, el cielo raso de su casa fue cambiado por un contratista, por lo que no se justifica que conste para una segunda reparación.
Pasmay consta en la lista de autorreparación y habría recibido el cheque número 001528 por un monto de $218,19, el 25 de marzo de 2003. Ella lo niega: "No sé ni cuánto han gastado ni nada, no recibí ningún cheque".
A Piedad López Valarezo le cambiaron 20 vidrios en sus dos casas (una en la calle Veinticuatro de Mayo 25-71 y la otra en la Doce de Octubre 23-31), en las cuales no se habría gastado más de $150. Al igual que Pasmay, ella consta en la lista de la segunda etapa con un presupuesto total de $6 600 para cambiar vidrios. "¡Se imagina! Yo le invito para que cuenten los vidrios y evalúen". Oficialmente, en este último caso, la Unidad Técnica de Emergencia (UTE) negó que esta casa hubiera sido reparada.
La UTE es el organismo técnico creado, el 22 de noviembre de 2002, para la reconstrucción de la ciudad de Riobamba.
Algo más: las casas de Clara Vinueza, Ricardo Guevara, Gonzalo Cruz, Luis Mancero y Santiago Toapanta ya fueron reparadas, pero la UTE dice que no. En la mayoría de casos se repusieron los ventanales.
El último 8 de marzo hubo un intenso movimiento de contratistas en el salón municipal José María Román. Todos ellos, junto a fiscalizadores y funcionarios municipales, fueron citados con la finalidad de leer el borrador del informe de Contraloría sobre los recursos económicos utilizados por la UTE.
La sesión tuvo el carácter de reservada, pero al final trascendió alguna información: 104 contratistas deberán devolver aproximadamente $83 mil, pues la Contraloría encontró "una alteración en los precios unitarios contractuales, por lo que se realizó la reliquidación".
Esta alteración se habría producido especialmente en el precio referencial del vidrio que se utilizó en las obras de reconstrucción. José Vaca, ex representante del Municipio de Riobamba ante la UTE, señala que no hubo tal sobreprecio, pues "se establecieron 33 rubros que serían utilizados en la reconstrucción, incluido el vidrio, pero luego fue necesario realizar una nueva revisión de precios". Por ejemplo, al inicio de la reconstrucción, la UTE estableció un precio referencial del metro cuadrado del vidrio de 3 mm a $7,26 pero luego decidió revisarlo y lo estableció en $9,27.
La Contraloría considera que nunca debió hacerse tal revisión y que se tuvo que respetar el precio inicial. Marco Portalanza, presidente de la Cámara de la Construcción, defiende la legalidad del incremento "por la especulación y la demanda".
Entre las autoridades, círculos políticos y los ciudadanos riobambeños se cree que todos estos ingredientes abonan la posibilidad de que el Gobierno no entregue más recursos para la reconstrucción de Riobamba y se haga de la "vista gorda", mientras se resuelven temas como la legalidad de la UTE y la emisión del informe final de Contraloría.
Rodrigo García, diputado de Chimborazo por el Movimiento Pachakutik, dice que es inaceptable que el Gobierno inclumpla porque es su obligación atender hasta que se concluya la reconstrucción definitiva. Para él, "gran parte de la reconstrucción se ha logrado por el propio esfuerzo de los riobambeños".
Un trabajo realizado por la Procuraduría General del Estado (PGE) demostraría que el presupuesto presentado por la UTE, para la denominada segunda etapa, estaría inflado en cifras y casos. Esa instancia visitó 50 casas, que forman parte de las 470 casos señalados en ese presupuesto.
Es decir, la muestra fue del más del 10% y las casas están ubicadas en diferentes partes de la ciudad.
El análisis señala, en su parte medular, que el 25% de las casas incluidas ya fueron intervenidas por la UTE. Sin embargo, todas ellas constan en el presupuesto y con cantidades mucho mayores a las gastadas.
En un resumen del informe de la Procuraduría, las casas ya intervenidas suman un presupuesto referencial de $53 200, cuando en verdad se habrían gastado $3 090. Con este antecedente, se estima que el presupuesto de la segunda etapa es irreal y no ascendería a los $2 388 000 sino a una cantidad menor. (JP/OP)
El Cuerpo de Ingenieros fiscaliza la reparación?
El Municipio riobambeño incluye a los militares en la fiscalización
Fuentes que prefirieron no identificarse cuestionan la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la fiscalización de la obras de reconstrucción, "si fueron los militares quienes provocaron la explosión, ahora son juez y parte", dicen.
Este Diario intentó conversar con el coronel David Padilla, quien se encuentra al frente de un equipo de 20 militares que cumplen la tarea de fiscalización desde la oficina provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su respuesta fue: "No tengo la autorización de mis superiores". El comandante del Cuerpo de Ingenieros, Juan Reinoso, afirmó que esta unidad no tuvo ninguna participación en la reconstrucción de la ciudad ni en la fiscalización. Aseguró que esa dependencia solo participó en una evaluación de daños y en la planificación de un presupuesto para la reparación de la Brigada.
La Contraloría, en su borrador, habría hecho observaciones de orden legal a la fiscalización, aunque el director regional, Mario Ríos, no dio detalles. Al parecer Fiscalización, en algunos casos, no verificó el fiel cumplimiento de las obras contratadas y por ello se debió hacer una reliquidación de todos los contratos efectuados por la UTE. De ahí que Contraloría consideraría que los militares no hicieron bien su trabajo.
Muchos de estos militares, según los testimonios, participaron en la elaboración del presupuesto de la segunda etapa. Los ciudadanos también se quejan del trato: "Da miedo ir. Los militares salen bravos, un capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para darles", dice Ana Robalino. Otro testimonio parecido es el de Patricia Colcha, "los militares dijeron que no tiene nada que ver, que si no reparamos en la primera etapa ya no había esperanzas". (JP/LB)
¿Quién creó y legalizó la existencia de la UTE?
A 16 meses de operar la unidad técnica se cuestiona su legitimidad
La legalidad de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE) ha sido puesta en duda por la Procuraduría y le ha dado más de un dolor de cabeza al alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero.
Este es un tema importante en el seguimiento del proceso de fiscalización de los gastos efectuados en la reconstrucción, tanto que el 25 de agosto de 2003 se inició una indagación previa para verificar la legalidad de la UTE.
Daniel Escobar Zurita, delegado de la Procuraduría General del Estado, sostiene que hubo "falsedad en instrumento público, pues nunca se probó que el Gabinete ministerial creó la llamada UTE tal como lo señala el alcalde Guerrero en la resolución administrativa 095-SCM-2002".
Guerrero se defiende: "Si nosotros no afrontábamos el problema, ¿quién lo hubiera hecho?". La creación de la UTE podría tener una explicación cuando el 27 de noviembre, siete días después de la explosión, el ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio, firmó el "Plan Operativo de Intervención Inmediata", que en su fase prioritaria señala: "Reponer ventanerías, puertas de calle, cubiertas de toda la ciudad. Para el efecto se ha implementado la Unidad Técnica de Emergencia que laborará entregando a la ciudadanía el calendario de recepción de documentos".
Ni en el decreto de emergencia 3386, publicado en el Registro Oficial del 5 de diciembre de 2002, ni en los archivos de la Presidencia de la República, como lo certifica Guillermo Astudillo Ibarra, secretario de la Administración Pública encargado, el 12 de agosto de 2003, consta la creación de la UTE.
Consultado al respecto, el ex ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio dijo que la UTE se creó por un convenio tripartito entre el Ministerio que él presidía, el de Defensa y la Municipalidad de Riobamba. La UTE recibía, según Murgueytio, los fondos para la reconstrucción a través de la Alcaldía la cual los obtenía desde el Gobierno.
La creación legal estaría consignada en el Plan Operativo que firmó el Ministerio de Vivienda, el 27 de noviembre de 2002, según el alcalde Guerrero.
Mientras la Fiscalía investiga el caso, otros problemas se ciernen sobre la UTE. El Gobierno de Gutiérrez no ha enviado más recursos, en todo este año, para la reconstrucción de más de 4 000 viviendas que están incluidas en la segunda etapa.
Guerrero, el pasado 7 de marzo, durante la inauguración de la pista sintética del estadio de Riobamba, se refirió al tema: "Han creado la muletilla de que no se envían los justificativos. Nos falta entre $4 millones y $5 millones para completar la reconstrucción". La respuesta de Lucio Gutiérrez: ni una palabra.
Por ejemplo, el coliseo mayor de deportes Teodoro Gallegos Borja aún muestra las huellas de la explosión. "Se necesita un presupuesto referencial de $389 mil para repararlo", señala Felipe Serrano, presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo. Falta por reparar la cubierta y paredes. Con el daño del coliseo, Riobamba perdió su escenario deportivo y social cubierto más grande.
Los temores de que algunos ciudadanos no reciban el dinero para la reparación no son aplacados por el gobernador de Chimborazo, Marco Chávez. Dice no conocer y solo aspiraba a que en la reunión del jueves pasado con el presidente de la República las autoridades de Riobamba planteasen este tipo de necesidades.
Asimismo, 62% de una muestra de 63 contratos firmados por la UTE tuvieron una póliza de fiel cumplimiento de contrato de la Agencia de Aseguradora del Sur, en Riobamba. Esta firma es gerenciada por Fabricio Guererero, hijo del alcalde.
Entre las compañías de seguros y corredores existe la sensación de que las ventas de pólizas que tiene que ver con la contratación pública ha disminuido, pues hay una concentración en Aseguradora del Sur.
Fabricio Guerrero se defiende y dice que la preferencia de los contratistas gira en torno al servicio, "nosotros les ofrecemos un mejor precio y mejores condiciones para las pólizas".
En cambio, el alcalde dice no tener ninguna responsabilidad: "Pregunte a los contratistas y al gerente de la aseguradora, no tengo que ver en eso". (JP/OP)
La ayuda para 21 heridos todavía está en espera
Los defensores de los DDHH critican la actitud clientelar del Gobierno
Diez muertos fue la cifra oficial en la explosión del 20 de noviembre de 2002. Los heridos se contaron en alrededor de 300, en su mayoría por cortes de vidrios que explotaron por la onda expansiva. De ellos, 21 heridos aún esperan la ayuda de las autoridades.
Para ayudar a esas personas se creó el Comité de Solidaridad por la Vida y Dignidad de Riobamba, encabezado por el obispo Víctor Corral Mantilla. En octubre de 2003, se lanzó la campaña "El Dólar de la Solidaridad", "en vista de la desatención del Estado y las FFAA". Con ese dinero se pensaba atender a esas 21 personas.
En la página web de la Fuerza Terrestre, aparece un comunicado bajo el título "Trabajo solidario de Riobamba". Allí se señala que se asignó un valor de $847 212, "que han sido entregados a los familiares de los fallecidos y heridos... Son más de 1 000 personas las beneficiadas". El vocero del Ministerio de Defensa, Edison Narváez, dijo que ese aporte fue una contribución de las FFAA para ayudar las víctimas, a pesar de que no era su obligación legal.
El 20 de noviembre anterior la Fuerza Terrestre ofreció $100 mil, "esto es una burla más de la Brigada a Riobamba", señaló el vicepresidente del Comité de Solidaridad, Jorge Luis Idrovo, quien presentó los casos ante la Comisión Interamericana de la Derechos Humanos, "por la gravedad y la urgencia por la que atraviesan 21 personas, entre ellos niños con requerimientos urgentes de transplantes de órganos (córneas), así como la atención inmediata a los familiares de las víctimas fallecidas y/o desaparecidas".
El 7 de marzo, en un comunicado, el Comité rechazó "la práctica política clientelar que usted lidera señor presidente" y solicitó los recursos para la reconstrucción y los heridos. (JP/LB)
CRONOLOGIA
20 de noviembre de 2002
16:00. Ocurre la explosión de la Brigada Blindada Galápagos, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, que deja como saldo 10 personas muertas y alrededor de 300 heridos.
21 de noviembre
El presidente Gustavo Noboa Bejarano emite el Decreto Ejecutivo número 3369 en el que declara el estado de emergencia en Riobamba.
25 de noviembre
El agente fiscal Plinio Vaca inicia la indagación previa para investigar las causas de la explosión.
26 de noviembre
El Gobierno de Gustavo Noboa emite el Decreto Ejecutivo número 3386 para la transferencia de recursos.
27 de noviembre
El Gobierno Nacional otorga una primera asignación de $1 500 000 para iniciar la reconstrucción.
27 de noviembre
El ministro de Vivienda, Nelson Mugueytio, firma el "Plan Operativo de Intervención Inmediata", en donde se habla de la implementación de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE).
28 de noviembre
El alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero emite la Resolución Adminitrativa número 095-SCM-2002 que crea la Unidad Técnica de Emergencia. Se señala "que el Gabinete Ministerial creó la Unidad Técnica de Emergencia".
18 de diciembre
Se hace la segunda transferencia por la cantidad de $1 500 000.
12 de agosto del 2003
El secretario de la Administración Pública encargado, Guillermo Astudilo, certifica que no existe decreto alguno que haya creado la UTE
25 de agosto
Juan Rivera Fierro, ministro fiscal de Chimborazo, abre una indagación previa para investigar la legalidad de la UTE.
1 de octubre
Juan Rivera dicta una instrucción fiscal por la explosión de Riobamba e imputa a los generales Norton Narváez, Oscar Isch y al coronel Roberto Drouet por homicidio inintencional.
12 de octubre
Nelson Alarcón, asesor jurídico del Miduvi, certifica que no existe acuerdo ministerial que crea la UTE
20 noviembre
Se realiza la marcha Por la vida y la dignidad de Riobamba.
LAS EXPRESIONES
Da miedo ir. Los militares salen bravos. Un capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para darles
Ana Robalino, vecina
El Cuerpo de Ingenieros no tuvo ninguna participación en la reconstrucción de Riobamba
Comandante Juan Reinoso (BLANCO Y NEGRO)
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