La construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en Guayaquil, le costará al país más de $20 millones de su presupuesto original. Hay dos explicaciones: o la empresa adjudicada, Andrade Gutiérrez, ofertó bajo para ganar la licitación o los estudios se hacen de tal manera que se requieren costos y obras adicionales que encarecen el proyecto
La fórmula es ofertar bajo y ganar los contratos
La construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en Guayaquil, ha puesto de nuevo en escena a la firma Andrade Gutiérrez
La constructora brasileña Andrade Gutiérrez (AG) reclama al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el pago, "hasta ahora, sin contar el costo de la perforación más profunda para los pilotes", de $24,4 millones más por nuevas obras, dentro del contrato que firmó en octubre de 2002 con el gobierno de Gustavo Noboa, para la construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la rehabilitación y ampliación del puente Rafael Mendoza Avilés, en el cantón Guayaquil.
Este reclamo, según funcionarios y empresarios, pone de nuevo en alerta sobre la "conducta empresarial" de AG, en relación con sus contratos con el Estado ecuatoriano, en los últimos 20 años.
Allí se incluyen el contrato para la construcción del canal de riego Tabacundo, la carretera Méndez-Morona, el control de inundación de la cuenca baja del río Guayas, dos tramos de la marginal del Pacífico en la provincia de Esmeraldas y, ahora, su puja por adjudicarse la construcción de la presa Mazar, en Azuay.
Aquí no se toma en cuenta su participación, con el 50% en la construcción del aeropuerto de Quito, porque lo hace en sociedad con una firma canadiense, en un tipo distinto de contratación que implementó el Municipio capitalino.
La crítica es que AG se conoce al dedillo el sistema ecuatoriano de contratación y sabe de sus debilidades y por tanto baja artificialmente las ofertas y por eso consigue los contratos, para luego recuperar su inversión en la ampliación de los plazos y de las mismas obras.
Eso explicaría ahora que, en principio, el paquete de obras de los puentes en el cantón Guayaquil se estipuló a un precio de $79 millones, trabajo que debería terminarse en abril de 2004. Ahora se habla del mismo mes, pero de 2005. Luego se agregaron nuevas obras como la pavimentación de 3 kilómetros de la vía La Puntilla-Samborondón, el paso de las redes eléctricas y de agua potable desde Guayaquil a Durán, el aumento del volumen del pilotaje, el descubrimiento de rocas duras que incidieron en el trabajo inicial, la reparación de una viga dañada por el choque del buque Almirante Brión, todo lo cual aumenta el costo a $103 millones.
Para el ministro de Obras Públicas, Estuardo Peñaherrera, el costo por las nuevas obras no superará los $15 millones. AG dice que serán $24,4 millones y algo más, hasta que se determine el real costo de la nueva perforación para instalar los pilotes. Según la firma brasileña, a la hora de firmar el contrato no se incluyó la expropiación de siete viviendas y se encontró en el suelo una zona de roca no detectada en el estudio inicial.
Mauricio Ricupero, mánager general de AG en Ecuador, explica que los contratos conseguidos por su firma se han hecho por el prestigio, la calidad de su trabajo y porque las ofertas se hacen pensando "en el desarrollo del país, en crear mano de obra y producción".
Incluso, él habla de ser víctima del juego político y de los intereses de ciertos grupos por perjudicar a su empresa y, con ello, favorecer a otras. De todos modos, dice que la confianza empresarial le ha garantizado la permanencia en Ecuador sin que hasta ahora se cuestione su eficacia ni calidad constructiva. El Estado le debe, de varias obras, alrededor de $50 millones.
¿Por qué una empresa extranjera, que tiene un juicio para devolver $23 millones puede seguir contratando con el Estado? Ricupero explica: "Porque el juicio penal nos dio la razón".
Para él, en el caso de los puentes, los responsables son los funcionarios que aceptaron estudios mal hechos y no encontraron las dificultades de la obra que ahora su empresa los descubre. "Es muy fácil: no podemos hacer las obras adicionales gratis. Si una persona quiere añadir a su proyecto de casa un jardín, eso el arquitecto le sumará, obviamente, como un costo adicional", explica Ricupero.
Esta versión es corroborada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas, pero cuestionada por personas allegadas al proceso de licitación, que prefieren no identificarse. De acuerdo con estas fuentes, los problemas de la obra ya fueron señalados antes, incluso los sondeos sísmicos ya detectaron los problemas del suelo para la instalación de los pilotes, que ahora requieren de una perforación de 80 m y no 50 m, como consta en el estudio inicial. Es más, AG propuso como costo del campamento $8 millones, cuando en realidad no superaría los $2 millones, todo con el objetivo supuesto de tener de antemano un dinero que le permita trabajar con comodidad, "pero inflando los costos".
Ahora bien, la facilidad que encontrarían algunas firmas nacionales o extranjeras para lograr esos contratos obedecería a dos factores: en la Ley de Contratación Pública no se sanciona penalmente la irresponsablidad de la parte contratante (el Estado y sus entidades), como sí ocurre en las legislaciones colombiana y peruana, por poner dos ejemplos.
A eso se suma, el factor político: con los cambios de gobierno casi siempre se amplían los plazos, se firman contratos de última hora o se los modifica. Los críticos de AG señalan el caso de la contratación del canal de riego Tabacundo y el convenio por el pago indebido de $23 millones por la construcción de la carretera Méndez-Morona, al finalizar el gobierno de Fabián Alarcón, en 1998.
En el caso de los puentes, Gustavo Noboa y su ministro de Obras Públicas, José Machiavelo, "por quedar bien con Guayaquil", aceleraron el proceso de contratación, como dice el Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas. (OP/AM)
LOS DATOS
El lunes próximo se reúnen el presidente de la Junta Cívica, Carlos Estrada; el titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Rafael Estrada; el gobernador del Guayas, Alfredo Larrea; y los contratistas para definir el precio final y la fecha de la terminación de los trabajos de los dos puentes.
Andrade Gutiérrez exige al ministerio de Obras Públicas (MOP) el pago de $34 millones por planillas presentadas. El Gobierno gestionará ante un banco de Brasil un crédito para saldar esa cuenta.
La obra fue licitada el 25 de julio de 2000. El 13 de diciembre del mismo año se firmó el contrato de los estudios de ingeniería, impactos ambientales y técnico-económicos.
Los alcaldes de Guayaquil, Durán y Samborondón se oponen al anuncio del MOP de cobrar peaje por el uso de los puentes, condición de la Corporación Andina de Fomento para facilitar los recursos. El ministro Estuardo Peñaherrera ratificó que se cobrará $0,50 centavos a cada automotor.
Para la construcción de la presa Mazar, la compañía Hidropaute procedió a la apertura de sobres para el gerenciamiento y la ejecución de obras civiles.
Para las obras civiles presentaron ofertas dos consorcios: Constructora Mazar, integrado por Construcciones y Comercio Camargo Correa; Andrade Gutiérrez; Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Constructora GAR. El segundo es la constructora Mazar, Impregilo Herdoíza Crespo.
Andrade Gutiérrez y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se asociaron para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados. (OP/AM)
"Un resbalón no es caída"
Mensaje claro: La empresa brasileña defiende la decisión de la II Sala Penal que la exculpó. Para la constructora, hay una contradicción que alguien debe resolver.
La empresa brasileña Andrade Gutiérrez (AG) no tiene aún planes de llevar a un foro internacional la controversia sobre la restitución al Estado de $23,4 millones, más intereses, que quedó resuelta tras el fallo de la Sala de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y, no lo hará, asegura Mauricio Ricupero, representante de la empresa, porque aún cree que puede haber una salida en el país y, además, porque "al hacerlo se estaría dejando claro que existe una agresión a un contrato, lo que significa que la inversión que quisiera venir de Brasil se pondría dudosa".
AG maneja el criterio de que las controversias que derivaren del contrato y el convenio de pago por la construcción de la vía Méndez-Morona podrían ser resueltas en Brasil, de donde fue el financiamiento.
Por eso Ricupero reclama "consecuencia" y critica que de la "forma mas fácil, el contralor señale que se cobre a AG los intereses más altos... No estamos para agredir al Estado, todo lo contrario, pero ¿qué tal si los acreedores del país quieren cobrar la misma tasa que sugiere el Contralor?", acota.
La idea de que el problema puede arreglarse en Ecuador se deriva de un hecho: el fallo anterior de la II Sala de la Penal, que no encontró delito en la entrega de los $23,4 millones a AG. Para la empresa, ese fallo imposibilita al Contralor que disponga esa restitución, y también contradice lo dictaminado por la Sala de Conjueces.
Esa aparente contradicción judicial parece el arma jurídica de AG para dilatar el cobro. Por eso el empresario anticipó que no descarta iniciar acciones legales en contra de los conjueces, "por prevaricato". Una acción que, si bien no podría revertir el sentido del último fallo, apuntaría a deslegitimarlo en otros foros de darse una sanción a los conjueces.
La polémica del cobro nació con la denuncia del ex diputado Dalton Bacigalupo quien acusó de una supuesta confabulación para favorecer a AG, a cargo del ex presidente interino Fabián Alarcón, sus ministros de Finanzas, Marco Flores, y Obras Públicas, Homero Torres, el ex procurador Milton Álava Ormaza y otros.
El tema desembocó en un juicio penal que terminó en el sobreseimiento de los acusados, incluida la AG, por decisión de la II Sala de lo Penal, aunque el magistrado Arturo Donoso sí encontró méritos para acusar por peculado.
Con el último fallo de los conjueces se rechazó una casación a los miembros de la Sala de lo Contencioso y se ratificó el fallo del Tribunal Contencioso, que ordenó la restitución. (LB)
El caso
Mauricio Ricupero encuentra otra contradicción en que un tribunal distrital haya liberado de responsabilidad civil a los funcionarios públicos inicialmente implicados y se termine solo acusando a AG.
Contraloría estableció responsabilidades civiles y penales directas, de la AG; y "subsidiarias" de los funcionarios públicos implicados. El pago "ilegal" incluía el 4% ($4,6 millones) por fiscalización, y una reliquidación ($16,6 millones). La empresa asegura que $17 millones eran de obras ejecutadas. (LB)
La falta de previsión encarece la obra pública
Los estudios para construir el puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza no habrían contemplado la necesidad de varias obras adicionales
El Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas atribuyó el incremento de los precios en la construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en el rubro de obras nuevas, a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el gobierno de Gustavo Noboa, por ahorrar dinero, abaratar costos y por aligerar el inicio de los trabajos debido al compromiso que tenía con Guayaquil, contrató a un precio inferior los estudios con la consultora Asociación T.Y Lin International -Consulsísmica- a un costo de $ 2,3 millones.
El gremio dijo que, por este motivo, por ejemplo, en los estudios, no se estipularon las perforaciones pertinentes para la colocación de los pilotes más allá de los 50 metros de profundidad, ni tampoco se detectó la presencia de una enorme roca negra.
Este problema obligó a la constructura Andrade Gutiérrez a traer desde Brasil dos perforadoras especializadas en excavar limos y roca.
Incluso ahora, según Andrade Gutiérrez, hay que analizar la posibilidad de traer otra excavadora, pues para perforar hasta 80 metros se requiere de otra tecnología.
La versión del Colegio fue ratificada por el gerente de Ingeniería de la constructora, Rogiero Zanfornin, quien dijo que el inconveniente obedece a la falta de previsión, en el estudio entregado por el MOP.
El incremento del costo se da también por el aumento en la cantidad de obras, que fueron exigidas por el Consejo cantonal de Samborondón, entre las que se incluye el alcantarillado, agua potable, pavimentación de las vías; además de la instalación del cable de conducción eléctrica de 69 mil voltios para dar servicio a Durán.
Un elemento adicional en la polémica es definir si se cobrará el peaje de la vía, antes de la culminación de la obra. Todos los actores del proceso señalan que la campaña electoral detiene esta decisión. (OP/AM/PC)
PUNTO DE VISTA
La ley no puede garantizar la trampa
Ecuador pierde decenas de millones de dólares por la imprevisión, la falta de control y una legislación que no contempla responsabilidades penales para los funcionarios que aprueban proyectos y planes mal elaborados.
Cierto que no es un mal exclusivo de este país, pero en otros, como en Colombia o Perú, ante la necesidad de modernizar y ajustar los controles, se han dictado leyes donde todos los actores del proceso de construcción de la obra pública están sometidos al castigo si no cumplen a cabalidad con su obligación.
Un mal ejemplo nuevo es el proyecto del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en Guayaquil: planificados para un monto no superior a $80 millones, ahora podrían costar alrededor de $110 millones.
Entonces, surgen las preguntas de rigor que reiterativamente hay que plantearse porque los males no se corrigen. ¿Realmente la obra costaba la cifra inicial? O, ¿la empresa contratada ofertó más bajo que el resto para ganar a la competencia? Y si la obra costaba mucho más, ¿por qué se le adjudicó a Andrade Gutiérrez?
El asunto no es fustigar a las empresas ni espantarlas. La responsabilidad estatal es fijar las reglas claras. Con ello, el dinero público no se desperdicia ni tampoco los mecanismos oscuros favorecen la corrupción. Por eso, este Gobierno está obligado a crear el marco jurídico para no volver a cometer los "errores" de siempre. (OP)(BLANCO Y NEGRO)
La fórmula es ofertar bajo y ganar los contratos
La construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en Guayaquil, ha puesto de nuevo en escena a la firma Andrade Gutiérrez
La constructora brasileña Andrade Gutiérrez (AG) reclama al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el pago, "hasta ahora, sin contar el costo de la perforación más profunda para los pilotes", de $24,4 millones más por nuevas obras, dentro del contrato que firmó en octubre de 2002 con el gobierno de Gustavo Noboa, para la construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la rehabilitación y ampliación del puente Rafael Mendoza Avilés, en el cantón Guayaquil.
Este reclamo, según funcionarios y empresarios, pone de nuevo en alerta sobre la "conducta empresarial" de AG, en relación con sus contratos con el Estado ecuatoriano, en los últimos 20 años.
Allí se incluyen el contrato para la construcción del canal de riego Tabacundo, la carretera Méndez-Morona, el control de inundación de la cuenca baja del río Guayas, dos tramos de la marginal del Pacífico en la provincia de Esmeraldas y, ahora, su puja por adjudicarse la construcción de la presa Mazar, en Azuay.
Aquí no se toma en cuenta su participación, con el 50% en la construcción del aeropuerto de Quito, porque lo hace en sociedad con una firma canadiense, en un tipo distinto de contratación que implementó el Municipio capitalino.
La crítica es que AG se conoce al dedillo el sistema ecuatoriano de contratación y sabe de sus debilidades y por tanto baja artificialmente las ofertas y por eso consigue los contratos, para luego recuperar su inversión en la ampliación de los plazos y de las mismas obras.
Eso explicaría ahora que, en principio, el paquete de obras de los puentes en el cantón Guayaquil se estipuló a un precio de $79 millones, trabajo que debería terminarse en abril de 2004. Ahora se habla del mismo mes, pero de 2005. Luego se agregaron nuevas obras como la pavimentación de 3 kilómetros de la vía La Puntilla-Samborondón, el paso de las redes eléctricas y de agua potable desde Guayaquil a Durán, el aumento del volumen del pilotaje, el descubrimiento de rocas duras que incidieron en el trabajo inicial, la reparación de una viga dañada por el choque del buque Almirante Brión, todo lo cual aumenta el costo a $103 millones.
Para el ministro de Obras Públicas, Estuardo Peñaherrera, el costo por las nuevas obras no superará los $15 millones. AG dice que serán $24,4 millones y algo más, hasta que se determine el real costo de la nueva perforación para instalar los pilotes. Según la firma brasileña, a la hora de firmar el contrato no se incluyó la expropiación de siete viviendas y se encontró en el suelo una zona de roca no detectada en el estudio inicial.
Mauricio Ricupero, mánager general de AG en Ecuador, explica que los contratos conseguidos por su firma se han hecho por el prestigio, la calidad de su trabajo y porque las ofertas se hacen pensando "en el desarrollo del país, en crear mano de obra y producción".
Incluso, él habla de ser víctima del juego político y de los intereses de ciertos grupos por perjudicar a su empresa y, con ello, favorecer a otras. De todos modos, dice que la confianza empresarial le ha garantizado la permanencia en Ecuador sin que hasta ahora se cuestione su eficacia ni calidad constructiva. El Estado le debe, de varias obras, alrededor de $50 millones.
¿Por qué una empresa extranjera, que tiene un juicio para devolver $23 millones puede seguir contratando con el Estado? Ricupero explica: "Porque el juicio penal nos dio la razón".
Para él, en el caso de los puentes, los responsables son los funcionarios que aceptaron estudios mal hechos y no encontraron las dificultades de la obra que ahora su empresa los descubre. "Es muy fácil: no podemos hacer las obras adicionales gratis. Si una persona quiere añadir a su proyecto de casa un jardín, eso el arquitecto le sumará, obviamente, como un costo adicional", explica Ricupero.
Esta versión es corroborada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas, pero cuestionada por personas allegadas al proceso de licitación, que prefieren no identificarse. De acuerdo con estas fuentes, los problemas de la obra ya fueron señalados antes, incluso los sondeos sísmicos ya detectaron los problemas del suelo para la instalación de los pilotes, que ahora requieren de una perforación de 80 m y no 50 m, como consta en el estudio inicial. Es más, AG propuso como costo del campamento $8 millones, cuando en realidad no superaría los $2 millones, todo con el objetivo supuesto de tener de antemano un dinero que le permita trabajar con comodidad, "pero inflando los costos".
Ahora bien, la facilidad que encontrarían algunas firmas nacionales o extranjeras para lograr esos contratos obedecería a dos factores: en la Ley de Contratación Pública no se sanciona penalmente la irresponsablidad de la parte contratante (el Estado y sus entidades), como sí ocurre en las legislaciones colombiana y peruana, por poner dos ejemplos.
A eso se suma, el factor político: con los cambios de gobierno casi siempre se amplían los plazos, se firman contratos de última hora o se los modifica. Los críticos de AG señalan el caso de la contratación del canal de riego Tabacundo y el convenio por el pago indebido de $23 millones por la construcción de la carretera Méndez-Morona, al finalizar el gobierno de Fabián Alarcón, en 1998.
En el caso de los puentes, Gustavo Noboa y su ministro de Obras Públicas, José Machiavelo, "por quedar bien con Guayaquil", aceleraron el proceso de contratación, como dice el Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas. (OP/AM)
LOS DATOS
El lunes próximo se reúnen el presidente de la Junta Cívica, Carlos Estrada; el titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Rafael Estrada; el gobernador del Guayas, Alfredo Larrea; y los contratistas para definir el precio final y la fecha de la terminación de los trabajos de los dos puentes.
Andrade Gutiérrez exige al ministerio de Obras Públicas (MOP) el pago de $34 millones por planillas presentadas. El Gobierno gestionará ante un banco de Brasil un crédito para saldar esa cuenta.
La obra fue licitada el 25 de julio de 2000. El 13 de diciembre del mismo año se firmó el contrato de los estudios de ingeniería, impactos ambientales y técnico-económicos.
Los alcaldes de Guayaquil, Durán y Samborondón se oponen al anuncio del MOP de cobrar peaje por el uso de los puentes, condición de la Corporación Andina de Fomento para facilitar los recursos. El ministro Estuardo Peñaherrera ratificó que se cobrará $0,50 centavos a cada automotor.
Para la construcción de la presa Mazar, la compañía Hidropaute procedió a la apertura de sobres para el gerenciamiento y la ejecución de obras civiles.
Para las obras civiles presentaron ofertas dos consorcios: Constructora Mazar, integrado por Construcciones y Comercio Camargo Correa; Andrade Gutiérrez; Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Constructora GAR. El segundo es la constructora Mazar, Impregilo Herdoíza Crespo.
Andrade Gutiérrez y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se asociaron para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados. (OP/AM)
"Un resbalón no es caída"
Mensaje claro: La empresa brasileña defiende la decisión de la II Sala Penal que la exculpó. Para la constructora, hay una contradicción que alguien debe resolver.
La empresa brasileña Andrade Gutiérrez (AG) no tiene aún planes de llevar a un foro internacional la controversia sobre la restitución al Estado de $23,4 millones, más intereses, que quedó resuelta tras el fallo de la Sala de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y, no lo hará, asegura Mauricio Ricupero, representante de la empresa, porque aún cree que puede haber una salida en el país y, además, porque "al hacerlo se estaría dejando claro que existe una agresión a un contrato, lo que significa que la inversión que quisiera venir de Brasil se pondría dudosa".
AG maneja el criterio de que las controversias que derivaren del contrato y el convenio de pago por la construcción de la vía Méndez-Morona podrían ser resueltas en Brasil, de donde fue el financiamiento.
Por eso Ricupero reclama "consecuencia" y critica que de la "forma mas fácil, el contralor señale que se cobre a AG los intereses más altos... No estamos para agredir al Estado, todo lo contrario, pero ¿qué tal si los acreedores del país quieren cobrar la misma tasa que sugiere el Contralor?", acota.
La idea de que el problema puede arreglarse en Ecuador se deriva de un hecho: el fallo anterior de la II Sala de la Penal, que no encontró delito en la entrega de los $23,4 millones a AG. Para la empresa, ese fallo imposibilita al Contralor que disponga esa restitución, y también contradice lo dictaminado por la Sala de Conjueces.
Esa aparente contradicción judicial parece el arma jurídica de AG para dilatar el cobro. Por eso el empresario anticipó que no descarta iniciar acciones legales en contra de los conjueces, "por prevaricato". Una acción que, si bien no podría revertir el sentido del último fallo, apuntaría a deslegitimarlo en otros foros de darse una sanción a los conjueces.
La polémica del cobro nació con la denuncia del ex diputado Dalton Bacigalupo quien acusó de una supuesta confabulación para favorecer a AG, a cargo del ex presidente interino Fabián Alarcón, sus ministros de Finanzas, Marco Flores, y Obras Públicas, Homero Torres, el ex procurador Milton Álava Ormaza y otros.
El tema desembocó en un juicio penal que terminó en el sobreseimiento de los acusados, incluida la AG, por decisión de la II Sala de lo Penal, aunque el magistrado Arturo Donoso sí encontró méritos para acusar por peculado.
Con el último fallo de los conjueces se rechazó una casación a los miembros de la Sala de lo Contencioso y se ratificó el fallo del Tribunal Contencioso, que ordenó la restitución. (LB)
El caso
Mauricio Ricupero encuentra otra contradicción en que un tribunal distrital haya liberado de responsabilidad civil a los funcionarios públicos inicialmente implicados y se termine solo acusando a AG.
Contraloría estableció responsabilidades civiles y penales directas, de la AG; y "subsidiarias" de los funcionarios públicos implicados. El pago "ilegal" incluía el 4% ($4,6 millones) por fiscalización, y una reliquidación ($16,6 millones). La empresa asegura que $17 millones eran de obras ejecutadas. (LB)
La falta de previsión encarece la obra pública
Los estudios para construir el puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza no habrían contemplado la necesidad de varias obras adicionales
El Colegio de Ingenieros Civiles de Guayas atribuyó el incremento de los precios en la construcción del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en el rubro de obras nuevas, a que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el gobierno de Gustavo Noboa, por ahorrar dinero, abaratar costos y por aligerar el inicio de los trabajos debido al compromiso que tenía con Guayaquil, contrató a un precio inferior los estudios con la consultora Asociación T.Y Lin International -Consulsísmica- a un costo de $ 2,3 millones.
El gremio dijo que, por este motivo, por ejemplo, en los estudios, no se estipularon las perforaciones pertinentes para la colocación de los pilotes más allá de los 50 metros de profundidad, ni tampoco se detectó la presencia de una enorme roca negra.
Este problema obligó a la constructura Andrade Gutiérrez a traer desde Brasil dos perforadoras especializadas en excavar limos y roca.
Incluso ahora, según Andrade Gutiérrez, hay que analizar la posibilidad de traer otra excavadora, pues para perforar hasta 80 metros se requiere de otra tecnología.
La versión del Colegio fue ratificada por el gerente de Ingeniería de la constructora, Rogiero Zanfornin, quien dijo que el inconveniente obedece a la falta de previsión, en el estudio entregado por el MOP.
El incremento del costo se da también por el aumento en la cantidad de obras, que fueron exigidas por el Consejo cantonal de Samborondón, entre las que se incluye el alcantarillado, agua potable, pavimentación de las vías; además de la instalación del cable de conducción eléctrica de 69 mil voltios para dar servicio a Durán.
Un elemento adicional en la polémica es definir si se cobrará el peaje de la vía, antes de la culminación de la obra. Todos los actores del proceso señalan que la campaña electoral detiene esta decisión. (OP/AM/PC)
PUNTO DE VISTA
La ley no puede garantizar la trampa
Ecuador pierde decenas de millones de dólares por la imprevisión, la falta de control y una legislación que no contempla responsabilidades penales para los funcionarios que aprueban proyectos y planes mal elaborados.
Cierto que no es un mal exclusivo de este país, pero en otros, como en Colombia o Perú, ante la necesidad de modernizar y ajustar los controles, se han dictado leyes donde todos los actores del proceso de construcción de la obra pública están sometidos al castigo si no cumplen a cabalidad con su obligación.
Un mal ejemplo nuevo es el proyecto del puente Carlos Pérez Perasso y la ampliación del Rafael Mendoza, en Guayaquil: planificados para un monto no superior a $80 millones, ahora podrían costar alrededor de $110 millones.
Entonces, surgen las preguntas de rigor que reiterativamente hay que plantearse porque los males no se corrigen. ¿Realmente la obra costaba la cifra inicial? O, ¿la empresa contratada ofertó más bajo que el resto para ganar a la competencia? Y si la obra costaba mucho más, ¿por qué se le adjudicó a Andrade Gutiérrez?
El asunto no es fustigar a las empresas ni espantarlas. La responsabilidad estatal es fijar las reglas claras. Con ello, el dinero público no se desperdicia ni tampoco los mecanismos oscuros favorecen la corrupción. Por eso, este Gobierno está obligado a crear el marco jurídico para no volver a cometer los "errores" de siempre. (OP)(BLANCO Y NEGRO)
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