El juicio 57-2000 llegó a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque los hermanos Roberto y William Isaías apelaron al fallo del ex presidente de ese máximo tribunal, Armando Bermeo Castillo.

El 19 de marzo del 2003, Bermeo los halló culpables de peculado y ordenó que se inicie la fase plenaria dentro del juicio que investiga el mal uso de fondos en Filanbanco, desde septiembre de 1998.

Roberto Isaías fue presidente de Filanbanco, y su hermano William fue vicepresidente. Los dos están prófugos desde junio del 2000, cuando empezó el juicio, y refutaron la decisión de Bermeo. Con base en la Ley, el juicio subió a consulta a la Segunda Sala de lo Penal.

Los tres jueces de la Sala, que estudian el caso, son Arturo Donoso (presidente), Milton Moreno y Carlos Castro.

Los tres analizan el proceso por separado, en sus oficinas. Donoso y Moreno lo hacen en sus gabinetes de la Corte. Castro en un despacho del Banco Central. Sin embargo, en los pasillos de la Suprema y en el Congreso ya se señala que al menos dos jueces de la Segunda Sala acogerán el pedido de los Isaías, y que posiblemente en su fallo se cambiará el delito de peculado por el de estafa, lo cual es susceptible de fianza.

Este Diario presenta las semblanzas de los tres jueces que llevan el caso en la esa Sala.

El ex asesor de Febres Cordero en la Suprema

Manuel Castro Murillo, Conjuez de la II Sala de lo Penal de la CSJ

En su lujoso despacho, detrás de una puerta de cristal del piso 12 del Banco Central, Manuel Castro despide con un gesto a su secretaria y enfatiza: “No soy afiliado al Partido Social Cristiano”.

El hombre de hablar pausado tiene un título en Jurisprudencia de la Universidad Central, de la cual se incorporó en 1968 con un récord: las mejores calificaciones. Y desde el 2000 reparte su tiempo en dos ocupaciones: el 4 de mayo aceptó el nombramiento como Secretario del Directorio del Banco Central (BCE), pese a que desde enero fungía como conjuez de la Corte Suprema de Justicia, mocionado sin concurso por Milton Moreno, magistrado de la Segunda Sala Penal; del cual es su suplente.

Su oficina en el Central, un mirador de los cerros del occidente de Quito, frente al parque La Carolina, es una especie de archivo, con decenas de juicios por resolver y documentos administrativos, porque tiene a su cargo procesos penales de la Suprema y el control contable y humano de la Secretaría del BCE, y originales de todos los papeles que entran y salen en el Directorio.

El funcionario niega que sea una ficha de León Febres Cordero, líder socialcristiano, en el Central y en la Corte. Pero sí tuvo un nexo: Castro trabajó en el Palacio de Carondelet en el gobierno de Febres Cordero. Fue Director de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República entre 1986 y 1988. “Me relacionan con el ingeniero Febres Cordero porque estuve en la Asesoría Jurídica de su Gobierno”, dice Castro. “Pero no he participado en campañas ni he desempeñado ningún cargo político”.

El jurista quiteño de 62 años se convirtió en juez del juicio 57-2000, que investiga a los hermanos Roberto y William Isaías, porque Jorge Andrade Lara, que conoció el caso junto con los magistrados Milton Moreno y Arturo Donoso, se abstuvo de participar. En 1999, el Presidente de la Suprema nombró a Andrade defensor de los Isaías. “Me nombró el Juez, pero no traté con los Isaías. Como mi nombre aparece en el juicio debí excusarme”, dice Andrade.

“Manuel Castro fue un gran alumno”, recuerda Camilo Mena, magistrado de la Corte, quien fue su profesor de Derecho Constitucional en la Universidad. “Luego lo vi como juez de Quito; muy correcto”. En 1972 fue fiscal; un año después, secretario relator de la Corte Superior de Quito; luego, hasta 1978, juez primero provincial de Pichincha, y entre 1980 y 1990 fue conjuez de la Corte Superior de Quito.

“También estuvo muy vinculado a entidades privadas o públicas que manejaron la política económica del país”, dice Andrade Lara. Fue abogado de la Cámara de Industriales, entre 1989 y 1990, antes de vincularse a la Corporación Financiera Nacional y a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Como intendente de ésta última entidad, fue imputado por supuesto peculado el 7 de agosto de 1996. El fiscal Flavio Caza dictó una excitativa y pidió su enjuiciamiento.

Lo acusó porque al parecer se benefició con viáticos (recibió 10 779 dólares para un supuesto viaje de 20 días a Suiza y Colombia), adelantó su sueldo y posiblemente intervino en la compra irregular de autos.

Otro hecho puede comprometer a Castro cuando se pronuncie en el caso Filanbanco. El juicio tiene decenas de documentos del Banco Central con su firma, que según penalistas pudieran convertirlo en juez y parte. Pero el conjuez se acomoda los lentes y minimiza su rúbrica en esos papeles.

“No he emitido informes del Banco Central en el caso Filanbanco. Lo que he dado son certificaciones sobre hechos anteriores a cuando fui Secretario del Directorio; el Banco Central no es parte del juicio”, enfatiza Castro, confiado, y admite que su patrimonio está avaluado en 600 000 dólares, “fruto de años de trabajo”.

Los juicios que manejó

Los tres procesos contra Abdalá Bucaram: Mochila, Gastos Reservados y Aduanas. En los dos primeros acusó por peculado a Bucaram y lo llamó a Plenario. En el caso Aduanas, absolvió al ex Mandatario, prófugo.

Los bienes del juez

Tiene su casa en la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel y tres apartamentos en El Condado (Quito). Además, una suite (Manta) y su oficina en el edificio Río Amazonas (Quito), y un jeep Grand Vitara de 5 puertas 2001.

De líder de la FEUE a magistrado

Milton Moreno Aguirre, Magistrado de la II Sala Penal de la CSJ

En el recibidor de su despacho, en el primer piso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cada viernes hay la misma tónica. La ventana que colinda con el corredor pasa cubierta con persianas blancas y su secretaria siempre propina la misma respuesta: “El lunes lo encuentra al doctor”. Milton Moreno alterna sus actividades como magistrado de la Suprema entre su despacho en Quito y su casa en Guayaquil.

Evita a la prensa y, en palabras del magistrado Teodoro Coello, de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte, “es un hombre muy reservado. Interviene poco en el Pleno”.

El magistrado Moreno, de origen guayaquileño, hizo sus estudios secundarios en Quito, en el Colegio Juan Montalvo, y los culminó en el Puerto Principal, en el Vicente Rocafuerte. Se negó a una entrevista y, según su secretaria, ni siquiera autorizó que se haga público su currículum vitae.

En 1958 se licenció en Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de Guayaquil, según el currículo que reposa en el Consejo Nacional de la Judicatura. En 1964 fue abogado y el mismo año doctor en Jurisprudencia, tras cursar estudios en la Estatal y la Universidad de La Plata (Argentina).

Manuel Castro Murillo, su conjuez, lo conoce desde la época ‘velasquista’. Moreno estuvo vinculado a las campañas de José María Velasco Ibarra y fue director del extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y colonización (Ierac), en el último período presidencial del ‘Profeta’, entre 1968 y 1972.

Al terminar su dirección se convirtió en asesor jurídico de la Gobernación del Guayas, y entre 1973 y 1977 vivió en Costa Rica, donde fungió como asesor del Instituto de Tierras y Colonización de ese país.

Su actividad política data de los años 50, en las aulas universitarias. “Fuimos compañeros de lucha en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE)”, se jacta Camilo Mena, juez de la Corte. Moreno, desde la Estatal de Guayaquil, presidía el Consejo Nacional de la FEUE.

“Siempre se caracterizó por ser un hombre muy serio”, señala Mena. Y el conjuez Jorge Andrade Lara, afín al centro-izquierda, agrega: “Es un caballero; un funcionario de carrera judicial, pero se dice que es afín al Partido Social Cristiano (derecha)”.

Fuentes de la Corte avalan esa versión y reseñan que Moreno llegó a la Suprema en 1999 mocionado por legisladores socialcristianos en el Congreso. Su afinidad con el PSC influye en las resoluciones que adopta el Pleno de la Corte. Al nombrar presidente de la Suprema, por ejemplo, se suma a los magistrados cercanos a esa tienda política.

“Conozco bien al doctor Moreno”, dice su conjuez, Castro. “Si me pregunta si tenemos alguna preferencia política, digo sí: somos velasquistas”.

Moreno se convirtió en juez durante el gobierno de León Febres Cordero, en 1984, cuando fue nombrado ministro juez de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, donde laboró hasta 1998, su último año como presidente. “Por ese accionar fue escogido para ser nombrado ministro de la Corte Suprema”, dice Mena.

El Magistrado, de tez trigueña y anteojos redondos, viaja todas las semanas a Guayaquil, donde reside su familia. Su departamento en Quito, en el edificio Naciones Unidas, a solo 200 metros de la Corte, es usado de lunes a jueves .

“A Milton lo conocí como un hombre de izquierda”, asegura Mena, quien en las sesiones de la Corte también dejó de lado la vieja militancia izquierdista para emitir criterios que coinciden con el PSC. “En las aulas soñábamos con hombres al servicio del país, no de intereses personales. Eran nuestras luchas de entonces... que creo son las de ahora”.

Los juicios que manejó

En el juicio por injurias contra Vicente Estrada (PRE), aceptó el pedido de Xavier Neira (PSC) y ordenó 6 meses de cárcel; pero la Sala no aceptó y lo penó con tres meses. Moreno pidió que se analice la nulidad del juicio al ex juez Olmedo Bermeo.

Los bienes del juez

Tiene una casa en la ciudadela Los Esteros y un apartamento en Malecón 514 (Guayaquil). Además, una casa (Ballenita) y un predio (Milagro), y un automóvil Volkswagen Golf de 1996.


Profesor admirado y juez irascible

Arturo Donoso Castellón, Magistrado de la II Sala Penal de la CSJ

Considerado un profesor de elevado nivel académico, admirado por sus alumnos y de muy buen carácter en las aulas universitarias, Arturo Donoso muta en un juez irascible y muy reservado cuando ingresa a su despacho de la Corte Suprema de Justicia, casi siempre cubierto con su abrigo de gabardina ocre.

De mediana estatura, cabello escaso y barba ceniza, el magistrado de la Segunda Sala de lo Penal puede cambiar rápidamente de carácter para “evitar presiones” de las partes litigantes de un juicio o esquivar a la prensa.

Quiteño, de 55 años, se inició como profesor en 1968, el mismo año que empezó sus estudios de Jurisprudencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Primero fue docente de colegios.

“Por sus actuaciones en las sesiones del Pleno, se trata de un magistrado probo, con una visión muy clara de las concepciones doctrinarias y del derecho positivo. Su trayectoria es muy distinguida en la cátedra universitaria”, señala Teodoro Coello, juez de la II Sala de lo Laboral en la Corte.

En 1978, Donoso obtuvo su título como doctor en Jurisprudencia. Al año siguiente se convirtió en catedrático de la PUCE y alternó la docencia con la función pública.

Entre 1982 y 1984 estuvo vinculado al gobierno de Osvaldo Hurtado (Democracia Popular) como Director Nacional de Rehabilitación Social. Ese fue su primer nexo con la política. Luego, entre 1990 y 1991, fue subgerente legal del Banco del Estado (Bede), y desde 1992 hasta 1996 trabajó en el Palacio de Carondelet como Director de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, en el régimen de Sixto Durán Ballén (ex PSC).

El magistrado Arturo Donoso no accedió a una entrevista con este Diario para hablar del alcance de su relación con Hurtado y Durán Ballén, pero sí facilitó su currículum vitae. No está afiliado a partido político, aunque es cercano a la Democracia Cristiana.

Camilo Mena, juez de la Corte, destaca del magistrado que es hijo de José Ignacio Donoso, “jurista y gran catedrático de la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central. Me parece que Arturo Donoso es un hombre muy correcto. Talvez sigue el camino que le trazó su padre”.

Entre 1985 y 1992, Donoso estuvo vinculado a la docencia universitaria. En la PUCE fue secretario de Jurisprudencia, luego de Economía y director de Recursos Humanos.

Su conjuez en la Sala, Jorge Andrade Lara, lo admira. Donoso “es un hombre honesto”, dice. “Es muy riguroso en el manejo de los fallos; de hecho, peca de ser prolijo, porque conoce a fondo el Derecho”.

Sus alumnos de postgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Internacional SEK, lo catalogan uno de los mejores maestros. También fue profesor de Derecho Internacional Humanitario en la Policía y en las FF.AA.

Varios de sus alumnos señalan que el magistrado es un penalista bien documentado; además de dominar el Derecho, conoce la realidad carcelaria y el perfil de centenares de delincuentes. Estudiantes recuerdan su teoría sobre el colombiano Daniel Camargo Barbosa, quien fue sentenciado en 1989 por las muertes de 71 mujeres violadas, y terminó asesinado en prisión.

Donoso sospecha que algunos de los crímenes atribuidos a Camargo posiblemente fueron ejecutados por una red dedicada al ‘snuff’ (la filmación de mujeres mientras eran asesinadas), narran sus alumnos.

El jurista se vinculó a la Corte Suprema de Justicia en 1998, como conjuez. Dos años después fue titularizado en la Segunda Sala, que actualmente preside, con un salario promedio de 6 000 dólares al mes.

Los juicios que manejó

Donoso aprobó el pedido del ex magistrado Olmedo Bermeo, para que se tramite el recurso de nulidad del juicio por supuesto enriquecimiento ilícito planteado por la Fiscalía contra el ex juez.

Los bienes del juez

Tiene su casa en Pifo, al este de Quito. Además, un lote de 10 ha de sucesión familiar que también les pertenece a sus cuatro hermanos (Alóag) y el 60 por ciento de una oficina en el edificio Parlamento (Quito), y una furgoneta Carry de 1993.
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