Quito. 27 oct 97. Usted afirma que su gestión es menos
polémica que la del anterior Presidente, pero el caso de Punto
G provocó un fuerte resquebrajamiento...

La función del TSE, como yo la concibo, es la de un gran
árbitro de los procesos electorales. Por lo tanto, debe
respetar a las normas de transparencia y de total
confiabilidad. No encuentro manera de cumplir nuestro trabajo
si no tenemos confianza y confiabilidad, pues nosotros debemos
resolver quiénes son las autoridades. Representamos a los
partidos pero no estamos en función de ellos. Yo he demostrado
una actitud de juez. El tema de publicidad fue siempre
cuestionado. En mayo dejamos insubsistente una adjudicación
hecha por el Tribunal anterior e hicimos un pool de empresas.
Yo propuse crear mecanismos más técnicos para evaluar las
ofertas, como un comité consultor. Al final se decidió
contratar expertos internacionales y un sistema de APA, que es
someter a votación las propuestas.

Con su viaje a Washington, ¿no evadió la responsabilidad?

De ninguna manera porque el propio organismo me envió y porque
confío en el TSE. Ellos tomaron la decisión de los nueve mil
millones. Fueron instancias fuera del TSE las que empezaron a
cuestionar la adjudicación por una supuesta falta de claridad
que yo no comparto. Hubo inquietudes sobre el monto. Si se
incluyeron diez mil millones en el presupuesto no significa
que estábamos obligados a gastarlos. Lo que siempre he dicho
es cuánto necesito invertir para enseñar a votar con el nuevo
sistema.

Sin embargo, la Comisión Anticorrupción no estaba segura de la
transparencia...

Frente a las inquietudes de la Comisión, de la Contraloría y
de la Procuraduría dí total colaboración para la
investigación. Debemos continuar con el proceso de la Asamblea
y de la campaña de difusión. Estamos sujetos a las
verificaciones legales.

El hecho de que usted anunciara esto se interpretó como una
forma para desligarse de las acciones del Pleno. ¿Hasta qué
punto está de acuerdo con lo que se hizo mientras estaba en
Washington?

Coincidió con el viaje la toma de esas decisiones, que yo
respeto.

Usted sostuvo la tesis de reducir el monto del contrato de
Punto G de 5.760 a 4.500 millones. ¿Su actitud fue terminante
en ese sentido?

Yo soy hombre de posiciones firmes. Pero no quería tener un
éxito personal, sino hacer gestiones para rectificar si es
necesario.

¿Cree que hubo maniobras para perjudicar o favorecer a las
agencias? Es el caso de Lasso Marsetti, cercana al Municipio,
a la DP y a usted, la moción de salida fue de Oscar Vinces
(PRE).

Cuando se hicieron las bases hablamos de apertura. No podía
impedir que una empresa que trabaja exitosamente con el
Municipio de Quito intervenga. La descalificación fue ilegal,
porque no es argumento que se haya comprado las bases para un
consorcio. Yo respeto la decisión.

La agencia CPV cuestionó la adjudicación. Afirma que no se
tomó en cuenta el informe de la consultora Lirio Márquez...

Son posiciones de los perdedores. Los asesores son eso,
asesores, que dan criterios para su pronunciamiento. No son
obligatorios ni imperativos.

¿Qué le motivó a renegociar el contrato, aparte de la
reducción de días? ¿Fue la presión de las otras agencias y de
la opinión pública?

El país está en crisis, no disponemos de recursos y
físicamente era imposible hacerlo en los 45 días.
Reconsideramos cuáles eran las necesidades y fue la propia
agencia la replanteó de 5.670 a 4.500 millones.

Hay una preocupación reiterada en estos días, ¿los numerosos
candidatos, 1.700, no confundirá a los votantes?

Queremos que el sistema se consolide. Espero que las
elecciones resulten un buen ejercicio de mecánica electoral.
Los ecuatorianos tienen la posibilidad de hacer sus listas.
Los partidos se esmeraron en integrar sus cuadros y los
candidatos son representativos. Aunque reconocemos que será
más difícil, pero no debemos subestimar al electorado.

En ese caso, sería vital una campaña didáctica, ¿confía en que
Punto G logre enseñar a votar?

Reconozco que la difusión es un aspecto importante. Pero no
solo es responsabilidad del TSE, sino de los partidos, los
movimientos y los medios.La agencia ha hecho un esfuerzo para
contratar gente. Tenemos un espectro de auditorio disperso y
abierto. Creo que el material cumple las expectativas.

La difusión de Punto G fue modificada, con base en las
sugerencias del TSE ¿ no hay garantías?

Creímos que la propuesta de Punto G tenía un problema: el
mensaje era básicamente los hechos del 5 y 6 febrero y no era
un tema nacional, y debíamos buscar un mensaje nacional y
positivo. Se cambió la totalidad de la programación y del
mensaje. La nueva campaña es producto de un trabajo mutuo.

¿Si la campaña se cambió por qué no escogió una oferta más a
tono con lo que quería el TSE?

Era imposible que el TSE recoja las propuestas en paquete. Hay
que tener una apertura para revisar conjuntamente el mensaje y
trabajar de esa manera. No nos quisimos circunscribir al
enlatado original.

Los independientes se quejan, dicen que fueron marginados...

Hay un alto porcentaje de la población que no está empadronada
en la jurisdicción. En Guayas hay un 30 por ciento de otras
provincias. Por medio de los centros de información queremos
que la gente cambie sus domicilios. ¿Es justo que los
independientes queden al margen porque alguien que los ha
apoyado de buena fe no está en el padrón de esa provincia? No
es que se han ido fuera de la provincia, sino que la gente no
está allá. Es una cuestión de participación

¿No debieron prever ese fenómeno al hacer el Reglamento?

No teníamos esta información, y si la teníamos, no en esa
dimensión.

El espíritu de la norma sería evitar que se recojan firmas en
otros lugares. ¿Qué nos garantiza que no se juntaron las
firmas en otras provincias?

La norma lo decía así. Hemos verificado al equipo de muestreo.
Además, es un problema de todas las firmas del Guayas. La
muestra de Guayas es real y la hemos verificado con encuestas
y estudios técnicos.

La organización avanza

Redacciones Quito, Cuenca y Ambato

En los tribunales electorales de Azuay y Tungurahua la
organización para la elección de los asambleístas sigue sin
inconvenientes.

Ante la proximidad de las elecciones los trabajadores de las
instituciones provinciales también laboran los sábados. Es por
eso, en el caso de Azuay que al momento ya están integradas y
organizadas todas la juntas receptoras.

El presidente del Tribunal de Azuay (TEA), Fernando Loyola,
indicó que aún no se define cuándo se publicará en la prensa
los nombres de los servidores públicos que integran las juntas
receptoras.

Entre tanto, el trabajo está adelantado en las parroquias
rurales y en algunos cantones. El TEA entregó, a finales de la
semana, los listados a los tenientes políticos de las
parroquias del cantón Cuenca. A las parroquias de los demás
cantones se les remitirá las listas en este semana.

Para mayor seguridad, el mismo sistema se adoptará en las
instituciones públicas y privadas. Cada gerente o jefe se
encargará de hacer firmar a los empleados de su empresa el
certificado de haber sido notificado. Los miembros de la
juntas deberán en 72 horas, luego de la publicación en la
prensa, recibir el nombramiento.

Para realizar la coordinación el día de las elecciones el TEA
contratará a 109 personas. Una por cada recinto electoral. Los
vocales son los encargados de designar los coordinadores de
sus zonas. Por lo general tiene que ser alguien conocido por
la comunidad (en el caso de las parroquias).

Entre tanto, el funcionamiento de las mesas inteligentes en
las dos provincias continúa con normalidad. Los cambios se
podrán registrar hasta el 30 de octubre, pero las mesas
continuarán informando hasta el día mismo de las elecciones de
asambleístas.

Loyola asegura que en 15 días más ya se sabrá quiénes pierden
los derechos de ciudadanía; "todo está en manos del TSE". Aquí
entre 40 y 50, de los 270 sancionados, apelaron al Tribunal.

Mientras tanto, los movimientos independientes y los partidos
políticos calificados revisan los últimos detalles para
iniciar la promoción de sus candidatos. Durante la semana
anterior algunos presentaron oficialmente a sus representantes
y esta semana lo harán el resto de agrupaciones y
especialmente aquellas que fueron calificadas por el TSE en
último de días de las apelaciones.

Entre los movimientos calificados están: Independiente
Reivindicación Social, Alianza para el Futuro, Independiente
Unificado, de Mujeres de Guayas, Patria Nueva, Fuerza Civil y
Militar Retirados (Funcmi), Manos Limpias, Gente Nueva,
Coalición Nacional de Movimientos Independientes del Ecuador
(Conmide), Coalición de Independientes, Ciudadanos Nuevo País,
Pachakutik, Unidad Nacional, Mujeres de Pichincha, FRA y CFP.
(Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
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