Quito. 10 abr 97. Es difícil comprobar alguna irregularidad
que haya cometido en sus funciones el ex ministro de Energía,
Alfredo Adum; hasta el momento, en las investigaciones que
realiza la Comisión Anticorrupción, sobre la base de informes
de Auditoría Interna de Petroecuador, nada se ha encontrado en
contra del conocido hombre de "cromagñón".

Roberto Azpiazu, miembro de la subcomisión de Energía de la
Comisión Anticorrupción, manifestó que resultará muy difícil
comprobarle algún acto ilegal al ex ministro Adum.

De todo lo que se ha dicho y se ha comentado no existe ni una
sola prueba. El bloque del Movimiento Pachakutik, que ha
anunciado un juicio en contra de Adum, no ha remitido ningún
documento a la Comisión para que se investigara, sostuvo
Azpiazu.

De los informes de Auditoría Interna de Petroecuador,
entregados hasta el momento, se establecen responsabilidades
civiles contra dos ex gerentes de Petrocomercial, Pedro
Martínez y Mario Vera.

El problema se origina en la falta de adecuados controles en
el suministro de derivados y en insuficientes garantías para
ejecutar los cobros de facturas por parte de Petrocomercial a
las compañías comercializadoras Ecuabunkers y Baneybo.

Como resultado de la auditoría se ha fijado dos glosas
presuntivas, que tendrán que ser comprobadas por Contraloría,
una 748 millones y otra por 106 millones de sucres.

Aspiazu reiteró que nada han encontrado en contra de Adum,
quien utilizaba la "presión" ante sus subalternos para que
ellos aparecieran como los responsables de los supuestos
ílicitos. Esta declaración la hizo uno de los dos ex gerentes,
ratificó.

Entre otros asuntos, la subcomisión de Energía investiga un
contrato con la empresa Petromat, por dos millones de dólares,
para el mantenimiento de vehículos de la filial
Petroproducción en la Amazonía.

La empresa Petromat dicen las denuncias, fue favorecida por
el contrato a pesar de que existía un informe que daba cuenta
de una oferta mucho más baja; sin embargo, las actas de las
sesiones del Consejo de Administración no registran el motivo
de por qué se le adjudicó el contrato, detalle que se borró de
los respectivos cassettes de la reunión.

En fuentes allegadas a Petroecuador se conoció que Alfredo
Adum tenia una 'sumilla secreta' para disponer la firma de
contratos y convenios.

Buscan desvanecer descalificaciones

Una conversación entre el ex socialcristiano Rafael Cuesta y
el roldosista Andrés Romo, mantenida la noche del martes en
los pasillos situados alrededor del salón de sesiones del
Congreso, mientras los demás miembros del Plenario de las
Comisiones Legislativas se hallaban en el interior de ese
recinto, dio pie al rumor de que -al menos- los diputados
mencionados en las listas del juzgado 8+ de lo Penal
tratarían de lograr una mayoría para que no se apruebe la
resolución de descalificación.

Mientras el tiempo corre en contra de los potenciales
sancionados, el presidente del Congreso, reiteró ayer que la
descalificación se hará vía aprobación de una resolución en la
que consten los nombres de los diputados implicados.

Para aprobar la resolución solo es necesaria una mayoría
simple de diputados, es decir que en el hipotético caso de que
apenas concurran 42 de los 82 legisladores que integran el
Congreso, únicamente se requerirían 22 votos para proceder a
las descalificaciones.

En los pasillos del Congreso se habla de que podrían ser 15
los diputados que serían descalificados, de acuerdo al disco
duro encontrado en la computadora de la oficina de Luis
Peñaranda.

Según se ha mencionado insistentemente, entre muchos otros, en
el cerebro del ordenador se encontraron los nombres de ese
hermano del ex presidente y del Rafael Cuesta.

Sancionarán a 7 casas de valores

En multas que inician en 10 millones y que van hasta los 100
millones de sucres fueron fijadas las sanciones que el Consejo
Nacional de Valores aplicará a las siete casas de valores, que
negociaron 230 millones de sucres provenientes de fondos del
Banco del Estado (BEDE).

El superintendente de Compañías y presidente del Consejo
Nacional de Valores, Vidal Maspons, sostiene que las
mencionadas entidades financieras "al trabajar con los dineros
del BEDE violaron el artículo 63 de la Ley de Mercado de
valores". Este determina que las entidades del sector público
están en el derecho de negociar sus dineros en el mercado de
capitales; pero que deberán hacerlo exclusivamente a través de
la Bolsa de Valores.

El funcionario prefirió no dar los nombres de las empresas
involucradas en el ilícito, pues sostuvo que esta acción
podría desestabilizar el mercado de valores. Maspons además
aseguró que las sanciones establecidas por el máximo organismo
del comercio de valores se cumplirán al pie de la letra.

Esto según el superintendente de compañías "con el propósito
de demostrar la transparencia con la que el Gobierno Interino
maneja las denuncias de corrupción".

El funcionario además aprovechó la ocasión para informar a la
opinión pública, acerca de la situación por la que atraviesa
actualmente el proceso de intervención a la Bananera Noboa. Al
momento los informes de los dos interventores ya estarían en
manos del superintendente, el mismo que espera pronunciarse al
respecto en el lapso de ocho días.

El lunes habrá más sorpresas

A partir del lunes la comunidad ecuatoriana se sorprenderá
ante todo el escándalo originado por la corrupción en las
aduanas y el perjuicio que significó para el Estado
ecuatoriano, por lo que se hizo en la administración anterior,
dijo Jorge Zavala Egas, asesor de la comisión de Fiscalización
del Congreso.

Zavala dijo que se ha descubierto la forma como funcionaba el
famoso túnel.

Se ha cuantificado el número de contenedores involucrados en
los dos sistemas de fraudes: el túnel y la falsificación
documental. Se puede determinar el número de contenedores, el
valor, y en consecuencia el monto del perjuicio tributario al
país. "Todo esto será objeto de información por parte del
Congreso, yo no puedo anticipar criterios". El lunes por la
mañana será presentado el informe a la comisión de
Fiscalización, para que lo apruebe, y en la tarde, si es
aprobado, al presidente del Congreso, Heinz Moeller. Así se
sabrá quienes fueron los autores de las órdenes e
instrucciones para la construcción del túnel, y por qué se
instruyó la alteración de los sistemas computacionales para
viabilizar las falsificaciones de documentos. (DIARIO HOY) (P.
3-A)
EXPLORED
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