Quito. 23 abr 97. El ex presidente Sixto Durán Ballén puso un
plazo de cien días al Congreso para que incorpore como reformas
a la Constitución los resultados de la consulta popular, el
Parlamento hizo caso omiso de ese plazo; ahora, el presidente
interino, Fabián Alarcón, incorpora como una disposición final
de su consulta, un plazo de 60 días.
Al momento, no existe ninguna disposición legal que determine un
plazo para incorporar a la Carta Política los resultados de una
consulta popular; por ello, Alarcón incluyó en su consulta la
disposición final, que bien podría ser la décimo cuarta pregunta,
que dice: ¿Dispone usted que el Congreso Nacional incorpore como
reformas a la Constitución Política de la República el mandato
de esta consulta, dentro del plazo de 60 días contados a partir
de la fecha de la publicación de los resultados oficiales en el
Registro Oficial?"
Para el constitucionalista Gil Barragán Romero, no se debería
obligar a que un plazo perentorio el Congreso transforme en
reformas constitucionales unas respuestas tan equívocas como las
preguntas que se plantean en esta consulta.
Barragán precisó que la consulta es "alocada", únicamente intenta
legitimar al Gobierno de Alarcón invocando al pueblo con una
serie de preguntas que constituyen un relleno, cuando lo único
que se debió preguntar es si se legitima el Gobierno interino y
si se desea que se convoque a una Asamblea Constitucional.
Wilfrido Lucero, ex presidente del Congreso, dijo que le hubiera
gustado que esa pregunta no conste en el temario que se pondrá
a consideración del pueblo, "porque hay que seguir confiando en
las funciones del Estado y en sus instituciones".
La pregunta aparece como una camisa de fuerza que se le quiere
poner al Congreso Nacional y la importancia de los temas, materia
de reforma constitucional y de los otros temas, no ameritan que
se le ponga a la legislatura plazos, dijo Lucero.
Añadió que, sin embargo de lo dicho, es necesario reconocer que
el Congreso es generalmente moroso en el cumplimiento de sus
deberes y que seguramente sobre la base de esa consideración el
Gobierno le quiere fijar un plazo para que cumpla con esa tarea.
La última pregunta no molesta a los diputados
El hecho de que se le fije un plazo al Congreso Nacional para que
incorpore a la Constitución de la República los resultados de la
consulta no molesta a varios diputados, ya que no consideran a
esa interrogante como una falta de confianza en el trabajo de los
honorables.
"La pregunta no me molesta", expresó Marco Landázuri, diputado
de la Izquierda Democrática. Si se aprueban las reformas es una
obligación del Congreso incluirlas en la Constitución y si señala
un plazo nos veremos contreñidos, dijo.
Landázuri añadió que él cumple con mucha responsabilidad sus
funciones y si existe de por medio un mandato popular se empeñará
en actuar con mayor precisión y oportunidad.
Mientras tanto, Miguel Lluco, legislador de Nuevo País-
Pachakutik, sostuvo que si el pueblo aprueba lo que se le
inquiere, el Congreso, por responsabilidad, debe viabilizar ese
mandato, porque para eso está.
No obstante, el diputado Miguel Lluco insistió en que los temas
planteados en la consulta popular del 25 de mayo, son
"intrascendentes", puesto que el país, este momento, necesita de
cambios profundos.
Comparto la preocupación de gobernabilidad que tiene el
presidente Alarcón, pero insisto en que la consulta es
intrascendente, puntualizó.
El extra tramitará reformas
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso presentará
hoy el informe sobre los temas de reforma a la Carta Política del
Estado, que formarán parte de la agenda del actual período
extraordinario de sesiones.
Ese organismo propondrá temas que no se hallan incluidos en la
consulta popular convocada por el presidente de la República
interino, Fabián Alarcón, para el 25 de mayo próximo, como el
establecimiento de una reforma constitucional que prohíba la
postulación de candidaturas a las personas que hubiesen sido
cesadas durante el desempeño de cargos de elección popular,
manifestó a HOY el diputado socialcristiano y miembro de esa
Comisión legislativa, Gilberto Vaca. Este diputado adelantó que
el informe de la Comisión contendrá la resolución del vacío de
la sucesión presidencial en caso de ausencia definitiva del
presidente de la República y la reducción del período de la
vicepresidenta actual, Rosalía Arteaga, hasta agosto de 1998.
Además, habrá una regulación de los períodos de los alcaldes,
prefectos y diputados nacionales, todos ellos elegidos para un
período de cuatro años, que concluirá en el año 2.000.
La Comisión propondrá que las autoridades que serán elegidas el
último año de este siglo duren, por esa sola vez, hasta el 2.002;
de esa forma se empatarán nuevamente todos los períodos de
ejercicio, según indicó otro miembro de ese organismo.
Renovar el poder político
Con el propósito de explicar los objetivos del proyecto de Ley
económico-urgente de Condonación de Intereses, Multas y de
Rebajas de Impuestos Fiscales, se reunieron ayer con los jefes
de bloque del Congreso, los ministros de Gobierno, César Verduga,
y de Finanzas, Carlos Dávalos.
El proyecto busca normalizar las relaciones entre el fisco y los
contribuyentes que cometieren errores por cualquier
circunstancia, a través del reconocimiento de estos montos con
el pago del capital y no de las multas e intereses. Durante la
reunión reservada, también se habría tratado el tema de la
culminación de los períodos de las autoridades de elección
popular, pues el ministro de Gobierno, César Verduga dijo que "en
1998 deberá renovarse todo el poder político del país". (DIARIO
HOY) (P. 10-A)
plazo de cien días al Congreso para que incorpore como reformas
a la Constitución los resultados de la consulta popular, el
Parlamento hizo caso omiso de ese plazo; ahora, el presidente
interino, Fabián Alarcón, incorpora como una disposición final
de su consulta, un plazo de 60 días.
Al momento, no existe ninguna disposición legal que determine un
plazo para incorporar a la Carta Política los resultados de una
consulta popular; por ello, Alarcón incluyó en su consulta la
disposición final, que bien podría ser la décimo cuarta pregunta,
que dice: ¿Dispone usted que el Congreso Nacional incorpore como
reformas a la Constitución Política de la República el mandato
de esta consulta, dentro del plazo de 60 días contados a partir
de la fecha de la publicación de los resultados oficiales en el
Registro Oficial?"
Para el constitucionalista Gil Barragán Romero, no se debería
obligar a que un plazo perentorio el Congreso transforme en
reformas constitucionales unas respuestas tan equívocas como las
preguntas que se plantean en esta consulta.
Barragán precisó que la consulta es "alocada", únicamente intenta
legitimar al Gobierno de Alarcón invocando al pueblo con una
serie de preguntas que constituyen un relleno, cuando lo único
que se debió preguntar es si se legitima el Gobierno interino y
si se desea que se convoque a una Asamblea Constitucional.
Wilfrido Lucero, ex presidente del Congreso, dijo que le hubiera
gustado que esa pregunta no conste en el temario que se pondrá
a consideración del pueblo, "porque hay que seguir confiando en
las funciones del Estado y en sus instituciones".
La pregunta aparece como una camisa de fuerza que se le quiere
poner al Congreso Nacional y la importancia de los temas, materia
de reforma constitucional y de los otros temas, no ameritan que
se le ponga a la legislatura plazos, dijo Lucero.
Añadió que, sin embargo de lo dicho, es necesario reconocer que
el Congreso es generalmente moroso en el cumplimiento de sus
deberes y que seguramente sobre la base de esa consideración el
Gobierno le quiere fijar un plazo para que cumpla con esa tarea.
La última pregunta no molesta a los diputados
El hecho de que se le fije un plazo al Congreso Nacional para que
incorpore a la Constitución de la República los resultados de la
consulta no molesta a varios diputados, ya que no consideran a
esa interrogante como una falta de confianza en el trabajo de los
honorables.
"La pregunta no me molesta", expresó Marco Landázuri, diputado
de la Izquierda Democrática. Si se aprueban las reformas es una
obligación del Congreso incluirlas en la Constitución y si señala
un plazo nos veremos contreñidos, dijo.
Landázuri añadió que él cumple con mucha responsabilidad sus
funciones y si existe de por medio un mandato popular se empeñará
en actuar con mayor precisión y oportunidad.
Mientras tanto, Miguel Lluco, legislador de Nuevo País-
Pachakutik, sostuvo que si el pueblo aprueba lo que se le
inquiere, el Congreso, por responsabilidad, debe viabilizar ese
mandato, porque para eso está.
No obstante, el diputado Miguel Lluco insistió en que los temas
planteados en la consulta popular del 25 de mayo, son
"intrascendentes", puesto que el país, este momento, necesita de
cambios profundos.
Comparto la preocupación de gobernabilidad que tiene el
presidente Alarcón, pero insisto en que la consulta es
intrascendente, puntualizó.
El extra tramitará reformas
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso presentará
hoy el informe sobre los temas de reforma a la Carta Política del
Estado, que formarán parte de la agenda del actual período
extraordinario de sesiones.
Ese organismo propondrá temas que no se hallan incluidos en la
consulta popular convocada por el presidente de la República
interino, Fabián Alarcón, para el 25 de mayo próximo, como el
establecimiento de una reforma constitucional que prohíba la
postulación de candidaturas a las personas que hubiesen sido
cesadas durante el desempeño de cargos de elección popular,
manifestó a HOY el diputado socialcristiano y miembro de esa
Comisión legislativa, Gilberto Vaca. Este diputado adelantó que
el informe de la Comisión contendrá la resolución del vacío de
la sucesión presidencial en caso de ausencia definitiva del
presidente de la República y la reducción del período de la
vicepresidenta actual, Rosalía Arteaga, hasta agosto de 1998.
Además, habrá una regulación de los períodos de los alcaldes,
prefectos y diputados nacionales, todos ellos elegidos para un
período de cuatro años, que concluirá en el año 2.000.
La Comisión propondrá que las autoridades que serán elegidas el
último año de este siglo duren, por esa sola vez, hasta el 2.002;
de esa forma se empatarán nuevamente todos los períodos de
ejercicio, según indicó otro miembro de ese organismo.
Renovar el poder político
Con el propósito de explicar los objetivos del proyecto de Ley
económico-urgente de Condonación de Intereses, Multas y de
Rebajas de Impuestos Fiscales, se reunieron ayer con los jefes
de bloque del Congreso, los ministros de Gobierno, César Verduga,
y de Finanzas, Carlos Dávalos.
El proyecto busca normalizar las relaciones entre el fisco y los
contribuyentes que cometieren errores por cualquier
circunstancia, a través del reconocimiento de estos montos con
el pago del capital y no de las multas e intereses. Durante la
reunión reservada, también se habría tratado el tema de la
culminación de los períodos de las autoridades de elección
popular, pues el ministro de Gobierno, César Verduga dijo que "en
1998 deberá renovarse todo el poder político del país". (DIARIO
HOY) (P. 10-A)
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