Yugoslavizacion Y Crisis

Quiro. 11 mar 99. La tarde del martes, Luis Mejía, uno de los dos
diputados del Frente Radical Alfarista, lo pronunció por primera
vez en voz alta: el Congreso, dijo, debe suspenderse
voluntariamente y permitir que el presidente de la República asuma
sus funciones, como única manera de resolver la crisis.

La propuesta de Mejía, hecha de la manera más casual y sin mayor
dramatismo, no reflejaba más que el insistente rumor, durante la
última semana, de la posibilidad de que el presidente Jamil Mahuad
decida asumir más funciones de las que la Constitución atribuye al
presidente de la República.

Lo cual plantea un problema político de fondo: la imposibilidad de
manejar la crisis, ante un Congreso incapaz de llegar a un acuerdo
con el Ejecutivo, y un cruce de poderosos intereses financieros, en
medio de la más feroz lucha regional de los últimas décadas, y el
peligro, a mediano plazo, de que el Ecuador se precipite en un
proceso hiperinflacionario, como el que ya vivieron en el pasado
Argentina, Perú o Bolivia.

A estas alturas, es claro que una de las principales opciones del
Gobierno es caminar hacia un proceso futuro de convertibilidad
monetaria, que sustente el valor del sucre en la cantidad de
dólares existentes en la reserva monetaria.

El problema no es la receta, que tiene el apoyo del Partido Social
Cristiano, y que ha sido asesorada por la misma Fundación
Mediterránea, que con Domingo Cavallo, asesorara también al régimen
de Abdalá Bucaram.

El problema son los efectos colaterales. Uno de los presupuestos
básicos de la convertibilidad (y de cualquier receta para salir de
la crisis), es el saneamiento financiero, por el cual los bancos
con más graves problemas deberán pasar al control de la Agencia de
Garantía de Depósitos, para su restructuración, o si ello ya
resulta imposible, su liquidación forzosa.

¿Hasta qué punto ello implica la quiebra de la banca de Guayaquil,
o un sector importante de ella, vinculada políticamente con el
Partido Social Cristiano? ¿Es esa la explicación para que el
presidente del Congreso, Juan José Pons, la mañana del lunes se
negara a tratar la ley de reordenamiento de las finanzas públicas,
considerada por el Gobierno como el gran eje de su reforma
económica?

¿Puede, la quiebra de un gran banco de Guayaquil, traducirse en una
'yugoslavización' de la política ecuatoriana o ser capaz de
terminar en la instalación de un gobierno autoritario al margen del
ordenamiento constitucional?

Es la gran interrogante de estos días. Y la clase política ha
empezado a discutirlo en serio. Ayer, por ejemplo, quince de los
diputados de la Democracia Popular se reunieron en la sede de la
Fundación de Estudios Sociales, para discutir, entre otras cosas,
la idea de Mejía: que el Congreso ceda funciones al Ejecutivo. La
discusión no parece tener salida, pues Jamil Mahuad, según recalcan
los funcionarios de la Presidencia, no está dispuesto a aceptar
ningún esquema que altere la división de funciones.

Lo que no significa necesariamente que todos los actores en juego
sean fieles al mismo esquema. El martes el ministro de Defensa,
José Gallardo, tuvo que rechazar en público los "insistentes
rumores que pretenden desestabilizar el orden jurídico del país" y
condenó "toda acción antipatriótica de quienes ponen sus intereses
personales y de grupo sobre los sagrados intereses de la nación".

Al final, sin embargo, resulta evidente que ningún esquema que pase
por la ruptura del orden constitucional resulta viable., no solo
por la decisión del Presidente de la República, sino porque una
alteración del orden que excluya a cualquiera de los actores
políticos, resultará peor que la enfermedad.

Las acechanzas del impasse político

¿Puede Mahuad jugarse el todo por el todo de cara a la sociedad y
de espaldas a la cúpula del PSC?

La alianza con el partido social cristiano se ha caracterizado por
esperar que las situaciones lleguen al borde del estallido para
concretarse a cualquier precio.

El manido término abstracto de "gobernabilidad" se hace carne, al
fin, en el Ecuador. De la gobernabilidad parece depender este
momento la suerte del país, en los días que vienen.

Los llamados a un acuerdo nacional llegan con condicionamientos,
cuando no con zancadillas. La mayoría -que se vislumbraba a sí
misma como histórica- entre la Democracia Popular y el
socialcristianismo, debe renegociarse cada día. Y como en ningún
momento, la condición regional de los legisladores (por sobre sus
concepciones ideológicas y sus fidelidades partidistas) define
posiciones. Y si la gobernabilidad no se produce en las próximas
horas, las fuerzas contrarias van a hacer imposible una salida
estrictamente constitucional a la crisis económica y financiera.

En este momento, parecería que los contactos entre las diversas
fuerzas políticas están rotos. Los diálogos se han silenciado. La
relación del régimen con las organizaciones de la sociedad,
relación que el Gobierno no alimentó desde el primer día, hoy
confluye en el desentendimiento de un paro nacional. Unos
dirigentes políticos hablan para acusar al régimen, mientras otros
echan a correr rumores que apuntan a un eventual reemplazo
presidencial. Y el silencio en el Gobierno es total.

El lunes pasado, el analista Simón Pachano ya anticipó el peligro
de una salida autoritaria a la crisis, si no existía un acuerdo
nacional. Los días han pasado, y cada vez un acuerdo nacional está
más lejos y toma cuerpo la posible salida autoritaria. ¿Desde qué
vertiente? Un escenario del impasse puede encontrar salida en la
toma del control, por parte del presidente Mahuad del espacio
ejecutivo y legislativo, con dos obstáculos básicos: su debilidad
en el liderazgo y la baja credibilidad pública, a más de la
agudización del conflicto regional.

Si el escenario es una alianza legislativa que ponga en cuestión la
legitimidad del poder de Mahuad, ésta necesitaría incluir al
roldocismo y sumar los votos de los legisladores costeños, con lo
que el enfrentamiento regional se agudizaría. Finalmente, si el
impasse llega al rojo, bien puede entrar en juego una mediación
militar que se parezca a la de febrero de 1996, pero que se
diferencie también en la medida en que busque una salida
propiamente militar a contracorriente del mundo.

¿Podrá el presidente Jamil Mahuad jugarse el todo por un programa
de cara a la sociedad y de espaldas a la cúpula socialcristiana? Y,
¿desde qué programa? ¿Cuenta todavía con un espacio de credibilidad
que le permita hacerlo, o su debilidad toca fondo? ¿Le convendrá al
socialcristianismo buscar la destitución de Mahuad fraguando una
alianza regional con el PRE y con otros diputados costeños? ¿Hay
todavía espacio para la alianza del Gobierno con el
socialcristianismo que, si se mira lo ocurrido en estos seis meses,
se ha caracterizado por esperar a que las situaciones lleguen al
borde del estallido para concretarse a cualquier precio? ¿Está
dispuesto el régimen a pagar ese cualquier precio? ¿Podrá llegar la
crisis al extremo de provocar un impasse insoluble y un "arbitraje"
militar?

La salida autoritaria cuenta a su favor con la debilidad
institucional ecuatoriana. En efecto, la Constitución acabó siendo
el producto de los vaivenes de las alianzas al interior de la
Asamblea. El apego irrestricto a la letra constitucional se quebró
en febrero de 1996, para destituir a Abdalá Bucaram, destituir a
Rosalía Arteaga y elegir a Fabián Alarcón, todo ello en el marco de
una interpretación forzada de la Constitución, sin que se rompiese
la continuidad de la democracia. Las interpretaciones a la ley han
primado sobre la letra de la ley.

Si se suma el impasse dentro de la clase política y de la
fragilidad institucional, la mesa está servida para la
ingobernabilidad. En conclusión, al país le toca agotar hasta la
última pinta de un posible diálogo nacional. (DIARIO HOY). (P. 8-A)