Quito. 24 mar 99. Incluso antes de que Fernando Aspiazu
resuelva el cierre unilateral de su banco, la noche del 21 de
marzo, el Banco del Progreso habÃa entrado en situación
financiera crÃtica. Era un secreto a voces que la entidad
tenÃa serios problemas de liquidez. Aunque los analistas
audaces -siempre anónimos- hablaban de un problema de
solvencia y hasta de deficiencia patrimonial que tenÃa en
jaque al propio Aspiazu, pero también a las autoridades de la
Superintendencia de Bancos y del Banco Central. Pero los
rumores cobraron vida y pronto se convirtieron en una
dramática realidad que estalló en Guayaquil el lunes 22 de
marzo, a las 07:00
El problema inmediato del Banco del Progreso se ubica el 3 de
marzo, cuando el banco de Aspiazu solicitó, por primera vez,
un crédito de liquidez, de acuerdo al art. 24 de la Ley de
Régimen Monetario. El Banco Central accedió al dÃa siguiente y
desembolsó 612 mil millones de sucres, pero dejó un saldo
inmovilizado en cuenta, para cómputo de encaje, por 340 mil
millones de sucres más.
En suma, el Central acumuló un total de crédito por 952 mil
millones de sucres a favor del Progreso, equivalentes al 100%
del patrimonio técnico de ese banco. Hasta ahà todo parecÃa
estar en regla.
Pero el 18 de marzo, los órganos de control de la propia
Superintendencia de Bancos dieron la voz de alerta. En un
informe urgente firmado por Patricio Moreno, intendente
nacional de Bancos y Grupos Financieros, se advierte que el
Banco del Progreso tiene serios problemas para refinanciar sus
créditos con el Banco Central.
"No se conoce la propuesta del Banco del Progreso de la forma
cómo procederá a la cancelación del préstamo otorgado por el
Banco Central, razón por la cual se desconoce la existencia de
fuentes alternas que atenuarÃan sus actuales presiones de
liquidez". Es más, Moreno Huras dejó entrever que las
garantÃas ofrecidas por el banco del grupo Aspiazu no eran muy
sólidas.
"El Banco del Progreso informa haber suscrito un fideicomiso
de carácter inmobiliario a favor del Banco Central, a través
de la Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiducia S.A., cuyo
sustento no ha sido presentado a esta Superintendencia".
Eso no era todo. El panorama del Progreso se hizo más sombrÃo
cuando la propia Intendencia de Bancos dijo el 18 de marzo que
"el actual problema del Banco, más allá de presentar presiones
de liquidez, precisa de una inyección inmediata de recursos
frescos por parte del principal accionista, una recuperación
de los créditos vinculados por propiedad, gestión y
presunción, a fin de que la carencia de recursos no le
conduzca a una afectación de la solvencia patrimonial, mucho
más cuando la entidad únicamente se ha capitalizado vÃa
reinversión de utilidades".
Conclusión: la Superintendencia de Bancos advirtió la semana
pasada que se avecinaba no solo un serio problema de liquidez,
sino una potencial crisis de solvencia del Banco del Progreso,
a menos que haya una inyección directa de capital fresco, cosa
que, finalmente, nunca ocurrió.
¿A qué se refiere Moreno Huras cuando recomienda que el
Progreso recupere los créditos vinculados? ¿Cuántos y cuáles
son los beneficiarios de tales créditos? ¿A cuánto asciende la
cartera de crédito vinculado?
Estas preguntas se hicieron durante las semanas anteriores
todas las autoridades de control del sistema bancario, y
constan en algunos documentos internos de la Superintendencia
de Bancos, de la Junta Bancaria, de la Agencia de GarantÃa de
Depósitos y del Banco Central.
El mismo 18 de marzo, la Superintendencia de Bancos inició una
investigación sin precedentes en las entrañas del Banco del
Progreso. El objetivo: averiguar qué ocurre exactamente con
los 100 deudores únicos del Banco (que no tienen referencias
de crédito en otros bancos del paÃs).
Luego de la investigación in situ (en la matriz de Guayaquil),
la JB determinó que "de la revisión de los expedientes de los
cien deudores, se establece que 86 sujetos de crédito son
vinculados con la entidad bancaria por presunción, por un
monto de riesgos que asciende a 1.665.712MM (o sea, 1,67
billones de sucres. ndlr), que representa el 25,84% con
relación al total de la cartera y contingentes que al 31 de
diciembre de 1998 es de 6.445.094MM (6,45 billones de sucres.
ndlr)".
De acuerdo con la ley, el monto máximo de créditos vinculados
que podÃa otorgar el Progreso, a esa fecha, era menor a los
600 mil millones de sucres. Es decir, los directivos del Banco
excedieron en un 200 por ciento los lÃmites legales. Este
Diario no pudo establecer si las autoridades ejecutaron la
multa (10% del monto del crédito vinculado).
Otro problema por clarificar: la inversión del Progreso por
USD 180 millones en Bonos Brady del Ecuador. Se desconoce el
valor de esos papeles en libros, pues nunca fueron presentados
a operaciones de reporto en el Banco Central para obtener
liquidez.
El Central opina...
El primer crédito * El 3 de marzo pasado, el Banco del
Progreso solicitó un préstamo de liquidez y fue concedido el
mismo dÃa. Una parte de estos recursos debÃan estar, por ley,
inmovilizados.
El nuevo pedido * El 16 de marzo, el Banco del Progreso pidió
movilizar esos recursos y consolidar la totalidad de su deuda
en mejores condiciones. El Central solicitó a la
Superintendencia de Bancos el informe para decidirlo.
La respuesta * El informe anterior fue recibido el 18 de marzo
y fue favorable, pero exigÃa que el Banco se capitalice. Pero
horas más tarde, el Progreso pidió únicamente la movilidad de
recursos.
La autorización * El BC dio el visto bueno para movilizar una
parte de los recursos y pidió a la S. de Bancos que, en un
dÃa, se aclaren puntos del informe enviado para movilizar el
saldo restante.
El fin de semana * El Banco del Progreso solicitó recursos
adicionales para ser desembolsados el 22 de marzo pasado. Pero
antes que el Directorio del BC se reúna para tratar la
solicitud, la institución cerró sus puertas.
Finanzas
En señal de dar confianza se sometió al arraigo ante la
Intendencia del Guayas
El cuarto Banco en recapitalizar
Redacciones Guayaquil
La calma volvió ayer a Guayaquil tras el agitado lunes, a raÃz
del cierre del Banco del Progreso. Las manifestaciones frente
a las agencias terminaron y las sucursales cerradas eran
vigiladas por máximo dos guardias.
Ayer, un dÃa después de la decisión de la Junta Bancaria (JB)
de ponerlo en proceso de reestructuración, el superintendente
de Bancos, Jorge Egas Peña, aclaró sobre la actividad de este
Banco en los próximos 45 dÃas, plazo en que debe
recapitalizarse.
El pedido del presidente ejecutivo del Banco del Progreso,
Fernando Aspiazu, no es nuevo. Lo habÃa hecho 10 dÃas atrás y
habÃa planteado al Directorio del Banco Central del Ecuador
(BCE), un tiempo de 60 dÃas para hacerlo.
Egas puntualizó que hasta ahora no se ha castigado ninguna
acción y que el Banco no está bajo administración de la
Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), por ello Aspiazu sigue
al frente y dirigirá la capitalización. No obstante, hay un
detalle: la auditorÃa internacional que se contratará será la
que determine el monto que se tenga que capitalizar.
El Superintendente señaló que al momento de emitir el informe
favorable sobre el pedido de crédito de liquidez, señalado en
el artÃculo 24 de la Ley de Régimen Monetario, el Banco
cumplÃa con el requerimiento del 9 por ciento de patrimonio
técnico.
Reconoció que la decisión de poner al Progreso en
reestructuración se tomó en función de una interpretación que
se dio a la situación de cesación de pagos y cierre de puertas
que, según la legislación bancaria, implicaba la liquidación y
el ingreso a proceso de saneamiento. Pero se interpretó que la
cesación de pagos se debió a que el BCE no entregó
oportunamente los fondos.
Aspiazu, en su comunicado del lunes, expresó que en el
transcurso de los últimos meses el Banco sufrió retiro de
depósitos por 750 mil millones de sucres y 250 mil millones de
sucres de la banca off shore, un drenaje muy fuerte para
cualquier entidad financiera.
Banco del Progreso serÃa la cuarta institución financiera en
intentar la capitalización en el último año. Primero fue
Solbanco que tuvo éxito cuando sus mayores inversionistas
capitalizaron un porcentaje sustancial de sus inversiones y
congelaron voluntariamente los saldos por el perÃodo de un
año. El Banco fue rehabilitado en abril de 1998.
Banco de Préstamos, cerrado en agosto pasado lo intentó sin
lograrlo, aunque ayer el Congreso aprobó su paso a la AGD (ver
página B3). Banco del Tungurahua tampoco pudo recapitalizarse
y entró en saneamiento en diciembre pasado.
Egas precisó que el 29 de marzo se entregarán los depósitos de
ahorro, pero respetando el congelamiento, o sea, los
ahorristas solo podrán retirar hasta un 50 por ciento del
saldo que quede de los 5 millones de sucres, que el Gobierno
autorizó. Los fondos para los pagos al clientes provendrán del
saldo de 340 mil millones, de un crédito de liquidez.
Hasta tanto, Aspiazu aseguró que no saldrá del paÃs. Ayer a
las 18:45 se presentó ante el Intendente de PolicÃa de Guayas,
Juan Bermúdez, para entregar una comunicación donde se somete
voluntariamente al arraigo.
Entregó su pasaporte y pidió a Bermúdez que se comunique a
toda la PolicÃa, en virtud de dar una señal de confianza a los
clientes a quienes invitó a participar en la capitalización,
para lo que se comprometió a responder con todos sus activos y
patrimonio. Señaló, además, que la intervención de León Febres
Cordero no fue en defensa de los accionistas sino de los
clientes.
Asimismo negó que solicitó dÃas atrás al Central un plazo para
la capitalización y ratificó su acusación de que el Emisor
demoraba la entrega de recursos. Por ejemplo, "cuando tenÃa
que hacerlo a las 08:00 lo hacÃa a mediodÃa, generando
incertidumbre".
Entidades
Los certificados de depósito negociados en las bolsas de
valores en polémica
Inversión: su destino no está claro
La Ley de Descentralización y Participación Social en sus
artÃculos 34 y 35 obliga a los personeros de las entidades del
sector público a invertir en partes iguales en las
instituciones del sistema financiero nacional. De esta manera
el 50 por ciento de estos capitales deberá estar en la
entidades de la Costa y Región Insular y el otro 50 por ciento
en las regiones Sierra y Amazónica.
Desde el 24 de febrero de 1999 varios grupos (polÃticos y
empresariales) han venido reclamando por el cumplimiento de
dicha Ley. Es más, este lunes, el Banco del Progreso, adujo al
supuesto incumplimiento de esta norma como uno de los
elementos para los problemas de dicha entidad.
La preocupación sobre este tema llegó incluso, dÃas antes, al
Congreso Nacional, donde el diputado socialcristiano, Xavier
Neira encabezó una investigación sobre el tema.
La información presentada por el Banco Central del Ecuador
(BCE), entidad encargada de recolectar dichos datos, presenta
que en enero y febrero del presente año, el 54,14 por ciento
de las inversiones se realizó en la Costa y el 43,86 en la
Sierra.
Pero, en los cuadros presentados por el Central, las entidades
del sector público se encuentran bajo rubros agregados. Tan
solo el Banco del Estado aparece individualmente. De allÃ,
Neira deduce que dicha entidad no cumple con lo dispuesto por
la Ley.
El diputado, sostiene que según información proporcionada por
la Bolsa de Valores de Guayaquil, el porcentaje de los motos
negociados por el Banco del Estado correspondiente a la Costa
es de 10,92, mientras que en la Sierra existe un 89,03.
Pero, según el Banco del Estado, hay un error en dicha
información. "La Bolsa de Valores de Guayaquil informa en su
último informe mensual de operaciones del Sector público que
el Banco del Estado distribuyó equitativamente los montos de
sus negociaciones".
Estos valores, correspondientes al perÃodo de enero a febrero
del 99, serÃan el 49,0 por ciento para la región Costa y el 51
por ciento para la Sierra. Por un valor de 30 895 millones de
sucres. (Texto tomado de El Comercio)
resuelva el cierre unilateral de su banco, la noche del 21 de
marzo, el Banco del Progreso habÃa entrado en situación
financiera crÃtica. Era un secreto a voces que la entidad
tenÃa serios problemas de liquidez. Aunque los analistas
audaces -siempre anónimos- hablaban de un problema de
solvencia y hasta de deficiencia patrimonial que tenÃa en
jaque al propio Aspiazu, pero también a las autoridades de la
Superintendencia de Bancos y del Banco Central. Pero los
rumores cobraron vida y pronto se convirtieron en una
dramática realidad que estalló en Guayaquil el lunes 22 de
marzo, a las 07:00
El problema inmediato del Banco del Progreso se ubica el 3 de
marzo, cuando el banco de Aspiazu solicitó, por primera vez,
un crédito de liquidez, de acuerdo al art. 24 de la Ley de
Régimen Monetario. El Banco Central accedió al dÃa siguiente y
desembolsó 612 mil millones de sucres, pero dejó un saldo
inmovilizado en cuenta, para cómputo de encaje, por 340 mil
millones de sucres más.
En suma, el Central acumuló un total de crédito por 952 mil
millones de sucres a favor del Progreso, equivalentes al 100%
del patrimonio técnico de ese banco. Hasta ahà todo parecÃa
estar en regla.
Pero el 18 de marzo, los órganos de control de la propia
Superintendencia de Bancos dieron la voz de alerta. En un
informe urgente firmado por Patricio Moreno, intendente
nacional de Bancos y Grupos Financieros, se advierte que el
Banco del Progreso tiene serios problemas para refinanciar sus
créditos con el Banco Central.
"No se conoce la propuesta del Banco del Progreso de la forma
cómo procederá a la cancelación del préstamo otorgado por el
Banco Central, razón por la cual se desconoce la existencia de
fuentes alternas que atenuarÃan sus actuales presiones de
liquidez". Es más, Moreno Huras dejó entrever que las
garantÃas ofrecidas por el banco del grupo Aspiazu no eran muy
sólidas.
"El Banco del Progreso informa haber suscrito un fideicomiso
de carácter inmobiliario a favor del Banco Central, a través
de la Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiducia S.A., cuyo
sustento no ha sido presentado a esta Superintendencia".
Eso no era todo. El panorama del Progreso se hizo más sombrÃo
cuando la propia Intendencia de Bancos dijo el 18 de marzo que
"el actual problema del Banco, más allá de presentar presiones
de liquidez, precisa de una inyección inmediata de recursos
frescos por parte del principal accionista, una recuperación
de los créditos vinculados por propiedad, gestión y
presunción, a fin de que la carencia de recursos no le
conduzca a una afectación de la solvencia patrimonial, mucho
más cuando la entidad únicamente se ha capitalizado vÃa
reinversión de utilidades".
Conclusión: la Superintendencia de Bancos advirtió la semana
pasada que se avecinaba no solo un serio problema de liquidez,
sino una potencial crisis de solvencia del Banco del Progreso,
a menos que haya una inyección directa de capital fresco, cosa
que, finalmente, nunca ocurrió.
¿A qué se refiere Moreno Huras cuando recomienda que el
Progreso recupere los créditos vinculados? ¿Cuántos y cuáles
son los beneficiarios de tales créditos? ¿A cuánto asciende la
cartera de crédito vinculado?
Estas preguntas se hicieron durante las semanas anteriores
todas las autoridades de control del sistema bancario, y
constan en algunos documentos internos de la Superintendencia
de Bancos, de la Junta Bancaria, de la Agencia de GarantÃa de
Depósitos y del Banco Central.
El mismo 18 de marzo, la Superintendencia de Bancos inició una
investigación sin precedentes en las entrañas del Banco del
Progreso. El objetivo: averiguar qué ocurre exactamente con
los 100 deudores únicos del Banco (que no tienen referencias
de crédito en otros bancos del paÃs).
Luego de la investigación in situ (en la matriz de Guayaquil),
la JB determinó que "de la revisión de los expedientes de los
cien deudores, se establece que 86 sujetos de crédito son
vinculados con la entidad bancaria por presunción, por un
monto de riesgos que asciende a 1.665.712MM (o sea, 1,67
billones de sucres. ndlr), que representa el 25,84% con
relación al total de la cartera y contingentes que al 31 de
diciembre de 1998 es de 6.445.094MM (6,45 billones de sucres.
ndlr)".
De acuerdo con la ley, el monto máximo de créditos vinculados
que podÃa otorgar el Progreso, a esa fecha, era menor a los
600 mil millones de sucres. Es decir, los directivos del Banco
excedieron en un 200 por ciento los lÃmites legales. Este
Diario no pudo establecer si las autoridades ejecutaron la
multa (10% del monto del crédito vinculado).
Otro problema por clarificar: la inversión del Progreso por
USD 180 millones en Bonos Brady del Ecuador. Se desconoce el
valor de esos papeles en libros, pues nunca fueron presentados
a operaciones de reporto en el Banco Central para obtener
liquidez.
El Central opina...
El primer crédito * El 3 de marzo pasado, el Banco del
Progreso solicitó un préstamo de liquidez y fue concedido el
mismo dÃa. Una parte de estos recursos debÃan estar, por ley,
inmovilizados.
El nuevo pedido * El 16 de marzo, el Banco del Progreso pidió
movilizar esos recursos y consolidar la totalidad de su deuda
en mejores condiciones. El Central solicitó a la
Superintendencia de Bancos el informe para decidirlo.
La respuesta * El informe anterior fue recibido el 18 de marzo
y fue favorable, pero exigÃa que el Banco se capitalice. Pero
horas más tarde, el Progreso pidió únicamente la movilidad de
recursos.
La autorización * El BC dio el visto bueno para movilizar una
parte de los recursos y pidió a la S. de Bancos que, en un
dÃa, se aclaren puntos del informe enviado para movilizar el
saldo restante.
El fin de semana * El Banco del Progreso solicitó recursos
adicionales para ser desembolsados el 22 de marzo pasado. Pero
antes que el Directorio del BC se reúna para tratar la
solicitud, la institución cerró sus puertas.
Finanzas
En señal de dar confianza se sometió al arraigo ante la
Intendencia del Guayas
El cuarto Banco en recapitalizar
Redacciones Guayaquil
La calma volvió ayer a Guayaquil tras el agitado lunes, a raÃz
del cierre del Banco del Progreso. Las manifestaciones frente
a las agencias terminaron y las sucursales cerradas eran
vigiladas por máximo dos guardias.
Ayer, un dÃa después de la decisión de la Junta Bancaria (JB)
de ponerlo en proceso de reestructuración, el superintendente
de Bancos, Jorge Egas Peña, aclaró sobre la actividad de este
Banco en los próximos 45 dÃas, plazo en que debe
recapitalizarse.
El pedido del presidente ejecutivo del Banco del Progreso,
Fernando Aspiazu, no es nuevo. Lo habÃa hecho 10 dÃas atrás y
habÃa planteado al Directorio del Banco Central del Ecuador
(BCE), un tiempo de 60 dÃas para hacerlo.
Egas puntualizó que hasta ahora no se ha castigado ninguna
acción y que el Banco no está bajo administración de la
Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD), por ello Aspiazu sigue
al frente y dirigirá la capitalización. No obstante, hay un
detalle: la auditorÃa internacional que se contratará será la
que determine el monto que se tenga que capitalizar.
El Superintendente señaló que al momento de emitir el informe
favorable sobre el pedido de crédito de liquidez, señalado en
el artÃculo 24 de la Ley de Régimen Monetario, el Banco
cumplÃa con el requerimiento del 9 por ciento de patrimonio
técnico.
Reconoció que la decisión de poner al Progreso en
reestructuración se tomó en función de una interpretación que
se dio a la situación de cesación de pagos y cierre de puertas
que, según la legislación bancaria, implicaba la liquidación y
el ingreso a proceso de saneamiento. Pero se interpretó que la
cesación de pagos se debió a que el BCE no entregó
oportunamente los fondos.
Aspiazu, en su comunicado del lunes, expresó que en el
transcurso de los últimos meses el Banco sufrió retiro de
depósitos por 750 mil millones de sucres y 250 mil millones de
sucres de la banca off shore, un drenaje muy fuerte para
cualquier entidad financiera.
Banco del Progreso serÃa la cuarta institución financiera en
intentar la capitalización en el último año. Primero fue
Solbanco que tuvo éxito cuando sus mayores inversionistas
capitalizaron un porcentaje sustancial de sus inversiones y
congelaron voluntariamente los saldos por el perÃodo de un
año. El Banco fue rehabilitado en abril de 1998.
Banco de Préstamos, cerrado en agosto pasado lo intentó sin
lograrlo, aunque ayer el Congreso aprobó su paso a la AGD (ver
página B3). Banco del Tungurahua tampoco pudo recapitalizarse
y entró en saneamiento en diciembre pasado.
Egas precisó que el 29 de marzo se entregarán los depósitos de
ahorro, pero respetando el congelamiento, o sea, los
ahorristas solo podrán retirar hasta un 50 por ciento del
saldo que quede de los 5 millones de sucres, que el Gobierno
autorizó. Los fondos para los pagos al clientes provendrán del
saldo de 340 mil millones, de un crédito de liquidez.
Hasta tanto, Aspiazu aseguró que no saldrá del paÃs. Ayer a
las 18:45 se presentó ante el Intendente de PolicÃa de Guayas,
Juan Bermúdez, para entregar una comunicación donde se somete
voluntariamente al arraigo.
Entregó su pasaporte y pidió a Bermúdez que se comunique a
toda la PolicÃa, en virtud de dar una señal de confianza a los
clientes a quienes invitó a participar en la capitalización,
para lo que se comprometió a responder con todos sus activos y
patrimonio. Señaló, además, que la intervención de León Febres
Cordero no fue en defensa de los accionistas sino de los
clientes.
Asimismo negó que solicitó dÃas atrás al Central un plazo para
la capitalización y ratificó su acusación de que el Emisor
demoraba la entrega de recursos. Por ejemplo, "cuando tenÃa
que hacerlo a las 08:00 lo hacÃa a mediodÃa, generando
incertidumbre".
Entidades
Los certificados de depósito negociados en las bolsas de
valores en polémica
Inversión: su destino no está claro
La Ley de Descentralización y Participación Social en sus
artÃculos 34 y 35 obliga a los personeros de las entidades del
sector público a invertir en partes iguales en las
instituciones del sistema financiero nacional. De esta manera
el 50 por ciento de estos capitales deberá estar en la
entidades de la Costa y Región Insular y el otro 50 por ciento
en las regiones Sierra y Amazónica.
Desde el 24 de febrero de 1999 varios grupos (polÃticos y
empresariales) han venido reclamando por el cumplimiento de
dicha Ley. Es más, este lunes, el Banco del Progreso, adujo al
supuesto incumplimiento de esta norma como uno de los
elementos para los problemas de dicha entidad.
La preocupación sobre este tema llegó incluso, dÃas antes, al
Congreso Nacional, donde el diputado socialcristiano, Xavier
Neira encabezó una investigación sobre el tema.
La información presentada por el Banco Central del Ecuador
(BCE), entidad encargada de recolectar dichos datos, presenta
que en enero y febrero del presente año, el 54,14 por ciento
de las inversiones se realizó en la Costa y el 43,86 en la
Sierra.
Pero, en los cuadros presentados por el Central, las entidades
del sector público se encuentran bajo rubros agregados. Tan
solo el Banco del Estado aparece individualmente. De allÃ,
Neira deduce que dicha entidad no cumple con lo dispuesto por
la Ley.
El diputado, sostiene que según información proporcionada por
la Bolsa de Valores de Guayaquil, el porcentaje de los motos
negociados por el Banco del Estado correspondiente a la Costa
es de 10,92, mientras que en la Sierra existe un 89,03.
Pero, según el Banco del Estado, hay un error en dicha
información. "La Bolsa de Valores de Guayaquil informa en su
último informe mensual de operaciones del Sector público que
el Banco del Estado distribuyó equitativamente los montos de
sus negociaciones".
Estos valores, correspondientes al perÃodo de enero a febrero
del 99, serÃan el 49,0 por ciento para la región Costa y el 51
por ciento para la Sierra. Por un valor de 30 895 millones de
sucres. (Texto tomado de El Comercio)
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