La Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) seguirá con la subasta de cartera reestructurada de los bancos cerrados, dentro de los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esa cartera asciende a 33,6 millones de dólares y estuvo a cargo de la Unidad de Reestructuración de Créditos (URC) de la Super-intendencia de Bancos y del negociador único, el ´zar de las deudas´, Roberto Toso.
Empero, de ese monto, en la subasta, solo se considerarán 2,5 millones de dólares que corresponden a 20 clientes que tienen una calificación ´A´ sobre sus créditos, informó el gerente técnico de la Agencia, Byron Villagómez.
La AGD bajó el monto a subastarse, debido a que en el informe de la firma mexicana Thesis que estudió esa cartera, se sostiene que no existen los documentos de respaldo sobre las garantÃas de pago.
De allà que el objetivo es efectuar la subasta parcial de la cartera hasta el 30, para cumplir los plazos acordados con el FMI en la Carta de Intención.
Sobre su labor, Toso dijo que se inició en agosto del 2002 y se completó "exitosamente" en el siguiente diciembre, tarea asistida y supervisada por la Superintendencia y la URC.
"La decisión de negociar un acuerdo de reestructuración o de declarar fallido un caso se basó estrictamente en criterios técnicos de capacidad de pago del deudor, internacionalmente aceptados".
Aclaró que "la instrumentalización, documentación y cobranza de los acuerdos de reestructuración, asà como las coactivas sobre los casos declarados fallidos no fue responsabilidad del representante único sino de las entidades en liquidación".
Chemonics International Inc., firma que llevó adelante el proceso de reestructuración, para la cual trabajó Toso y el equipo de extranjeros que lo acompañó, "asumió su tarea como si cada miembro actuara en su propio paÃs: con respeto, seriedad, profesionalismo, transparencia, abnegación y con verdadero sentido de misión".
Sobre los problemas de claridad en las cuentas que lleva la AGD sobre los bancos cerrados en sus manos, la actual gerenta, Wilma Salgado, ha dicho que "es una pena que se haya manejado asà la información".
Ahora la Agencia trabaja en un convenio con el Banco Central del Ecuador (BCE), entidad que le provee su tecnologÃa informática para llevar ordenadamente las cuentas. "El Central le ofreció desde hace tres años su tecnologÃa a la AGD para que pueda manejar adecuadamente la información y no se lo aceptó. Con las facilidades tecnológicas que existen ahora no se justifica que haya habido tanto desorden".
Con base en procesos coactivos, la actual Gerenta ha recuperado 4,6 millones en efectivo y papeles y 197,8 millones en planes de reestructuración.
Alejandro Peñafiel y la Agencia cruzan cuentas
La Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) y Alejandro Peñafiel revisan una a una las cuentas que la primera dice que el ex banquero le adeuda.
Una vez que la Agencia publicó los nombres de los deudores, donde constan empresas de Peñafiel, se contactaron. Mas el sábado, la AGD publicó en la prensa otra lista de 235 firmas que menciona como "vinculadas y relacionadas" al ex dueño del Banco de Préstamos.
La gerenta de la AGD, Wilma Salgado, explicó que esta última lista, que suma 141,68 millones de dólares, corresponde a deudas que Peñafiel tenÃa con el Banco Central, cuando éste le entregó recursos al de Préstamos, para respaldo de los depositantes. El ex banquero aclaró que no se trata de "deudas escondidas", sino de activos que se entregaron al Central en garantÃa por sus créditos.
Sostuvo que esas deudas ya están pagadas. Es más, existe un "vuelto" pendiente, puesto que los valores de esos activos entregados resultaron mayores a lo adeudado. El empresario dijo ayer -desde la cárcel- que calcula que se trata de unos 100 millones de dólares.
Salgado coincidió en que se ha decidido revisar cuenta por cuenta para clarificar saldos. Peñafiel estimó que adeuda a la AGD alrededor de 44 millones, pero en otro tipo de rubros.
La aprobación de la primera revisión del FMI se aplaza
El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) postergó el análisis de la primera revisión del Programa Económico de Ecuador. Estaba previsto hacerlo mañana en Washington.
El ministro de EconomÃa, Mauricio Pozo y el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), Mauricio Yépez, informaron que el Directorio del FMI prevé reunirse en la primera quincena de julio para tratar el caso ecuatoriano.
Pozo no cree que haya dificultad para aprobar la revisión de la misión técnica del organismo, entre el 30 de abril y el 16 de mayo. El visto bueno del Directorio, permitirá acceder a 42 millones de dólares -segundo tramo del crédito "stand by" por 205 millones de dólares-.
Tras la revisión de los técnicos y la visita de la primera subdirectora gerenta del FMI, Anne Krueger, a Ecuador, Pozo viajó a Washington para elaborar un texto complementario de la Carta de Intención.
Allà se estableció que la eliminación del subsidio al gas no era una prioridad del Gobierno para este año. El secretario de Planificación, Augusto Barrera, confirmó que la subida del precio no se ejecutará en lo que resta del presente año.
Además, la nueva meta de crecimiento oscila entre 3,0 y 3,5 por ciento. La inicial era entre 3,5 y 4,0. Pozo reiteró que los otros indicadores macroeconómicos para el 2003 se mantienen (la inflación se estima del seis al ocho por ciento).
Uno de los elementos clave que pesará en la aprobación del FMI es el acuerdo con el Club de ParÃs. El Gobierno llegó a un convenio para el pago de los vencimientos de la deuda con ese organismo por 82 millones de dólares.
El Ministro de EconomÃa advierte un crecimiento de las exportaciones, lo que permitirá tener un impacto negativo en la balanza comercial del cuatro y ya no del cinco por ciento sobre el Producto Interno Bruto (PIB), hasta fin de año.
El jueves el Gobierno tiene previsto firmar un acuerdo con el Banco Mundial (BM), para recibir una asistencia financiera de 1 050 millones de dólares para los próximos cuatro años. Para ello llegará al paÃs el vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, David de Ferranti, con el propósito de suscribir el acuerdo.