Las instalaciones de las compañías Sico, Protexpla, Andinasa, Fabricosa y la Industria Pesquera Jambelí pasaron a manos de la Agencia.

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) intervino ayer cinco empresas deudoras, en Guayaquil, durante el segundo día de incautaciones.

En el operativo participaron 20 policías y cinco patrulleros. Ellos recibieron la instrucción de esperar afuera de la Agencia de Garantía de Depósitos hasta que llegara la gerente, Wilma Salgado.

La funcionaria arribó a la ciudad a las 09h00.
Minutos después el dispositivo de seguridad y el sonido de las sirenas daban inicio al operativo.

El gerente nacional de coactivas, Carlos Fernando Chiriboga, y el coronel Santiago Hidalgo habían preparado el cronograma la noche del lunes.

A las 10h37 salió el patrullero junto con un Toyota Land Cruiser, en el que iba Salgado, con destino a la empresa Sico S.A., ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena. En las instalaciones, los empleados de la distribuidora Automotores Kimsa, concesionario que funciona desde hace un mes en el edificio de Sico, atendían de forma normal. Pero al ver la presencia de patrulleros que ingresaban a los predios, optaron por refugiarse en oficinas y baños.

Carlos Mora, gerente de ventas de Kimsa, no estaba en el lugar. Se enteró de la intervención de la Agencia mientras realizaba un trámite bancario. Al sitio llegó César Pazmiño, asesor jurídico de Sico, quien trató de explicar a la gerente de la AGD, “que estaban cumpliendo con las obligaciones”.

La justificación no tuvo efecto y Víctor Pazmiño, delegado de la Agencia, quedó como interventor.

A las 10h50 el operativo continuó unos metros más allá con las compañías Protexpla, Andinasa y Fabricosa, que operan en el mismo lugar. No estaban trabajadores ni funcionarios o dueños. Lo único que había en el sitio era maquinarias.

Inmediatamente la Policía recibió una nueva instrucción ante una llamada telefónica. Julio Hidalgo, representante de la Industria Pesquera Jambelí, se había comunicado para indicar que se abrirían las puertas de las oficinas, en Colombia y José Urbina Viteri, al sur de Guayaquil.

El operativo, en el que no estaba programado ingresar a la pesquera, se dirigió a ese sector de la ciudad.

Una noche antes (el lunes) se logró intervenir las instalaciones de esta compañía en Posorja. Allí se detuvo una flota de tres barcos, uno de ellos nuevo. Una cuarta embarcación se encontraba en faenas de pesca, pero se dejó una notificación para intervenir ese bien, explicó Santiago Hidalgo, jefe del operativo.

Mientras tanto, ayer por la tarde, en la AGD, se elaboraba una lista actualizada de las empresas intervenidas.

Salgado: 3.000 clientes acudieron a negociar

Un informe de Contraloría revela que existen 1.000 millones de dólares en cartera (deuda) escondida, aseguró ayer la gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado.

“Originalmente cuando llegué a la AGD me hablaron de 1.700 millones de dólares (...). Estos 1.000 millones adicionales no se han estado cobrando”, agregó.

La funcionaria informó que de los 5.490 deudores que se citaron para que se acerquen a cancelar sus obligaciones, unos 3.000 acudieron a las oficinas de la Agencia. En el caso de los otros morosos (más de 2.400) se empezará la coactiva (cobro por la vía judicial). Reconoció que existieron casos en los que no se pudo cumplir con la incautación, aunque dijo que eran “aislados”.

Hacienda de Peñafiel, inventariada

Ayer, 47 trabajadores contratados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) realizaban el inventario de los objetos, animales y construcciones que se encontraban en la hacienda criadero El Rosario, propiedad de Alejandro Peñafiel, ex dueño del Banco de Préstamos.

La hacienda de 170 hectáreas, en donde se levantan una casa mansión color concho de vino, la casa hacienda, caballerizas, piscina, entre otras edificaciones, fue tomada por la AGD la tarde del lunes pasado.

Se trata de uno de los bienes que en mejor estado ha encontrado la AGD, desde anteayer, cuando inició intervenciones a las empresas y bienes de ex banqueros y morosos de la banca cerrada.

En el sitio, ubicado en Tambillo (Pichincha), se podían apreciar: cuatro minicaballos argentinos cuyo valor se calcula en 6.000 dólares cada uno, una colección de pinturas del maestro Oswaldo Viteri, un billar, entre otros.

Héctor Sánchez, el incautador oficial, dijo sentirse sorprendido. “Evidentemente aquí se encuentra el dinero del pueblo”, comentó.

El funcionario tiene la disposición de salir de esa propiedad, solamente si recibe una orden firmada por la gerente de la AGD, en la que se indique que Peñafiel arregló su deuda de 5 millones de dólares.

Sin embargo, María Fernanda Peñafiel, hermana del ex banquero, y el asesor financiero, Ramiro Garzón, dijeron que pese a las acciones de la AGD en contra de las empresas y bienes de la familia, continuarán arreglando sus deudas.

Garzón aseguró que la administración de Salgado ha sido la única que les ha permitido analizar los balances, en los cuales se demostraría que Peñafiel no es deudor de la Agencia.

Productores agrícolas rechazan proceso de incautación

Productores de banano, arroz, maíz, cacao, soya y mango fueron notificados, desde la semana pasada, de que a sus plantaciones se les aplicará la coactiva, según denunciaron ayer representantes de los sectores agropecuarios.

El presidente de la Cámara de Agricultura de la II Zona, Simón Cañarte, rechazó este proceso argumentando que el sector agropecuario firmó –el 20 de mayo pasado– un acuerdo con el Gobierno, a través del cual se suspendieron por 180 días las acciones legales de las instituciones financieras por préstamos impagos.

El cobro de las deudas por la vía judicial a los productores no solo lo notificó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), sino Filanbanco y la Corporación Financiera Nacional (CFN), indicó Héctor Romero Tanca, presidente de la Corporación Nacional de Bananeros (Conaban).

Estos dirigentes recordaron que la semana pasada entregaron al ministro de Agricultura, Luis Macas, el proyecto financiero forestal que consiste en sembrar bosques para venderlos y con esos recursos pagar las deudas.

Justificaron la falta de pago de obligaciones por el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), falta de control del Gobierno en los precios de sustentación de los productos agrícolas y efectos de la dolarización.

Cañarte consideró que si el Estado quita las haciendas a los agricultores sucederá lo mismo que en el 2000, cuando la AGD se hizo cargo de las plantaciones de los bancos cerrados y estas se infectaron de sigatoka negra por falta de fumigación y mantenimiento.

Alrededor de 600 hectáreas de banano en poder de la AGD, ubicadas en Palenque y Baba, están destruidas, según Conaban.

Alertaron que eso afectará a las haciendas vecinas, pues las plagas se propagan.

El tema de las incautaciones dejó de lado la pelea de los productores bananeros por el pago del precio oficial, aunque ahora reciben sobre el precio oficial de $ 3,20 por caja.

PROCESO

DISPOSICIÓN

En las empresas que interviene la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), los funcionarios de la entidad colocan un letrero que indica “bien incautado”. En el papel consta que la medida está respaldada en el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Esta norma permite a la Agencia tomar posesión de los bienes de los deudores, según Wilma Salgado, gerente de la entidad.

ATENCIÓN

En el sexto piso de la AGD, en Guayaquil (Av. Quito y Primero de Mayo) continuaba ayer la atención a los deudores que deseaban ponerse al día en sus obligaciones.

SECTOR AGRÍCOLA

Las deudas del sector agropecuario llegan a los $ 600 millones, de los cuales el 50% está a cargo de los bananeros.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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