Aunque en menor escala que en anteriores períodos legislativos, cuando no había un límite para la contratación de personal, durante la presente administración se registra un grupo importante de nuevos empleados que han sido asignados a varias Comisiones Legislativas y a las dependencias administrativas del Congreso Nacional

"Carnetización". Así se denomina una oficina del Congreso Nacional, encargada de otorgar carnés a los funcionarios y empleados de esa institución pública, por tanto una misma persona debería operar la cámara de fotos instantánea, emplasticar el documento y entregarlo al interesado en un
tiempo mínimo.
No obstante constan como empleados de esa dependencia un asistente administrativo, un especialista en servicios legislativos y tres asesores parlamentarios (estos últimos deben tener por lo menos el egresamiento de una Universidad), según el distributivo de contratos de abril de este año.
De igual forma, hay una decena de asesores entre los 29 empleados contratados durante la última administración en la Dirección General de Servicios Administrativos.
De acuerdo con los ingresos de personal registrados desde enero, parecería que además de los diputados y las Comisiones Legislativas Especializadas, el Congreso requiere asesoramiento en todas las áreas: elaboración de actas, operación de telecomunicaciones, informática, contabilidad, tesorería y el mantenimiento de nueve edificios donde están repartidas las oficinas de esa
Función del Estado.
Hasta marzo se habían contratado 864 personas, lo que subió en abril cuando se contabilizaron 1 043 contratos. Este Diario no pudo conocer si la cantidad varió entre mayo y junio, porque fue imposible acceder a esos registros.
El artículo 5 del reglamento para la contratación de personal ocasional y en comisión de servicios, establece que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) "podrá autorizar la contratación de servidores ocasionales hasta en un porcentaje equivalente al 10% del total de contratos suscritos por el Congreso, para que laboren en las diferentes áreas".
De esta forma, si inicialmente fueron contratados 800 empleados (entre asesores, secretarias y personal de servicios) de acuerdo con el cupo de ocho que le corresponde a cada uno de los 100 legisladores, un simple
cálculo matemático indica que solo debían haber ingresado 80 personas más.
Además de las unidades administrativas descritas, los nuevos empleados han sido destinados a varias Comisiones Legislativas, a pesar de que el artículo 7 del mismo reglamento asigna cuatro personas a estas dependencias: un
asesor o secretario y un auxiliar de servicios generales, a quienes acompañarán dos servidores legislativos permanentes, es decir, estos últimos tienen nombramiento.
Esto se nota en las Comisiones de lo Laboral y Social (12), Salud y Medio Ambiente (11), Defensa del Consumidor (10), Derechos Humanos (10), Tributario Fiscal y Bancario (8), Fiscalización (8), Mujer, Niño y Familia (8), Asuntos Constitucionales (7), Educación (6), Descentralización (6),
Civil y Penal (5), Económico (5), Asuntos Amazónicos (5), Vivienda (5) y Asuntos Manabitas (4).
En varios recorridos efectuados por BLANCO Y NEGRO durante las dos últimas semanas por las oficinas administrativas y las Comisiones, con el propósito de conocer al personal que consta en el distributivo, se evidenció que alrededor de un 30% no ha sido visto por sus colegas o ha acudido a laborar
esporádicamente.
Esto también sucede en los despachos de un nutrido grupo de congresistas, algunos de los cuales justifican las ausencias con el argumento de que determinados empleados laboran en provincias, donde deben atender asuntos
relacionados con el trabajo legislativo.
Las designaciones también están a la orden del día en los bloques parlamentarios (considerados como tales a partir de un mínimo de 10 diputados por cada tienda política o independientes) y están amparadas por el reglamento, que autoriza contratos hasta por el 20% del total de sus
miembros.
El artículo 4 de esa normativa interna indica que "no podrán ser contratados quienes sean cónyuges, hijos, padres y hermanos de los legisladores, del secretario, pro secretario y de los directores del Congreso Nacional", pero
a renglón seguido pone una salida legal al señalar que esto se circunscribe a "sus respectivas oficinas o unidades administrativas".
En "fiel cumplimiento", la diputada Sandra Sandoval Chávez logró que su hermano, Carlos José, fuera contratado por su colega Keneth Carrera, mientras ella tiene en su planta de servidores a John de Mora Moncayo, hermano del legislador Marcelo de Mora Moncayo.
De igual forma, Zoila Ollague tiene en su grupo a Rodrigo Jaramillo, hermano de Rocío Jaramillo, quien "paga el favor" al contratar a José Ollague, hermano de Zoila.
Con el diputado Marco Morillo trabaja Diana Sánchez Gutiérrez, hija de su colega Jorge Sánchez, mientras con este labora Diego Sanmartín, hijo del congresista Rolo Sanmartín. En la Comisión de Fiscalización trabaja Nicolae
Loor Mendoza, hijo del legislador Eudoro Loor, en tanto José Vicente Kure Montes, hermano del diputado Carlos Kure Montes, se halla en la nómina del diputado Iván López Saúd.
A esta muestra se añaden casos de familiares entre sí que laboran en una misma dependencia, por ejemplo: Ana y Carmen Salazar Cisneros, en el despacho del diputado Jacobo Sanmiguel. En otras oficinas hay primos, cuñados, sobrinos y otro tipo de familiares de algunos diputados y funcionarios, quienes no están prohibidos de trabajar en el Congreso, porque en el reglamento no hay ninguna referencia a esta clase de parentesco.
Este informe se refiere únicamente a los empleados contratados durante el actual período, pues no se ha tomado en cuenta a 297 personas que integran el personal de planta, es decir, que trabajan por nombramiento en la Función Legislativa desde anteriores períodos parlamentarios y están distribuidos en diferentes unidades administrativas, direcciones de área, jefaturas,
comisiones permanentes, despachos de diputados y bloques políticos. (AA)

"Comisión de lo Laboral y Social tiene sobrecarga de trabajo"

El diputado Andrés Páez (Izquierda Democrática), presidente de la Comisión de lo Laboral y Social, defiende a las 12 personas contratadas para esa dependencia, al señalar que al momento se tramitan allí 180 proyectos de Ley.
Dice que todas las semanas se reciben en la Comisión un promedio de tres proyectos de Ley, que deben ser analizados por los asesores, quienes "tienen una sobrecarga de trabajo extraordinaria".
Añade que a diario envía y recibe comunicaciones del Ministerio del Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras oficinas y dependencias, porque la Comisión de lo Laboral es la que más denuncias recibe sobre los problemas laborales que tienen, individual y colectivamente, los trabajadores del país.
Sostiene que con el equipo asignado puede sacar adelante a la Comisión, pues "sin ese personal es imposible que esta funcione con la eficacia que hasta el momento ha demostrado", manifiesta, al destacar que en los dos últimos
meses el Pleno del Congreso ha aprobado "prácticamente" un proyecto de ley semanal proveniente de ese organismo.
Según Páez, únicamente el secretario de la Comisión ha sido contratado de afuera del Congreso, pues asegura que las demás personas corresponden a personal de planta (nombramiento) de la institución.
No obstante, en el Distributivo de Contratos de abril constan una docena de personas, entre asesores, auxiliares de despacho y especialistas legislativos. (AA)

"Hemos bajado la cantidad de asesores en los bloques legislativos"

El pro secretario del Congreso, John Argudo, suscribe todos los contratos del personal, por delegación expresa del titular de la entidad, Guillermo Landázuri.
El funcionario afirma que en el actual período legislativo hay 120 personas menos que en la administración del ex presidente José Cordero Acosta.
También asegura que, de acuerdo con una disposición del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), la mayor cantidad de nuevo personal ha sido asignada a las Comisiones Permanentes, a diferencia de épocas
anteriores en que se lo destinaba a los diferentes bloques parlamentarios.
Indica que ese mismo organismo reformó el reglamento interno que establecía cuatro personas por Comisión (dos por contrato y dos de planta), a fin de "darle fuerza al tema de la producción legislativa, que se genera en las
Comisiones y no en los bloques políticos" y afirma que esa es la gran diferencia con administraciones pasadas.
Argudo dice que a él no le corresponde analizar que los aspirantes a un empleo en el Congreso Nacional cumplan con los requisitos establecidos para los diferentes cargos, pues de verificar esa información se encarga la Dirección de Recursos Humanos.
Tampoco le han llegado noticias de que cierto personal contratado por esta administración no acudiría a laborar.
De igual forma señala que no conoce la existencia de contrataciones a familiares de algunos diputados y funcionarios del Congreso. (AA)

Periodista labora en radio de diputado y lo asesora en el Congreso

Luis Almeida, diputado del Partido Social Cristiano (PSC), sostiene que hay "piponazgo" en el Congreso, el cual se reflejaría en la cantidad de personas asignadas a las Comisiones que no justificarían su trabajo. Indica que hay 260 personas contratadas "por encima de la Ley", que, sumadas al personal reglamentario y de planta, ocasionarían que el Congreso destinara 90% del presupuesto a pagos de sueldos y salarios.
A ello atribuye la poca producción de leyes durante el actual período y la continua aprobación de "acuerdos superfluos que no significan nada". En el cupo de ocho empleados correspondientes a este diputado, consta el
periodista Nabor Reyes Vélez, quien tiene la categoría de "asesor parlamentario 2".
Almeida no niega ser propietario de Radio Morena, con sede en Guayaquil, donde también labora el mencionado comunicador, cuyos diarios comentarios son reconocidos por la ciudadanía porteña. El diputado explica que su asesor lo apoya en Quito de martes a jueves, desde donde incluso envía reportes periodísticos a la emisora. Agrega que
los pasajes aéreos no los cancela el Congreso sino que los gastos salen de su bolsillo.
Asimismo, Almeida sostiene que además del sueldo del Congreso, Reyes percibe un salario por su trabajo en la radio, lo cual no estaría prohibido para los periodistas.
Reyes sostiene que realiza labores ocasionales de locución en la radio, "a veces a mediodía, otras por la mañana", pero aclara que solo percibe sueldo del Congreso. (AA)

ENTREVISTA

"En el Congreso hay menos empleados que antes"

El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, indica que la nueva Dirección de Planificación hará un rediseño organizacional para implementar una nueva estructura operativa y administrativa en la institución

¿Cómo se dan las contrataciones de personal?

El Congreso tiene tres bloques de empleados: 800 corresponden al cupo de ocho empleados que tiene cada legislador, en el segundo están los que trabajan con nombramiento y en el tercero constan los demás contratos.

¿Quién realiza los pedidos y bajo qué consideraciones?

Sobre los 800 responden los legisladores, cada uno de ellos debe presentar un reporte mensual sobre los ocho empleados asignados.

¿Y las demás contrataciones?

Los contratos de la administración del ex presidente, José Cordero, finalizaron el 31 de diciembre de 2002. A nosotros nos correspondió llenar algunas vacantes administrativas, había que atender pedidos de las Comisiones y de los bloques legislativos que tienen derecho reglamentario.
Estoy convencido de que podemos funcionar con un menor número de empleados y funcionarios, actualmente están menos que en el período anterior.

¿Cómo reducirá el personal, que, según dice, ya está disminuido?

Mediante una auditoría de recursos humanos que la empezaremos dentro de un mes y medio. Hay que tomar en cuenta que en algunos sectores como servicios
y el área de computación hemos tenido que involucrar a más gente para limpiar y examinar todos los equipos afectados por el incendio del Congreso, sin embargo en el escenario administrativo podemos hacer mucho más (disminuir personal) y ese es mi compromiso con el país.

Esta investigación ha encontrado tres casos de diputados que han rebasado el cupo.

En el plano personal debo decir que no he utilizado ninguna de las ocho plazas que me corresponden como diputado, y como presidente del Congreso no he completado el cupo de 29 al que tengo derecho.

Usted tiene nueve empleados en la Presidencia, pero la mayoría de Comisiones y unidades administrativas están llenas de gente.

Los bloques legislativos y las Comisiones solicitan asesores y personal administrativo, y estudiamos caso por caso. Las Comisiones necesitan profesionales especializados para analizar los proyectos de ley.

¿Por esto se ha contratado a varias personas que vendieron la renuncia al Congreso Nacional?

Será tal vez algún caso de excepción, en el cual ese recurso humano se considera muy importante para las actividades del Congreso, pero no puede ser un caso numéricamente general, además tiene que haberse cumplido la Ley que permite volver al sector público luego de transcurrido un período de tiempo entre la separación voluntaria.

¿Cómo algunos diputados critican que la contratación colectiva permite emplear a parientes de funcionarios y trabajadores, cuando aquí hay casos
similares?


Estos casos tienen que ser conocidos, porque no se deberían dar. Aquí hay que predicar con el ejemplo, a mí nadie me podrá decir que hay un solo pariente mío, ni siquiera un solo amigo que yo haya involucrado en el Congreso.

No es su caso, pero mi investigación demuestra que hay hermanos, hijos, primos y otro tipo de parientes de diputados.

Es un asunto inquietante y yo creo que los medios de comunicación tienen el legítimo derecho de cuestionar este tema, porque los legisladores debemos dar un ejemplo de transparencia y no deberían haber esas contrataciones
cruzadas.

Usted debería impedirlas.

El presidente del Congreso no puede bloquearlas, no puede prohibirlas, pero aquí debe primar el comportamiento de los diputados.

Pero el Congreso tiene un Código de Etica y un Comité de Excusas que analiza la conducta de los diputados.

Este es un elemento que debe merecer el análisis, porque yo creo que el poder tiene que ser utilizado con ética y tener los empleados, los funcionarios que sean productivos, y por supuesto hay que olvidarse de los parientes.

También hay asesores que no concurrirían a laborar y otros que trabajarían en provincias.

Ese es un tema complejo porque la administración del Congreso no tiene injerencia directa en los ocho empleados que apoyan la labor de cada legislador, pero en esos casos tiene que exigirse un informe de labores de esas personas, las cuales, obviamente, no pueden ser el mayor número del
personal asignado.

¿Cómo comprobar que estas personas no hayan incurrido en "piponazgo"?

En el caso de los ocho asignados a los diputados, yo entendería que al menos seis deberían estar en Quito, donde está el eje de la labor legislativa y muy probablemente en su oficina provincial un número mínimo de recursos
humanos. Igualmente, deben exigir reportes periódicos de las actividades cumplidas.

¿Es posible disminuir a futuro las contrataciones de personal?

Yo aspiro a que el peso relativo de los nombramientos sea mayor al de los contratos, es decir un Congreso institucionalizado para que no suceda como ahora, en que cambia el presidente de una Comisión y no quedan rastros del
trabajo realizado.

¿Hay pasos en ese sentido?

Hace varias semanas el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) aprobó la creación de la Comisión de Planificación, a la cual he dispuesto realizar
un diseño organizacional, para implementar una nueva estructura operativa y administrativa que agilite trámites, optimice recursos y profesionalice el trabajo legislativo. (AA)


PUNTO DE VISTA

¿Quién le pone el cascabel al gato del piponazgo?

De forma legítima, por mandato del pueblo y porque así lo dictamina la Constitución, los diputados son los legisladores y fiscalizadores de la República, pero para cumplir este papel fundamental en un régimen democrático, quienes ostentan esa altísima dignidad están obligados a
mantener una conducta ética y transparente, a toda prueba.
Por esto mismo, resulta insólito que ciertos diputados se manejen al filo de la ley, cuidándose de violentar los procedimientos escritos, pero en una clara muestra de abuso de poder.
El informe de BLANCO Y NEGRO da cuenta de cómo algunos diputados han apelado a la astucia para contratar a familiares suyos, para que laboren en el Congreso; eso sí, para que no se evidencie que han traspasado los
reglamentos, hacen uso de la argucia de que el contratado labore con otro diputado, generalmente coideario suyo, mientras que ellos contratan a los recomendados del que les hizo el favor.
Así, ninguno ha cometido ilegalidad alguna. Pero es obvio que los dos, han rebasado los límites de la ética.
Los hechos están descritos y concluyen en una verdad absoluta: el Congreso ecuatoriano no logró superar los viejos y feos vicios del piponazgo, a cuenta de cualquier cosa (ahora se puede hablar del incendio que afectó sus
instalaciones), pero no es dable que, en plena crisis económica, y mientras el resto de ecuatorianos se bate por un trabajo, incluso poniendo en riesgo su vida cuando deben usar barcazas destartaladas para huir tras un empleo,
otros muy cómodos, por el solo hecho de tener una membresía partidista o parentesco o amistad con algún legislador, ganen sueldo, sin siquiera hacer un trabajo visible.
El presidente del Congreso asegura que él, de forma personal, se ha mantenido en el marco de los reglamentos, pero también debe saber que es su obligación vigilar que todos cumplan las leyes y reglamentos, mientras que
los diputados, de manera individual, están llamados a respetar las leyes y manejarse con ética.
Y es que los ecuatorianos todos, pero en especial quienes hacen las leyes de la República, están obligados a acatar las leyes, caso contrario, habrá que buscar a alguien que pongan cascabel a este escurridizo gato del piponazgo.
(TFF) (BLANCO Y NEGRO)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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