‘Perdieron la cabeza’

De la reacción del diputado Alfonso Harb a mi artículo ‘Perdieron la cabeza’, subrayo lo siguiente: 1) Su tendencia, como la de otros políticos, a convertir las críticas a algunos de sus actos en sinónimo de odio. Buscar las causas de las discrepancias en el plano de lo afectivo es menospreciar razón y argumentos; sugiere también intolerancia, siempre peligrosa para la democracia. 2) El prejuicio que se deduce de su afirmación de que ‘destilo odio a la Costa", por una frase hipotética, basada en un apelativo coloquial, cuyo objetivo fue establecer una oposición semántica entre quienes se atribuyen históricamente el derecho a la ofensa y entre quienes, históricamente también, han estado sometidos a recibirla. Escribo en un periódico de Quito, pero soy guayaquileña de muchas generaciones. Y lo sabría si el diputado hubiera leído, por ejemplo, mi artículo sobre la regeneración urbana de Guayaquil.
3) Su amenaza de ‘iniciar acciones pertinentes’ si yo insisto ‘en usar ese estilo injurioso’. Según el diccionario de la RAE, injuria es ‘delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación’. Nada de lo que yo comenté se salió del hecho que él protagonizó en el Congreso y por el cual pidió disculpas al bloque de Pachacutik. Parece que fui premonitoria cuando me asumí como ‘parte de la gente a la que no nos cobija el Parlamento’. No tengo inmunidad pero sí el derecho constitucional a la libertad de opinión, esa libertad siempre amenazada cuando la razón ética reclama el respeto a la diversidad, uno de los pilares de la democracia.
Alexandra Ayala Marín

Elección de magistrados

En la columna Opinión, publicada en HOY el 18 de junio, bajo el título de "Elecciones de magistrados y conjueces", se afirma que existirían “interferencias partidistas de diputados socialcristianos para el nombramiento de los conjueces” de la Corte Suprema de Justicia.
A los diputados socialcristianos nos ha preocupado que la CSJ no haya procedido a nombrar, como manda el artículo 202 de la Constitución, dos magistrados, uno en la Segunda Sala de lo Penal y otro en la Sala de lo Contencioso Administrativo, ante la muerte y la renuncia de los titulares, sucesos ocurridos hace más de dos años. No se necesita, según lo que sugiere el Diario HOY, de ley alguna que regule la cooptación. La norma constitucional es, en este punto, directamente aplicable.
También nos ha preocupado que la CSJ no haya nombrado, cada año, tal como ordena el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, a los conjueces.
Convencidos de que las normas constitucionales y legales están para ser obedecidas y aplicadas, algunos distinguidos legisladores del Partido Social Cristiano trasladaron, de manera pública , no en reserva ni en secreto, estas preocupaciones a los órganos competentes de la Función Judicial. ¿Constituye alguna forma de ‘interferencia’ esta actuación cívica y pública de los diputados socialcristianos? De ninguna manera. Muy por el contrario, su actuación, como lo de los demás diputados socialcristianos, no ha sido sino un llamado para que se dé cumplimiento a un mandato constitucional y legal.
No tenemos, en general, reparos en contra de los magistrados de la Corte Suprema y, menos, en contra de los conjueces que reemplazaron a los doctores Gallegos y Romero en la Segunda Sala de lo Penal y en la Sala de lo Contencioso Administrativo, los doctores Jorge Andrade Lara y Marcelo Icaza Ponce, connotados juristas y maestros universitarios de renombre nacional y merecido respeto.
Demandamos, simplemente, tal como lo hace el Diario HOY en la columna a la que me referí, que se observe la Constitución y la Ley y se proceda a nombrar a los dos magistrados que faltan en la Corte Suprema de Justicia, de entre los actuales conjueces y otros juristas, así como a los conjueces que se debe designar cada año. Nada más.
La independencia de la Función Judicial es un principio esencial de las democracias representativas y de las repúblicas libres. Los diputados socialcristianos hemos sido, y lo digo con especial énfasis, de los pocos políticos ecuatorianos que llevamos ese principio entre nuestras convicciones democráticas y republicanas.
Dr. Luis Fernando Torres Torres
Diputado por Tungurahua


‘No es representante de La Portuguesa’

En la edición del 13 de junio de Diario HOY, hay una nota en que se dice que Joyce de Ginatta es representante de la fábrica La Portuguesa; esa nota es totalmente falsa: no tengo deuda alguna y menos aún soy representante de la Portuguesa; precisamente mi hermano, por ser mi hermano y porque no hago tráfico de influencias, desde hace tres años trató de que le reestructuraran la deuda, sin lograrlo.
Mi presencia en la AGD fue para defender a las víctimas del sector camaronero y pequeños y medianos empresarios a los cuales les habían congelado las cuentas y continuaban bloqueadas a pesar de no deber nada, así como también demostrar a la doctora Salgado que hay cientos de personas que desde hace varios años no han podido reestructurar sus deudas por corrupción y/o ineficiencia de la AGD.
Ing. Joyce de Ginatta

Control Policial

¿Por qué no controla la Policía a tantos jóvenes que consumen licor en plena calle alrededor de ciertas licorerías, como la tan concurrida de la plaza Artigas?
Silvia Estupiñán

Opiniones y reclamos a la Defensoría del Lector por carta al Diario HOY, al buzón electrónico: [email protected] o [email protected]


EXPLORED
en Ciudad Quito

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