Quito. 17 dic 2001. La opinión de la mayoría de la sociedad sobre la
labor del Congreso Nacional es en términos generales desfavorable.

Con un historial de desorganización, poca seriedad y muchos
enfrentamientos políticos, la evaluación de la labor parlamentaria no es
del todo positiva.

Sin embargo, el presidente del Congreso, José Cordero, asegura que en
este año y especialmente en los últimos seis meses, se aprobaron
importantes leyes para el país y eso, dice: "tiene que ser valorado".

¿Cómo califica la labor del Congreso en el último período?

Me gustaría que sea la ciudadanía la que, luego de valorado el trabajo,
sea quien se pronuncie. Hemos aprobado, entre otras, una reformatoria a
la ley de aduanas, que introdujo al SRI en el control del despacho
aduanero, que se ha reflejado en una mejora de las recaudaciones
aduaneras; reformas al código penal con las que se establecieron el
aumento de penas para delitos atroces; la ley de seguridad social, que
estuvo represado por mucho tiempo estábamos en mora con el mandato
constitucional, que con todos sus defectos trae fundamentales
innovaciones, una mejora en las pensiones jubilares, en los sistemas de
capitalización de pensiones...

A pesar de estar multipolarizado en cuanto a partidos y movimientos, a la
hora de aprobar leyes fundamentales, el Congreso ha llegado a consensos.
Pero hay falencias graves, como el poco análisis y discusión durante el
primer debate: los diputados no se interesan.

Esto ha mejorado ostensiblemente. No se ha dado lo que anteriormente,
donde el primer debate se reducía a una mera lectura de proyecto. Existen
interesantísimas observaciones, y prueba de ello es que los informes de
las comisiones para segundo y definitivo debate, hacen alusión a las
observaciones recibidas.

Pero la discusión y el enfrentamiento de posturas termina dándose solo
cuando está por votarse la ley.

Quizás hay que reformar el reglamento, para priorizar la participación a
los legisladores que tengan interés en el proyecto, sea por ser de su
iniciativa, sea porque han presentado observaciones, sea porque forman
parte de la respectiva comisión. Quizás debemos llegar incluso a la
presindencia de la primera lectura, ahora que el Congreso tiene en
funcionamiento su red interna, y con ella se tiene una información
completa del proyecto de ley desde que llega hasta que es aprobado.

Son muchos los diputados que nunca llegan a estudiar el proyecto, y
simplemente siguen la línea de los jefes.

Responde a la formación política partidista del legislador. Podría
perfeccionarse cuando, por ejemplo, el Congreso adopte el sistema
bicameral, teniendo por un lado la cámara de representantes, que cumple
una tarea fiscalizadora y de exposición de los intereses provinciales y
nacionales, y otra que sea exclusivamente legislativa, compuesta por
profesionales o personas especializadas en diferentes áreas: sociólogos,
ingenieros, arquitectos, profesionales de la salud: una cámara técnico
jurídica, en la cual se tiene que exigir formación. Mejoraríamos
enormemente el tratamiento legislativo.

Otro tema son las comisiones permanentes. Pocas son las que realmente
trabajan. Ese es un problema de la Constitución, que estableció un número
de diputados (123) y la exigencia de que todos pertenezcan a comisiones,
haciendo que proliferen en desmedro del sistema jurídico. Hay cinco
grandes ejes: el civil-penal, el laboral-social, el público-
administrativo, el tributario, fiscal y bancario, y el económico. Pero
tenemos 17 comisiones, una serie de proyectos superpuestos que vienen en
desmedro de la unidad y la coherencia del sistema legislativo.

¿Otros cambios?

El sistema de información y asesoría del legislador. Está bien que un
legislador tenga su asistente, pero el sistema de asesoría debe ser dado
por instituciones especializadas, y ahí tendrían la preponderancia, o
podrían deparar el servicio de gran información, las universidades.

Además, el Congreso tiene que simplificar sus trámites, y ya lo está
logrando. Tenemos que racionalizar el debate, y se está presentando un
proyecto de nuevo reglamento para el proceso de formación de la ley.
A pesar de todo, la imagen pública del Congreso es negativa.

El congreso actuante se evidencia con virtudes y defectos. Generalmente
se dan a conocer más los defectos que las virtudes. Es una institución
transparente. Yo quisiera que la misma información pública, abierta,
exista por ejemplo sobre las sesiones de gabinete presidencial, y no hay
esa cobertura, sí sobre las sesiones del Congreso. Estamos en vitrina,
sujetos a la censura y la opinión pública. (AAS)

¿Quién es?

José Cordero Acosta, penalista, ejerció por cerca de una década el
decanato de la facultad de derecho de la Universidad del Azuay.

Gobernador de la provincia durante la presidencia de Osvaldo Hurtado, se
ha dedicado a la rama empresarial y agrícola.

Padre de tres hijos, su esposa, María Eugenia Moscoso, es una reconocida
catedrática universitaria. (Diario Hoy)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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