Guayaquil. 18 may 2000. Informe del contralor de la entidad
asegura que hubo irregularidades en la administración
La empresa telefónica Pacifictel, cuyo único accionista es el
Fondo de Solidaridad, habría sido perjudicada por 959.809 millones
de sucres durante el ejercicio económico de 1999.
Los responsables de estas pérdidas aún no han sido determinados,
pues la junta de accionistas de la telefónica espera el informe
final que está elaborando el contralor general de la empresa, para
"determinar su razonabilidad".
El documento preliminar ya fue analizado por los accionistas y el
vicepresidente de la República y gerente general del Fondo de
Solidaridad, Pedro Pinto Rubianes, en una reunión que se realizó
en Quito, el 20 de abril de este año.
Según el acta de la asamblea, la junta resolvió pedir al
directorio de Pacifictel, que remueva "al presidente Ejecutivo
(Wilson Correa) por su ineficiente gestión empresarial y que
proceda de inmediato a nombrar al sustituto".
La junta, a través de este escrito, deja entrever que Correa tenía
responsabilidad en los malos manejos de la compañía de teléfonos,
que hasta octubre de 1996 formó parte de Emetel, empresa que fue
dividida en dos para intentar su privatización.
Presuntas irregularidades
El acta de la junta de accionistas precisa que una vez conocido y
analizado el informe del Contralor, se desprenden varias
deficiencias de gestión empresarial durante el ejercicio de 1999.
Wilson Correa Calderón asumió la presidencia ejecutiva de
Pacifictel el 28 de mayo del año pasado, en reemplazo de Daniel
Adoum, quien renunció a estas funciones.
Ocupó el puesto hasta el 11 de este mes, fecha en que fue aceptada
su renuncia por el directorio de Pacifictel, a pesar de que la
junta de accionistas había pedido, veinte días antes, que sea
removido de su cargo.
La resolución SD-E-081-2000, firmada por el secretario del
directorio, Juan Vizueta Ronquillo, indica que el organismo
considera que Correa ha "desvirtuado los cargos efectuados por el
contralor de la empresa".
Además, resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia irrevocable
presentada por el hasta entonces presidente de Pacifictel,
"aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios que ha
prestado" a la institución.
En su carta de renuncia y en declaraciones hechas a diversos
medios de comunicación, Correa aseguró que su dimisión obedecía a
motivos personales.
Ninguno de los miembros de la junta de accionistas, ni siquiera el
gerente general del Fondo de Solidaridad, el vicepresidente Pedro
Pinto Rubianes, aclaró que ellos habían solicitado su salida, por
su "ineficiente gestión empresarial", basados en un informe de
Contraloría interna.
El documento del contralor señala que durante el ejercicio
económico de 1999 hubo exceso de contrataciones de trabajadores.
También precisa que se cometieron irregularidades en el despido
intempestivo de empleados que, por faltas graves, debían obtener
el visto bueno, y que se les incrementó el sueldo y la jerarquía
previo a su liquidación.
Además, indica que se autorizaron ascensos a cargos de
profesionales a empleados que no tenían ese nivel.
Pérdidas
Asimismo especifica que hubo acumulación de facturas por cobrar
que superan los 2 millones de dólares y retraso en aproximadamente
dos meses en la facturación de provincias.
El informe explica que a pesar de que la empresa arrojó pérdidas
en 1998, se entregaron utilidades a los trabajadores.
Asegura que el pago se hizo mediante el "artificio contable" de
registro en exceso, no legal, de provisiones sobre cuentas
incobrables que no son deducibles para el cálculo, pero que si
afectan a las ganancias del único accionistas que es el Fondo de
Solidaridad.
Añade el escrito que esta pérdida repercutió directamente en la
financiación de los programas sociales en que está empeñado el
Gobierno.
El informe del contralor también indica que se determinaron
"desviaciones" durante el examen especial realizado a las compras
de empresa.
Precisa que hubo sobreprecios en bienes y suministros adquiridos y
ausencia de reales cotizadores.
Revela que "empresas no calificadas" participaron en los concursos
de bienes y materiales y que la base de proveedores está
constituida por compañías poco conocidas o de poca reputación en
el medio empresarial.
En la junta de accionistas, que se realizó el 20 de abril en la
vicepresidencia de la República, se decidió, además, convalidar el
trabajo de auditoría realizado por la firma Pricowaterhaouse sobre
los estados financieros de Pacifictel, por el ejercicio económico
de 1999. (RTG)
Los jugosos contratos de empresa telefónica
Aunque Pacifictel cuenta con un nutrido grupo de juristas, esto no
ha evitado que la empresa contrate, temporalmente, a asesores con
remuneraciones millonarias.
El 26 de enero de 1999, durante la presidencia ejecutiva de Daniel
Adoum, la telefónica empleó, por 60.000 dólares, al actual
ministro de Trabajo, Martín Insua, para que dé asesoría laboral a
la empresa.
Ocho meses más tarde, el 17 de agosto, y pese a los
cuestionamientos del diputado Enrique Campozano, la administración
de Wilson Correa contrata de nuevo a Insua, esta vez por 25.600
dólares.
Un mes después, el 17 de septiembre, se suscribe otro convenio por
150 millones de sucres para asesoría en materia de seguridad
social. El beneficiado es Roberto Montalván.
Otros dos documentos se firman posteriormente, uno con Roberto
Guevara, por 12.420 dólares, y otro con César Larrea, por 8.400
dólares.
Pero no solo se contrata a asesores, sino también a fiscalizadores
a pesar de que Pacifictel tiene una unidad que debe cumplir con
ese trabajo. Por ejemplo, se pagó 101 millones de sucres a Ferrín
Solórzano por la supervisión de obras.
Otros acuerdos laborales cuestionados son los de servicios
profesionales. Por ejemplo, en seguridad especial, por una
cobertura de 240 días, se pagó 396 millones de sucres; y por
seguridad adicional en Bastión, se canceló 176 millones.
Vale destacar que en 1999, Pacifictel adjudicó contratos a
diferentes compañías por más de 33 millones de dólares y 149 mil
millones de sucres. Este diario tiene copias certificadas de estos
documentos. (Texto tomado de El Expreso)
asegura que hubo irregularidades en la administración
La empresa telefónica Pacifictel, cuyo único accionista es el
Fondo de Solidaridad, habría sido perjudicada por 959.809 millones
de sucres durante el ejercicio económico de 1999.
Los responsables de estas pérdidas aún no han sido determinados,
pues la junta de accionistas de la telefónica espera el informe
final que está elaborando el contralor general de la empresa, para
"determinar su razonabilidad".
El documento preliminar ya fue analizado por los accionistas y el
vicepresidente de la República y gerente general del Fondo de
Solidaridad, Pedro Pinto Rubianes, en una reunión que se realizó
en Quito, el 20 de abril de este año.
Según el acta de la asamblea, la junta resolvió pedir al
directorio de Pacifictel, que remueva "al presidente Ejecutivo
(Wilson Correa) por su ineficiente gestión empresarial y que
proceda de inmediato a nombrar al sustituto".
La junta, a través de este escrito, deja entrever que Correa tenía
responsabilidad en los malos manejos de la compañía de teléfonos,
que hasta octubre de 1996 formó parte de Emetel, empresa que fue
dividida en dos para intentar su privatización.
Presuntas irregularidades
El acta de la junta de accionistas precisa que una vez conocido y
analizado el informe del Contralor, se desprenden varias
deficiencias de gestión empresarial durante el ejercicio de 1999.
Wilson Correa Calderón asumió la presidencia ejecutiva de
Pacifictel el 28 de mayo del año pasado, en reemplazo de Daniel
Adoum, quien renunció a estas funciones.
Ocupó el puesto hasta el 11 de este mes, fecha en que fue aceptada
su renuncia por el directorio de Pacifictel, a pesar de que la
junta de accionistas había pedido, veinte días antes, que sea
removido de su cargo.
La resolución SD-E-081-2000, firmada por el secretario del
directorio, Juan Vizueta Ronquillo, indica que el organismo
considera que Correa ha "desvirtuado los cargos efectuados por el
contralor de la empresa".
Además, resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia irrevocable
presentada por el hasta entonces presidente de Pacifictel,
"aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios que ha
prestado" a la institución.
En su carta de renuncia y en declaraciones hechas a diversos
medios de comunicación, Correa aseguró que su dimisión obedecía a
motivos personales.
Ninguno de los miembros de la junta de accionistas, ni siquiera el
gerente general del Fondo de Solidaridad, el vicepresidente Pedro
Pinto Rubianes, aclaró que ellos habían solicitado su salida, por
su "ineficiente gestión empresarial", basados en un informe de
Contraloría interna.
El documento del contralor señala que durante el ejercicio
económico de 1999 hubo exceso de contrataciones de trabajadores.
También precisa que se cometieron irregularidades en el despido
intempestivo de empleados que, por faltas graves, debían obtener
el visto bueno, y que se les incrementó el sueldo y la jerarquía
previo a su liquidación.
Además, indica que se autorizaron ascensos a cargos de
profesionales a empleados que no tenían ese nivel.
Pérdidas
Asimismo especifica que hubo acumulación de facturas por cobrar
que superan los 2 millones de dólares y retraso en aproximadamente
dos meses en la facturación de provincias.
El informe explica que a pesar de que la empresa arrojó pérdidas
en 1998, se entregaron utilidades a los trabajadores.
Asegura que el pago se hizo mediante el "artificio contable" de
registro en exceso, no legal, de provisiones sobre cuentas
incobrables que no son deducibles para el cálculo, pero que si
afectan a las ganancias del único accionistas que es el Fondo de
Solidaridad.
Añade el escrito que esta pérdida repercutió directamente en la
financiación de los programas sociales en que está empeñado el
Gobierno.
El informe del contralor también indica que se determinaron
"desviaciones" durante el examen especial realizado a las compras
de empresa.
Precisa que hubo sobreprecios en bienes y suministros adquiridos y
ausencia de reales cotizadores.
Revela que "empresas no calificadas" participaron en los concursos
de bienes y materiales y que la base de proveedores está
constituida por compañías poco conocidas o de poca reputación en
el medio empresarial.
En la junta de accionistas, que se realizó el 20 de abril en la
vicepresidencia de la República, se decidió, además, convalidar el
trabajo de auditoría realizado por la firma Pricowaterhaouse sobre
los estados financieros de Pacifictel, por el ejercicio económico
de 1999. (RTG)
Los jugosos contratos de empresa telefónica
Aunque Pacifictel cuenta con un nutrido grupo de juristas, esto no
ha evitado que la empresa contrate, temporalmente, a asesores con
remuneraciones millonarias.
El 26 de enero de 1999, durante la presidencia ejecutiva de Daniel
Adoum, la telefónica empleó, por 60.000 dólares, al actual
ministro de Trabajo, Martín Insua, para que dé asesoría laboral a
la empresa.
Ocho meses más tarde, el 17 de agosto, y pese a los
cuestionamientos del diputado Enrique Campozano, la administración
de Wilson Correa contrata de nuevo a Insua, esta vez por 25.600
dólares.
Un mes después, el 17 de septiembre, se suscribe otro convenio por
150 millones de sucres para asesoría en materia de seguridad
social. El beneficiado es Roberto Montalván.
Otros dos documentos se firman posteriormente, uno con Roberto
Guevara, por 12.420 dólares, y otro con César Larrea, por 8.400
dólares.
Pero no solo se contrata a asesores, sino también a fiscalizadores
a pesar de que Pacifictel tiene una unidad que debe cumplir con
ese trabajo. Por ejemplo, se pagó 101 millones de sucres a Ferrín
Solórzano por la supervisión de obras.
Otros acuerdos laborales cuestionados son los de servicios
profesionales. Por ejemplo, en seguridad especial, por una
cobertura de 240 días, se pagó 396 millones de sucres; y por
seguridad adicional en Bastión, se canceló 176 millones.
Vale destacar que en 1999, Pacifictel adjudicó contratos a
diferentes compañías por más de 33 millones de dólares y 149 mil
millones de sucres. Este diario tiene copias certificadas de estos
documentos. (Texto tomado de El Expreso)
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