El ministro de Gobierno, Mario Canessa, buscaba ayer un acercamiento con los trabajadores petroleros que comenzaron una paulatina paralización de actividades, de manera indefinida, afectando la producción y la refinación de combustibles, aunque el despacho fue normal. Hasta las 16:30, en la terminal del Beaterio de Quito se llenaron 71 camiones de combustible para abastecer a las gasolineras.
Los trabajadores protestan contra el ministro de Energía, Carlos Arboleda, contra la política petrolera del Gobierno a la que han tildado de "privatizadora", y para presionar por la firma de un nuevo contrato colectivo.
En el primer día de paro, Quito quedó incomunicado con el distrito Amazónico, en donde se localizan los campos petroleros, que también están aislados entre sí.
La producción nacional de crudo se redujo en 50%, informaron voceros de la estatal. Los trabajadores se tomaron la estación del sistema del oleoducto transecuatoriano (SOTE) en Guajaló, al sur de Quito, y cerraron las válvulas, inutilizando la capacidad de bombeo.
La medida incidió inmediatamente en la producción de las compañías privadas que envían el petróleo por los oleoductos secundarios hasta el SOTE, lo que a la vez afecta al crudo de participación del Estado.
Las petroleras privadas absorbieron el mayor impacto porque no tienen capacidad de almacenamiento suficiente para enfrentar este tipo de contingencias, según informaron algunos de sus representantes.
La multinacional Occidental, por ejemplo, que opera el bloque 15, cerró la producción del campo compartido con Petroproducción Edén Yuturi.
La española Repsol-YPF, contratista del bloque 16, solo pudo entregar unos 9 500 barriles de los 19 mil autorizados, y no está recibiendo el crudo liviano de Petroecuador como diluyente (28 grados API de calidad) para mezclarlo con el que produce de 16,9 grados.
El ministro de Energía, Carlos Arboleda, por su parte, dijo que habrá sanciones para quienes obstaculicen la entrega del diluyente, aunque no cumplió con la amenaza de militarizar todas las instalaciones petroleras.
Héctor Montaño, dirigente sindical de la refinería de Esmeraldas, informó que en la planta se suspendieron los trabajos de mantenimiento y el despacho de fuel de exportación, y que los poliductos cerraron el transporte de combustibles.
Lo único que continúa sin problemas es el envasado de gas de uso doméstico a cargo de Petrcomercial, y la gasolinera propiedad de esa filial de Petroecuador (al norte de Quito), también atendió normalmente.
Petrocomercial asumió hace dos semanas la responsabilidad del envasado de gas por disposición del Ministerio de Energía, para evitar el desabastecimiento del producto.
Carlos Arboleda, mientras tanto, anunció que el presidente Lucio Gutiérrez está preparando el decreto de estado de emergencia y zona de seguridad por "grave conmoción interna", mientras el ministro de Gobierno, Mario Canessa, anunció una reunión con los dirigentes petroleros para buscar acuerdos.
El dirigente sindical, Diego Cano, sostuvo que el paro tiene por objeto sensibilizar al Gobierno para que cambie la conducción de Petroecuador y la política petrolera que "pretende implantar el Ministerio de Energía con un contrato de talla única como es el de asociación".
Según el dirigente sindical, bajo ese modelo contractual el Estado concesionará a la empresa privada los campos petroleros, las refinerías y terminales, durante 20 años, prorrogables por cinco años más.
Los dirigentes también piden que se remueva al representante del presidente Gutiérrez en el directorio de Petroecuador, Eduardo López, representante de la compañía Serpetec que presta servicios a Petroecuador; así como a Dany Jarrín, sobrino político del mandatario y yerno de Napoleón Villa, el único que permanece en el Consejo de Administración (CAD), luego de haberse cambiado al resto de miembros.
Arboleda defendió la permanencia de Jarrín en el cargo por decisión del directorio de Petroecuador. (TH)

La asociación que no logra convencer a los abogados de la estatal

El contrato de asociación, que es cuestionado por los trabajadores petroleros, aparece por primera vez en la legislación ecuatoriana con la expedición de la Ley de Hidrocarburos el 1º de octubre de 1971, para la exploración y explotación de hidrocarburos, transporte y refinación.
Los abogados de Petroecuador explicaron que hasta la fecha no ha cambiado su contenido ni concepto, pero sí el ámbito de su aplicación al ampliar los derechos al beneficiario del contrato a las actividades de industrialización, almacenamiento y comercialización, conforme las reformas de codificación de la Ley de Hidrocarburos en 1978 y la Ley 49 de noviembre de 1993.
En marzo de 1973 se expidió el decreto Supremo 316 que fija las bases para los contratos de exploración y explotación, que están aún vigentes. El decreto no ha sido cambiado, ni derogado.
Según las bases contractuales vigentes hasta ahora, el objeto del contrato es que la contratista, persona jurídica nacional o extranjera, se compromete a la exploración y explotación de petróleo en el área materia del contrato, aportando capitales, equipos, maquinaria y tecnología. En el proyecto de reglamento del contrato de asociación y las bases redactadas por los asesores del Ministerio de Energía (presentadas por la Presidencia de la República para su discusión en foros públicos), cambia la filosofía contractual, según los abogados: Petroproducción tiene la obligación de entregarle a la contratista todas las instalaciones, los bienes estatales, públicos, incluido los trabajadores. (TH)

Tres consultas para definir el contenido del documento

No solo una, sino tres consultas, hará la comisión jurídica integrada por Petroecuador y los abogados contratados por el Ministerio de Energía a la Procuraduría General del Estado, para definir el contenido del contrato de asociación para las futuras licitaciones hidrocarburíferas de la estatal petrolera.
El primer punto que debe definirse es si la operación de los campos petroleros está o no dentro del concepto de exploración y explotación que se prevé para los contratos de asociación, o si necesariamente debe haber exploración y explotación.
El segundo es si Petroecuador puede o no en un contrato de asociación contribuir con derechos sobre los yacimientos y las instalaciones que están actualmente a su cargo y que son operadas por la empresa. Y el tercero, si Petroecuador puede renunciar al derecho que le confiere el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos para adquirir los derechos y acciones de la asociada en un contrato de asociación.
El contrato de asociación se ha convertido en la manzana de la discordia entre el Ministerio de Energía y la empresa estatal desde hace varias semanas. La disputa mantiene en expectativa a los inversionistas privados interesados en venir al Ecuador, según han informado representantes de las compañías que ya operan en campos ecuatorianos.
Las licitaciones serían para los cinco principales campos petroleros, el proyecto ITT, el campo Pañacocha, la refinería de Esmeraldas y un grupo de campos ya explorados por la estatal y que contienen importantes reservas. (TH)

Gutiérrez dice que tiene listo decreto de emergencia

El presidente amenazó a los trabajadores si dañan infraestructura petrolera

Ante el anuncio de los trabajadores petroleros de que paralizarán la producción de petróleo si el Gobierno no acoge sus demandas salariales y desiste en su idea de firmar contratos de prestación de servicios con petroleras internacionales, bajo la modalidad de asociación, el presidente Lucio Gutiérrez dijo que tiene listo un decreto de emergencia para evitar el caos en el sector.
“Si las circunstancias lo ameritan, firmaré de inmediato el decreto de emergencia para asegurar el funcionamiento todo el sistema petrolero”, dijo el presidente.
El presidente hizo las declaraciones antes de la reunión de los trabajadores con el ministro de Gobierno. “Si ellos ocasionan algún daño en la infraestructura petrolera, eso significará traición a la Patria y tendrán que asumir los costos”, enfatizó el mandatario. (PACH)

Las insaciables aspiraciones de los sindicatos petroleros

Contrato colectivo de Petroecuador: nueva lista de exigencias del sindicato costaría unos $200 millones

Los sindicatos de Petroecuador (Cenapeco-Fetrapec) han presentado un pliego de aspiraciones en la Inspección del Trabajo de Pichincha. Contiene sus exigencias para la suscripción del séptimo contrato colectivo con la estatal de petróleos que, de concretarse, significará un egreso para las finanzas públicas de $200 millones.
El sector laboral insiste en que la empresa deberá entregar una "contribución" por separación voluntaria del trabajador, cuyos montos causaron escándalo la semana anterior. Para ello se aplica un "factor", de acuerdo a los años de servicio del empleado, pero "si Petroecuador no cumple con el pago de obligaciones previstas en esta cláusula (algunos nombres, que están en esta situación se mencionaron la semana pasada) y se produce un juicio y el trabajador obtiene sentencia favorable, la empresa pagará al trabajador dichas indemnizaciones con el triple de recargo, más intereses legales que se hubieren causado durante el tiempo de la reclamación".
Lo indicado, que está en una de las cláusulas del proyecto de contrato, permite identificar la tónica de todo el documento, que demuestra una voracidad laboral sin límite, un "quemeimportismo" ante la suerte de la empresa, en una situación en que la dirigencia petrolera intenta coadministrar la estatal Petroecuador.
La situación parece haber llegado a un límite. Este Diario pudo conocer que el propio presidente de la República decidió echar marcha atrás, luego de que auspiciara la presencia de dirigentes sindicales en el Consejo de Administración, lo que finalmente terminó con una grave ruptura entre el ministro Carlos Arboleda, y el ex presidente de Petroecuador, Guillermo Rosero.
Una fórmula similar se aplicó en la liquidación del activista sindical Fernando Villavicencio, en octubre de 1999. Recibió $92 500 (más de 462 millones de sucres, cuando su sueldo era de cerca de 6 millones).
Los 4 000 trabajadores, que se benefician del actual contrato, y aspiran a recibir las prebendas del séptimo contrato colectivo, tienen incentivos impensados (viajes a Galápagos o al exterior); quieren sendos complejos vacacionales en la Costa y en la Sierra, con $20 millones del Estado; más $1,3 millones para actividades recreacionales; licencias sindicales extraordinarias; derechos a heredar empleos; una jubilación patronal especial con más de $4,6 millones, dinero del público; $10 millones, para compra de casa o terrenos: $30 mil por trabajador, ¡a 15 años plazo!
De Ripley: "En caso de pérdida de libertad del trabajador por infracciones de tránsito, contra la honra o por contravenciones, Petroecuador no tramitará visto bueno en su contra y lo reintegrará a su trabajo habitual, tan pronto obtenga su libertad".
La mayoría de las "conquistas" sindicales constan en el contrato colectivo que está en vigencia. Los trabajadores las consideran derechos adquiridos, sobre la base de pactos con los administradores de la petrolera estatal, quienes no se conducen como lo haría el gerente de una compañía privada, sino con una "generosidad" de depositarios de "plata ajena".
El pago del subsidio de antigüedad, si se firma el contrato, se hará efectivo aplicando la fórmula 5% por el sueldo básico mensual del trabajador, y por los años de servicio.
Ahora bien, la antigüedad promedio, a la fecha, es de 15 años de servicio, el salario básico promedio, de $500; en una cobertura para 4 mil trabajadores, solamente por este rubro, el Estado debe desembolsar unos $1,5 millones.
Y el denominado "autoseguro" médico, que Petroecuador se comprometería a garantizar con hospitales privados, cubriría a escala nacional el 100% de las necesidades de asistencia médica de los trabajadores de la empresa, sus familiares y los jubilados de Petroecuador: este rubro nos costará a los ecuatorianos $48 millones, a un promedio de $1 000 por cada petrolero. (DCM)

Desembolsos

l Los trabajadores de Petroecuador ya tienen una lista de las reivindicaciones que serían incluidas en el séptimo contrato colectivo de la empresa.

l Ante las exigencias, el presidente Lucio Gutiérrez dio marcha atrás a pesar de haber alentado la presencia de sindicalistas en el Consejo de Administración.

l Para pagar el subsidio de antigüedad de los trabajadores de la estatal Petroecuador el Estado debe desembolsar $1,5 millones, más $48 millones del seguro de salud.

Cláusula 70 del contrato ofrece el oro y el moro

Beneficios laborales por antigüedad incluyen viajes, anillos, botones y dinero

Según el actual contrato colectivo de Petroecuedor "el mejor trabajador lo proclamará el Comité Obrero Patronal y/o el Comité de Seguridad Industrial, y se hará acreedor a un pergamino o placa, un botón de oro de tres gramos y una pasantía de 10 días laborables a las instalaciones petroleras de cualquier país latinoamericano, con todos los gastos pagados y un reconocimiento económico de $2 500"...
También dice: "La empresa concederá a sus trabajadores por los años de servicio:

l Placa recordatoria al cumplir 10 años.

l Un botón de oro de 10 gramos y 18 quilates, por 15 años.

l Un anillo de oro de 15 gramos y 18 quilates, por 20 años.

l Placa recordatoria y una gira de ocho días a las islas Galápagos, con un acompañante, para quienes cumplan 25 años de servicio.

l Un tour a cualquier país latinoamericano, por ocho días, con un acompañante, a quienes tengan 30 o más años de servicio".

Además: "Se instituye becas de estudio como incentivo a los trabajadores que hayan aportado al desarrollo de la empresa con trabajos técnico-científicos; en caso de no existir la especialización requerida en el país, se lo hará en el exterior". (DCM)
EXPLORED
en Ciudad QUITO

Otras Noticias del día 10/Junio/2003

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el