LOS DERECHOS DEL CAPITAN

Quito. 10 dic 2001. Por mandato de la Constitución de 1998, en vigencia, todos los ciudadanos, sin excepción, tienen la obligación (entendida como un deber y una responsabilidad) de denunciar y combatir los actos de
corrupción (Art. 97, numeral 14)

Cumpliendo con ese mandato, en ejercicio además de sus derechos
ciudadanos, el capitán de Navío Rogelio Viteri, denunció presuntos actos
irregulares cometidos por los jefes de las tres ramas de las FFAA, al
contratar, en Londres, los seguros para las naves aéreas de la
institución militar.

Existe la posibilidad, sin embargo, de que el denunciante sea parte de
una conspiración institucional destinada a desacreditar a los altos
oficiales que están en condiciones de ascender a los mayores rangos de la
estructura castrense, como lo advirtió el jefe del Comando Conjunto,
almirante Miguel Saona, la semana anterior. No obstante, la jerarquía
militar no ha aportado con pruebas que ratifiquen que oficiales o grupos
oficiales de la Armada, tal vez, pretenden obstaculizar una posible
promoción del vicealmirante Edgar Guerra.

Es decir, el jefe del Comando Conjunto respondió a las graves acusaciones
con una réplica retórica, cuyo único propósito era desvirtuar la
acusación y al acusador, que es agregado naval en la embajada de Ecuador
en el Reino Unido.

Como se señaló en este mismo espacio de análisis en días anteriores,
resulta intolerable que posibles rivalidades generadas entre los hombres
de armas se ventilen instrumentalizando a la opinión pública. Intolerable
porque lesiona la credibilidad de las FFAA, una de las instituciones de
mayor prestigio ante los ojos de la ciudadanía, y porque constituiría -si
acaso es verdad un indicador de que al interior de las filas militares no
se han superado las graves discrepancias internas, evidenciadas con el
dramatismo de los sucesos que terminaron con el derrocamiento del ex
presidente Jamil Mahuad, en enero de 2000, y la purga de una valiosa
promoción de coroneles. ¿Existe esa conspiración? Miguel Saona tiene las
atribuciones y los instrumentos legales para develarla. Si no es así, el
jefe del Comando Conjunto ha caído en un riesgoso juego de palabras que,
más temprano que tarde, se volverá en su contra, como un bumerán.

También resulta sumamente preocupante el procedimiento aplicado en contra
del denunciante, sometido a un Consejo Disciplinario y, como consecuencia
de ello, a un arresto de rigor, que significa su incomunicación. Allí hay
una clara indisposición militar en contra de la Constitución, pues se
privilegia un reglamento militar por sobre la Carta Política del Estado.
No se trata de menospreciar la jerarquía, la disciplina y los recursos
institucionales de que disponen las FFAA para mantener su cohesión
interna, pero sí es forzoso señalar claramente que varios de los derechos
fundamentales que tiene Rogelio Viteri, como ciudadano y como militar,
además del señalado respecto de la Constitución, han sido violentados a
raíz de su denuncia por supuesta corrupción en la negociación para el
seguro de los aviones militares.

Las FFAA, se lo ha repetido muchas veces, constituyen un gran factor de
poder en el país. "En Ecuador se puede gobernar para o con (a veces, con
mucho tino, sin) los militares, pero es prácticamente imposible hacerlo
en contra de ellos", ha dicho alguien, con agudeza. La misma idea podemos
aplicarla al estado de derecho: no tiene viabilidad sin los militares, y
es inconcebible este sistema en contra de los hombre de armas. ¿Está
consciente de ello la cúpula de la institución? Se supone que sí. Por
ello este Diario le exige desvirtuar abierta y públicamente las
acusaciones de presunta corrupción, una vez más.

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