Guayaquil. 4 ene 99. ¿Cuando asumió el cargo se imaginó la
cantidad del problema que le esperaban? ¿La realidad superó lo
que conocía del sistema?
Quienes estábamos enterados de la vida nacional, teníamos
conocimiento de lo que acontecía en el sistema financiero.
Confieso que si bien sabía las dificultades existentes, no me
imaginé la complejidad de la situación. Después de cuatro
meses, pude constatar que esta situación pasa también en los
países vecinos de Latinoamérica y en algunos asiáticos, por lo
tanto, es un fenómeno global del que no estamos ajenos.
El primer caso que Ud. afrontó fue el del Banco de Préstamos.
Cuando eso ocurrió, ¿pensó en la necesidad de una Ley como la
que que rige desde el 1 de diciembre del 98, que permite la
acción inmediata sobre bancos con problemas graves?
Sí, porque el sistema financiero arbitraba en su normativa
soluciones de entrada al sistema pero no soluciones de salida.
Además, la Constitución, en su disposición transitoria
vigésima segunda, ya establecía la necesidad de expedir una
legislación para el sistema financiero en épocas de crisis. Y
en función de ese reconocimiento y de la evaluación de los
casos de liquidación a la que han sido sometidas varias
instituciones, se comprendía la necesidad de arbitrar otras
soluciones no traumáticas.
¿Se reconocía, entonces, que la legislación bancaria y
financiera era insuficiente?
La legislación ya arbitraba los seguros de depósitos
provisionales, la ayuda al pequeño ahorrista de hasta 2.000
UVCs, pero a todas luces estos eran instrumentos
insuficientes..
Un concepto que se surge con las liquidaciones de bancos es el
crédito vinculado. ¿Es necesario que se legisle con mayor
severidad sobre este tema que genera muchos problemas?
El préstamo vinculado es un tema complejo que incidió,
definitivamente, en algunos de los casos de bancos sometidos a
liquidación, pero relievo que no es la causa uno o única. El
tema de los créditos vinculados es objeto de agudos debates.
Hay países que se alinean a la tesis de su total eliminación y
van por la persecución penal. Otros países, como el nuestro,
los permite de manera controlada, estableciendo límites para
su concesión o la obligación de declaración espontánea de los
administradores, directores o accionistas que los perciban.
¿No cree que los límites legales, en el caso ecuatoriano, son
demasiado generosos con la banca?
Los límites que constan en la actual Ley de Instituciones del
Sistema Financiero son excesivos; y creo que deben reducirse.
Pero creo también que es más factible el control con el
sistema permisivo. En caso de prohibición de estos créditos no
existirían, fácilmente, posibilidades de control de los
préstamos cruzados entre las distintas entidades.
¿No cree que los últimos casos revelan fallas del organismo de
control respecto a la supervisión?
El sistema imperante puede ser objeto, como en la práctica lo
es, de transgresiones que no son fácilmente detectables por
los auditores de la Superintendencia de Bancos (SB). A no ser
que exista una denuncia concreta, solo puede corregirse la
anormalidad cuando sucedió y no con anterioridad. En
ocasiones, la legislación no arbitra los mecanismos necesarios
y simplemente establece correctivos a la situación, cuyo
seguimiento es demorado y tardío.
¿Se reformará la Ley Financiera?
La SB prepara una reforma y esperamos presentarla este mes.
Contemplará la necesidad de cambiar la estructura de los
directorios de los bancos. Hoy, el directorio y los consejos
de administración desempeñan la tarea de coadministración o
vigilancia que en la práctica no la cumplen. La forman
personas influyentes, vinculados con la administración, pero
no tienen, necesariamente, la preparación adecuada para el
desempeño de sus tareas. Actualmente, tampoco se involucran de
una manera directa en la administración, y se limitan a
participar en reuniones periódicas para asuntos puntuales o
esporádicos.
¿Cuál es su concepto respecto a lo que debe ser el directorio
de un banco?
Hay que otorgarles una función de supervigilancia, donde sus
integrantes sean conocedores de materia financiera, auditoría.
Así se podría llegar a un mayor control de la administración y
asegurar la solvencia de los bancos.
Sobre a de los auditores externos: cuando hay liquidaciones
bancarias también su eficiencia es sumamente cuestionada.
¿Tendrá la reforma un cambio especial en este punto?
Deben ser modificados los sistemas de selección de auditorías
externas. Más que una elección de la entidad financiera,
deberían escogerlas la SB. De esta manera, actuarían como
delegados de la SB para que reporte sus observaciones al
organismo de control oficial, antes que al banco. Así se
introducirían mecanismos de alerta temprana y correctivos.
¿Piensa que se debe volver al esquema de intervención, o esa
es una etapa superada?
El sistema de intervención existió en la legislación anterior
porque el fracaso del sistema se puso de manifiesto con la
serie de liquidaciones, aun cuando los bancos estaban
intervenidos. Se adoptó un sistema de control recomendado por
el Comité de Basilea a través de los tres niveles. El interno,
por el cual el auditor interno y el directorio del banco
realizan un control previo de la administración. El segundo
nivel fue el de los auditores externos, y el tercero es de la
SB, que se nutre de la información periódica y las
inspecciones in situ que realizan los auditores de la SB
destinadas a inspeccionar los activos de riesgo. El sistema
existente, con las modificaciones, puede ser positivo si
logramos que el equipo de auditores de la SB estén capacitados
y actúen con toda responsabilidad.
¿La Ley de Reactivación Económica que entró en vigencia desde
el 1 de diciembre del 98 es todo lo que quería la SB o le
faltó más rigurosidad?
Desde que accedí a la Superintendencia me preocupó la
inexistencia de mecanismos de resolución de las entidades en
crisis. Existía gran preocupación, no solamente de autoridades
de control y vigilancia, sino de autoridades monetarias. Por
eso se trabajó en ese proyecto, consultado a nivel nacional e
internacional. El proyecto sufrió modificaciones naturales en
un país democrático.
Una de ellas: en el proyecto original no constaba el concepto
de reestructuración, sino solo de saneamiento. ¿Qué opina?
La concepción del proceso de reestructuración había pero era
distinta a la actual. Se partió del principio de que existía
un problema de crisis en el sistema financiero y había que
someter a todo el sistema a un análisis objetivo para conocer
con transparencia la realidad de cada ente. Ese era el proceso
de reestructuración que lo concebían los organismos de
control. Fue sustituido por el de una etapa previa al
saneamiento, a efecto de no provocar temor colectivo. El
saneamiento en sí no es un castigo, sino una etapa que
persigue proteger a los depositantes de un banco cuando la
entidad está en una situación crítica.
La Ley se aprobó en un entorno crítico: el Congreso demoraba
su discusión mientras la Junta Bancaria analizaba la grave
crisis de Filanbanco. ¿Cuánto pesó este escenario en la nueva
Ley?
La preparación de la Ley viene de antes, porque se tenía
conciencia de la grave situación del sistema financiero. Se
sabía que la situación de entes financieros de tamaños pequeño
o mediano era manejable. Pero también había conciencia de que
el momento que se produjera una situación crítica de un ente
financiero de tamaño grande, se corría un grave riesgo
sistémico que podía provocar consecuencias dolorosas, como se
produjeron en otros países. Las consecuencias hoy se olvidan,
pero cuando se trata de un banco grande con cientos de miles
de depositantes, que maneja gran parte del comercio exterior,
con un personal tan grande, las consecuencias son de magnitud.
La ley no fue destinada para Filanbanco, pero sí para afrontar
estas crisis. No cabe olvidar que otros bancos sufrieron
graves corridas que provocaron olas de temores.
Si no se vende rápidamente Filanbanco, se convertirá en otro
Banco Continental. Si eso ocurre, ¿podría decirse que la Ley
no alcanzó su objetivo?
La sola tranquilidad existente ya es un logro positivo. El
hecho de que Filanbanco siga funcionando significa la
conservación del valor intrínseco de una de las instituciones
más grandes del país. La idea de someterlo a reestructuración,
de sacarlo de la situación de iliquidez permite avizorar la
posibilidad de una rápida negociación, y estamos en la línea
correcta, como lo demuestra el interés de algunos grupos. El
objetivo central es venderlo como negocio en marcha, no solo
para la tranquilidad de los ecuatorianos, sino para que la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) recupere su inversión.
¿Qué responde ante la crítica de que no hay un trato igual con
otros bancos?
Definitivamente, no puede haber igualdad. Cada situación
particular es objeto de evaluación. La decisión de cerrar el
Banco Tungurahua por 3 semanas demandó 5 horas de análisis.
Medir los efectos cuesta, pero hay que hacer abstracciones de
esos sentimientos y adoptar medidas. En unos casos, de manera
drástica, en otros de manera limitada.
¿No era mejor para el sistema pasar de una sola vez al Banco
Tungurahua a saneamiento?
Cuando se tomó la decisión de poner a esta institución en
reestructuración, se presentó una persona que expresó su
interés en comprarlo o convertirse en socio, pero esto al
final no sucedió. La decisión de someterlo a reestructuración
fue una alerta de la necesidad de la conveniencia de
introducir ciertos correctivos, como el incremento de capital,
que al no darse y frente al grave desangre ocurrido en los
últimos días, por la desconfianza de los depositantes, se
decidió que pasara a saneamiento.
En el proceso de reestructuración y saneamiento, la AGD se
hace cargo de todas las deudas a través de emisión de bonos.
¿No es este un esquema para que las pérdidas privadas se
estaticen?
No. Admito que el panorama descrito previamente era real, no
hipotético, las pérdidas del sistema financiero alguien tiene
que absorberlas. La alternativa es que la absorban los
pequeños depositantes del sistema financiero. O que el Estado,
a través de la AGD, aplique mecanismos de solución costosos,
pero que se pueden recuperar o diferir en el tiempo para su
adecuada amortización. De otra manera, los daños al sistema se
vuelven irreparables, por la ruptura de la cadena de pagos.
Esta inversión que hace el Estado puede, en cierto momento,
recuperarse con el adecuado manejo de los entes financieros.
Con una economía depresiva, un aparato productivo en recesión,
¿no fue una influencia negativa la presencia de demasiados
entes financieros?
Puede que haya influido, no lo niego, pero el mercado
administrará soluciones a ese problema. La respuesta son las
fusiones que se están dando, no solo para fortalecer al
sistema frente a los eventuales efectos negativos de un
mercado saturado, sino porque la moratoria que se introdujo no
produjo los efectos deseados. Sin dar cifras, tendrán que
darse los mecanismos adecuados para limitar los entes
financieros al tamaño adecuado del mercado.
Un tema que debe solucionarse esta semana es el Banco de
Préstamos. ¿No le molesta las continuas críticas de los
acreedores?
Tenemos que ver la cosa con realidad. Reconozco el esfuerzo de
los acreedores que, a diferencias de entidades del sector
público, han logrado capitalizar USD 70 millones, eso es un
gran esfuerzo, pero no suficiente porque al momento que se
decida la reapertura del banco, éste deberá honrar USD 320
millones. Por lo tanto, lo abriría quebrado.
¿Y las promesas del grupo Peñafiel?
Nos pidió hasta el 15 de diciembre para firmar el fideicomiso
de sus propiedades, la JB le dio tres días más y no firmaron.
Ellos han dispuesto de las propiedades, pasándolas a otras
personas. Nos hablan de un socio estratégico que invertiría
USD 50 millones. La JB exigió que como garantía de su promesa
ponga USD 25 millones, no lo hizo, y en una reunión de la JB,
el socio nos puso como condición que le demos 3 meses. El
grupo Peñafiel quiere entregarnos sus pozos petroleros en
Rusia; eso es imposible. ¿Cómo garantizarnos su real
producción?
¿La JB apoya la recuperación de ese banco?
Hemos contratado al mejor asesor en fideicomiso en negocio
petrolero, hemos dado toda la ayuda posible. Nuestra decisión
fue que de los USD 320 millones que deben responderse en
depósitos e inversiones, se capitalicen USD 90 millones, se
difieran inversiones por USD 120 millones y se firme el
fideicomiso con el Banco Central para pagar la deuda de USD 60
millones. Es cierto, los únicos esforzados han sido los
depositantes. (Texto tomado de El Comercio)
cantidad del problema que le esperaban? ¿La realidad superó lo
que conocía del sistema?
Quienes estábamos enterados de la vida nacional, teníamos
conocimiento de lo que acontecía en el sistema financiero.
Confieso que si bien sabía las dificultades existentes, no me
imaginé la complejidad de la situación. Después de cuatro
meses, pude constatar que esta situación pasa también en los
países vecinos de Latinoamérica y en algunos asiáticos, por lo
tanto, es un fenómeno global del que no estamos ajenos.
El primer caso que Ud. afrontó fue el del Banco de Préstamos.
Cuando eso ocurrió, ¿pensó en la necesidad de una Ley como la
que que rige desde el 1 de diciembre del 98, que permite la
acción inmediata sobre bancos con problemas graves?
Sí, porque el sistema financiero arbitraba en su normativa
soluciones de entrada al sistema pero no soluciones de salida.
Además, la Constitución, en su disposición transitoria
vigésima segunda, ya establecía la necesidad de expedir una
legislación para el sistema financiero en épocas de crisis. Y
en función de ese reconocimiento y de la evaluación de los
casos de liquidación a la que han sido sometidas varias
instituciones, se comprendía la necesidad de arbitrar otras
soluciones no traumáticas.
¿Se reconocía, entonces, que la legislación bancaria y
financiera era insuficiente?
La legislación ya arbitraba los seguros de depósitos
provisionales, la ayuda al pequeño ahorrista de hasta 2.000
UVCs, pero a todas luces estos eran instrumentos
insuficientes..
Un concepto que se surge con las liquidaciones de bancos es el
crédito vinculado. ¿Es necesario que se legisle con mayor
severidad sobre este tema que genera muchos problemas?
El préstamo vinculado es un tema complejo que incidió,
definitivamente, en algunos de los casos de bancos sometidos a
liquidación, pero relievo que no es la causa uno o única. El
tema de los créditos vinculados es objeto de agudos debates.
Hay países que se alinean a la tesis de su total eliminación y
van por la persecución penal. Otros países, como el nuestro,
los permite de manera controlada, estableciendo límites para
su concesión o la obligación de declaración espontánea de los
administradores, directores o accionistas que los perciban.
¿No cree que los límites legales, en el caso ecuatoriano, son
demasiado generosos con la banca?
Los límites que constan en la actual Ley de Instituciones del
Sistema Financiero son excesivos; y creo que deben reducirse.
Pero creo también que es más factible el control con el
sistema permisivo. En caso de prohibición de estos créditos no
existirían, fácilmente, posibilidades de control de los
préstamos cruzados entre las distintas entidades.
¿No cree que los últimos casos revelan fallas del organismo de
control respecto a la supervisión?
El sistema imperante puede ser objeto, como en la práctica lo
es, de transgresiones que no son fácilmente detectables por
los auditores de la Superintendencia de Bancos (SB). A no ser
que exista una denuncia concreta, solo puede corregirse la
anormalidad cuando sucedió y no con anterioridad. En
ocasiones, la legislación no arbitra los mecanismos necesarios
y simplemente establece correctivos a la situación, cuyo
seguimiento es demorado y tardío.
¿Se reformará la Ley Financiera?
La SB prepara una reforma y esperamos presentarla este mes.
Contemplará la necesidad de cambiar la estructura de los
directorios de los bancos. Hoy, el directorio y los consejos
de administración desempeñan la tarea de coadministración o
vigilancia que en la práctica no la cumplen. La forman
personas influyentes, vinculados con la administración, pero
no tienen, necesariamente, la preparación adecuada para el
desempeño de sus tareas. Actualmente, tampoco se involucran de
una manera directa en la administración, y se limitan a
participar en reuniones periódicas para asuntos puntuales o
esporádicos.
¿Cuál es su concepto respecto a lo que debe ser el directorio
de un banco?
Hay que otorgarles una función de supervigilancia, donde sus
integrantes sean conocedores de materia financiera, auditoría.
Así se podría llegar a un mayor control de la administración y
asegurar la solvencia de los bancos.
Sobre a de los auditores externos: cuando hay liquidaciones
bancarias también su eficiencia es sumamente cuestionada.
¿Tendrá la reforma un cambio especial en este punto?
Deben ser modificados los sistemas de selección de auditorías
externas. Más que una elección de la entidad financiera,
deberían escogerlas la SB. De esta manera, actuarían como
delegados de la SB para que reporte sus observaciones al
organismo de control oficial, antes que al banco. Así se
introducirían mecanismos de alerta temprana y correctivos.
¿Piensa que se debe volver al esquema de intervención, o esa
es una etapa superada?
El sistema de intervención existió en la legislación anterior
porque el fracaso del sistema se puso de manifiesto con la
serie de liquidaciones, aun cuando los bancos estaban
intervenidos. Se adoptó un sistema de control recomendado por
el Comité de Basilea a través de los tres niveles. El interno,
por el cual el auditor interno y el directorio del banco
realizan un control previo de la administración. El segundo
nivel fue el de los auditores externos, y el tercero es de la
SB, que se nutre de la información periódica y las
inspecciones in situ que realizan los auditores de la SB
destinadas a inspeccionar los activos de riesgo. El sistema
existente, con las modificaciones, puede ser positivo si
logramos que el equipo de auditores de la SB estén capacitados
y actúen con toda responsabilidad.
¿La Ley de Reactivación Económica que entró en vigencia desde
el 1 de diciembre del 98 es todo lo que quería la SB o le
faltó más rigurosidad?
Desde que accedí a la Superintendencia me preocupó la
inexistencia de mecanismos de resolución de las entidades en
crisis. Existía gran preocupación, no solamente de autoridades
de control y vigilancia, sino de autoridades monetarias. Por
eso se trabajó en ese proyecto, consultado a nivel nacional e
internacional. El proyecto sufrió modificaciones naturales en
un país democrático.
Una de ellas: en el proyecto original no constaba el concepto
de reestructuración, sino solo de saneamiento. ¿Qué opina?
La concepción del proceso de reestructuración había pero era
distinta a la actual. Se partió del principio de que existía
un problema de crisis en el sistema financiero y había que
someter a todo el sistema a un análisis objetivo para conocer
con transparencia la realidad de cada ente. Ese era el proceso
de reestructuración que lo concebían los organismos de
control. Fue sustituido por el de una etapa previa al
saneamiento, a efecto de no provocar temor colectivo. El
saneamiento en sí no es un castigo, sino una etapa que
persigue proteger a los depositantes de un banco cuando la
entidad está en una situación crítica.
La Ley se aprobó en un entorno crítico: el Congreso demoraba
su discusión mientras la Junta Bancaria analizaba la grave
crisis de Filanbanco. ¿Cuánto pesó este escenario en la nueva
Ley?
La preparación de la Ley viene de antes, porque se tenía
conciencia de la grave situación del sistema financiero. Se
sabía que la situación de entes financieros de tamaños pequeño
o mediano era manejable. Pero también había conciencia de que
el momento que se produjera una situación crítica de un ente
financiero de tamaño grande, se corría un grave riesgo
sistémico que podía provocar consecuencias dolorosas, como se
produjeron en otros países. Las consecuencias hoy se olvidan,
pero cuando se trata de un banco grande con cientos de miles
de depositantes, que maneja gran parte del comercio exterior,
con un personal tan grande, las consecuencias son de magnitud.
La ley no fue destinada para Filanbanco, pero sí para afrontar
estas crisis. No cabe olvidar que otros bancos sufrieron
graves corridas que provocaron olas de temores.
Si no se vende rápidamente Filanbanco, se convertirá en otro
Banco Continental. Si eso ocurre, ¿podría decirse que la Ley
no alcanzó su objetivo?
La sola tranquilidad existente ya es un logro positivo. El
hecho de que Filanbanco siga funcionando significa la
conservación del valor intrínseco de una de las instituciones
más grandes del país. La idea de someterlo a reestructuración,
de sacarlo de la situación de iliquidez permite avizorar la
posibilidad de una rápida negociación, y estamos en la línea
correcta, como lo demuestra el interés de algunos grupos. El
objetivo central es venderlo como negocio en marcha, no solo
para la tranquilidad de los ecuatorianos, sino para que la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) recupere su inversión.
¿Qué responde ante la crítica de que no hay un trato igual con
otros bancos?
Definitivamente, no puede haber igualdad. Cada situación
particular es objeto de evaluación. La decisión de cerrar el
Banco Tungurahua por 3 semanas demandó 5 horas de análisis.
Medir los efectos cuesta, pero hay que hacer abstracciones de
esos sentimientos y adoptar medidas. En unos casos, de manera
drástica, en otros de manera limitada.
¿No era mejor para el sistema pasar de una sola vez al Banco
Tungurahua a saneamiento?
Cuando se tomó la decisión de poner a esta institución en
reestructuración, se presentó una persona que expresó su
interés en comprarlo o convertirse en socio, pero esto al
final no sucedió. La decisión de someterlo a reestructuración
fue una alerta de la necesidad de la conveniencia de
introducir ciertos correctivos, como el incremento de capital,
que al no darse y frente al grave desangre ocurrido en los
últimos días, por la desconfianza de los depositantes, se
decidió que pasara a saneamiento.
En el proceso de reestructuración y saneamiento, la AGD se
hace cargo de todas las deudas a través de emisión de bonos.
¿No es este un esquema para que las pérdidas privadas se
estaticen?
No. Admito que el panorama descrito previamente era real, no
hipotético, las pérdidas del sistema financiero alguien tiene
que absorberlas. La alternativa es que la absorban los
pequeños depositantes del sistema financiero. O que el Estado,
a través de la AGD, aplique mecanismos de solución costosos,
pero que se pueden recuperar o diferir en el tiempo para su
adecuada amortización. De otra manera, los daños al sistema se
vuelven irreparables, por la ruptura de la cadena de pagos.
Esta inversión que hace el Estado puede, en cierto momento,
recuperarse con el adecuado manejo de los entes financieros.
Con una economía depresiva, un aparato productivo en recesión,
¿no fue una influencia negativa la presencia de demasiados
entes financieros?
Puede que haya influido, no lo niego, pero el mercado
administrará soluciones a ese problema. La respuesta son las
fusiones que se están dando, no solo para fortalecer al
sistema frente a los eventuales efectos negativos de un
mercado saturado, sino porque la moratoria que se introdujo no
produjo los efectos deseados. Sin dar cifras, tendrán que
darse los mecanismos adecuados para limitar los entes
financieros al tamaño adecuado del mercado.
Un tema que debe solucionarse esta semana es el Banco de
Préstamos. ¿No le molesta las continuas críticas de los
acreedores?
Tenemos que ver la cosa con realidad. Reconozco el esfuerzo de
los acreedores que, a diferencias de entidades del sector
público, han logrado capitalizar USD 70 millones, eso es un
gran esfuerzo, pero no suficiente porque al momento que se
decida la reapertura del banco, éste deberá honrar USD 320
millones. Por lo tanto, lo abriría quebrado.
¿Y las promesas del grupo Peñafiel?
Nos pidió hasta el 15 de diciembre para firmar el fideicomiso
de sus propiedades, la JB le dio tres días más y no firmaron.
Ellos han dispuesto de las propiedades, pasándolas a otras
personas. Nos hablan de un socio estratégico que invertiría
USD 50 millones. La JB exigió que como garantía de su promesa
ponga USD 25 millones, no lo hizo, y en una reunión de la JB,
el socio nos puso como condición que le demos 3 meses. El
grupo Peñafiel quiere entregarnos sus pozos petroleros en
Rusia; eso es imposible. ¿Cómo garantizarnos su real
producción?
¿La JB apoya la recuperación de ese banco?
Hemos contratado al mejor asesor en fideicomiso en negocio
petrolero, hemos dado toda la ayuda posible. Nuestra decisión
fue que de los USD 320 millones que deben responderse en
depósitos e inversiones, se capitalicen USD 90 millones, se
difieran inversiones por USD 120 millones y se firme el
fideicomiso con el Banco Central para pagar la deuda de USD 60
millones. Es cierto, los únicos esforzados han sido los
depositantes. (Texto tomado de El Comercio)
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