Guayaquil. 25 ene 99. Novecientos sesenta millones de dólares
ha invertido hasta el momento el Estado en el salvataje
bancario
Según una encuesta de Market, el 54% de los ecuatorianos cree
que una de las principales razones por la que algunos bancos
están teniendo dificultades es por el mal manejo de sus
directivos, o por la irresponsabilidad de sus administradores.
En los últimos cuatro años la prensa nacional ha llenado sus
páginas con titulares que anunciaban problemas de iliquidez
del 30 por ciento de los bancos que operan en el Ecuador: Los
Andes fue vendido apresuradamente; Continental absorbido por
el Banco Central; en Solbanco se optó por la rehabilitación
hecha por sus propios clientes y Préstamos tiene pendiente un
proceso similar; Pacífico y Progreso sufrieron pérdidas de
depósitos debido a malsanos rumores; Filanbanco, Tungurahua y
la Mutualista Previsión y Seguridad han sido absorbidos por la
Agencia de Garantías de Depósitos. De ellos, de una u otra
manera, cuatro instituciones financieras están en manos del
Estado. Diez han recibido créditos de liquidez del Banco
Central. Uno ha pedido crédito de estabilización que se da
cuando acusa graves problemas financieros y es firme candidato
a ser también asumido por el Estado.
Para analizar la situación de la banca ecuatoriana es
necesario recordar que desde el uno de diciembre del año
pasado entró en vigencia la nueva Ley de reordenamiento en
materia económica, en el área tributario-financiera. Es la
misma ley del 1% que también incluyó la creación de la Agencia
de Garantía de Depósitos (AGD). La idea fue dar a las
autoridades de control del sistema financiero, herramientas
idóneas "que aseguren que los recursos de los depositantes
sean administrados y canalizados al sector productivo con la
mayor eficiencia".
El trámite mismo de la ley en el Congreso no estuvo libre de
conjeturas. Las reuniones de la comisión del Congreso
encargada de revisar el proyecto presentado por el Presidente
de la República coincidieron con la crisis del Filanbanco. La
prensa denunció, entre otras cosas, que en la comisión actuó
un diputado alterno, hermano del gerente general del primer
banco que iba a ser intervenido por la AGD y que como asesor
estaba uno de los abogados del mismo banco.
El resultado fue la introducción de varios cambios al proyecto
original. En el directorio de la nueva Agencia se introdujo a
un representante de la ciudadanía "quien deberá cumplir los
mismos requisitos exigidos para ser Superintendente de
Bancos". Se dio al presidente del directorio, es decir al
Superintendente de Bancos, un voto calificado, osea que
ninguna resolución se adoptará "sin contar con su voto
favorable". De esta manera este funcionario se convierte en la
autoridad suprema del sistema bancario del país. Por si fuera
poco, el proyecto originalmente redactado por técnicos del
Banco Central del Ecuador, protegía a los miembros de la AGD
de cualquier acción legal que puedan seguir contra ellos los
antiguos dueños o administradores del banco intervenido.
Tampoco se consideró la posibilidad de afectar, en caso de ser
necesario, los depósitos de las empresas relacionadas para
amortizar las pérdidas. "Esta realidad pone una vez más de
manifiesto que los intereses de pocos están sobre las
necesidades de muchos", dijo a Vistazo el ex ministro de
Finanzas Jorge Gallardo Zavala.
El superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, discrepa en
parte con la percepción ciudadana reflejada por Market.
"Pienso que la crisis bancaria se explica más por otros
factores, pero no quiero desestimar que puedan haber
situaciones particulares donde haya mala administración,
excesivos gastos adminis- trativos o abusos de créditos
vinculados".
Por su parte el presidente del directorio del Banco Central,
Luis Jácome, cree que lo que ocurre en el sector bancario es
el reflejo de lo que sucede en la economía ecuatoriana. Si hay
estancamiento en la economía quiere decir que la actividad
económica es baja y si la actividad económica es baja quiere
decir que las empresas no pueden hacer negocios. Entonces no
pueden pagar sus préstamos fácilmente y es entendible que
suban los niveles de la cartera vencida de los bancos. Por lo
demás, no es atractivo para los inversionistas fortalecer a
esas instituciones bancarias. Las acciones de los bancos caen
y la gente dice ¿para qué voy a invertir en bancos? Y al mismo
tiempo hay una economía inestable que se va de las manos y que
obliga al Banco Central a tener una tasa de interés elevada
haciendo más atractivo invertir en activos financieros y ganar
una tasa de interés alta que arriesgar poniendo en acciones de
una empresa bancaria".
"La percepción ciudadana", según Jorge Gallardo, "está en
línea con la necesidad imperiosa de prevenir el riesgo moral o
la tendencia a tomar posiciones más riesgosas y que la ley no
lo hace de manera integral".
En la mayoría de las crisis bancarias presentadas se han
demostrado peligrosos niveles de créditos concedidos a
empresas vinculadas de alguna manera al mismo grupo financiero
al que pertenece el banco en problemas. En economías
desarrolladas como la norteamericana este tipo de crédito
simplemente está prohibido, pero según los principios
desarrollados por el Comité de Basilea para la supervisión
bancaria, se deben establecer parámetros para controlar y
limitar los créditos relacionados o conectados con los
accionistas y admi- nistradores en las instituciones
financieras. "El Ecuador ha adoptado en su legislación estos
principios por consiguiente, lo que habría que establecer es
el cumplimiento de los límites y que no se hayan diseñado
mecanismos paralelos para evadir la legislación. Es decir, lo
que debe quedar claro es que no se haya cometido fraude o
peculado bancario", asegura el economista Jorge Gallardo.
El Superintendente de Bancos aclara también que "el préstamo
vinculado está previsto y permitido en nuestra ley",
considerándolos excesivos. "Estoy presentando un proyecto
tendiente a reducirlos al 10 o 20%. Actualmente se puede
llegar hasta el 60%", asegura Egas.
Las cifras exactas de lo que ha costado al país el salvataje
bancario también son materia de discusión en el país. Unas son
las que manejan las autoridades bancarias y otras las que usan
las generalmente bien informadas ex autoridades financieras.
En el caso de Filanbanco, por ejemplo, el Banco Central
asegura que hasta el momento se le ha dado 400 millones de
dólares por préstamos de liquidez y 140 millones adicionales
por capitalización. Sin embargo el ex presidente de Junta
Monetaria y alto dirigente socialdemócrata, Andrés Vallejo
Arcos, asegura que hasta el momento los desembolsos del Banco
Central a favor del Filanbanco suman 766 millones de dólares.
Según el presidente del Banco Central la diferencia de las
cifras se puede deber a que se estaría sumando dos veces el
capital de capitalización del banco ya que los bonos otorgados
en primera instancia han sido transformados en efectivo en el
instituto emisor.
En el caso del Continental se le dio un préstamo subordinado
de 160 millones de dólares y se capitalizó un préstamo de
liquidez de 140 millones adicionales, lo que suman 300
millones de dólares. En otros bancos intervenidos por el
Estado se habrían gastado otros 120 millones de dólares, con
lo que el salvataje le costó al país 960 millones de dólares,
un doceavo de nuestra deuda externa.
Pocos creen que este dinero podrá ser recuperado en su
totalidad cuando se vendan los bancos. Lo ideal sería que
quien adquiera el banco asuma todo lo que se haya invertido en
él, hasta ese momento. Al inicio de cada uno de los procesos
siempre se ha dicho que se reactivará la institución para
venderla en el menor tiempo posible, sin embargo, la
experiencia del Continental nos genera dudas. "De alguna
manera se están sacando lecciones del proceso Continental",
asegura el economista Luis Jácome, añadiendo que "tenemos que
tener en cuenta que alrededor hay demandas de los antiguos
propietarios contra los nuevos y viceversa y esa transacción
se vuelve más difícil". "Los juicios ponen una gran dosis de
incertidumbre para quien quiera comprar la institución",
agrega Jorge Gallardo.
El Banco Central asegura que el Continental ha dejado de ser
una carga financiera para la institución, que actualmente se
maneja solo y que las condiciones de crisis generalizada
actual no serían las más convenientes para una venta que bien
podría esperar hasta el segundo semestre del año.
Al parecer no prima el mismo criterio para el caso del
Filanbanco cuya subasta se anuncia para mediados de febrero.
"La ley prevé la posibilidad de una venta negativa", advierte
el superintendente Jorge Egas, "pero no creo que ese sea el
caso del Filanbanco". Se aspira alcanzar algo más de lo
invertido a través de intangibles de gran valor como es el
nombre con tradición, el hecho de tener agencias en todo el
país, un equipo de informática de primer orden y 500 mil
clientes que no se los logra de un día para otro".
En el caso del Tungurahua, según las autoridades, todo apunta
a una venta muy rápida. Igual cosa sucedería con la Mutualista
Previsión y Seguridad. Ambas son instituciones pequeñas y
fueron cerradas para evitar una masiva fuga de depósitos antes
de empezar el saneamiento.
Para las autoridades económicas las eventuales pérdidas que
sufra el Estado al momento de la venta de activos y pasivos de
los bancos intervenidos, en el peor de los casos, serían
menores a lo que habría perdido el país como consecuencia de
una descontrolada liquidación y de reacciones en cadena. "Si
estamos hablando de cifras comparativas de lo que ha costado
situaciones similares en Venezuela o México, nuestro cálculo
es que esto pudo haber significado entre tres y cuatro mil
millones de dólares, tener 500 mil familias en la calle
reclamando sus dineros y además perder 500 millones de dólares
en líneas de crédito del comercio exterior. Solamente con la
liquidación del banco de Préstamos tuvimos reacciones muy
negativas que agudizaron los costos de la crisis financiera
internacional para el Ecuador".
El futuro no es halagador. La tendencia de quiebra de bancos,
según los analistas afectará a por lo menos uno más. Y ya hay
un candidato con síntomas de inestabilidad que ha recurrido al
Banco Central por ayuda. El nombre es celosamente guardado por
el Central, previniendo el nerviosismo de los depositantes.
Hasta tanto continúa la discusión sobre cómo se debió
enfrentar la crisis bancaria y el grado de responsabilidad que
se debe cargar sobre los accionistas desplazados. (Texto
tomado de La Revista Vistazo)
ha invertido hasta el momento el Estado en el salvataje
bancario
Según una encuesta de Market, el 54% de los ecuatorianos cree
que una de las principales razones por la que algunos bancos
están teniendo dificultades es por el mal manejo de sus
directivos, o por la irresponsabilidad de sus administradores.
En los últimos cuatro años la prensa nacional ha llenado sus
páginas con titulares que anunciaban problemas de iliquidez
del 30 por ciento de los bancos que operan en el Ecuador: Los
Andes fue vendido apresuradamente; Continental absorbido por
el Banco Central; en Solbanco se optó por la rehabilitación
hecha por sus propios clientes y Préstamos tiene pendiente un
proceso similar; Pacífico y Progreso sufrieron pérdidas de
depósitos debido a malsanos rumores; Filanbanco, Tungurahua y
la Mutualista Previsión y Seguridad han sido absorbidos por la
Agencia de Garantías de Depósitos. De ellos, de una u otra
manera, cuatro instituciones financieras están en manos del
Estado. Diez han recibido créditos de liquidez del Banco
Central. Uno ha pedido crédito de estabilización que se da
cuando acusa graves problemas financieros y es firme candidato
a ser también asumido por el Estado.
Para analizar la situación de la banca ecuatoriana es
necesario recordar que desde el uno de diciembre del año
pasado entró en vigencia la nueva Ley de reordenamiento en
materia económica, en el área tributario-financiera. Es la
misma ley del 1% que también incluyó la creación de la Agencia
de Garantía de Depósitos (AGD). La idea fue dar a las
autoridades de control del sistema financiero, herramientas
idóneas "que aseguren que los recursos de los depositantes
sean administrados y canalizados al sector productivo con la
mayor eficiencia".
El trámite mismo de la ley en el Congreso no estuvo libre de
conjeturas. Las reuniones de la comisión del Congreso
encargada de revisar el proyecto presentado por el Presidente
de la República coincidieron con la crisis del Filanbanco. La
prensa denunció, entre otras cosas, que en la comisión actuó
un diputado alterno, hermano del gerente general del primer
banco que iba a ser intervenido por la AGD y que como asesor
estaba uno de los abogados del mismo banco.
El resultado fue la introducción de varios cambios al proyecto
original. En el directorio de la nueva Agencia se introdujo a
un representante de la ciudadanía "quien deberá cumplir los
mismos requisitos exigidos para ser Superintendente de
Bancos". Se dio al presidente del directorio, es decir al
Superintendente de Bancos, un voto calificado, osea que
ninguna resolución se adoptará "sin contar con su voto
favorable". De esta manera este funcionario se convierte en la
autoridad suprema del sistema bancario del país. Por si fuera
poco, el proyecto originalmente redactado por técnicos del
Banco Central del Ecuador, protegía a los miembros de la AGD
de cualquier acción legal que puedan seguir contra ellos los
antiguos dueños o administradores del banco intervenido.
Tampoco se consideró la posibilidad de afectar, en caso de ser
necesario, los depósitos de las empresas relacionadas para
amortizar las pérdidas. "Esta realidad pone una vez más de
manifiesto que los intereses de pocos están sobre las
necesidades de muchos", dijo a Vistazo el ex ministro de
Finanzas Jorge Gallardo Zavala.
El superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, discrepa en
parte con la percepción ciudadana reflejada por Market.
"Pienso que la crisis bancaria se explica más por otros
factores, pero no quiero desestimar que puedan haber
situaciones particulares donde haya mala administración,
excesivos gastos adminis- trativos o abusos de créditos
vinculados".
Por su parte el presidente del directorio del Banco Central,
Luis Jácome, cree que lo que ocurre en el sector bancario es
el reflejo de lo que sucede en la economía ecuatoriana. Si hay
estancamiento en la economía quiere decir que la actividad
económica es baja y si la actividad económica es baja quiere
decir que las empresas no pueden hacer negocios. Entonces no
pueden pagar sus préstamos fácilmente y es entendible que
suban los niveles de la cartera vencida de los bancos. Por lo
demás, no es atractivo para los inversionistas fortalecer a
esas instituciones bancarias. Las acciones de los bancos caen
y la gente dice ¿para qué voy a invertir en bancos? Y al mismo
tiempo hay una economía inestable que se va de las manos y que
obliga al Banco Central a tener una tasa de interés elevada
haciendo más atractivo invertir en activos financieros y ganar
una tasa de interés alta que arriesgar poniendo en acciones de
una empresa bancaria".
"La percepción ciudadana", según Jorge Gallardo, "está en
línea con la necesidad imperiosa de prevenir el riesgo moral o
la tendencia a tomar posiciones más riesgosas y que la ley no
lo hace de manera integral".
En la mayoría de las crisis bancarias presentadas se han
demostrado peligrosos niveles de créditos concedidos a
empresas vinculadas de alguna manera al mismo grupo financiero
al que pertenece el banco en problemas. En economías
desarrolladas como la norteamericana este tipo de crédito
simplemente está prohibido, pero según los principios
desarrollados por el Comité de Basilea para la supervisión
bancaria, se deben establecer parámetros para controlar y
limitar los créditos relacionados o conectados con los
accionistas y admi- nistradores en las instituciones
financieras. "El Ecuador ha adoptado en su legislación estos
principios por consiguiente, lo que habría que establecer es
el cumplimiento de los límites y que no se hayan diseñado
mecanismos paralelos para evadir la legislación. Es decir, lo
que debe quedar claro es que no se haya cometido fraude o
peculado bancario", asegura el economista Jorge Gallardo.
El Superintendente de Bancos aclara también que "el préstamo
vinculado está previsto y permitido en nuestra ley",
considerándolos excesivos. "Estoy presentando un proyecto
tendiente a reducirlos al 10 o 20%. Actualmente se puede
llegar hasta el 60%", asegura Egas.
Las cifras exactas de lo que ha costado al país el salvataje
bancario también son materia de discusión en el país. Unas son
las que manejan las autoridades bancarias y otras las que usan
las generalmente bien informadas ex autoridades financieras.
En el caso de Filanbanco, por ejemplo, el Banco Central
asegura que hasta el momento se le ha dado 400 millones de
dólares por préstamos de liquidez y 140 millones adicionales
por capitalización. Sin embargo el ex presidente de Junta
Monetaria y alto dirigente socialdemócrata, Andrés Vallejo
Arcos, asegura que hasta el momento los desembolsos del Banco
Central a favor del Filanbanco suman 766 millones de dólares.
Según el presidente del Banco Central la diferencia de las
cifras se puede deber a que se estaría sumando dos veces el
capital de capitalización del banco ya que los bonos otorgados
en primera instancia han sido transformados en efectivo en el
instituto emisor.
En el caso del Continental se le dio un préstamo subordinado
de 160 millones de dólares y se capitalizó un préstamo de
liquidez de 140 millones adicionales, lo que suman 300
millones de dólares. En otros bancos intervenidos por el
Estado se habrían gastado otros 120 millones de dólares, con
lo que el salvataje le costó al país 960 millones de dólares,
un doceavo de nuestra deuda externa.
Pocos creen que este dinero podrá ser recuperado en su
totalidad cuando se vendan los bancos. Lo ideal sería que
quien adquiera el banco asuma todo lo que se haya invertido en
él, hasta ese momento. Al inicio de cada uno de los procesos
siempre se ha dicho que se reactivará la institución para
venderla en el menor tiempo posible, sin embargo, la
experiencia del Continental nos genera dudas. "De alguna
manera se están sacando lecciones del proceso Continental",
asegura el economista Luis Jácome, añadiendo que "tenemos que
tener en cuenta que alrededor hay demandas de los antiguos
propietarios contra los nuevos y viceversa y esa transacción
se vuelve más difícil". "Los juicios ponen una gran dosis de
incertidumbre para quien quiera comprar la institución",
agrega Jorge Gallardo.
El Banco Central asegura que el Continental ha dejado de ser
una carga financiera para la institución, que actualmente se
maneja solo y que las condiciones de crisis generalizada
actual no serían las más convenientes para una venta que bien
podría esperar hasta el segundo semestre del año.
Al parecer no prima el mismo criterio para el caso del
Filanbanco cuya subasta se anuncia para mediados de febrero.
"La ley prevé la posibilidad de una venta negativa", advierte
el superintendente Jorge Egas, "pero no creo que ese sea el
caso del Filanbanco". Se aspira alcanzar algo más de lo
invertido a través de intangibles de gran valor como es el
nombre con tradición, el hecho de tener agencias en todo el
país, un equipo de informática de primer orden y 500 mil
clientes que no se los logra de un día para otro".
En el caso del Tungurahua, según las autoridades, todo apunta
a una venta muy rápida. Igual cosa sucedería con la Mutualista
Previsión y Seguridad. Ambas son instituciones pequeñas y
fueron cerradas para evitar una masiva fuga de depósitos antes
de empezar el saneamiento.
Para las autoridades económicas las eventuales pérdidas que
sufra el Estado al momento de la venta de activos y pasivos de
los bancos intervenidos, en el peor de los casos, serían
menores a lo que habría perdido el país como consecuencia de
una descontrolada liquidación y de reacciones en cadena. "Si
estamos hablando de cifras comparativas de lo que ha costado
situaciones similares en Venezuela o México, nuestro cálculo
es que esto pudo haber significado entre tres y cuatro mil
millones de dólares, tener 500 mil familias en la calle
reclamando sus dineros y además perder 500 millones de dólares
en líneas de crédito del comercio exterior. Solamente con la
liquidación del banco de Préstamos tuvimos reacciones muy
negativas que agudizaron los costos de la crisis financiera
internacional para el Ecuador".
El futuro no es halagador. La tendencia de quiebra de bancos,
según los analistas afectará a por lo menos uno más. Y ya hay
un candidato con síntomas de inestabilidad que ha recurrido al
Banco Central por ayuda. El nombre es celosamente guardado por
el Central, previniendo el nerviosismo de los depositantes.
Hasta tanto continúa la discusión sobre cómo se debió
enfrentar la crisis bancaria y el grado de responsabilidad que
se debe cargar sobre los accionistas desplazados. (Texto
tomado de La Revista Vistazo)
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