La Reforma Estructural En Debate

Quito. 25 ene 99. La presentación de un programa de reformas
estructurales está en los planes del actual Gobierno para
lograr la modernización del Estado e incentivar la inversión.

Los ejes de esta reforma son: seguridad social, educación,
petróleo, energía eléctrica y telefonía. Según Ramiro Rivera,
jefe de bloque de la DP, son cambios que complementan el
trabajo de la Asamblea Nacional, como en educación y seguridad
social. Este último que se mantiene bajo el sistema monopólico
estatal.

De otro lado, están reformas que apuntan a completar la
transición en las empresas estatales en sociedades anónimas, y
la profundización de los sistemas de concesión u asociación.
Con estos se busca inyectar más incentivos al sector privado
para lograr mayores niveles de inversión a los previstos en
las reformas constitucionales y legales que permitieron la
aplicación de esos esquemas.

Todas las modificaciones tienen carácter de reformas legales.
A pesar que la mayoría del PSC y la DP guarda coincidencias,
en la discusión de esos cinco grandes temas se vislumbran
varios escenarios.

En el tema de la seguridad social, el debate gira alrededor de
una reforma a la Ley del Seguro Social Obligatorio que
presentó (en su primera parte) la Comisión Interventora del
IESS, según disposición constitucional. Con la segunda parte,
conforma la reforma integral del actual esquema del seguro
social. El tema está ya en la agenda del Pleno.

Hasta el momento, los objetivos generales tienen su base de
apoyo en la mayoría, como: en el incremento en las
aportaciones, el recorte de personal innecesario, la
ampliación de los servicios, la inversión bien orientada del
patrimonio. En la oposición existen ciertas divergencias: como
al aumento de los años para acceder a la jubilación. Henry
Llanes (ID), Víctor Hugo Sicouret (PRE) y Káiser Arévalo
(Pachakutik) se pronunciaron en ese sentido.

Ramiro Rivera destaca que nadie puede estar en contra de esta
reforma a no ser que existan otras consideraciones políticas
pues "no da votos". La misma perspectiva la presenta para la
reforma educativa. El objetivo último es de emprender un nuevo
esquema que priorice el nivel académico y evite el manejo
político. La primera reforma está en camino: la nueva Ley de
Educación Superior; el informe de primer debate está en la
agenda del Pleno.

En cuanto a los temas eléctrico y de telecomunicaciones
existen divergencias sobre el perfil de una reforma que se ha
anunciado en el Gobierno para modificar la participación
accionaria del sector privado. Se habla de llegar a un 51 por
ciento, mayoritario.

Rivera asegura que son necesarias reformas legales para
ofrecer mayores incentivos. Y el incremento en la
participación accionaria es una vía, dice.

A juicio del diputado Alvaro Pérez (PSC), el país más que
"seguir pensando en 50 ó 51 debería ofrecer seguridad
jurídica". Destaca que la actual Ley de Telecomunicaciones
establece que la administración de las sociedades anónimas
está bajo el control del inversionista. Lo que falta es
decisión política en la modernización y transformación de las
empresas estatales, asegura.

El diputado Xavier Neira (PSC) también asegura que en este
momento hay que fundamentar la seguridad jurídica, y devolver
la credibilidad al proceso de modernización. Incluso habla de
que es un proceso que "va mal trecho por intereses creados".
Pérez sostiene que el país debe garantizar esa seguridad al
inversionista que arriesga su capital.

No obstante, esos criterios no son oficiales del bloque del
PSC. El tema aún no ha sido discutido internamente, así como
el de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aunque la
posición ha sido la de ir hacia una mayor apertura.

El eje de una reforma en el manejo de la política y la
industria del petróleo, según Henry Llanes (ID), debe partir
de dos criterios: que las políticas no perjudiquen al Estado y
que la gestión sea transparente y libre de intereses
económicos y políticos, es decir que sea autónoma.

Llanes también destaca que ha habido una equivocada política
petrolera que se refleja en la baja considerable en la
participación en los ingresos presupuestarios (6%). La razón:
"los contratos con compañías han sido lesivos para los
intereses del país". Sin embargo, la ID no ha presentado aún
su posición oficial. La ID y Pachakutik preparan sus
propuestas.

Las reformas anunciadas en forma general en el Gobierno
apuntan a profundizar en el tema de la participación a través
de mayores estímulos. El Conam está afinando el proyecto de
reformas pero no se conocen aún los detalles del mismo sobre
los mecanismos para lograr una mayor participación del sector
privado.

Impuestos: el diálogo sigue

El Gobierno y su bloque legislativo de la DP retomarán hoy los
contactos con otras bancadas para analizar el tema de la
proforma presupuestaria. El objetivo, lograr acercamientos
sobre nuevos impuestos.

Ramiro Rivera, jefe de la DP, destacó que se reunirán -en lo
posible en forma conjunta- con los legisladores de la
oposición (ID, Pachakutik y el PRE) y otros sectores. Hasta
última hora no se confirmaba la hora ni el lugar exacto de las
reuniones.

El punto básico de los acercamientos, dijo, se refieren a los
nuevos impuestos propuestos en la proforma que permitirían
ingresos por USD 120 millones. Esto es el 1% al patrimonio de
las empresas y un impuesto especial a los autos.

Ante la insistencia de ciertos sectores sobre buscar recursos
de una renegociación de una parte de lo destinado al pago de
la deuda, Rivera admitió que se podría buscar un arreglo con
el Club de París. No obstante destacó que los nivel de
recursos sería menos (en alrededor de USD 20 millones) que
podrían servir como ingresos para el presupuesto. Y aún así,
no es tan probable que puedan ser incorporados para este año
fiscal. Por eso insistió en las propuestas de los nuevos
impuestos.

Mientras la negociación política se intensifica a partir de
hoy, otros sectores sociales han hecho conocer sus puntos de
vista sobre los mecanismos que maneja el Gobierno para
financiar la proforma.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) propuso la
celebración de un plebiscito para que la población decida
alternativas que permitan solucionar la crisis interna que
agobia al país. El presidente del FUT, Fausto Dután, indicó
-según la agencia EFE- que "frente al modelo económico
impopular del Gobierno", las organizaciones sociales
elaborarán una propuesta social que asegure un desarrollo
sostenido y que "sea respaldado o legitimado mediante un
plebiscito o una consulta popular".

Dután anunció la convocatoria de una reunión entre los
sindicatos y otros frentes sociales hoy para planificar una
jornada de movilizaciones, que podría desembocar en una huelga
general, y que "algunos sectores han planteado hacer el 5 de
febrero" al cumplirse el segundo aniversario de la caída del
presidente Abdalá Bucaram.

Por su parte, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie), que se reunirán los próximos 1
y 2 de febrero para discutir sus propuestas y planificar
acciones de protesta, anunciaron que participarán en las
movilizaciones convocadas por los sindicatos.

La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha mostró su
posición con respecto a un impuesto del 1% al patrimonio de
las empresas. Para este sector, el Gobierno debe tomar en
cuenta que éste y otro cargo adicional a la industria solo
provoca "una baja de la rentabilidad y/o un incremento de
precios". Los pequeños industriales también destacaron que la
reactivación económica depende de la desinversión del Estado
en varios sectores y otros medidas. (Texto tomado de El
Comercio)