Quito. 15.02.95. Han pasado más de cinco años desde cuando el
presidente Bush le declaró la guerra a la industria ilegal de
la cocaína de América Latina. Al incrementar el presupuesto de
Estados Unidos contra la droga involucrando a sus fuerzas
armadas para reprimir el comercio de estupefacientes, y al
ofrecer cientos de millones de dólares de ayuda a los
gobiernos y fuerzas de seguridad de los países andinos
productores de cocaína, Bush planeaba reducir en 10% la
cantidad de cocaína que llegaba a Estados Unidos provenientes
de América Latina en los siguientes dos años, y en 50% en los
siguientes diez. A mediados de esta década, y luego que
Estados Unidos ha gastado más de US$ 50.000 millones en su
lucha antidrogas, continua el boom de la industria de las
drogas ilegales e américa Latina.

Aunque el asunto de las drogas ilegales es preponderante en
muchos países europeos, ya no domina los titulares ni ocupa un
lugar destacado en la agenda política de Estados Unidos. Como
pronto lo podrán descubrir los políticos europeos, lo anterior
se debe ante todo a que sus contrapartes en Estados Unidos
encontraron pocas recompensas electorales al comprometerse con
un problema tan difícil de manejar.

Son escasas las cifras confiables y muy espaciadas entre sí
pero, así y todo, es poco el alivio que proporcionan a los
policías antinarcóticos de todas las latitudes. Es cierto que
los funcionarios estadounidenses consideran que la producción
de cocaína puede haber descendido recientemente (el Comité
Nacional de Inteligencia sobre Consumidores de Narcóticos ha
calculado una disminución de la producción "potencial" de
cocaína latinoamericana, entre 955 y 1.000 toneladas en 1992,
ante 770 y 805 toneladas en 1993). Sin embargo, según lo
admiten los funcionarios, la causa tiene más que ver con el
hongo que atacó la cosecha de coca en Perú que con la
aplicación eficaz de la ley. Otros analistas consideran que la
producción calculada por el comité puede estar subvalorada.
Pese a que hoy día las autoridades a nivel mundial interceptan
mucho mayor cantidad de cocaína que hace una década, esa
tendencia positiva se ha frenado: el total de incautaciones
recientes parece haberse estabilizado entre 275 y 350
toneladas anuales. De todas formas, el aumento anterior de
decomisos puede reflejar una mayor producción, así como una
prohibición más rígida.

Estados Unidos sigue constituyendo el mercado más grande para
la cocaína. A pesar de los esfuerzos de una docena de agencias
gubernamentales y de todos los dólares de Bush, la represión
no ha amenazado el abastecimiento. El precio de la droga está
bajo y es estable. Durante los últimos cinco años los precios
al por mayor han oscilado entre un promedio de US$16.000 y
20.000 el kilo (una caída en relación con el de US$50.000 a
US$60.000 de principios de los años ochenta). Entre tanto,
alrededor del mundo se han abierto nuevos mercados a la
cocaína, en especial en Europa. El Departamento de Estado
Norteamericano anota que todas las grandes capitales europeas
han reportado una afluencia creciente de cocaína. El año
pasado la policía rusa incautó más de una tonelada de cocaína
colombiana en San Petersburgo.

Del lado de la demanda, el uso de la cocaína y el crack se ha
extendido a los barrios marginales de las ciudades europeas.
En Estados Unidos, cifras oficiales insinúan que el uso casual
de la cocaína descendió radicalmente después de 1985, pero que
en la actualidad está volviendo a aumentarse. Algunos
analistas ponen en duda estas cifras, pues ellas se basan en
que los consumidores estén diciendo la verdad. Las cifras
muestran también que el consumo por parte de usuarios
habituales está en ascenso. Los casos de urgencias
hospitalarias (que comprenden la cocaína, probablemente el
indicador más confiable del consumo), han subido 25% desde
1991. Además, el uso de la heroína se está elevando de manera
considerable en Estados Unidos.

Este panorama sombrío no se debe a una falta de esfuerzo de
parte de quienes combaten la droga. De hecho, a ellos se les
adjudican éxitos sobresalientes gracias, en parte, a una
cooperación interfronteriza sin precedentes. Uno de tales
triunfos fue "Hielo verde", operación internacional contra el
sistema de lavado de dinero de los traficantes de Cali,
Colombia, en 1992. Coordinado por la Agencia Norteamericana
contra las Drogas (DEA), condujo a 200 detenciones en siete
países y al decomiso de US$40 millones en efectivo.

Hace más de un año, las fuerzas del orden colombianas al fin
encontraron y dieron muerte a Pablo Escobar, el
narcotraficante más violento del mundo. La persecución, con la
ayuda de la tecnología de inteligencia estadounidense más
avanzada, había durado 17 meses. La liquidación de Escobar fue
el último paso en el desmantelamiento del "cartel de
Medellín", al cual achacan las autoridades norteamericanas la
responsabilidad del ingreso de 80% de la cocaína que tocó
suelo estadounidense en los años ochenta. Escobar y sus
compinches estuvieron también involucrados en una sangrienta
campaña de explosiones, incluyendo la de un avión comercial en
mitad de vuelo con más de 100 pasajeros a bordo, así como el
asesinato de algunos de los políticos, jueces y periodistas
más destacados de Colombia.

Sin embargo, ninguna de las dos operaciones ocasionó un
impacto perceptible en el flujo de cocaína. Han aparecido y
desaparecido traficantes individuales pero la industria de las
drogas en conjunto,cuyo centro de operaciones ha sido por
largo tiempo Colombia, parece estar más robusta que nunca.
Colombia también ha surgido como un importante productor de
heroína, quizás el segundo del mundo después de Myanmar
(Birmania). Las organizaciones colombianas del narcotráfico
parecen haber incrementado tanto la repatriación de las
utilidades por concepto de drogas como sus inversiones en
negocios legales. Menos de dos décadas después que empezaran
las exportaciones de cocaína a gran escala desde Colombia, el
negocio de las drogas del país aún es demasiado grande,
diversificado y sofisticado como para que los esfuerzos de la
ley logren más que un efecto marginal en su desarrollo.

RIESGOS Y RECOMPENSAS

¿Por qué ha sucedido esto? La respuesta comienza con el
aspecto económico tan propio, de un comercio ilegal. En cada
etapa de la larga cadena que convierte una hoja de coca
cultivada en las montañas andina, en un gramo de cocaína en
las calles del Bronx los precios son determinados
principalmente por los riesgos que se derivan del estado
ilegal de este comercio. Por tal razón, el precio de un kilo
de cocaína pura (medido en relación con su equivalente de
hojas de coca) se eleva en un factor de unas 200 veces entre
el campo de cultivo de la coca y la calle donde se expende. La
mayor parte de esa alza ocurre una vez que la droga ha
ingresado en Estados Unidos , debido a que la fuerza de la ley
es más estricta en la mayoría de las ciudades norteamericanas
que, por ejemplo, en las regiones más indómitas de la espesura
peruana.

Peter Reuter, economista de la Universidad de Maryland, quien
ha adelantado un detallado estudio de la economía de la
cocaína, sostiene que incluso una aplicación más estricta de s
la ley en los países productores no lograría eliminar el
abastecimiento de cocaína. Simplemente hay demasiados
agricultores, procesadores y contrabandistas de coca. Por el
contrario, si se les suman riesgos a los productores, el
efecto de una aplicación más estricta de la ley sería el
incremento del precio en cada una de las etapas de la cadena
de suministro. No obstante, dado que los precios en las
diferentes fases de procesamiento representa un mínima parte
del precio final, las acciones en contra de los productores de
coca y cocaína en los Andes (del estilo de las preconizadas
por Bush) ejercen un efecto reducido en el precio callejero en
Estados Unidos.

Reuter considera que una triplicación del precio de la hoja de
coca aumentaría el precio en la calle de la cocaína en Estados
Unidos menos de 2%. O, visto de otra manera, el costo de
contrabandear un kilo de cocaína a un puerto norteamericano se
podría triplicar y, aun así, dejarle ganancia al
contrabandista, aunque fuera el mismo el precio que recibiese.

Además de las dificultades económicas, los intentos por
reprimir el comercio de estupefacientes en los países andinos
se han visto también contrarrestados por la corrupción y la
falta de voluntad política. Las fuerzas armadas de Perú han
logrado adelantos en contra de los guerrilleros de Sedero
Luminoso en el Valle del Alto Huallaga (área productora de
coca), pero han sido poco entusiastas en la persecución del
comercio de las drogas en sí mismo. Algunos funcionarios
parecen haber ingresado a él. En Colombia, pese al honroso
récord de muchos políticos, jueces y jefes de policía, las
fuerzas de seguridad han asumido una débil acción en contra de
los traficantes de Cali, quienes colaboraron en la persecución
de Escobar. Sin embargo, reiterando la opinión de Reuter,
sería poca la diferencia si las instituciones de los países
productores de drogas fuesen completamente incorruptos.

No es que la represión haya simplemente fracasado. Al
fragmentar la industria y alentar la innovación, en realidad
ha hecho al problema de la droga más difícil de combatir.
Ambos efectos se hacen latentes en la forma como han cambiado
la industria de la cocaína en los ándes.

Hace una década, la mayoría de la coca utilizada para elaborar
la cocaína se cultivaba sólo en dos áreas: el valle del Alto
Huallaga y la región de Chapare en Bolivia. Luego del
procesamiento inicial a nivel local, la pasta de coca se
llevaba en aviones ligeros a Colombia para su refinación. Las
exportaciones a Estados Unidos eran controladas por un manojo
de empresarios ilegales, cuyas sedes principales eran Medellín
y Cali. Hoy día la industria es mucho más complicada.

El cultivo de la coca ha disminuido en el valle del Alto
Huallaga desde 1992, en parte debido a que un hongo que
acababa con la hoja azotó las áreas de plantaciones más
densas. En el Chapare ha aumentado a duras penas, merced en
cierto modo a un programa financiado por Estados Unidos,
mediante el cual se les paga a los cultivadores de coca por
dejar de producirla en los campos. Sin embargo, la coca se ha
diseminado hacia el noroeste latinoamericano, llegando hasta
áreas cada vez más remotas. En la actualidad, la coca se
siembra no solamente en nuevas regiones de Perú y Bolivia,
sino también en Venezuela y Panamá. Y la producción ha vuelto
a surgir en Colombia: es posible que las áreas de cultivo se
hayan duplicado en los últimos dos años, a 80.000 hectáreas,
mayor que el área de la coca en Bolivia, y suficiente para
neutralizar el efecto del hongo peruano.

El procesamiento y la exportación de las drogas se han
fragmentado igualmente. Los traficantes peruanos han empezado
a exportar cocaína directamente, en lugar de vender a los perú
pasta semiprocesada. Una teoría relaciona tanto a este
fenómeno como a la siembra de coca en Colombia, con la
instalación de radares estadounidenses en la frontera
colombo-peruana y con la decisión del gobierno peruano de
derribar aeronaves que no tengan planes de vuelo previamente
registrados. En Colombia, la DEA afirma que Cali ha tomado el
lugar de Medellín como centro de la industria y que abastece
cerca de tres cuartas partes de la cocaína que llega a Estados
Unidos. No obstante, han aparecido nuevas organizaciones
importantes de narcotráfico. Al igual que vestigios restantes
de la estructura de Medellín se han reorganizado, estos
incluyen unidades establecidas en la costa norte de Colombia,
en otras áreas del Valle del Cauca próximas a Cali, en los
Llanos Orientales y en Santafé de Bogotá.

TODO MENOS UN CARTEL

Una de las cosas que hace difícil el análisis de la industria
de las drogas en Colombia es que los responsables de la
política y los periodistas en Estados Unidos se han encariñado
con el término "cartel". Lo acuñó la DEA, al aplicarlo primero
a los traficantes de Medellín y ahora a las contrapartes de
estos en Cali. El aspecto económico, obviamente, no es uno de
los puntos fuertes de la DEA.

Un cartel es una coalición de productores que actúan en
conjunto para restringir el suministro y elevar el precio de
su producto. Sin embargo, tal como lo explica Francisco
Thuomi, de la Universidad de Los Andes de Bogotá, los
"carteles" de la cocaína han incrementado su producción
probablemente al triple durante los últimos 15 años, lo cual
ha permitido que el precio al por mayor en Estados Unidos haya
caído 75%. Por otro lado, aparte de ese promedio los precios
fluctúan enormemente entre una ciudad y otra.

Así pues, aunque existen pruebas de la coordinación existente
entre diversos productores de cocaína, y de control por parte
de ciertos especialistas de aspectos del negocio tales como el
transporte y el contrabando, hay pocas pruebas de que ciertos
narcotraficantes (tales como Escobar o Jorge Luis Ochoa) hayan
intentado alguna vez restringir el suministro, y ninguna de
que lo hayan logrado. Thuomi sugiere los términos "asociación
de exportadores" o "cooperativa" para describir la
organización de Cali. Otros hablan de "sindicatos" o de una
"bolsa de la cocaína" al estilo de un enemigo que uno no
comprende. Un funcionario senior de la DEA afirma que esta
organización es como "la junta directiva de una enorme
corporación, que tiene una serie de vicepresidentes, cada uno
de ellos a cargo de una rama diferente". Sin embargo, hay otro
experimentado funcionario de la DEA a quien no le gusta el
término "cartel" y quien sostiene que Cali es "un consorcio
(cuyos miembros) trabajan en conjunto cuando les conviene, y
de lo contrario no lo hacen. Colaboran en algunos negocios,
más no en otros".

La DEA identificó a algunos de los empresarios más poderosos
de la droga hace mucho tiempo. Entre ellos se incluyen los
hermanos Rodríguez Orejuela (Cilberto y Miguel), cuyas
especialidades consisten en el transporte de cocaína a Estados
Unidos y el lavado de dólares; José Santacruz Londoño, quien
controla la distribución mayorista en Nueva York; y otros tres
clanes familiares, los Grajales, de quienes la DEA cree son
exportadores importantes de cocaína a Europa, los Herrera y
los Urdinola. No obstante, Alvaro Camacho, sociólogo de la
Universidad Nacional, sostiene que cada pueblo del Valle del
Cauca cuenta con uno o dos empresarios importantes de las
drogas que opera más o menos con independencia. Afirma que se
ha desarrollado una especie de estructura de clases: en la
base hay un grupo de antiguos pistoleros, jóvenes y asesinos
quienes. por derecho propio , se han convertido en empresarios
de la cocaína a menor escala.

POLITICA Y COMERCIO

Algunos perú sostienen que el éxito de los traficantes de alta
jerarquía de Cali se debe ante todo a su estrategia política.
Mientras que Escobar intentaba entrar abiertamente a la
política, y cuando se veía frustrado, lanzaba un desafío
militar que el Estado no podía pasar por alto, los empresarios
de Cali sigilosamente practicaban la influencia política a
través de la corrupción (aunque sus métodos para manejar a los
traidores no han dejado de ser brutales en su momento). Y
mientras Escobar reaccionaba con violencia a los desaires de
la élite tradicional de Colombia, sus rivales de Cali
esperaban su tiempo invirtiendo en un imperio de negocios
paralelo y, además, legal.

Otros analistas afirman que el surgimiento de Cali como líder
de la industria de la cocaína se debe no sólo a habilidades de
tipo político sino también a los sofisticados métodos de
negocios que han empleado los traficantes para frenar los
riesgos y mantener o agrandar sus ganancias. En ciertos
aspectos, los empresarios de la droga de Colombia han hecho
esto con toda la perspicacia y profesionalismo. Al desarrollar
estos métodos, los empresarios de Cali han estado a la
vanguardia:

- Reducción del riesgo. Thuomi asegura que este objetivo ha
marcado la opaca estructura de la industria, con su mezcla de
negocios por compartimientos (con el fin de aumentar una total
reserva), y varias formas de asociación compartida, en
especial sobre las autoridades). También ha significado
que el negocio familiar en el cual son fuertes los nexos de
lealtad, ha constituido la forma típica de empresa.

Los riesgos se pueden reducir de otras maneras. Cali ha
extendido su alcance al primer nivel de distribución en
Norteamérica; explotando este mayor grado de control, los
traficantes locales pueden exigir pagos de contado antes de
cualquier despacho de cocaína. A los distribuidores mayoristas
se les exigen garantías reales en Colombia, normalmente una
propiedad, aunque en ocasiones también los nombres y
direcciones de familiares en Estados Unidos.

- Economías de escala. Aunque Escobar y sus socios
desarrollaron instalaciones de producción a gran escala
(representados por grandes laboratorios para el proceso de la
cocaína en los Llanos Orientales perú), ellos producían
mayores pérdidas cuando eran detectados. Durante los últimos
diez años, los laboratorios han tendido a dispersarse en un
área más amplia, incluyendo a países vecinos como Venezuela,
Ecuador y Brasil. Se han buscado economías de escala, no en la
producción sino en el transporte.

El pionero fue Carlos Lehder (quien en la actualidad cumple
una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos). En 1978
Lehder compró un islote en las Bahamas y empezó a usarlo como
base para vuelos regulares a pequeños aeropuertos del sureste
estadounidense. Este servicio, por el cual cobraba una tarifa
a los productores de cocaína en Colombia, aceptaba cargas de
250 kilos o más. Anteriormente, las cargas se habían limitado
a la cantidad que pudiesen pasar oculta algunos
contrabandistas individuales (o "mulas") en los aeropuertos.

El paso siguiente consistió en utilizar aviones comerciales.
En 1982 los agentes aduaneros descubrieron dos toneladas de
cocaína en un despacho de jeans en el Aeropuerto Internacional
de Miami. La DEA estableció que la droga provenía de 15
organizaciones diferentes de narcotráfico.

Además, los empresarios de Cali confían fuertemente en los
embarques mercantes y utilizan métodos cada vez más rebuscados
de ocultar la droga. (Decomisos recientes han descubierto
cocaína escondida en postes de cemento para cercas, en jugos
de frutas enlatados y embutida en pescado congelado). Esto ha
permitido embarques hasta de 20 toneladas. Dado que por los
puertos estadounidenses pasan 10 millones de contenedores al
año (de los cuales los agentes aduaneros inspeccionan
únicamente 4%), este método reduce aún más el riesgo de
detección. De la misma manera, lo último en transporte, el uso
de naves sumergibles y submarinos caseros para llevar la droga
de la costa norte de Colombia hasta Puerto Rico, disminuye el
riesgo, a la vez que presenta la oportunidad de hacer envíos a
granel.

- Suministros justo a tiempo. Dado que en los negocios
ilegales la mayor parte del valor se agrega en el mercado
final, la ventaja competitiva se deriva de la capacidad de
disponer de un suministro continuo, que a su vez asegura el
control de las redes de distribución. Se deben mantener
inventarios en todos los puntos a lo largo de la cadena con el
fin de minimizar el efecto de los embarques que se pierdan. El
éxito de los traficantes de Cali en este aspecto puede haber
sido un factor decisivo en el que ellos hayan obtenido el
control de las redes de distribución en Estados Unidos después
de los años 1989 y 1990, cuando los traficantes de Medellín
fueron desconcertados por una arremetida del gobierno
colombiano en su contra. Tal es su grado de confianza en el
sistema que los embarcadores de Cali se ofrecen seguros contra
cargamentos perdidos.

- Desarrollo de nuevos productos y mercados. La DEA culpa a
distribuidores de drogas dominicanos de Nueva York por la
introducción del crack, una forma de cocaína, el cual produce
un efecto más potente en cantidades más pequeñas y económicas,
y que, por consiguiente, creó un mercado nuevo y más extenso.
Otras formas de innovación también han dado buenos resultados.
Cuando se vino abajo el precio de la cocaína a fines de los
años ochenta, al saturarse el mercado estadounidense, la
industria colombiana de la droga puso su mira en Europa; los
traficantes de Cali pueden haber cerrado un trato de
distribución con la mafia italiana.

Los traficantes de Colombia empezaron también a producir
heroína. Aunque existen algunas pruebas de que el paso de
Colombia hacia la producción de heroína puede haber sido
promovida por organizaciones más pequeñas del narcotráfico
(incluyendo los guerrilleros izquierdistas), en la actualidad
Cali también se encuentra involucrado. La DEA reporta que los
distribuidores que trabajan para Cali están buscando clientes
que compren la heroína junto con la cocaína.

- Desarrollo de nueva tecnología de producción.
Tradicionalmente, la producción colombiana de coca era de mala
calidad. Esto está cambiando. Sergio Uribe, consultor de
Naciones Unidas y autor de. Plan Nacional Antidrogas en
preparación, afirma que los cultivadores han introducido
nuevas variedades peruanas más productivas. Y utilizando
nuevos métodos (que incluyen gasolina y polvo de cemento), es
posible extraer materiales de mayor rendimiento durante la
primera etapa del proceso.

EL CAPITAL DE LA DROGA

Esta modernización de la industria de la cocaína tiene una
consecuencia importante. Significa que incluso si Colombia
logra eliminar a los traficantes más avezados de Cali o
persuadirlos a que se entreguen, es casi seguro que el efecto
en la industria sería prácticamente efímero. No hay razones
para suponer que los conocimientos acumulados sobre técnicas
de negocios estén exclusivamente en poder de las familias
dirigentes. La industria está demasiado sofisticada para eso.
De todas formas, muchas de las tareas clave (lavado de dinero,
contabilidad, proceso de información) son ejecutadas por
profesionales contratados contadores, abogados, ingenieros de
sistemas. En muchos casos incluso se han diseñado líneas de
sucesión. La DEA cree que los hermanos Rodríguez Orejuela y
sus colegas, están preparando sucesores para que se encarguen
de sus negocios.

Las implicaciones de lo anterior apenas son reconocidas a
medias por muchos funcionarios estadounidenses. El presidente
Clinton ha cambiado el enfoque de la retórica antidrogas por
el tema de la educación y el tratamiento. Sin embargo, su
administración se aferra a una estrategia "integrada" con
respecto a las drogas, así sea afectada negativamente por
recortes presupuestales, con esfuerzos de interdicción en el
exterior dirigidos a los países "fuente" más que a los de
"tránsito". Gran Bretaña también está intentando concentrarse
en la educación y el tratamiento. Otros países europeos tales
como Holanda siempre han seguido este enfoque.

Colombia encara un problema igualmente difícil, aunque
diferente. Aparte de la violencia y corrupción propagadas por
una industria ilegal, debe enfrentarse a un problema económico
creciente: la mala asignación de recursos causada por la
dependencia financiera de la exportación de la droga.

Aunque la mayoría de las utilidades de la industria de la
droga se hace en los mercados al detal de Estados Unidos y
Europa, los economistas perú creen que los empresarios de la
droga han repatriado entre US$1,5 y 2,5 mil millones anuales
durante la década pasada. La cifra puede haberse elevado entre
1990 y 1992, cuando el gobierno suprimió las barreras a los
flujos de capital en un esfuerzo por alentar la inversión
extranjera. Thuomi afirma que estas cifras excluyen también
las inversiones en Colombia de distribuidores de droga
residentes en Estados Unidos. Esto se compara con la inversión
bruta legal realizada por el sector privado, la cual promedia
US$2,8 mil millones anuales durante los años ochenta. En otras
palabras, el capital de las drogas financia en la actualidad
un segmento significativo del capital acumulado del país.

Aunque Colombia cuenta con una economía diversificada y
relativamente en rápido crecimiento (gracias en parte a la
política macroeconómica sólidas), sus esperanzas de
convertirse en un jaguar latinoamericano se encuentra
actualmente amenazadas por las distorsiones inducidas por
dinero de drogas. Buena parte de este dinero se invierte en
conceder legitimación social a los empresarios de la droga.
Los traficantes han construido clínicas y teatros de cine en
el Valle del Cauca, por ejemplo. Los analistas perú calculan
que los empresarios de la droga son propietarios de casi un
tercio de los terrenos agrícolas del país. Pero mientras el
propósito principal de la inversión sea el lavado del dinero
de la droga, a menudo el efecto será que se queden por fuera
los negocios legales. Las empresas que pierden dinero, desde
las plantas enlatadoras de frutas hasta las mueblerías, han
provocado el fracaso de los negocios legales rivales.

Muchas, quizás la mayoría de las inversiones de los
empresarios de la droga se basan en la búsqueda de mayores
ganancias (no necesariamente legales). Dos actividades
sobresalen: la importación de electrodomésticos y la
construcción. Los mercados de electrodomésticos de contrabando
han gozado de una prosperidad inusitada. Estos benefician a
los consumidores, vendiendo a precios más baratos que los
almacenes al detal convencionales, pero alentando la evasión
de impuestos. Sin embargo, el mayor riesgo para la economía
puede encontrarse en el boom de la propiedad raíz.

Las grúas dominan el cielo de Cali. Muchas de ellas se están
empleando para construir centros comerciales, hoteles y
apartamentos de lujo financiados por dinero de las drogas. Es
probable que la construcción aumente 9% en 1994 (en 1993 su
crecimiento fue aún mayor, de 12%, mientras el total de la
economía creció 4,5%). Salomon Kalmanovitz teme que el boom de
la finca raíz podría llegar a desencadenar un colapso en los
valores de los activos.

Anota que desde 1991 el valor de la propiedad raíz urbana ha
aumentado de 50% a 60% por año, en comparación con una tasa
promedio de inflación de 22% anual. No obstante, el dolor de
cabeza inmediato de las autoridades es la revaluación del peso
colombiano. El ingreso del dinero de las droga coincidió con
un incremento marcado en las rentas por exportaciones de café
(gracias a precios récord) y de petróleo (por la explotación
de nuevos pozos). Como consecuencia, hasta el momento el peso
se revaluó 30% en 1994 en términos reales en relación con el
dólar, lo cual amenaza la competitividad de las exportaciones
legales colombianas.

Hasta ahora la política de Colombia con respecto al comercio
de estupefacientes ha sido dictada por consideraciones
políticas y de relaciones exteriores. El resultado es que ha
oscilado entre la represión de los traficantes que desafían al
Estado y la negociación de la rendición de aquellos que no lo
hacen. A estas alturas, son claras las limitaciones de este
enfoque. Si Colombia va a romper su propia dependencia
debilitante del narcotráfico, los países ricos del mundo deben
entender la economía que orienta el comercio de las drogas. A
pesar de la prohibiciones, la demanda genera la oferta.

Publicado con autorización expresa de International Press
Syndicate. (THE ECONOMIST. PP.43-51)

* TEXTO TOMADO DE LA REVISTA CASH N§47
EXPLORED
en Ciudad N/D

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