Leyes Creadas

Quito. 10.08.93. Cuatro leyes económicas de gran importancia,
todas ellas analizadas y aprobadas por el Congreso, entraron en
vigencia en los últimos meses, y su aplicación ha supuesto
modificaciones sustanciales al esquema económico del país.

Esas cuatro leyes, de las 96 leyes que trataron las comisiones
parlamentarias que analizan asuntos económicos, fueron las que
más polémica crearon, las que más debate generaron. Se trata de
la Ley de Presupuesto Unico del Sector Público, Ley de creación
del Décimo Sexto Sueldo, Ley de Mercado de Valores y la Ley de
Modernización.

UNA POR UNA

La Ley de creación del Décimo Sexto Sueldo fue tratada por la
Comisión de lo Laboral y Social, presidida por Xavier Ledesma,
tomando en cuenta el deterioro de los sueldos y salarios del
trabajador ecuatoriano.

Esta Ley enviada por el Ejecutivo, que la ofreció durante la
campaña electoral, fue anunciada como parte de las medidas de
carácter social en septiembre, cuando el gobierno anunció su
paquete de medidas económicas.

Contó con el auspicio de los diputados Carlos Julio Arosemena y
Xavier Ledesma, y entró en vigencia en febrero para aplicarse,
con carácter retroactivo, desde enero del presenta año. La ley
determina que los trabajadores públicos y privados reciban
mensualmente un pago adicional que consiste en la octava parte
del sueldo básico, lo que ha reforzado en parte el salario
actual.

Uno de los gestores de la Ley fue el diputado Carlos Julio
Arosemena. Sin embargo, la forma en que fue aprobada dista de
como él la concibió. En principio, se planteó la posibilidad de
que el décimo sexto fuera un pago extra realizado de forma
similar al décimo tercero y décimo cuarto.

La aprobación de este ingreso adicional provocó un primer
distanciamiento del diputado Arosemena con el Gobierno.

Un aspecto de la Ley debatido intensamente fue su financiamiento
para los trabajadores públicos. Al final, en la proforma
presupuestaria consta una asignación de 60 mil millones para este
pago.

El décimo sexto sueldo se unió así a los otros ingresos extra
salariales que perciben los ecuatorianos, como son los décimos
tercero, cuarto y quinto sueldos, cuyo autor intelectual es el
diputado Carlos Julio Arosemena, recientemente desafiliado del
partido de gobierno.

PRESUPUESTO UNICO

Este proyecto de Ley, presentado por el ejecutivo con el carácter
de urgente y elaborada básicamente por el ex ministro de
Finanzas, Mario Ribadeneira, fue el primero que generó un gran
debate dentro del Congreso y en todos las entidades del sector
público.

Su objetivo principal es ejercer un fuerte control sobre todos
los gastos de las entidades públicas, lo cual se logrará
ampliando el contexto de regulación del presupuesto a todo el
sector público. Antes de aprobarse esta Ley, el Presupuesto
General del Estado apenas cubría el 50% de todo el gasto público.
El otro 50%, concentrado en las grandes entidades autónomas
(IESS, INECEL, EMETEL, Petroecuador), se manejaba con absoluta
liberalidad. De acuerdo con el gobierno, el escaso control sobre
la mitad del gasto pública, explica las dificultades que ha
tenido el país para racionalizar el uso de los recursos estatales
y tener un mayor control sobre el proceso inflacionario.

Las entidades que gozaban de autonomía fueron las que más
oposición pusieron a esta Ley, y desplegaron una serie de
acciones para oponerse al proyecto. Fue una de las principales
batallas que dio el ex ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, y
por la cual se ganó la oposición de las organizaciones laborales
de algunas entidades autónomas.

La nueva Ley, que regirá plenamente desde el próximo año, obliga
a todas las instituciones que perciben rentas del fisco a
presentar sus respectivas proformas presupuestarias para que sean
analizadas y aprobadas por el Ministerio de Finanzas, y dentro de
un programa general de inversiones, cuya prioridad la decide el
CONADE.

El debate en torno a esta Ley tuvo un temor: convertir al
ministerio de Finanzas en un súperministerio, pues ahora todo el
control sobre el gasto público está en sus manos.

La reforma más importante que se realizó al proyecto inicial fue
mantener la autonomía del IESS y de la universidades, y dejar a
los gobiernos seccionales fuera de la planificación central.

MERCADO DE VALORES

Tras largas semanas de discusión en el seno de la Comisión de
Presupuesto, se aprobó la Ley de Mercado de Valores con varias
reformas al proyecto inicial.

Esta Ley, en esencia, pretende ser el instrumento que permita el
desarrollo de un mercado de capitales en el Ecuador, a la vez que
servirá para dar transparencia al proceso de privatización de
empresas públicas.

Uno de los puntos más debatidos de la Ley fue la conformación de
la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo regulador del
mercado bursátil. El debate giro en torno a si este organismo
debía ser autónomo, como proponía la Junta Monetaria, o si debía
seguir adscrito a la Superintendencia de Compañías. Al final se
impuso esta segunda tesis.

Esta Ley también creó la Unidad de Valor Constante, instrumento
financiero por el cual se asegura el valor adquisitivo de la
moneda. Busca incentivar el ahorro a largo plazo.

Teresa Minuche, presidente de la comisión de presupuesto, donde
se analizó la ley, fue sin duda una persona clave en los cambios
introducidos al proyecto original. Dos reformas de última hora
fueron las más polémicas: la posibilidad de capitalizar empresas
mediante conversiones de deuda, y los beneficios tributarios
enormes que se dan a las empresas que participen en el mercado
bursátil.

Este proyecto entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Está
por definirse su reglamento.

LA MODERNIZACION

Seis meses pasaron desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de
Ley de Modernización hasta su aprobación por parte del Congreso,
que la aprobó con algunas reformas.

Los conflictos más fuertes con respecto a esta Ley giraron
alrededor de su constitucionalidad, ya que plantea la
privatización de sectores que la actual Constitución califica de
estratégicos y reservados para el Estado.

Otros aspectos importantes de la ley es la creación del Consejo
Nacional de Modernización, órgano administrativo encargado de
llevar adelante el proceso de privatización de empresas
estatales.

En esta Ley, otra vez tuvo una participación muy activa la
diputada del Partido Conservador, Teresa Minuche, quien propuso
el mecanismo de despido intempestivo para los funcionarios
públicos, con una compensación de 400 salarios mínimos vitales.

La modernización es el proyecto central del gobierno del
presidente Sixto Durán Ballén. El contenido de esa propuesta
generó un intenso pues hay la percepción de que alrededor suyo se
juega el futuro del país.

La principal crítica al proyecto es que se trata no de una
propuesta de modernización sino de privatización de empresas
estatales, y que ninguna definición de los sectores a ser
privatizados puede darse al margen de un debate paralelo que
establezca los perfiles del nuevo Estado.