Juristas consultados por HOY coinciden en que la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral, mediante resolución de una mayorÃa parlamentaria afÃn al Gobierno, constituyó un atropello a la Constitución y a la democracia del paÃs.
Aunque son pesimistas de las soluciones jurÃdicas que se pudieran aplicar, para superar la crisis polÃtica que vive el paÃs desde el pasado 9 de diciembre, creen que la renuncia "patriótica" de los magistrados de facto y la posterior designación de nuevos jueces, a través de colegios electorales, permitirÃa que el Ecuador volviera al estado de derecho.
Sobre la consulta popular existen criterios divididos. Aunque todos concuerdan en que podrÃa ser una salida, afirman que el proceso demorarÃa el tiempo que necesitara el Partido Roldosista, aliado del régimen, para cumplir su propósito: "Que prescriban los juicios que pesan contra el ex presidente Abdalá Bucaram, y facilitar su retorno al paÃs". Por ello, califican de innecesaria la ralización de una nueva consulta popular.
Creen que deberÃa aplicarse el mandato popular del plebiscito de 1997, cuando los ecuatorianos ya se pronunciaron en contra de que las Cortes y organismos de control fueran nominados por el Congreso.
También rechazan la propuesta de reforma polÃtica del presidente Lucio Gutiérrez por considerar que es una forma de legalizar a los actuales magistrados.
Los juristas sostienen que la ciudadanÃa debe elevar su voz de protesta y ejercer mayor presión, para obligar al Gobierno y a sus alidados polÃticos (GC)
CRITERIOS
"Hay que denunciar atropellos en el exterior"
El jurista Gil Barragán Romero es frontal al señalar que "lo actuado por el Congreso, con el aval del Gobierno, se configura en una simple y llana dictadura".
"El presidente ha concentrado todos los poderes del Estado", dice, y por ello cree que es difÃcil encontrar una solución para salir de la crisis.
Aunque asegura que "entrar a una dictadura es más fácil que salir de ella", considera que la presión externa podrÃa hacer que el Gobierno y su mayorÃa parlamentaria retomaran el estado de derecho. "Es necesario denunciar los atropellos a la Constitución ante los organismos internacionales". (GC)
"Pueblo debe tomar conciencia de atropellos"
"Todas las violaciones constitucionales que se han dado para asaltar las funciones del Estado y los órganos de control, tienen una clara intención autocrática", señala el ex ministro de Gobierno Vladimiro Ãlvarez, quien considra que estamos ante "una dictadura solapada o ante una democracia aparente".
Dice que el pueblo debe tomar conciencia de los atropellos y exigir el respeto a la Constitución, mediante la revocatoria de las resoluciones que adoptó el Congreso para reorganizar la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y para designar autoridades parlamentarias y repartir las comisiones legislativas. (GC)
"Hay que desechar las motivaciones polÃticas"
El jurista Alfredo Corral no considera necesaria una nueva consulta popular, ya que en 1997 el pueblo ya se pronunció en contra de que el Congreso nombrara a los magistrados y a favor de que estos provinieran de la sociedad civil.
"La consulta puede demorar mucho y pueden entrar ingredientes polÃticos", dice.
Corral confÃa en que quienes propiciaron el cambio de la Corte Suprema, y quienes no lo hicieron, se despojen de motivaciones polÃticas. "Aunque fuera difÃcil, esto facilitarÃa encontrar de inmediato un mecanismo consensuado que nos lleve a una nueva Corte". (GC)
"Fuerzas polÃticas, deben ceder posiciones"
A juicio del jurista Xavier Muñoz, para retornar al estado de derecho es fundamental que las fuerzas polÃticas cedan posiciones, aunque reconoce que es difÃcil reconciliar a las partes involucradas.
Es partidario de la realización de una consulta popular "en la cual se establezcan los mecanismos que permitan una clara independencia de funciones, que es la base del sistema democrático".
Dice que, pese al riesgo de que la consulta se politice, es necesario que la ciudadanÃa se pronuncie al unÃsono sobre la necesidad de respetar las leyes. Muñoz no es partidario de la intervención de organismos internacionales. (GC)
"La consulta popular puede politizarse"
El ex magistrado Luis Antonio Azube considera que el paÃs aún no ha entrado a una dictadura pero advierte que "hay un riesgo latente". A su criterio, es imperante la realización de una consulta popular, aunque también cree que pueda ser manejada polÃticamente. "El Tribunal Supremo Electoral anunció que podrÃa unir todas las propuestas de consulta, eso me parece absurdo", agregó.
Es pesimista, además, porque "los que están en el poder se aferran a él y han buscado en esa fórmula su permanencia".
Ãl no es partidario de adelantar las elecciones presidenciales. "Eso serÃa otra infracción a la constitución", dice. (GC)
"Es indispensable respetar las normas vigentes"
El ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Carlos Aguilar califica a la actual situación del paÃs como "una anarquÃa". Dice que no hay dictadura, pues "están funcionando todos los poderes del Estado, incluso el Tribunal de GarantÃas Constitucionales, lo que pasa es que no hay respeto a las leyes".
Frente a ello, cree que es urgente que los ecuatorianos busquen fórmulas para que las leyes se cumplan, ya que, a su juicio, la solución a las crisis del paÃs solo puede darse con el respeto a las normas vigentes. No es partidario de una consulta popular. "Estas son una maravilla, pero en pueblos organizados", expresa. (GC)
"Los jueces usurpadores tienen que renunciar"
El jurista Ramiro Aguilar sostiene que la única solución es "que los jueces usurpadores renuncien y permitan que los magistrados legales vuelvan a sus despachos, con lo cual se darÃa paso a un reemplazado legal".
Dice que la resolución del Congreso, mediante la cual se destituyó a los magistrados anteriores, es nula porque la Constitución no le otorga a los diputados la facultad de reformar la Constitución, destituir ministros ni designarlos.
Aguilar confÃa en que el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el caso, constituya un mecanismo de presión. (GC)
"Hay que conseguir nuevas mayorÃas polÃticas"
"No hay solución jurÃdica, porque simplemente se rompió la Constitución. Lo que se puede esperar son pactos polÃticos que, con cierta base jurÃdica, nos den la solución", considera el jurista Ernesto López, quien sostiene, también, que una consulta popular no es la solución para superar la crisis originada tras la destitución de magistrados y vocales de la CSJ, del TC y del TSE.
"Mientras las fuerzas polÃticas sigan como están, no habrá solución. No hay forma de obligarles a que den pie atrás a todo lo actuado. Entonces, lo único que nos queda es que se formen nuevas mayorÃas o dilatar las soluciones". (GC)
"Dictadura no termina con parches legales"
El jurista Antonio RodrÃguez es pesimista frente a la posibilidad de encontrar una salida jurÃdica a la crisis. "La dictadura no va a terminar con parches constitucionales ni con eventuales consultas populares. No creo en las rectificaciones de Lucio Gutiérrez, ni creo que él ni sus aliados vayan a dejar el poder que han conquistado", señala.
A su juicio, la única solución es que se vaya Lucio Gutiérrez antes de las elecciones presidenciales de 2006. "Si eso no pasa, tendremos que esperar dos años más para volver al estado de derecho". Dice que la protesta popular podrÃa ser una forma de presión". (GC)
"Con el plebiscito se pierde tiempo y dinero"
"Vivimos en un estado de inseguridad jurÃdica total. Cada dÃa, el gobierno de facto se va profundizando en el paÃs", sostiene el jurista Carlos Castro Riera, quien tampoco considera que la consulta popular sea una solución. "El Ecuador va a perder tiempo y dinero", señala.
Dice que el Gobierno debe retomar el mandato popular de 1997 que está vigente, ya que lo que se expresa en una consulta no prescribe. "Si no es asÃ, el paÃs se hundirá cada vez más en un proceso de institucionalidad de facto. Cree que la presión de los organismos internacionales, como la OEA y la ONU, podrÃa ser determinante. (GC)
Vocales del Corte de Facto "cruzan ideas" para definir la terna
Maya, Robayo y Granda se reúnen hoy. Mañana, el Pleno mantendrá dos sesiones
Tres de los siete vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se reunirán hoy, de manera informal, para analizar las carpetas de los candidatos a la FiscalÃa General de la Nación. Germánico Maya, José Robayo Campaña y Felipe Granda pretenden "adelantar conceptos" en torno a la definición de la terna.
Mañana, el Pleno del organismo mantendrá dos reuniones. Por la mañana, a las 08:00, y por la tarde, a las 16:00. "Primero vamos a cruzar ideas y luego, en la sesión definitiva, vamos a tomar una decisión", dijo el vocal Alejandro Carrión, para quien "los informes de los órganos de control permitirán depurar la lista. Al momento, hay 15 postulantes", indicó.
A la reunión de la tarde, dijo Carrión, se espera ir con la lista de los postulantes más idóneos.
El viernes, la Superintendencia de Bancos, la AGD y la ContralorÃa remitieron los informes sobre la probidad de los cantidatos. Según Maya, la ContralorÃa informó que ninguno tiene contratos incumplidos con el Gobierno.
El bloque de mayorÃa del Congreso continuó, durante el feriado, con las negociaciones para captar la FiscalÃa. Tito Yépez (PSP), Gonzalo Silva y Héctor Villagrán fueron mencionados en el Congreso como los opcionados. También suena el nombre de Héctor Villagrán. (MAR-GC)
Aunque son pesimistas de las soluciones jurÃdicas que se pudieran aplicar, para superar la crisis polÃtica que vive el paÃs desde el pasado 9 de diciembre, creen que la renuncia "patriótica" de los magistrados de facto y la posterior designación de nuevos jueces, a través de colegios electorales, permitirÃa que el Ecuador volviera al estado de derecho.
Sobre la consulta popular existen criterios divididos. Aunque todos concuerdan en que podrÃa ser una salida, afirman que el proceso demorarÃa el tiempo que necesitara el Partido Roldosista, aliado del régimen, para cumplir su propósito: "Que prescriban los juicios que pesan contra el ex presidente Abdalá Bucaram, y facilitar su retorno al paÃs". Por ello, califican de innecesaria la ralización de una nueva consulta popular.
Creen que deberÃa aplicarse el mandato popular del plebiscito de 1997, cuando los ecuatorianos ya se pronunciaron en contra de que las Cortes y organismos de control fueran nominados por el Congreso.
También rechazan la propuesta de reforma polÃtica del presidente Lucio Gutiérrez por considerar que es una forma de legalizar a los actuales magistrados.
Los juristas sostienen que la ciudadanÃa debe elevar su voz de protesta y ejercer mayor presión, para obligar al Gobierno y a sus alidados polÃticos (GC)
CRITERIOS
"Hay que denunciar atropellos en el exterior"
El jurista Gil Barragán Romero es frontal al señalar que "lo actuado por el Congreso, con el aval del Gobierno, se configura en una simple y llana dictadura".
"El presidente ha concentrado todos los poderes del Estado", dice, y por ello cree que es difÃcil encontrar una solución para salir de la crisis.
Aunque asegura que "entrar a una dictadura es más fácil que salir de ella", considera que la presión externa podrÃa hacer que el Gobierno y su mayorÃa parlamentaria retomaran el estado de derecho. "Es necesario denunciar los atropellos a la Constitución ante los organismos internacionales". (GC)
"Pueblo debe tomar conciencia de atropellos"
"Todas las violaciones constitucionales que se han dado para asaltar las funciones del Estado y los órganos de control, tienen una clara intención autocrática", señala el ex ministro de Gobierno Vladimiro Ãlvarez, quien considra que estamos ante "una dictadura solapada o ante una democracia aparente".
Dice que el pueblo debe tomar conciencia de los atropellos y exigir el respeto a la Constitución, mediante la revocatoria de las resoluciones que adoptó el Congreso para reorganizar la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y para designar autoridades parlamentarias y repartir las comisiones legislativas. (GC)
"Hay que desechar las motivaciones polÃticas"
El jurista Alfredo Corral no considera necesaria una nueva consulta popular, ya que en 1997 el pueblo ya se pronunció en contra de que el Congreso nombrara a los magistrados y a favor de que estos provinieran de la sociedad civil.
"La consulta puede demorar mucho y pueden entrar ingredientes polÃticos", dice.
Corral confÃa en que quienes propiciaron el cambio de la Corte Suprema, y quienes no lo hicieron, se despojen de motivaciones polÃticas. "Aunque fuera difÃcil, esto facilitarÃa encontrar de inmediato un mecanismo consensuado que nos lleve a una nueva Corte". (GC)
"Fuerzas polÃticas, deben ceder posiciones"
A juicio del jurista Xavier Muñoz, para retornar al estado de derecho es fundamental que las fuerzas polÃticas cedan posiciones, aunque reconoce que es difÃcil reconciliar a las partes involucradas.
Es partidario de la realización de una consulta popular "en la cual se establezcan los mecanismos que permitan una clara independencia de funciones, que es la base del sistema democrático".
Dice que, pese al riesgo de que la consulta se politice, es necesario que la ciudadanÃa se pronuncie al unÃsono sobre la necesidad de respetar las leyes. Muñoz no es partidario de la intervención de organismos internacionales. (GC)
"La consulta popular puede politizarse"
El ex magistrado Luis Antonio Azube considera que el paÃs aún no ha entrado a una dictadura pero advierte que "hay un riesgo latente". A su criterio, es imperante la realización de una consulta popular, aunque también cree que pueda ser manejada polÃticamente. "El Tribunal Supremo Electoral anunció que podrÃa unir todas las propuestas de consulta, eso me parece absurdo", agregó.
Es pesimista, además, porque "los que están en el poder se aferran a él y han buscado en esa fórmula su permanencia".
Ãl no es partidario de adelantar las elecciones presidenciales. "Eso serÃa otra infracción a la constitución", dice. (GC)
"Es indispensable respetar las normas vigentes"
El ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Carlos Aguilar califica a la actual situación del paÃs como "una anarquÃa". Dice que no hay dictadura, pues "están funcionando todos los poderes del Estado, incluso el Tribunal de GarantÃas Constitucionales, lo que pasa es que no hay respeto a las leyes".
Frente a ello, cree que es urgente que los ecuatorianos busquen fórmulas para que las leyes se cumplan, ya que, a su juicio, la solución a las crisis del paÃs solo puede darse con el respeto a las normas vigentes. No es partidario de una consulta popular. "Estas son una maravilla, pero en pueblos organizados", expresa. (GC)
"Los jueces usurpadores tienen que renunciar"
El jurista Ramiro Aguilar sostiene que la única solución es "que los jueces usurpadores renuncien y permitan que los magistrados legales vuelvan a sus despachos, con lo cual se darÃa paso a un reemplazado legal".
Dice que la resolución del Congreso, mediante la cual se destituyó a los magistrados anteriores, es nula porque la Constitución no le otorga a los diputados la facultad de reformar la Constitución, destituir ministros ni designarlos.
Aguilar confÃa en que el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza el caso, constituya un mecanismo de presión. (GC)
"Hay que conseguir nuevas mayorÃas polÃticas"
"No hay solución jurÃdica, porque simplemente se rompió la Constitución. Lo que se puede esperar son pactos polÃticos que, con cierta base jurÃdica, nos den la solución", considera el jurista Ernesto López, quien sostiene, también, que una consulta popular no es la solución para superar la crisis originada tras la destitución de magistrados y vocales de la CSJ, del TC y del TSE.
"Mientras las fuerzas polÃticas sigan como están, no habrá solución. No hay forma de obligarles a que den pie atrás a todo lo actuado. Entonces, lo único que nos queda es que se formen nuevas mayorÃas o dilatar las soluciones". (GC)
"Dictadura no termina con parches legales"
El jurista Antonio RodrÃguez es pesimista frente a la posibilidad de encontrar una salida jurÃdica a la crisis. "La dictadura no va a terminar con parches constitucionales ni con eventuales consultas populares. No creo en las rectificaciones de Lucio Gutiérrez, ni creo que él ni sus aliados vayan a dejar el poder que han conquistado", señala.
A su juicio, la única solución es que se vaya Lucio Gutiérrez antes de las elecciones presidenciales de 2006. "Si eso no pasa, tendremos que esperar dos años más para volver al estado de derecho". Dice que la protesta popular podrÃa ser una forma de presión". (GC)
"Con el plebiscito se pierde tiempo y dinero"
"Vivimos en un estado de inseguridad jurÃdica total. Cada dÃa, el gobierno de facto se va profundizando en el paÃs", sostiene el jurista Carlos Castro Riera, quien tampoco considera que la consulta popular sea una solución. "El Ecuador va a perder tiempo y dinero", señala.
Dice que el Gobierno debe retomar el mandato popular de 1997 que está vigente, ya que lo que se expresa en una consulta no prescribe. "Si no es asÃ, el paÃs se hundirá cada vez más en un proceso de institucionalidad de facto. Cree que la presión de los organismos internacionales, como la OEA y la ONU, podrÃa ser determinante. (GC)
Vocales del Corte de Facto "cruzan ideas" para definir la terna
Maya, Robayo y Granda se reúnen hoy. Mañana, el Pleno mantendrá dos sesiones
Tres de los siete vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se reunirán hoy, de manera informal, para analizar las carpetas de los candidatos a la FiscalÃa General de la Nación. Germánico Maya, José Robayo Campaña y Felipe Granda pretenden "adelantar conceptos" en torno a la definición de la terna.
Mañana, el Pleno del organismo mantendrá dos reuniones. Por la mañana, a las 08:00, y por la tarde, a las 16:00. "Primero vamos a cruzar ideas y luego, en la sesión definitiva, vamos a tomar una decisión", dijo el vocal Alejandro Carrión, para quien "los informes de los órganos de control permitirán depurar la lista. Al momento, hay 15 postulantes", indicó.
A la reunión de la tarde, dijo Carrión, se espera ir con la lista de los postulantes más idóneos.
El viernes, la Superintendencia de Bancos, la AGD y la ContralorÃa remitieron los informes sobre la probidad de los cantidatos. Según Maya, la ContralorÃa informó que ninguno tiene contratos incumplidos con el Gobierno.
El bloque de mayorÃa del Congreso continuó, durante el feriado, con las negociaciones para captar la FiscalÃa. Tito Yépez (PSP), Gonzalo Silva y Héctor Villagrán fueron mencionados en el Congreso como los opcionados. También suena el nombre de Héctor Villagrán. (MAR-GC)
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