Tal como fue planteada originalmente la consulta popular que el presidente Lucio Guitérrez envió al Congreso, no cuenta con respaldo. Y a pesar de las observaciones hechas por diputados y otros actores sociales, el Primer Mandatario aún no se pronuncia sobre los cambios que implementará.
Aunque no está garantizado el respaldo a una nueva propuesta de consulta, el Gobierno analiza la posibilidad de manejar su proyecto como una herramienta para superar el desfase institucional y abrir una puerta de diálogo en el Congreso.
La crisis se inició el pasado 8 de diciembre, cuando la mayoría gobiernista en el Congreso resolvió reestructurar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Después de la marcha de Quito, el pasado miércoles, en que la Asamblea de la ciudad propuso reestructurar la CSJ, el Ejecutivo empezó a considerar el pronunciamiento, pero todavía no tiene una propuesta.
También en el Congreso se dio un primer paso: se quiere armar una nueva mayoría que, de concretarse, podría revertir la organización de los principales organismos judiciales y de control, cuya estructura se mantiene favorable a los intereses de la actual mayoría legislativa.
Esta circunstancia obligó a un cambio de posición de los legisladores afines a Gutiérrez, quienes solicitaron el viernes una reunión urgente con el Presidente, para hacerle una propuesta: retomar la discusión de la consulta popular, pero incluir algunas propuestas de la Asamblea.
De darse esto y acoger el Congreso el pedido -tenga o no mayoría afín al régimen- el plan del Gobierno se cumpliría: mi gobierno no tendría sentido si no impulso esta reforma, le dijo a este Diario el Presidente.
Aún así, permanece el inconveniente del tiempo: el Congreso no tiene un plazo específico para calificar la propuesta de consulta y enviarla al Tribunal Supremo Electoral (TSE); por ello, la alternativa de Gutiérrez sería sugerir uno, perentorio, para calificar la urgencia de la propuesta. Tanto en el Gobierno como en el Congreso existe incertidumbre sobre el futuro de la consulta; su resolución está atada a la definición de una nueva mayoría parlamentaria, que busca dar salidas jurídicas y políticas a la situación de la Corte. En caso de concretarse una nueva mayoría opositora, el Congreso no dará paso a la propuesta del Primer Mandatario.
Pero eso está por verse. El primer round se dará desde mañana, cuando el Congreso decida si autoriza el enjuiciamiento penal de León Febres Cordero, la aprobación de la resolución para rever el nombramiento de los vocales del directorio del Banco Central; y vote o niegue la terna de fiscal enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Prian defiende mayoría; PSC busca votos
El PRE y el Prian defienden la mayoría institucional, y en sus cuentas hablan de entre 57 y 62 votos. En un día domingo, atípico para cualquier acto político, el Prian anunció que seguirá con Sociedad Patriótica, el PRE, los socialistas, el MPD, el CFP y los independientes en la mayoría.
Parecía más bien un acto proselitista, en el que Sylka Sánchez defendió la presidencia de la Corte para Guillermo Castro, aunque le sugirió excusarse de conocer las causas de Abdalá Bucaram. También hace reparos en la elección del fiscal general. En una entrevista con este Diario, el sábado pasado, Sánchez dijo que no votarán por la actual terna, y sugirió retirarla para designar una nueva, al no seguirse los procedimientos de ley.
A los diputados del PSC las marchas de Quito y Guayaquil los llevan a pensar que la correlación de fuerzas se debe rearmar a favor de la oposición. Pero Xavier Sandoval no da un número de diputados afines ni tampoco el mecanismo para reorganizar la Corte Suprema.
De darse ese cambio, alcanzaría como efecto dominó los tribunales Constitucional y Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y los actos que de ellos se deriven, como la terna para elegir al fiscal.
Análisis
La agenda depende del Parlamento
Desde el intento fallido de enjuiciarlo políticamente, el Presidente modificó su estrategia política y comunicacional. El peligro le aguzó los sentidos y le inyectó iniciativa. Desempolvó la consulta popular, y pasó del semi-ostracismo a la sobre-exposición: aprendió a llevarse bien con cámaras, periodistas-grabadora y, sobre todo, micrófonos. Y una vez que encuentra una idea, la corroe hasta dejarla en polvo. De tanto repetirla, más de uno empezará a creerle.
Su obsesión aparente por la consulta popular lo ha llevado a decir que es la razón de ser de su Gobierno. Si es así, tiene por delante un camino difícil, a menos que se decida a ponerle la estocada final a la Corte temporal que ayudó a designar y negocie -Corte y consulta- con el aliado con el que mejor ha demostrado que se lleva: la mayoría móvil.
Porque, a pesar de que el Presidente se sienta en su mejor momento desde que llegó al poder (tuvo aliados muy incómodos, como los indígenas, o muy costosos, como los socialcristianos; ahora está rodeado de auténticos subalternos) no puede cumplir con su razón de ser si no negocia con el Congreso. A menos, claro, que su única agenda solo sea una tapadera. (RM)
Diez observaciones del Congreso
-El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales califica de inconstitucional la primera pregunta, relacionada con despolitizar y despartidizar la Corte con magistrados representantes de colegios electorales. Viola el artículo 26 de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. También otorga al presidente la facultad de elegir a magistrados si los colegios no lo pueden hacer.
-La segunda pregunta indaga si está de acuerdo con reducir de 31 a 16 el número de magistrados. El informe recuerda que a la CSJ ingresan anualmente 3.000 procesos, y que la anterior Corte de 31 magistrados no los alcanzó a resolver. También recomienda que esta sugerencia se podría implementar simplemente reformando la ley Orgánica de la Función Judicial, ya que la Constitución no establece el número de magistrados.
-La tercera pregunta de la consulta se refiere a la posibilidad de limitar entre 45 y 70 años la edad de los magistrados y que estos acrediten alto nivel académico y no hayan sido patrocinados o afiliados a partido político alguno. Al respecto la comisión sugiere que el límite de edad se amplíe a 75 años. Pero en referencia a la filiación política, contradice el numeral tres del artículo 23 de la Constitución.
-En relación a la cuarta pregunta, que propone despolitizar y despartidizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convertirlo en una Corte Electoral con miembros de entre 35 y 70 años y que tengan alto nivel académico, la Comisión legislativa propone que en la pregunta se incluya que los candidatos a la nueva Corte posean título de cuarto nivel académico o de doctor en Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas.
-En lo referente a la quinta pregunta, que sugiere que los miembros de la Corte Electoral sean nombrados por colegios electorales, el informe cuestiona que en la propuesta esté implícita la facultad del presidente de elegir a los miembros de la nueva Corte, en caso de que los colegios electorales convocados no puedan cumplir con esta obligación, lo que constituye un atentado contra la libertad de sufragio
-La sexta pregunta de la consulta propone despolitizar y despartidizar el Tribunal Constitucional y convertirlo en Corte Constitucional, cuyos miembros cumplan los mismos requisitos para ser magistrados de la CSJ y sean nombrados bajo el mismo mecanismo. Al respecto, el informe afirma que prácticamente se está reduciendo la capacidad jurídica y política que tiene el organismo que representa al pueblo soberano
-La séptima pregunta propone que el contralor del Estado sea nombrado por el Congreso pero de una terna enviada por el presidente. El Parlamento en el informe de la Comisión califica de improcedente que sea el Ejecutivo quien nomine la terna para elegir a su juez de cuentas. Acota que nominar la terna es un derecho que le corresponde exclusivamente al Congreso, y que este debería elegir al funcionario con mayoría absoluta.
-En la octava pregunta, el Ejecutivo quería preguntar si el Congreso debe designar al defensor del Pueblo para un período de cuatro años, pero con la mayoría de sus integrantes. La Comisión califica de procedente la propuesta ya que actualmente el Parlamento está impedido de nombrar al funcionario porque para ello requiere de una mayoría de 67 de sus integrantes, y no de 51 como propone el Ejecutivo.
-La penúltima pregunta indaga al pueblo si es conveniente que el presidente pueda enviar al Congreso proyectos de ley calificados de urgentes. Para la Comisión, tal pretensión es absolutamente peligrosa porque se estaría confiriendo al mandatario una facultad suprema que mantendría atado al Congreso a la agenda que imponga con sus proyectos de ley, además de que el Congreso tendría solo 20 días para aprobarlos.
-Para finalizar el Ejecutivo pregunta si las respuestas dadas a la consulta deben entrar en vigencia inmediatamente después de que el TSE las publique en el Registro Oficial. Sobre la propuesta el informe de la Comisión legislativa afirma que esta no tiene sentido debido a que la actual Constitución, en su artículo 283 establece el mecanismo nuevamente sugerido en la consulta propuesta por el Ejecutivo.
El régimen está atado a la consulta popular
En el interior del Gobierno cuando se habla del tema de la consulta popular, el discurso guarda coherencia con el que propugna el presidente Lucio Gutiérrez. La recomendación del jefe de Estado, casi a diario, a su equipo del frente político es que lo ayuden a impulsar y promocionar la reforma política.
Según el secretario de Comunicación, Iván Oña, el sueño de Gutiérrez es trascender, es decir; que la historia ecuatoriana lo recuerde como el único Presidente que dejó como herencia al pueblo una Corte Suprema de Justicia (CSJ) despolitizada y despartidizada.
El Ejecutivo es optimista que a la mayoría institucional, que hasta ahora parece apoyarlo, se sumen dos partidos de la oposición: la ID y Pachacutik.
En las dos últimas semanas ha hecho números: busca contar con los veinte votos que suman entre los dos movimientos, los ha convocado al diálogo, aunque sin respuesta. Pero también ha hecho advertencias a los legisladores que no lo apoyen.
La última movida de Gutiérrez se habría producido este fin de semana, pero en Guayaquil. Allí se habría reunido con algunos diputados, según un colaborador cercano del régimen.
El frente político toma con pinzas las recomendaciones realizadas por el Legislativo, respecto al contenido de las preguntas que envío Gutiérrez.
Al régimen, parece no preocuparle el tiempo. Lo importante según Óscar Ayerve, asesor político, es lograr el consenso y enriquecer el texto de las preguntas. No habla de los temas o del número de interrogantes mientras no termine el análisis. Insiste en que el espacio de diálogo es la Comisión, presidida por el diputado Vicente Olmedo, se les envió comunicaciones a los partidos para que hagan sus críticas. El Presidente ha hecho su planteamiento, es un proceso de reestructuración que evita la participación indirecta de los partidos políticos.
Para Carlos Pólit, asesor particular, no hay otra vía, la consulta o nada aunque también cree que debe consensuarse en las preguntas clave. ¿Cuáles? Tampoco tiene respuesta.
Mientras el ministro de Gobierno, Jaime Damerval, advierte que puede demorar hasta seis meses. Por eso planteó un nuevo proyecto. Así Gutiérrez se puso una camisa de fuerza que tendrá que desatarla mientras camina en un campo minado.
Aunque no está garantizado el respaldo a una nueva propuesta de consulta, el Gobierno analiza la posibilidad de manejar su proyecto como una herramienta para superar el desfase institucional y abrir una puerta de diálogo en el Congreso.
La crisis se inició el pasado 8 de diciembre, cuando la mayoría gobiernista en el Congreso resolvió reestructurar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Después de la marcha de Quito, el pasado miércoles, en que la Asamblea de la ciudad propuso reestructurar la CSJ, el Ejecutivo empezó a considerar el pronunciamiento, pero todavía no tiene una propuesta.
También en el Congreso se dio un primer paso: se quiere armar una nueva mayoría que, de concretarse, podría revertir la organización de los principales organismos judiciales y de control, cuya estructura se mantiene favorable a los intereses de la actual mayoría legislativa.
Esta circunstancia obligó a un cambio de posición de los legisladores afines a Gutiérrez, quienes solicitaron el viernes una reunión urgente con el Presidente, para hacerle una propuesta: retomar la discusión de la consulta popular, pero incluir algunas propuestas de la Asamblea.
De darse esto y acoger el Congreso el pedido -tenga o no mayoría afín al régimen- el plan del Gobierno se cumpliría: mi gobierno no tendría sentido si no impulso esta reforma, le dijo a este Diario el Presidente.
Aún así, permanece el inconveniente del tiempo: el Congreso no tiene un plazo específico para calificar la propuesta de consulta y enviarla al Tribunal Supremo Electoral (TSE); por ello, la alternativa de Gutiérrez sería sugerir uno, perentorio, para calificar la urgencia de la propuesta. Tanto en el Gobierno como en el Congreso existe incertidumbre sobre el futuro de la consulta; su resolución está atada a la definición de una nueva mayoría parlamentaria, que busca dar salidas jurídicas y políticas a la situación de la Corte. En caso de concretarse una nueva mayoría opositora, el Congreso no dará paso a la propuesta del Primer Mandatario.
Pero eso está por verse. El primer round se dará desde mañana, cuando el Congreso decida si autoriza el enjuiciamiento penal de León Febres Cordero, la aprobación de la resolución para rever el nombramiento de los vocales del directorio del Banco Central; y vote o niegue la terna de fiscal enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Prian defiende mayoría; PSC busca votos
El PRE y el Prian defienden la mayoría institucional, y en sus cuentas hablan de entre 57 y 62 votos. En un día domingo, atípico para cualquier acto político, el Prian anunció que seguirá con Sociedad Patriótica, el PRE, los socialistas, el MPD, el CFP y los independientes en la mayoría.
Parecía más bien un acto proselitista, en el que Sylka Sánchez defendió la presidencia de la Corte para Guillermo Castro, aunque le sugirió excusarse de conocer las causas de Abdalá Bucaram. También hace reparos en la elección del fiscal general. En una entrevista con este Diario, el sábado pasado, Sánchez dijo que no votarán por la actual terna, y sugirió retirarla para designar una nueva, al no seguirse los procedimientos de ley.
A los diputados del PSC las marchas de Quito y Guayaquil los llevan a pensar que la correlación de fuerzas se debe rearmar a favor de la oposición. Pero Xavier Sandoval no da un número de diputados afines ni tampoco el mecanismo para reorganizar la Corte Suprema.
De darse ese cambio, alcanzaría como efecto dominó los tribunales Constitucional y Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y los actos que de ellos se deriven, como la terna para elegir al fiscal.
Análisis
La agenda depende del Parlamento
Desde el intento fallido de enjuiciarlo políticamente, el Presidente modificó su estrategia política y comunicacional. El peligro le aguzó los sentidos y le inyectó iniciativa. Desempolvó la consulta popular, y pasó del semi-ostracismo a la sobre-exposición: aprendió a llevarse bien con cámaras, periodistas-grabadora y, sobre todo, micrófonos. Y una vez que encuentra una idea, la corroe hasta dejarla en polvo. De tanto repetirla, más de uno empezará a creerle.
Su obsesión aparente por la consulta popular lo ha llevado a decir que es la razón de ser de su Gobierno. Si es así, tiene por delante un camino difícil, a menos que se decida a ponerle la estocada final a la Corte temporal que ayudó a designar y negocie -Corte y consulta- con el aliado con el que mejor ha demostrado que se lleva: la mayoría móvil.
Porque, a pesar de que el Presidente se sienta en su mejor momento desde que llegó al poder (tuvo aliados muy incómodos, como los indígenas, o muy costosos, como los socialcristianos; ahora está rodeado de auténticos subalternos) no puede cumplir con su razón de ser si no negocia con el Congreso. A menos, claro, que su única agenda solo sea una tapadera. (RM)
Diez observaciones del Congreso
-El informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales califica de inconstitucional la primera pregunta, relacionada con despolitizar y despartidizar la Corte con magistrados representantes de colegios electorales. Viola el artículo 26 de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. También otorga al presidente la facultad de elegir a magistrados si los colegios no lo pueden hacer.
-La segunda pregunta indaga si está de acuerdo con reducir de 31 a 16 el número de magistrados. El informe recuerda que a la CSJ ingresan anualmente 3.000 procesos, y que la anterior Corte de 31 magistrados no los alcanzó a resolver. También recomienda que esta sugerencia se podría implementar simplemente reformando la ley Orgánica de la Función Judicial, ya que la Constitución no establece el número de magistrados.
-La tercera pregunta de la consulta se refiere a la posibilidad de limitar entre 45 y 70 años la edad de los magistrados y que estos acrediten alto nivel académico y no hayan sido patrocinados o afiliados a partido político alguno. Al respecto la comisión sugiere que el límite de edad se amplíe a 75 años. Pero en referencia a la filiación política, contradice el numeral tres del artículo 23 de la Constitución.
-En relación a la cuarta pregunta, que propone despolitizar y despartidizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convertirlo en una Corte Electoral con miembros de entre 35 y 70 años y que tengan alto nivel académico, la Comisión legislativa propone que en la pregunta se incluya que los candidatos a la nueva Corte posean título de cuarto nivel académico o de doctor en Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas.
-En lo referente a la quinta pregunta, que sugiere que los miembros de la Corte Electoral sean nombrados por colegios electorales, el informe cuestiona que en la propuesta esté implícita la facultad del presidente de elegir a los miembros de la nueva Corte, en caso de que los colegios electorales convocados no puedan cumplir con esta obligación, lo que constituye un atentado contra la libertad de sufragio
-La sexta pregunta de la consulta propone despolitizar y despartidizar el Tribunal Constitucional y convertirlo en Corte Constitucional, cuyos miembros cumplan los mismos requisitos para ser magistrados de la CSJ y sean nombrados bajo el mismo mecanismo. Al respecto, el informe afirma que prácticamente se está reduciendo la capacidad jurídica y política que tiene el organismo que representa al pueblo soberano
-La séptima pregunta propone que el contralor del Estado sea nombrado por el Congreso pero de una terna enviada por el presidente. El Parlamento en el informe de la Comisión califica de improcedente que sea el Ejecutivo quien nomine la terna para elegir a su juez de cuentas. Acota que nominar la terna es un derecho que le corresponde exclusivamente al Congreso, y que este debería elegir al funcionario con mayoría absoluta.
-En la octava pregunta, el Ejecutivo quería preguntar si el Congreso debe designar al defensor del Pueblo para un período de cuatro años, pero con la mayoría de sus integrantes. La Comisión califica de procedente la propuesta ya que actualmente el Parlamento está impedido de nombrar al funcionario porque para ello requiere de una mayoría de 67 de sus integrantes, y no de 51 como propone el Ejecutivo.
-La penúltima pregunta indaga al pueblo si es conveniente que el presidente pueda enviar al Congreso proyectos de ley calificados de urgentes. Para la Comisión, tal pretensión es absolutamente peligrosa porque se estaría confiriendo al mandatario una facultad suprema que mantendría atado al Congreso a la agenda que imponga con sus proyectos de ley, además de que el Congreso tendría solo 20 días para aprobarlos.
-Para finalizar el Ejecutivo pregunta si las respuestas dadas a la consulta deben entrar en vigencia inmediatamente después de que el TSE las publique en el Registro Oficial. Sobre la propuesta el informe de la Comisión legislativa afirma que esta no tiene sentido debido a que la actual Constitución, en su artículo 283 establece el mecanismo nuevamente sugerido en la consulta propuesta por el Ejecutivo.
El régimen está atado a la consulta popular
En el interior del Gobierno cuando se habla del tema de la consulta popular, el discurso guarda coherencia con el que propugna el presidente Lucio Gutiérrez. La recomendación del jefe de Estado, casi a diario, a su equipo del frente político es que lo ayuden a impulsar y promocionar la reforma política.
Según el secretario de Comunicación, Iván Oña, el sueño de Gutiérrez es trascender, es decir; que la historia ecuatoriana lo recuerde como el único Presidente que dejó como herencia al pueblo una Corte Suprema de Justicia (CSJ) despolitizada y despartidizada.
El Ejecutivo es optimista que a la mayoría institucional, que hasta ahora parece apoyarlo, se sumen dos partidos de la oposición: la ID y Pachacutik.
En las dos últimas semanas ha hecho números: busca contar con los veinte votos que suman entre los dos movimientos, los ha convocado al diálogo, aunque sin respuesta. Pero también ha hecho advertencias a los legisladores que no lo apoyen.
La última movida de Gutiérrez se habría producido este fin de semana, pero en Guayaquil. Allí se habría reunido con algunos diputados, según un colaborador cercano del régimen.
El frente político toma con pinzas las recomendaciones realizadas por el Legislativo, respecto al contenido de las preguntas que envío Gutiérrez.
Al régimen, parece no preocuparle el tiempo. Lo importante según Óscar Ayerve, asesor político, es lograr el consenso y enriquecer el texto de las preguntas. No habla de los temas o del número de interrogantes mientras no termine el análisis. Insiste en que el espacio de diálogo es la Comisión, presidida por el diputado Vicente Olmedo, se les envió comunicaciones a los partidos para que hagan sus críticas. El Presidente ha hecho su planteamiento, es un proceso de reestructuración que evita la participación indirecta de los partidos políticos.
Para Carlos Pólit, asesor particular, no hay otra vía, la consulta o nada aunque también cree que debe consensuarse en las preguntas clave. ¿Cuáles? Tampoco tiene respuesta.
Mientras el ministro de Gobierno, Jaime Damerval, advierte que puede demorar hasta seis meses. Por eso planteó un nuevo proyecto. Así Gutiérrez se puso una camisa de fuerza que tendrá que desatarla mientras camina en un campo minado.
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