Quito. 13 abr 97. (Editorial) Es difícil entender por qué los
grandes crímenes de la Argentina tardan tanto en aclararse o
no se aclaran nunca.

Basta que la sombra del poder se mezcle con un crimen para que
de entrada se pierda la esperanza de encontrar a los
culpables.

Hace casi tres años, cuando una bomba aniquiló a un centenar
de inocentes en la sede de la Asociación Mutual Israelita de
Buenos Aires, la prensa destacó que si al cabo de un mes no se
descubría nada, tal vez el enigma no tendría nunca solución.

El desalentador presagio ha resultado, hasta hoy, verdadero.
Más que en México, más que en Colombia, países en los que
abundan las mafias y el poder sigue aquejado por el estigma de
asesinatos no resueltos, la impunidad ha dejado de ser en la
Argentina una catástrofe de la historia para convertirse en
una costumbre.

Dos meses después de que el fotógrafo José Luis Cabezas fue
baleado y quemado vivo en el balneario de Pinamar, el crimen
amenaza con quedar para siempre en la oscura lista de las
cuentas pendientes.

Como sucedió después del bombardeo del edificio judío, el
presidente Carlos Menem y su eventual sucesor Eduardo Duhalde
ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires se
deshicieron en promesas de justicia. Hubo ofertas de
recompensas caudalosas, purgas policiales, arrestos de
sospechosos y rastreo de pistas ciegas. Pero, igual que antes,
los criminales y sus instigadores se han desvanecido. Eso es
lo que inquieta: que los culpables estén en alguna parte, no
al margen de la sociedad sino influyendo sobre ella, simulando
que son hombres decentes y ejerciendo a lo mejor alguna forma
de poder, sin que haya la posibilidad de señalarlos o de
defenderse.

Elías Canetti expresó muy bien ese peligro en "Masa y poder":
``Los hombres que saborean la impunidad terminan sintiéndose
también invulnerables. Uno olvida que esta gente no sale sola
a sus aventuras. Lo que realmente necesitan, aquello de lo que
ya no pueden prescindir, es la voluntad renovada de seguir
sobreviviendo a sus víctimas'.

Los asesinos caen tarde o temprano en Colombia, porque el
poder político ya demasiado comprometido por intrigas y
corrupciones necesita identificarlos a tiempo para salvar la
cara. En México, la justicia es más perezosa o más cómplice,
como lo demuestran los nudos gordianos que aparecen en el
crimen del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

En la Argentina, en cambio, no hay culpables. Si se los
descubre, se los perdona. Y cuando no se los descubre, se hace
todo lo posible para que se evaporen en el olvido. Encontrar a
los asesinos de un gobernante o de un líder político no es
empresa fácil, porque en torno de ellos hay un espeso tejido
de intereses que ensombrecen la investigación. Pero cuando se
trata de un periodista, ¿dónde puede estar la dificultad?

En Colombia se tardó diez años en apresar al asesino de
Guillermo Cano, director del diario El Espectador de Bogotá.
Hacía mucho tiempo se conocían los nombres de los sicarios
quienes también habían sido exterminados y del inspirador del
crimen, Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel del Medellín.

Solo faltaba que cayera el hombre que había organizado el
complot: un agente financiero llamado Luis Carlos Molina.

A mediados de febrero lo descubrieron en el norte de Bogotá y
lo arrestaron. Aun en esa situación extrema, Molina,
acostumbrado a la impunidad, intentó sobornar a los agentes
que lo tenían cercado. Les ofreció medio millón de dólares y,
cuando los vio vacilar, dobló la suma. No tuvo éxito.

Cuando hay un crimen impune, detrás del asesino se mueve por
lo general una espesa red de cómplices. Cada culpable requiere
la protección de muchos otros culpables: padrinos,
protectores, influyentes, a veces policías, a veces jueces,
todos ellos beneficiarios de las ventajas económicas o
políticas que se derivan de esa muerte.

En el crimen de Guillermo Cano, lo que se intentaba era
suprimir las infatigables denuncias de El Espectador contra la
mafia del narcotráfico. En el caso de José Luis Cabezas, ¿qué
se intentaba silenciar? A quién le interesaba que ese
periodista o sus colegas no investigaran más en terrenos
prohibidos?

Habrá que buscar, quizá, por el lado del poder. El empresario
argentino de correos Alfredo Yabrán, amigo cercano del
presidente Menem, dijo a mediados de marzo que ``el poder es
tener impunidad'.

Tal vez haya acertado con esa definición en algún blanco
secreto de lo que significa sentirse impune o invulnerable, de
la misma manera que el sindicalista gastronómico Luis
Barrionuevo, otro hombre próximo al presidente, encontró la
clave de la corrupción al declarar con sinceridad, hace más de
cinco años, que ``en la Argentina nadie hace la plata
trabajando'.

Nada es tan elocuente como los actos fallidos del lenguaje.
Las palabras, como decía Locke, ``no son sino las ideas que
están en la mente de quien las enuncia'. Son síntomas de
enfermedades secretas, señales que ayudan a descifrar la
verdad. Si se leyera con atención todo lo que se ha dicho
sobre el asesinato de José Luis Cabezas, a lo mejor se vería
con más claridad por qué lo mataron. Un crimen tan sádico, tan
exagerado en su crueldad, solo puede responder a un odio
profundo.

¿Odio a la víctima? El fotógrafo del semanario "Noticias" de
Buenos Aires no parecía la clase de persona que desata esas
pasiones extremas. Debió tratarse, más bien, de un odio más
ciego: el odio de quien se siente cercado por la información,
violado por la verdad, con la impunidad amenazada.

Si en la Argentina los crímenes tardan en aclararse o no se
aclaran nunca es porque los asesinos han aprendido a tejer una
red protectora de intereses que arrastrara, si caen, a quien
sabe cuántos cómplices.

Sucede lo mismo en todas partes, pero en ese país la tradición
es larga. Todos saben que, como dijo Yabrán en su definición
memorable, ``el poder es tener impunidad'.

O, leído de otro modo: solo con la ayuda del poder se puede
ser impune, solo hay impunidad mientras se tiene poder.
(Copyright 1997 New York Times Special Features) (DIARIO HOY)
(P. 9-A)
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