Remezon En Las Cortes

Quito. 22 abr 97. La justicia ecuatoriana abre el cofre de
inmoralidades que la ha colocado entre las instituciones de
menor credibilidad del país y los magistrados empiezan a caer.
Coadyuva en esta labor Estados Unidos que por primera vez en
el país resolvió cancelar la visa a los jueces que habrían
favorecido a los narcotraficantes.

El proceso viene dándose desde el año pasado. Las cortes del
país tienen 200 magistrados y 600 jueces. Los actuales fueron
elegidos en abril de 1993, para un período de cuatro años.
Como la justicia se ha movido al vaivén de la política, el
gobierno del PRE intentó adelantar la renovación para enero
pasado pero por los hechos que son de conocimiento público, se
postergó.

Por ley, esta renovación debe realizarse en este mes. Sin
embargo, anticipadamente se ha dado una barrida de jueces que
coincide con dos hechos.

La embajada de Estados Unidos le envió por septiembre al
presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, una carta en
la que le dijo que en los casos de narcotráfico y delitos
afines, en los últimos tiempos ha habido "procedimiento o
resoluciones aisladas de ciertos jueces, que con sus
pronunciamientos desdicen la majestad de la justicia e
ilegalmente encubren a quienes, luego de la pertinente
investigación preprocesal, son descubiertos en el cometimiento
de esta clase de delitos".

La reiteración de estas actuaciones se nota en el juzgado
sexto de lo Penal del Guayas, presidido por Heytel Moreno
Quezada que "patrocina con fervor y revoca de manera
reiterativa la detención de quienes por haber sido
descubiertos por la Policía Nacional como autores, cómplices o
encubridores, son puestos a órdenes de tal judicatura" que
coincidentemente recibe por sorteo o recusación la mayoría de
casos de narcotráfico.

Con la queja, la embajada advirtió que su gobierno "en pleno
uso de su atributo, negará visado para el ingreso a nuestro
país a toda persona que directa o indirectamente se encuentre
relacionada con actividades de narcotráfico y delitos afines;
y así también y especialmente, a aquellos que, como el caso
que nos ocupa, con su procedimiento e inconducta prestan
contingente para desnaturalizar la verdadera labor y razón de
ser de la justicia".

Este malestar de Estados Unidos habría tenido una irradiación
hacia organismos importantes, como el Banco Mundial. Casi por
la misma fecha de esta carta, el presidente de la Corte
Suprema, Carlos Solórzano, viajó a Washington para solicitarle
al Banco Mundial un préstamo para modernizar la función
jurisdiccional. Bajo el concepto de que "el desarrollo de la
justicia es necesario para el desarrollo económico", el banco
habría hecho "sugerencias" que en el medio económico se
interpretan como condicionamientos. Las sugerencias
incluirían, aunque no por escrito, limpiar las inmoralidades
de las cortes.

El doctor Solórzano no acepta la palabra condicionamiento. "La
soberanía nacional no permitiría que nosotros aceptáramos
condiciones de esta naturaleza. Además, el Banco Mundial no es
un organismo de Estados Unidos".

Sin embargo el proceso de limpieza de las cortes coincide con
la aprobación del crédito del Banco Mundial. Entonces,
comienzan a evacuarse quejas mayores y menores que por largo
tiempo permanecieron arrumadas y empolvadas en las comisiones
de quejas.

"Éste es un proceso que se lo ha hecho desde siempre", dice el
presidente de la Corte.

NIEGAN VISAS

Esta limpieza interna es apoyada por la decisión del gobierno
norteamericano de cancelar las visas a los jueces que
considera protectores de los narcotraficantes. A tres de
ellos, incluso, el Departamento de Estado habría pedido que se
les niegue la visa de por vida. Entre ellos estaría el ex juez
Heytel Moreno.

Esta decisión norteamericana constituye al momento un estigma
observado por todo el mundo y sería una advertencia a otros
sectores de la sociedad ecuatoriana que protegieren a
narcotraficantes. Algo similar sucedió en Colombia donde hasta
el presidente Ernesto Samper perdió su visa.

La reacción norteamericana habría sido básicamente por tres
casos: uno en Guayaquil y dos en Quito, que muestran trámites
irregulares y sentencias raras.

Solórzano recibió la carta y ordenó investigar al juez Heytel
Moreno que hasta septiembre de 1996 había acumulado 14 quejas.
Fue destituido en marzo de 1997. Vistazo comprobó que por obra
y gracia del sorteo o de la recusación, en su despacho cayeron
casos importantes: Banco Continental, Jaime Toral, contagio de
sida en Guayaquil. Los sindicados fueron liberados. También
tuvo casos importantes de narcotráfico como Brujo coca,
cerámica coca, operativo Valdivia. La mayoría de los
implicados salió libre.

Su historial es negro desde cuando se desempeñaba como
secretario de juzgados. Por 1983 le pidieron la renuncia, sin
embargo, luego le nombraron juez undécimo de lo Civil. Se dice
que fue por influencias de su hermano Franklin Moreno Quezada,
afiliado al Partido Social Cristiano. Por 1985 el abogado
Santiago Bucaram Ortiz presentó una queja en su contra pero en
1993 los Bucaram le apoyaron para que fuera nombrado juez
sexto de lo Penal.

Los otros casos protagonizó la tercera sala de la Corte
Superior de Quito, integrada por Janeth Calderón Franco,
Marcelo Ortiz Villacís y Ramiro Aguilar Hinojosa.

En 1994 tramitaron el caso Banco Rumiñahui. Pese a la cantidad
de pruebas, Janeth Calderón consideró que no existía lavado de
dinero del narcotráfico. Lo contrario pensaron Ortiz y Aguilar
pero demoraron en la entrega del informe y terminaron
recusados. Los jueces entrevistados por Vistazo admiten haber
dejado vencer el plazo. El proceso pasó al tribunal primero de
lo Penal donde los jueces Gilberto Moscoso Dávila, Alfonso
Cordero y Fausto Terán, absolvieron a todos los sindicados.
Esta primera sentencia dictada en octubre de 1994 fue el
primer mal paso del "Ciclón", considerado el caso más
importante de narcotráfico que se juzga al momento.

El otro caso se refiere a Michael Haboud. Por testimonio de un
agente infiltrado de la DEA, Pedro Janer, se le sindicó como
un gran narcotraficante. Este agente vino a Quito y en medio
de grandes medidas de seguridad se presentó ante el juez a
narrar sus descubrimientos, entregar fotos, grabaciones y
documentos. Por eso, el juez de primera instancia le sentenció
a Haboud a 16 años de prisión. Pero el caso pasó a consulta a
la tercera sala que el 17 de junio de 1996 lo absolvió por
unanimidad pero la sentencia recién fue notificada el tres de
diciembre de 1996, en plenas fiestas de Quito.

"Yo estudié bien ese caso, él es inocente. No le llegaron a
probar nada", dice el ex magistrado Ortiz. El testimonio del
agente no sirvió "porque el agente no existe, no fue agente de
la DEA". ¿Y los certificados? "No hay en el proceso ningún
certificado". Vistazo los tiene, del agregado de la DEA en
Ecuador, Federico Villarreal y el vicecónsul de los Estados
Unidos, James P. Merz. "El único certificado válido es el de
la DEA de Washington o de Miami, y ese no hay. Consideraron
que aquí la justicia podía estar utilizada y encontraron ahí a
Marcelo Ortiz y no pudieron pasar".

Fue un duro golpe para los norteamericanos que utilizan mucho
este sistema de infiltración para conseguir pruebas directas
de narcotráfico. Por eso la reacción de cancelar las visas.

"Imposible que me cancelen la visa. La embajada de Estados
Unidos ha estado muy feliz de mi actuación. Yo me voy allá
todos los años a chequear mi columna", dice incrédula,
Calderón.

De otros jueces, el principal motivo para su cancelación
aparece -hasta ahora- la demora en los trámites. "¿Por qué se
guardan a veces (los juicios)? Porque dicen que quieren
cobrar" dice el doctor Marcelo Ortiz.

Por la causa que fuere, hasta el momento han sido destituidos,
además de los antes mencionados, César Lasso, cuarta sala de
la Corte Superior de Quito; Petronio Ruales Rodríguez, juez
primero de lo Civil de Pichincha; Alejandro Guerra, juez
décimo de lo Penal de Pichincha; Luz María Pico, juez noveno
de lo penal del Guayas. Francisco Landuchi Correa, cuarta sala
Corte Superior de Guayaquil; Gustavo Barrera, corte superior
de Portoviejo. En el caso de Luz María Pico parece que la
causa es irrespeto a un superior.

Éste es el comienzo del fin porque al momento estarían
analizándose 104 denuncias que hacen prever la salida de
muchos más.

Molinos de viento

Por Juan Carlos Calderón V.

A principios de abril, los funcionarios judiciales de cuatro
provincias del Austro escucharon con atención las palabras de
Íñigo Salvador, director de la unidad coordinadora del
programa de modernización de la justicia, Projusticia,
adscrita a la Corte Suprema. Fueron convocados para recibir
los resultados del primer estudio de opinión sobre lo que
piensa la ciudadanía de la administración de justicia.

Los resultados no son alentadores para la imagen de la
justicia ecuatoriana: la ciudadanía la percibe como poco
representativa, poco confiable, que no protege los intereses
de los ciudadanos y con un desempeño negativo. A pesar de
ello, los ciudadanos consideran a los jueces como más
confiables frente a los funcionarios gubernamentales y a los
diputados.

Nueve de cada 10 entrevistados cree que "la justicia en el
Ecuador no salvaguarda los intereses del ciudadano común".

Los problemas que los encuestados identificaron en el servicio
al público en los juzgados fueron: corrupción, mala
organización y baja calidad del personal.

Esta encuesta nacional fue contratada por la Corte Suprema a
la empresa Market. Se entrevistaron a ciudadanos comunes, a
usuarios del sistema judicial, a abogados, jueces y
funcionarios judiciales.

Carlos Solórzano no desestima esos datos, aunque aclara que
cualquier encuesta que se haga sobre el sistema judicial parte
ya con un 50 por ciento de negatividad, porque quienes han
perdido las causas "creen que los jueces se vendieron al otro
lado, y eso no es cierto".

La encuesta mencionada, sin embargo, ha servido como base para
que el proceso de reforma judicial, que, al parecer, avanza a
paso rápido: se ha contratado ya el préstamo de 10,7 millones
de dólares con el Banco Mundial, con 3,6 millones de
contraparte. El proyecto piloto inició en 1995 y durará hasta
el año 2.000. Se lo quiere aplicar en cuatro aspectos:
modernizar, agilitar y volver transparente la gestión en los
juzgados, donde se juega en gran parte la imagen del público;
mejorar una parte de la infraestructura judicial, con juzgados
físicamente decentes y computarizados; desarrollar los medios
alternativos de resolución de conflictos, como el juicio oral,
y la mediación, conciliación y arbitraje, para que la gente
resuelva sus conflictos antes de ir a los juzgados, y, lo que
el director de Projusticia cree como fundamental, la creación
de un fondo económico de apoyo a las iniciativas de la
sociedad civil para fortalecer la justicia.

Diversos principios apoyan la reforma judicial: los organismos
internacionales consideran que una administración de justicia
lenta y corrupta provoca estancamiento económico : 70 por
ciento de los 3.000 juicios represados actualmente son por
conflictos que atañen al dinero. Otras voces, como las del
magistrado Alberto Wray o el propio Carlos Solórzano, creen
que la reforma de la justicia es la fundamental para el
progreso del Ecuador y la consolidación democrática: cuando
hay justicia hay garantía de paz social.

Íñigo Salvador es "realista". Cree que es un proceso largo , y
del éxito del proyecto piloto depende el apoyo de otros
organismos como el BID, que ha prometido una donación de
cuatro millones de dólares, y de la Comunidad Europea.

Solórzano, quien lidera el proceso con mano de hierro,
desestima que la actual barrida de jueces y magistrados
responda a hechos coyunturales. Va más allá. Ahora se busca
llenar 50 judicaturas vacantes con ascensos de secretarios y
jueces "que verdaderamente se lo merezcan", y luego se hará un
examen en todas las judicaturas para definir "quién se queda y
quién se va".

La Función Judicial, por boca de su titular defenderá "a
rajatabla" su independencia de las otras funciones del Estado.
"No queremos que nadie meta la mano, y si tengo que irme por
eso, me voy este momento", dice Solórzano con su típica
reciedumbre. Desde la esquina izquierda de su escritorio, un
Quijote de madera lo mira impertérrito.

Por lo pronto, la profesionalización de los jueces y
tecnificación de los procesos judiciales es la mira de las
autoridades de la Corte Suprema. La computarización, por
ejemplo, evitaría las trampas en los sorteos de los juicios:
los delegados de Guayaquil, en los talleres de la Conferencia
Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, denunció que hay
abogados que introducen 20 demandas referidas a un mismo
asunto para que caiga en el juez que prefieren.

Solórzano plantea varias reformas que para él permitirían la
continuidad del mejoramiento de la justicia luego de su
gestión: la implantación del juicio oral, cuyo sistema
requiere de una reforma de los procedimientos y los códigos
por parte del Congreso, y la mediación como técnica para
evitar los juicios.

Pero no es tan fácil. El magistrado Alberto Wray menciona,
aunque como excepción, la existencia de "redes clientelares"
dentro de la función judicial. Las define como pequeñas
lealtades que se van tejiendo gracias a que un juez posibilita
el nombramiento de un funcionario, este de otro, y así
sucesivamente.

El espíritu de los reformistas es que los jueces deberían ser
permanentes y continuamente evaluados en su eficiencia y
honestidad. El renovarlos cada cuatro años hace que los jueces
se vuelvan "dóciles" a los deseos de quienes tienen el poder
de nombrarlos.

Algunos magistrados de la Corte Suprema coinciden en rechazar
los nombramientos de jueces por parte del Congreso, o de la
llamada sociedad civil. ¿Quién nombra a los jueces?, o, mejor
dicho, ¿quién garantiza que los jueces nombrados sean lo que
la ciudadanía espera de ellos? La misma función judicial,
dicen los involucrados. Lo hacen con la seguridad de que "ya
están grandecitos" como para permitir que otros organismos
decidan por ellos. En la actualidad, la designación de jueces
la hace el Congreso Nacional, la nominación corresponde a las
tres funciones del Estado, y los requisitos los define la
Comisión de Asuntos Judiciales del Congreso.

Jueces, autoridades, abogados, empleados judiciales inician su
propio remezón, porque, como dice Luis Muñoz, presidente
nacional de los empleados judiciales, "o cambiamos nosotros
desde adentro o nos dan cambiando desde afuera". Don Quijote,
que adorna la entrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿se
lanzará contra los molinos de viento? (Texto tomado de la
Revista VISTAZO No. 172)