La Corte Suprema está integrada por 10 salas, dos de ellas penales, a las que han ido a parar los casos más bullados, referidos al salvataje bancario y a causas relacionadas con presuntos actos de corrupción
La crisis interna que vive la Función Judicial tiene un componente político. Las amenazas denunciadas por el presidente Armando Bermeo y las críticas socialcristianas en su contra se producen en medio de una intensa disputa por una de las salas penales en donde se ventilan procesos polémicos.
La integración de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se ventilan los juicios del multimillonario caso Filanbanco y del ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, entre otros que se hallan bajo la mirada de la ciudadanía, está cruzada por fuertes presiones políticas.
La CSJ está integrada por 10 salas, dos de ellas penales, a las cuales han ido a parar por sorteo los juicios más bullados de los últimos años porque les corresponde resolver, en última y definitiva instancia, varios procesos referidos al salvataje bancario y a causas relacionadas con presuntos actos de corrupción de connotados personajes políticos, entre los que se cuentan a los ex presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, y al ex vicepresidente Alberto Dahik.
Actualmente, la Segunda Sala de lo Penal está integrada por los magistrados titulares Milton Moreno Aguirre y Arturo Donoso, y el conjuez Jorge Andrade Lara, quien asumió esa dignidad tras el fallecimiento de Jorge Américo Gallegos y luego de que se excusaron los dos conjueces que lo precedían: Manuel Castro y Guido Fabián Flores.
Aunque los miembros de la CSJ evitan dar declaraciones públicas sobre afiliaciones o simpatías políticas, fuera de grabación comentan que Moreno tendría tendencia socialcristiana (PSC), mientras Donoso y Andrade mantendrían una actitud de independencia, con lo cual ese partido político estaría en minoría a la hora de emitir los fallos de la indicada sala.
¿Cómo se designan los magistrados y conjueces? La Ley Orgánica de la Función Judicial prevé el mecanismo de cooptación para reemplazar a los miembros de la CSJ que dejaren el cargo por renuncia, destitución o muerte.
Así fueron titularizados como magistrados, los anteriores conjueces: Gonzalo Zambrano (I sala de lo Penal), Ernesto Albán (I sala Civil), Hernán Quevedo (sala Fiscal), Arturo Donoso (II sala de lo Penal) y Milton Moreno (II sala de lo Penal), quienes reemplazaron a los fallecidos Eduardo Holguín, Tito Cabezas, Julio Navarrete y Mariana Argudo, y a Mariana Yépez (que renunció tras ser nombrada fiscal de la Nación por el Congreso), respectivamente.
Para designar magistrados se necesitan 21 votos, equivalentes a las dos terceras partes de los 31 integrantes de la CSJ, mientras que para elegir a los conjueces se requieren 16, es decir la mitad más uno; estos últimos deben ser nombrados cada año y sus nombres son sugeridos por los titulares.
Tras dos años de ejercer funciones prorrogadas, el miércoles pasado el pleno de la Corte nombró a 19 conjueces permanentes, pero aún quedan cuatro vacantes en diferentes salas, de las cuales se destaca la Penal, donde aún no se designa al magistrado titular que reemplazará al fallecido Jorge Américo Gallegos, cargo que actualmente desempeña el conjuez Jorge Andrade Lara, y tres conjueces (recordar las excusas de Manuel Castro y Guido Fabián Flores).
Aquí sale a la luz el juego político: mientras 14 magistrados "independientes" sostienen que para nombrar a un conjuez primero debe ser designado el magistrado titular, 15 ministros de tendencia socialcristiana proponen que se los designe sin que antes esté nombrado un titular.
Con esa tesis, en representación del indicado grupo político, el magistrado Milton Moreno, planteó en enero pasado en una sesión del pleno la designación Hérnán Ulloa como conjuez de la Segunda Sala, quien actualmente patrocina legalmente la denuncia del ex presidente León Febres Cordero contra su homólogo Gustavo Noboa.
Como esto no dio resultado, los socialcristianos propusieron que el grupo de independientes designara al conjuez del magistrado titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Héctor Romero Parducci, quien renunció al cargo, a cambio de que ellos nombraren al de la Segunda Sala de lo Penal que asumiría en lugar de Jorge Américo Gallegos, pero esto tampoco prosperó debido a que ninguno de los dos bandos reúne los votos suficientes, como sucede hasta la actualidad.
Esas diferencias tienen un antecedente histórico en la última conformación de la CSJ, pese a la independencia consagrada en la Asamblea Constituyente de 1998. El Art. 199 de la Constitución señala: "Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos...". Ese fue el mandato.
Previa a estas disposiciones, entre el 1º y 2 de octubre de 1997, el Congreso Nacional presidido por el entonces diputado socialcristiano, Heinz Moeller, designó, por última vez, a los miembros de la Corte Suprema, que fue conformada por 31 magistrados para que ejercieran esas dignidades de forma vitalicia.
Esto tuvo su origen en el decreto Ejecutivo Nº 201, expedido por el ex presidente interino, Fabián Alarcón, el 7 de abril de ese año, con el cual convocó a la consulta popular del 25 de mayo de 1997.
La décima pregunta decía: "¿Considera usted necesario modernizar la Función Judicial, reformar el sistema de designación de los magistrados de la CSJ para que su origen sea la propia Función Judicial, con nombramientos sin sujeción a períodos fijos y que se observen los criterios de profesionalización y de carrera judicial que establezca la Ley?" De un total de votos válidos de 2 718 886, se pronunciaron a favor de eso 1 651 162 ciudadanos, equivalentes al 60,73%.
Para viabilizar la voluntad expresada en las urnas, el Congreso aprobó varias reformas constitucionales, que se publicaron en el Registro Oficial Nº 120, del 31 de julio de 1997. Su disposición transitoria decimoquinta declaraba terminados los períodos de los ministros de la CSJ de la época. La siguiente transitoria señalaba: "el Congreso, por esta vez, designará a 31 magistrados de la CSJ, de una lista integrada por no menos de cuatro ni más de 10 candidatos propuestos por entidades nominadoras de la Sociedad Civil".
Entre los entes nominadores, estuvieron los ex presidentes constitucionales del país y de la CSJ; Conferencia Episcopal; los gremios de abogados, universidades, medios de comunicación, gobiernos seccionales, organizaciones sindicales e indígenas, así como cualquier persona u organización de la sociedad civil. La Comisión Calificadora fue integrada por tres diputados designados por el presidente del Congreso y tres por la sociedad civil escogidos por las entidades nominadoras, quienes designaron un séptimo miembro, que la presidiría. (AA)
Dos temas que bloquean las decisiones del Pleno
Conflicto La designación de los magistrados y conjueces
La elección de 18 conjueces de 23 vacantes pendientes permitió el miércoles bajar las tensiones en la Corte Suprema y no detener la administración de justicia. Ese fue un gesto de buena voluntad para llegar a acuerdos, asegura el magistrado Carlos Riofrío del grupo afin al socialcristianismo.
No obstante, reconoce que hay dos temas que impiden avanzar. El primero es la forma de elección de titulares. El grupo de "independientes" defiende la participación de los grupos organizados de la sociedad civil, mientras el sector "socialcristiano" insiste en que el nombramiento sea directo.
El segundo tema es el sentido de la designación de los conjueces. Los independientes creen que se trata de una nominación personalizada de los titulares, no así el otro sector que consideran que debe responder a la sala. (LB)
Armando Bermeo es el epicentro de las tensiones
El lunes sería el sorteo del caso de la negociación de los Bonos Global luego que Bermeo acogió la apelación de la Fiscal.
"Desde que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el caso denominado "Filanbanco", llamando a juicio plenario por peculado a sus ex accionistas y administradores.... , la CSJ ha sido sometida a enormes presiones de algunos sectores del poder político, fundamentalmente para la obtención del control total en las salas de lo penal del más alto tribunal de justicia con evidentes objetivos¨.
De esa forma, el 18 de junio, a través de su denuncia de amenazas en su contra, el presidente de la CSJ, Armando Bermeo, contextualizó la serie de hechos y controversias que se suscitaron tras la decisión de enjuiciar a los ex accionistas del referido banco por peculado y no por falsificación de documentos, como lo determinó la fiscal Mariana Yépez.
"Una semana antes, el caso Filanbanco racayó por sorteo en la segunda Sala Penal. Esto dio pávulo a una serie de versiones sobre la posible politización de la designación del titular de esa dependencia. Los temores se evidenciaron, en especial, en el grupo que apoya a Bermeo, pues con la Segunda Sala se configura el control total del área penal del que habló Bermeo en su denuncia, pues la Primera Sala Penal está constituida por tres titulares del sector de magistrados al que se ha identificado con el PSC.
Pero, este hecho no fue lo único que agitó el avispero. Paralelamente, la Fiscalía procesaba la denuncia del diputado León Febres Cordero, en contra del ex presidente Gustavo Noboa, por la supuesta negociación fraudulenta de los Bonos Global.
La denuncia incorporó un elemento clave dentro de la supuesta utilización indebida de fondos provenientes de esa negociación, que incriminaba a Armando Bermeo, esto es, por el uso de $11,7 millones para la adquisición del edificio de la Corte.
El cuestionamiento quedó de manifiesto en la comunicación del diputado Javier Varas (PSC), como presidente (e) de la Comisión de Fiscalización, al presidente de la Corte Suprema para que responda las inquietudes de sus colegas de bancada Pascual del Cioppo y Luis Fernando Torres, en relación con la participación de Bermeo en el financiamiento y adquisición del nuevo edificio. Este pedido fue el corolario de una serie de consultas y exhortos de diputados del PSC, antes de la crisis, sobre la demora en el nombramiento de conjueces de la CSJ.
Las últimas presiones causaron la ruptura de los aliados del Congreso, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, ante la negativa del presidente de la Legislatura Guillermo Landázuri de convocar a Armando Bermeo, pues consideró que eso constituía una evidente interferencia de funciones. Con su postura, el socialdemócrata Landázuri quedó a expensas de las duras críticas y de las amenazas abiertas para deponerlo, las que finalmente no prosperaron.
Las diferencias legislativas se proyectaron a la Corte Suprema, en donde los forcejeos entre los dos sectores de magistrados se agudizaron. No obstante, las tensiones no alteraron la compostura de Bermeo, que se escudó en la independencia de funciones para evitar la confrontación directa con sus detractores.
La presión de la prensa y su efecto mediático tampoco tentaron al magistrado, que evitó pronunciamientos relacionados con ciertos procesos y los casos que eventualmente podría estar tramitando, como sucedió más adelante con el conocimiento de los procesos del magistrado Olmedo Bermeo, por supuesto enriquecimiento ilícito, y del ex presidente Gustavo Noboa, en donde a despecho otra vez de la Fiscal, no dispuso medidas cautelares contra el ex mandatario.
Bermeo tuvo que sortear esta semana las denuncias realizadas por el socialcristiano Patricio Dávila (ex gerente de la AGD) por incurrir en un supuesto nepotismo en la Corte. El tema reavivó las tensiones, pese a que las imputaciones fueron desvirtuadas por el magistrado en un comunicado de Bermeo remitido al Congreso el pasado 14 de julio. (LB)
La independencia a expensas de la clase política
Reformas Una propuesta para que el Congreso nombre vocales del CNJ
La posibilidad de que la clase política vuelva a meter las manos en las decisiones internas de la Función Judicial está consignada en una sugerencia realizada dentro del proceso de elaboración de la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial por parte de la Comisión de Legislación del Parlamento, en la que se señala que los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sean designados por el Congreso.
Así se lo establece dentro de un informe remitido por el presidente de esa dependencia, Ramón Rodríguez, a la Corte Suprema. Este polémico documento también está en el Congreso y será analizado por la Comisión de lo Civil y Penal, según lo aseguró su presidenta, la socialcristiana Cinthia Viteri.
BLANCO Y NEGRO consultó a varios magistrados sobre el tema. Los críticas directas provinieron del grupo que apoya al presidente Armando Bermeo, pues consideran que no sería admisible que quienes juzgan a los jueces tengan un origen político. Lo que para ese sector equivaldría a un control indirecto del sistema judicial por parte de la clase política. Magitrados de la otra tendencia prefirieron abstenerse de hacer comentarios al respecto.
En el Congreso, la diputada Viteri coincidió en no adelantar criterios sobre la propuesta, al menos -dice- hasta no estudiar en detalle el tema, pues considera que un planteamiento así podría implicar reformas constitucionales. En todo caso, señala, que eso puede dilucidarse dentro del análisis de la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, en agosto próximo, cuando se tiene previsto entregar el informe para primer debate.
Al respecto, la diputada cuestiona que el proyecto de la CSJ, que fue remitido en diciembre del 2001, haya sido discutido "casi en secreto" en la Comisión de Legislación, en alusión a la decisión del presidente Guillermo Landázuri, de remitir el proyecto a esa dependencia.
La versión de la diputada contrasta, por otro lado, con las críticas a la Comisión de lo Civil y Penal por parte de diputados de centroizquierda, entre ellos Carlos González, en el sentido de que ha habido un bloqueo en torno al tema. Viteri asegura que no hay tal mora y destaca que en seis meses se elaboraron 23 informes y se ha dado un trato especial a tres temas: las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, la Función Judicial y la Legislatura.
En todo caso, estas dudas, de lado y lado, abonan en la incertidumbre que se vive en el ámbito judicial, sobre todo porque la independencia de esta función tiene sus límites en las reformas legales que puedan imprimir cualquiera de los grupos que forcejean hoy por hoy por una mayoría en el Congreso.
El tema de las reformas legales de la Función Judicial duerme en el Congreso desde 1998, fecha en que la Asamblea Constituyente aprobó varios cambios que fundamentalmente establecen la independencia del sistema judicial.
Pero hay otros puntos sensibles. Uno de ellos es el juzgamiento de los magistrados. La falta de una reglamentación sobre este tema quedó en evidencia en los últimos días al presentarse la denuncia en contra del juez Olmedo Bermeo, magistrado de la Segunda Sala de lo Civil, por supuesto enriquecimiento ilícito. A falta de reglas claras, el Pleno se vio obligado a aprobar una resolución para conminar al implicado a presentar su renuncia.
La mora legislativa en torno a las reformas ha despertado iniciativas internas en la Corte para normar el autojuzgamiento. Uno de los intentos fue el planteamiento realizado, el 22 de octubre de 2001, por 12 magistrados identificados con Bermeo para aprobar normas de autojuzgamiento. No obstante, la idea chocó con el aparente desinterés de la mayoría que rodeaba al presidente de entonces, Galo Pico. El intento no prosperó.
La correlación de fuerzas tampoco permitió un apoyo institucional a un primer informe de la Comisión de Legislación sobre la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, que establecía el autojuzgamiento, el límite de edad y la regulación de la cooptación. Para algunos magistrados consultados, la falta de acuerdos al interior de la CSJ pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema con respecto a los cálculos políticos, pues los cambios legales corresponden a la clase política. (LB)
PUNTO DE VISTA
La justicia ecuatoriana debe abrir bien los ojos, no cerrarlos
Con certeza, el problema más grave que afecta a la sociedad ecuatoriana es la impunidad. La historia del país está repleta de episodios que han merecido el asombro de la comunidad, al contemplar cómo quienes han delinquido han sido liberados de pena y culpa, mientras que gente inocente ha sido castigada.
Nuestro país debe tener un récord de "chivos expiatorios", individuos a los cuales se los ha "sacrificado", para beneficiar a figuras intocables, esas con poder económico o político.
Pero la responsabilidad, en realidad, no parece ser de las gentes con poder, sino de quienes habiendo sido escogidos para administrar justicia, no consiguen la independencia suficiente como para liberarse de las presiones y actuar en derecho y con la verdad. En los albores del siglo XXI y cuando las sociedades más desarrolladas han logrado que sus tribunales sean verdaderos espacios de administración de Justicia, en los que prime solo la ley, en Ecuador estamos en un momento retrógrado, donde se intenta usar las cortes, incluso, para zanjar diferencias personales o de grupos.
Pero pretextar presiones es también una actitud poco digna, superada solo por el hecho de someterse mismo a las supuestas presiones. ¿Para qué aceptaron una función tan delicada si no no son capaces de vencer esos obstáculos? ¿Acaso en otras profesiones no hay presiones similares o peores, pero que son superadas con coraje, honor y escuchando solo a la conciencia? Daría la impresión de que en Ecuador la simbología de la balanza y los ojos vendados de quienes administran Justicia ha sido mal interpretada. ¿Qué tal si jueces y magistrados y la Justicia en general abre bien los ojos, en lugar de cerrarlos? (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
La crisis interna que vive la Función Judicial tiene un componente político. Las amenazas denunciadas por el presidente Armando Bermeo y las críticas socialcristianas en su contra se producen en medio de una intensa disputa por una de las salas penales en donde se ventilan procesos polémicos.
La integración de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se ventilan los juicios del multimillonario caso Filanbanco y del ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, entre otros que se hallan bajo la mirada de la ciudadanía, está cruzada por fuertes presiones políticas.
La CSJ está integrada por 10 salas, dos de ellas penales, a las cuales han ido a parar por sorteo los juicios más bullados de los últimos años porque les corresponde resolver, en última y definitiva instancia, varios procesos referidos al salvataje bancario y a causas relacionadas con presuntos actos de corrupción de connotados personajes políticos, entre los que se cuentan a los ex presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, y al ex vicepresidente Alberto Dahik.
Actualmente, la Segunda Sala de lo Penal está integrada por los magistrados titulares Milton Moreno Aguirre y Arturo Donoso, y el conjuez Jorge Andrade Lara, quien asumió esa dignidad tras el fallecimiento de Jorge Américo Gallegos y luego de que se excusaron los dos conjueces que lo precedían: Manuel Castro y Guido Fabián Flores.
Aunque los miembros de la CSJ evitan dar declaraciones públicas sobre afiliaciones o simpatías políticas, fuera de grabación comentan que Moreno tendría tendencia socialcristiana (PSC), mientras Donoso y Andrade mantendrían una actitud de independencia, con lo cual ese partido político estaría en minoría a la hora de emitir los fallos de la indicada sala.
¿Cómo se designan los magistrados y conjueces? La Ley Orgánica de la Función Judicial prevé el mecanismo de cooptación para reemplazar a los miembros de la CSJ que dejaren el cargo por renuncia, destitución o muerte.
Así fueron titularizados como magistrados, los anteriores conjueces: Gonzalo Zambrano (I sala de lo Penal), Ernesto Albán (I sala Civil), Hernán Quevedo (sala Fiscal), Arturo Donoso (II sala de lo Penal) y Milton Moreno (II sala de lo Penal), quienes reemplazaron a los fallecidos Eduardo Holguín, Tito Cabezas, Julio Navarrete y Mariana Argudo, y a Mariana Yépez (que renunció tras ser nombrada fiscal de la Nación por el Congreso), respectivamente.
Para designar magistrados se necesitan 21 votos, equivalentes a las dos terceras partes de los 31 integrantes de la CSJ, mientras que para elegir a los conjueces se requieren 16, es decir la mitad más uno; estos últimos deben ser nombrados cada año y sus nombres son sugeridos por los titulares.
Tras dos años de ejercer funciones prorrogadas, el miércoles pasado el pleno de la Corte nombró a 19 conjueces permanentes, pero aún quedan cuatro vacantes en diferentes salas, de las cuales se destaca la Penal, donde aún no se designa al magistrado titular que reemplazará al fallecido Jorge Américo Gallegos, cargo que actualmente desempeña el conjuez Jorge Andrade Lara, y tres conjueces (recordar las excusas de Manuel Castro y Guido Fabián Flores).
Aquí sale a la luz el juego político: mientras 14 magistrados "independientes" sostienen que para nombrar a un conjuez primero debe ser designado el magistrado titular, 15 ministros de tendencia socialcristiana proponen que se los designe sin que antes esté nombrado un titular.
Con esa tesis, en representación del indicado grupo político, el magistrado Milton Moreno, planteó en enero pasado en una sesión del pleno la designación Hérnán Ulloa como conjuez de la Segunda Sala, quien actualmente patrocina legalmente la denuncia del ex presidente León Febres Cordero contra su homólogo Gustavo Noboa.
Como esto no dio resultado, los socialcristianos propusieron que el grupo de independientes designara al conjuez del magistrado titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Héctor Romero Parducci, quien renunció al cargo, a cambio de que ellos nombraren al de la Segunda Sala de lo Penal que asumiría en lugar de Jorge Américo Gallegos, pero esto tampoco prosperó debido a que ninguno de los dos bandos reúne los votos suficientes, como sucede hasta la actualidad.
Esas diferencias tienen un antecedente histórico en la última conformación de la CSJ, pese a la independencia consagrada en la Asamblea Constituyente de 1998. El Art. 199 de la Constitución señala: "Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos...". Ese fue el mandato.
Previa a estas disposiciones, entre el 1º y 2 de octubre de 1997, el Congreso Nacional presidido por el entonces diputado socialcristiano, Heinz Moeller, designó, por última vez, a los miembros de la Corte Suprema, que fue conformada por 31 magistrados para que ejercieran esas dignidades de forma vitalicia.
Esto tuvo su origen en el decreto Ejecutivo Nº 201, expedido por el ex presidente interino, Fabián Alarcón, el 7 de abril de ese año, con el cual convocó a la consulta popular del 25 de mayo de 1997.
La décima pregunta decía: "¿Considera usted necesario modernizar la Función Judicial, reformar el sistema de designación de los magistrados de la CSJ para que su origen sea la propia Función Judicial, con nombramientos sin sujeción a períodos fijos y que se observen los criterios de profesionalización y de carrera judicial que establezca la Ley?" De un total de votos válidos de 2 718 886, se pronunciaron a favor de eso 1 651 162 ciudadanos, equivalentes al 60,73%.
Para viabilizar la voluntad expresada en las urnas, el Congreso aprobó varias reformas constitucionales, que se publicaron en el Registro Oficial Nº 120, del 31 de julio de 1997. Su disposición transitoria decimoquinta declaraba terminados los períodos de los ministros de la CSJ de la época. La siguiente transitoria señalaba: "el Congreso, por esta vez, designará a 31 magistrados de la CSJ, de una lista integrada por no menos de cuatro ni más de 10 candidatos propuestos por entidades nominadoras de la Sociedad Civil".
Entre los entes nominadores, estuvieron los ex presidentes constitucionales del país y de la CSJ; Conferencia Episcopal; los gremios de abogados, universidades, medios de comunicación, gobiernos seccionales, organizaciones sindicales e indígenas, así como cualquier persona u organización de la sociedad civil. La Comisión Calificadora fue integrada por tres diputados designados por el presidente del Congreso y tres por la sociedad civil escogidos por las entidades nominadoras, quienes designaron un séptimo miembro, que la presidiría. (AA)
Dos temas que bloquean las decisiones del Pleno
Conflicto La designación de los magistrados y conjueces
La elección de 18 conjueces de 23 vacantes pendientes permitió el miércoles bajar las tensiones en la Corte Suprema y no detener la administración de justicia. Ese fue un gesto de buena voluntad para llegar a acuerdos, asegura el magistrado Carlos Riofrío del grupo afin al socialcristianismo.
No obstante, reconoce que hay dos temas que impiden avanzar. El primero es la forma de elección de titulares. El grupo de "independientes" defiende la participación de los grupos organizados de la sociedad civil, mientras el sector "socialcristiano" insiste en que el nombramiento sea directo.
El segundo tema es el sentido de la designación de los conjueces. Los independientes creen que se trata de una nominación personalizada de los titulares, no así el otro sector que consideran que debe responder a la sala. (LB)
Armando Bermeo es el epicentro de las tensiones
El lunes sería el sorteo del caso de la negociación de los Bonos Global luego que Bermeo acogió la apelación de la Fiscal.
"Desde que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el caso denominado "Filanbanco", llamando a juicio plenario por peculado a sus ex accionistas y administradores.... , la CSJ ha sido sometida a enormes presiones de algunos sectores del poder político, fundamentalmente para la obtención del control total en las salas de lo penal del más alto tribunal de justicia con evidentes objetivos¨.
De esa forma, el 18 de junio, a través de su denuncia de amenazas en su contra, el presidente de la CSJ, Armando Bermeo, contextualizó la serie de hechos y controversias que se suscitaron tras la decisión de enjuiciar a los ex accionistas del referido banco por peculado y no por falsificación de documentos, como lo determinó la fiscal Mariana Yépez.
"Una semana antes, el caso Filanbanco racayó por sorteo en la segunda Sala Penal. Esto dio pávulo a una serie de versiones sobre la posible politización de la designación del titular de esa dependencia. Los temores se evidenciaron, en especial, en el grupo que apoya a Bermeo, pues con la Segunda Sala se configura el control total del área penal del que habló Bermeo en su denuncia, pues la Primera Sala Penal está constituida por tres titulares del sector de magistrados al que se ha identificado con el PSC.
Pero, este hecho no fue lo único que agitó el avispero. Paralelamente, la Fiscalía procesaba la denuncia del diputado León Febres Cordero, en contra del ex presidente Gustavo Noboa, por la supuesta negociación fraudulenta de los Bonos Global.
La denuncia incorporó un elemento clave dentro de la supuesta utilización indebida de fondos provenientes de esa negociación, que incriminaba a Armando Bermeo, esto es, por el uso de $11,7 millones para la adquisición del edificio de la Corte.
El cuestionamiento quedó de manifiesto en la comunicación del diputado Javier Varas (PSC), como presidente (e) de la Comisión de Fiscalización, al presidente de la Corte Suprema para que responda las inquietudes de sus colegas de bancada Pascual del Cioppo y Luis Fernando Torres, en relación con la participación de Bermeo en el financiamiento y adquisición del nuevo edificio. Este pedido fue el corolario de una serie de consultas y exhortos de diputados del PSC, antes de la crisis, sobre la demora en el nombramiento de conjueces de la CSJ.
Las últimas presiones causaron la ruptura de los aliados del Congreso, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, ante la negativa del presidente de la Legislatura Guillermo Landázuri de convocar a Armando Bermeo, pues consideró que eso constituía una evidente interferencia de funciones. Con su postura, el socialdemócrata Landázuri quedó a expensas de las duras críticas y de las amenazas abiertas para deponerlo, las que finalmente no prosperaron.
Las diferencias legislativas se proyectaron a la Corte Suprema, en donde los forcejeos entre los dos sectores de magistrados se agudizaron. No obstante, las tensiones no alteraron la compostura de Bermeo, que se escudó en la independencia de funciones para evitar la confrontación directa con sus detractores.
La presión de la prensa y su efecto mediático tampoco tentaron al magistrado, que evitó pronunciamientos relacionados con ciertos procesos y los casos que eventualmente podría estar tramitando, como sucedió más adelante con el conocimiento de los procesos del magistrado Olmedo Bermeo, por supuesto enriquecimiento ilícito, y del ex presidente Gustavo Noboa, en donde a despecho otra vez de la Fiscal, no dispuso medidas cautelares contra el ex mandatario.
Bermeo tuvo que sortear esta semana las denuncias realizadas por el socialcristiano Patricio Dávila (ex gerente de la AGD) por incurrir en un supuesto nepotismo en la Corte. El tema reavivó las tensiones, pese a que las imputaciones fueron desvirtuadas por el magistrado en un comunicado de Bermeo remitido al Congreso el pasado 14 de julio. (LB)
La independencia a expensas de la clase política
Reformas Una propuesta para que el Congreso nombre vocales del CNJ
La posibilidad de que la clase política vuelva a meter las manos en las decisiones internas de la Función Judicial está consignada en una sugerencia realizada dentro del proceso de elaboración de la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial por parte de la Comisión de Legislación del Parlamento, en la que se señala que los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sean designados por el Congreso.
Así se lo establece dentro de un informe remitido por el presidente de esa dependencia, Ramón Rodríguez, a la Corte Suprema. Este polémico documento también está en el Congreso y será analizado por la Comisión de lo Civil y Penal, según lo aseguró su presidenta, la socialcristiana Cinthia Viteri.
BLANCO Y NEGRO consultó a varios magistrados sobre el tema. Los críticas directas provinieron del grupo que apoya al presidente Armando Bermeo, pues consideran que no sería admisible que quienes juzgan a los jueces tengan un origen político. Lo que para ese sector equivaldría a un control indirecto del sistema judicial por parte de la clase política. Magitrados de la otra tendencia prefirieron abstenerse de hacer comentarios al respecto.
En el Congreso, la diputada Viteri coincidió en no adelantar criterios sobre la propuesta, al menos -dice- hasta no estudiar en detalle el tema, pues considera que un planteamiento así podría implicar reformas constitucionales. En todo caso, señala, que eso puede dilucidarse dentro del análisis de la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, en agosto próximo, cuando se tiene previsto entregar el informe para primer debate.
Al respecto, la diputada cuestiona que el proyecto de la CSJ, que fue remitido en diciembre del 2001, haya sido discutido "casi en secreto" en la Comisión de Legislación, en alusión a la decisión del presidente Guillermo Landázuri, de remitir el proyecto a esa dependencia.
La versión de la diputada contrasta, por otro lado, con las críticas a la Comisión de lo Civil y Penal por parte de diputados de centroizquierda, entre ellos Carlos González, en el sentido de que ha habido un bloqueo en torno al tema. Viteri asegura que no hay tal mora y destaca que en seis meses se elaboraron 23 informes y se ha dado un trato especial a tres temas: las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, la Función Judicial y la Legislatura.
En todo caso, estas dudas, de lado y lado, abonan en la incertidumbre que se vive en el ámbito judicial, sobre todo porque la independencia de esta función tiene sus límites en las reformas legales que puedan imprimir cualquiera de los grupos que forcejean hoy por hoy por una mayoría en el Congreso.
El tema de las reformas legales de la Función Judicial duerme en el Congreso desde 1998, fecha en que la Asamblea Constituyente aprobó varios cambios que fundamentalmente establecen la independencia del sistema judicial.
Pero hay otros puntos sensibles. Uno de ellos es el juzgamiento de los magistrados. La falta de una reglamentación sobre este tema quedó en evidencia en los últimos días al presentarse la denuncia en contra del juez Olmedo Bermeo, magistrado de la Segunda Sala de lo Civil, por supuesto enriquecimiento ilícito. A falta de reglas claras, el Pleno se vio obligado a aprobar una resolución para conminar al implicado a presentar su renuncia.
La mora legislativa en torno a las reformas ha despertado iniciativas internas en la Corte para normar el autojuzgamiento. Uno de los intentos fue el planteamiento realizado, el 22 de octubre de 2001, por 12 magistrados identificados con Bermeo para aprobar normas de autojuzgamiento. No obstante, la idea chocó con el aparente desinterés de la mayoría que rodeaba al presidente de entonces, Galo Pico. El intento no prosperó.
La correlación de fuerzas tampoco permitió un apoyo institucional a un primer informe de la Comisión de Legislación sobre la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, que establecía el autojuzgamiento, el límite de edad y la regulación de la cooptación. Para algunos magistrados consultados, la falta de acuerdos al interior de la CSJ pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema con respecto a los cálculos políticos, pues los cambios legales corresponden a la clase política. (LB)
PUNTO DE VISTA
La justicia ecuatoriana debe abrir bien los ojos, no cerrarlos
Con certeza, el problema más grave que afecta a la sociedad ecuatoriana es la impunidad. La historia del país está repleta de episodios que han merecido el asombro de la comunidad, al contemplar cómo quienes han delinquido han sido liberados de pena y culpa, mientras que gente inocente ha sido castigada.
Nuestro país debe tener un récord de "chivos expiatorios", individuos a los cuales se los ha "sacrificado", para beneficiar a figuras intocables, esas con poder económico o político.
Pero la responsabilidad, en realidad, no parece ser de las gentes con poder, sino de quienes habiendo sido escogidos para administrar justicia, no consiguen la independencia suficiente como para liberarse de las presiones y actuar en derecho y con la verdad. En los albores del siglo XXI y cuando las sociedades más desarrolladas han logrado que sus tribunales sean verdaderos espacios de administración de Justicia, en los que prime solo la ley, en Ecuador estamos en un momento retrógrado, donde se intenta usar las cortes, incluso, para zanjar diferencias personales o de grupos.
Pero pretextar presiones es también una actitud poco digna, superada solo por el hecho de someterse mismo a las supuestas presiones. ¿Para qué aceptaron una función tan delicada si no no son capaces de vencer esos obstáculos? ¿Acaso en otras profesiones no hay presiones similares o peores, pero que son superadas con coraje, honor y escuchando solo a la conciencia? Daría la impresión de que en Ecuador la simbología de la balanza y los ojos vendados de quienes administran Justicia ha sido mal interpretada. ¿Qué tal si jueces y magistrados y la Justicia en general abre bien los ojos, en lugar de cerrarlos? (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
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