El perjuicio de $1 400 000 detectado en febrero de este año al Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, reveló una ausencia total de vigilancia a esos recursos que se nutren con un porcentaje de los sueldos de los servidores de la entidad y con dinero de la ContralorÃa, es decir, del Estado ecuatoriano. Informes dan cuenta de un manejo "alegre" de ese Fondo
"Se pueden delegar las funciones pero no las responsabilidades administrativas y civiles", señalaba el director ejecutivo de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC), Pedro Votruba, el pasado 14 de mayo, en un informe sobre el perjuicio de $1 400 000 causado al Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa General del Estado.
El tema retomó actualidad esta semana, cuando una subcomisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, integrada por los diputados Edgar Ortiz (Prian), Guillermo Haro (ID) y Patricio Dávila (PSC), determinó indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa, "cometidos por el doctor Alfredo Corral Borrero en sus funciones de ex contralor general del Estado...".
Lo acusan de no haber cumplido el artÃculo 211 de la Constitución, el cual faculta a la ContralorÃa a controlar ingresos, gastos, inversión, uso de recursos, administración y custodia de bienes públicos. "Realizar auditorÃas de gestión a las entidades y organismos del sector público... Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado respecto de bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan".
La historia, que según la subcomisión involucrarÃa a Corral, tuvo su momento cumbre, en vÃsperas del Carnaval de este año, cuando varios auditores de la ContralorÃa detectaron que se habÃa cometido un perjuicio de $1 400 000 al Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, que tiene como beneficiarios a más de 1 700 personas, entre servidores y ex empleados de la entidad.
Uno de los principales involucrados es Luis Muñoz Llerena, quien gozaba de toda la confianza de Corral, que no solo lo habÃa nombrado coordinador general de la institución sino que lo designó su representante personal a la Comisión Administradora del Fondo de Jubilación y de esa forma se convirtió en el presidente nato de ese organismo de carácter privado, que se nutre, en partes iguales, con fondos propios de los empleados y con recursos que otorga la ContralorÃa.
Para la subcomisión de Fiscalización, al no efectuar el control que hubiera permitido establecer a tiempo los correctivos del caso, Corral habrÃa permitido que se produjera el perjuicio al Fondo Jubilación, por lo que los tres diputados mencionados enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que señalan que Corral no deberÃa ser designado magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa Función del Estado, cargo al que fue postulado por 16 organizaciones.
Entre otras cosas, lo acusan de no haber designado a los comisarios respectivos, no haber exigido cauciones a los integrantes de la Comisión Administradora ni haber designado, de entre los servidores de la ContralorÃa, un tesorero y un contador. Para completar, indican que el haber delegado funciones en Muñoz Llerena no exime al ex contralor de sus responsabilidades.
Corral dijo a BLANCO Y NEGRO que a la fecha en que él asumió las funciones (diciembre de 1998) ya estaban designados los comisarios y no era necesario nombrar otros. "Si ellos no actuaron era responsabilidad de la Comisión Administradora hacerlos actuar". Añade que durante su ejercicio nadie objetó los manejos del Fondo de Jubilación.
Pero los integrantes de la subcomisión no se convencen y también apuntan a sacar del cargo al contralor subrogante, Genaro Peña Ugalde, quien asumió la titularidad en febrero de 2003 y continúa en funciones porque durante todo este tiempo el Congreso Nacional no ha sido capaz de formular una terna para ponerla en consideración del presidente de la República.
A este funcionario, la subcomisión lo acusa de haber tratado de encubrir a los responsables del fraude (los diputados ponen en primer plano a Corral), por haber aprobado un informe parcial de ContralorÃa, que establece "indicios de perjuicio económico al Fondo de Jubilación Patronal", es decir responsabilidad civil, en lugar de tipificar penalmente el presunto peculado.
El referido informe fue cuestionado internamente por Gonzalo Falconà Gomezjurado, abogado supervisor de la propia ContralorÃa, quien señalaba que esa determinación alteraba la lÃnea de defensa y la estrategia procesal delineada para que la justicia sancionara a los autores, cómplices y encubridores del delito de peculado, ya que consideraba que el informe parcial más bien apoyaba la tesis del imputado Luis Muñoz Llerena, que el pasado mayo habÃa solicitado que se le levantara la orden de prisión.
Posteriormente, los auditores que elaboraron el informe parcial aclararon que habÃan establecido indicios de peculado.
Mientras el tema se politiza, el caso se ventila en el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha, donde se tramita la instrucción fiscal que responsabiliza como autores del peculado a Luis Muñoz Llerena, Rafael y Juan Botero Velásquez (colombianos, representantes de la firma Interibis), Diego Andrade Lara (ex asesor de inversiones del Fondo de Jubilación) y MarÃa del Pilar VillacÃs Salgado (allegada a los Botero). Ellos están prófugos.
Entre otros, la FiscalÃa señala como presuntos cómplices a Eduardo Muñoz Vega, director jurÃdico de la ContralorÃa; Ana Suárez, directora de RRHH; Marco Arias, subdirector Financiero; Victoria Minaya, de la Asociación de Empleados, y Yolanda Lara, representante de los jubilados, quienes también integraban la Comisión Administradora del Fondo de Jubilación. (AA)
Pasaporte oficial para funcionario de cuarta lÃnea
El coordinador general viajaba con su esposa e hijo
Luis Muñoz Llerena, ex presidente del Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, se desplazaba por el mundo con pasaporte oficial.
El pasado 3 de julio, el director de Documentos de Viaje de la CancillerÃa, Raúl Serrano, certificó que el ex coordinador general de la ContralorÃa (cuarta autoridad) tuvo un pasaporte oficial entre el 3 de junio de 1999 y el 2 de julio de 2001.
Esa concesión, reservada para las principales autoridades del paÃs, ministros y subsecretarios, fue solicitada al ex canciller, BenjamÃn Ortiz, por el entonces subcontralor Genaro Peña Ugalde.
El pasaporte diplomático DS 04.979, incluÃa a la esposa de Muñoz, Cecilia Burgos Herrera, y a su hijo, Carlos Muñoz Burgos, quienes no eran funcionarios públicos. (AA)
ENTREVISTA
"Muñoz respondÃa ante el Fondo de Jubilación"
Ex contralor del Estado dice que su representante personal no tenÃa por qué informarle sobre sus actuaciones
¿Alguna vez ordenó que se examinara el manejo del Fondo?
AuditorÃa Interna hizo su trabajo, pese a que antes de que yo asumiera las funciones el ex director jurÃdico de la ContralorÃa, Ezequiel Bermeo, habÃa señalado que los recursos eran privados y por eso no debÃan ser auditados.
¿La Comisión Administradora es autónoma?
TenÃa autonomÃa por tratarse de un Fondo Privado de Jubilación, no son recursos de la ContralorÃa sino de ese Fondo que pertenece a los servidores de la institución.
El TC dice que el Fondo es "parte orgánica de la ContralorÃa".
Yo discrepo, porque la ContralorÃa, como tal, es una institución de derecho público, que pertenece al Estado ecuatoriano y, dentro de la ContralorÃa, como entidad pública, no existe este Fondo Privado.
Pero se nutre con recursos públicos, porque la ContralorÃa aporta el 50%.
En junio de 2002, cuando se dicta la Ley Orgánica de la ContralorÃa, se establece que los recursos públicos, cuando son entregados a entidades privadas, no pierden esa calidad. Es el caso de este Fondo.
¿Cómo se enteraba usted del movimiento económico?
HabÃa sesiones públicas a las que concurrÃan los jubilados y muchos funcionarios. AllÃ, Luis Muñoz Llerena rendÃa informes. También se publicaban balances y estados de situación financiera, que nunca fueron impugnados.
¿Luis Muñoz fue su representante en el Fondo?
Yo le delegué el ejercicio de la Presidencia de la Comisión Administradora. Las actuaciones que él tuvo en esta no eran conocidas por mà sino por esa Comisión.
¿Por qué recibió obsequios de la Comisión?
Los proveedores de esos objetos han declarado que los entregaban a Luis Muñoz. Yo jamás los he recibido y tampoco los habrÃa aceptado si me los hubieran querido dar. (AA)
LA FICHA
Alfredo Corral Borrero, de 64 años, doctor en Jurisprudencia, fue ministro de Trabajo en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, fue contralor General del Estado (1998-2003), profesor universitario, actualmente ejerce libremente su profesión.
ENTREVISTA
"Los informes hablan de responsabilidad penal"
El contralor subrogante se muestra extrañado por la actitud de la Comisión de Fiscalización y asegura que no encubre a nadie
¿Hay un informe definitivo del examen a las cuentas del Fondo de Jubilación?
El pasado 28 de octubre se aprobó el informe definitivo a los estados financieros desde 1997 hasta 2003. En lo referido a la supuesta inversión en Interibis confirma los indicios de responsabilidad penal establecidos en el informe parcial de 19 de junio de 2003.
El informe parcial solo determina "indicios de perjuicio económico", no de responsabilidad penal.
Los auditores supervisores y jefes de equipo, que realizaron ese informe, comunicaron al jefe de Patrocinio de la ContralorÃa que en el perjuicio se determinan "indicios de responsabilidad penal", de conformidad con el artÃculo 211 de la Constitución.
Una subcomisión, de la Comisión de Fiscalización, lo acusa de pretender encubrir a los responsables.
Me parece extraño, porque todos los miembros de la Comisión conocen mi actuación en este tema.
¿Qué acciones ha tomado como contralor subrogante?
El pasado 12 de marzo presenté la denuncia correspondiente; el 23 de abril presenté un escrito ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha (dentro del juicio), en el que señalaba que se habÃa instaurado la investigación por el presunto delito de peculado; y el 22 de octubre presenté acusación particular contra Luis Muñoz Llerena y otros, por el delito de peculado.
¿El tema se ha politizado?
Personas que antes laboraron aquà acuden a la Comisión de Fiscalización, incluso usan sus computadoras para hacer sus escritos. Esto atenta contra la seriedad de un organismo como la ContralorÃa.
¿Por qué pidió pasaporte oficial para Muñoz Llerena?
El me manifestó que como tenÃa que viajar con el contralor a diferentes comisiones oficiales, precisaba de ese instrumento para tener mayor agilidad, apertura y facilidad de movilización. (AA)
LA FICHA
Genaro Peña Ugalde, de 71 años, contralor general del Estado subrogante, ex director nacional de Cooperativas, ex subsecretario de Recursos Humanos y Empleo del Ministerio de Trabajo, fue asesor jurÃdico de varias entidades públicas.
Comisión Administradora agasaja a las autoridades que deben controlarla
Las compras de obsequios y la realización de homenajes, una práctica común en la ContralorÃa
La Comisión Administradora del Fondo de Jubilación realizaba homenajes y decidÃa la entrega de obsequios para las autoridades de la ContralorÃa.
Un acta del 25 de junio de 2001 da cuenta de la aprobación de un aporte de $2 500 para contribuir a un homenaje al al contralor Alfredo Corral, organizado por la Asociación de Jubilados.
En una liquidación de gastos (acta de 9 de agosto de 2001), constan $1 500 como pago del "obsequio de una computadora al contralor". En un acta del 19 de noviembre de 2002 se señalan $3 300, correspondientes a la compra de un "obsequio al contralor".
El 21 de enero de 2002, otra acta refiere la aprobación de un homenaje al director financiero, Jaime Torres, y se anticipa que se le comprará un regalo a un costo de entre $70 y $505.
Asimismo, el 24 de abril de 2002, la Comisión aprobó la contribución de $1 500 pedida por Carmen Ponce (esposa de Alfredo Corral), para entegar al Innfa.
El 7 de febrero de este año, el comprobante de egreso Nº 00182 indica que el Fondo destinó $1 350, "correspondientes a compra de obsequio al doctor Alfredo Corral Borrero". (AA)
Decenas de miles de dólares se gastan en subvenciones sociales y homenajes
Una empleada refiere que en una ocasión se entregaron tours para viajes a cualquier parte del mundo
Según un informe de los peritos Elizabeth Montesinos y Eduardo Sandoval, entregado a la FiscalÃa, en 1999 el Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa destinó 75 234 548 sucres, y $36 356 entre 2000 y 2003, para subvenciones sociales.
La referida cuenta detalla gastos de bebidas por homenajes en diferentes fechas, pagos de servicios a hoteles de lujo, arreglos florales, artistas y obsequios para autoridades, entre otros.
Asimismo, en la versión sin juramento rendida el pasado 9 de junio por Sonnia Ulloa, quien dice haber actuado ocasionalmente como secretaria del Fondo de Jubilación, en reemplazo de la titular, refiere que en una ocasión se decidió entregar al ex contralor Alfredo Corral Borrero y a Luis Muñoz Llerena, como presidente del Fondo, "una credencial en la que decÃa que eran acreedores a un tour a cualquier parte del mundo...".
De su parte, los peritos señalan que el Fondo otorgó 30 créditos a personas que no aportaban al organismo por ser funcionarios de libre remoción. (AA).
Cuatro organismos públicos investigan el manejo de los recursos del Fondo
En la entidad de control se descuidó la vigilancia del dinero para la jubilación de sus propios empleados
Tres informes de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC), los exámenes especiales de la ContralorÃa, asà como la instrucción fiscal, dejan ver que hubo un manejo poco prolijo y no hubo un control de los recursos del Fondo Privado de Jubilación Patronal de los servidores de la ContralorÃa.
Esos documentos coinciden en determinar indicios de responsabilidad penal en contra del ex presidente de la Comisión Administradora, Luis Muñoz Llerena, el ex asesor económico, Diego Andrade Lara y otros miembros que actuaron en el organismo, pero no acusan de peculado al ex contralor Alfredo Corral o al actual contralor subrogante, Genaro Peña Ugalde (aunque no los eximen de la responsabilidad de control), como sà lo hacen tres diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Los argumentos del informe de la subcomisión, del pasado 17 de noviembre, coinciden con los de la impugnación de Francisco Morales, ex servidor de la ContralorÃa, presentada a la candidatura de Corral a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. (AA)
PUNTO DE VISTA
Que los polÃticos saquen las manos de la investigación
Como ocurre en los casos más delicados y en las denuncias más grandes del paÃs, la mano de los polÃticos y sus intereses casi siempre están de por medio. En un paÃs marcado por la polÃtica, eso no es extraño, y tampoco se podrÃa considerar siempre negativo; pero en un tema tan delicado como el de los manejos del Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, la polÃtica debe quedar por fuera.
El perjuicio a cientos de empleados y jubilados del organismo de control tiene que ser investigado. Y por el bien de la propia institución -nada más ni nada menos que el principal organismo que controla a los entes estatales-, tiene que terminar sancionando a los responsables.
Por eso, la actuación de la Comisión de Fiscalización del Congreso podrÃa interpretarse como una intervención cargada de subjetividad; puesto que de por medio está también el destino de un ex contralor, postulado para ocupar una magistratura en la CSJ, con el respaldo de 16 instituciones, y a quien se le querrÃa impedir que accediera a esa alta función.
Solo asà se explicarÃa el porqué los informes no mencionan que Iteribis también ha perjudicado a otras instituciones.
Por todo esto, los polÃticos deben sacar las manos de la investigación. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
"Se pueden delegar las funciones pero no las responsabilidades administrativas y civiles", señalaba el director ejecutivo de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC), Pedro Votruba, el pasado 14 de mayo, en un informe sobre el perjuicio de $1 400 000 causado al Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa General del Estado.
El tema retomó actualidad esta semana, cuando una subcomisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, integrada por los diputados Edgar Ortiz (Prian), Guillermo Haro (ID) y Patricio Dávila (PSC), determinó indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa, "cometidos por el doctor Alfredo Corral Borrero en sus funciones de ex contralor general del Estado...".
Lo acusan de no haber cumplido el artÃculo 211 de la Constitución, el cual faculta a la ContralorÃa a controlar ingresos, gastos, inversión, uso de recursos, administración y custodia de bienes públicos. "Realizar auditorÃas de gestión a las entidades y organismos del sector público... Su acción se extenderá a las entidades de derecho privado respecto de bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan".
La historia, que según la subcomisión involucrarÃa a Corral, tuvo su momento cumbre, en vÃsperas del Carnaval de este año, cuando varios auditores de la ContralorÃa detectaron que se habÃa cometido un perjuicio de $1 400 000 al Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, que tiene como beneficiarios a más de 1 700 personas, entre servidores y ex empleados de la entidad.
Uno de los principales involucrados es Luis Muñoz Llerena, quien gozaba de toda la confianza de Corral, que no solo lo habÃa nombrado coordinador general de la institución sino que lo designó su representante personal a la Comisión Administradora del Fondo de Jubilación y de esa forma se convirtió en el presidente nato de ese organismo de carácter privado, que se nutre, en partes iguales, con fondos propios de los empleados y con recursos que otorga la ContralorÃa.
Para la subcomisión de Fiscalización, al no efectuar el control que hubiera permitido establecer a tiempo los correctivos del caso, Corral habrÃa permitido que se produjera el perjuicio al Fondo Jubilación, por lo que los tres diputados mencionados enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que señalan que Corral no deberÃa ser designado magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa Función del Estado, cargo al que fue postulado por 16 organizaciones.
Entre otras cosas, lo acusan de no haber designado a los comisarios respectivos, no haber exigido cauciones a los integrantes de la Comisión Administradora ni haber designado, de entre los servidores de la ContralorÃa, un tesorero y un contador. Para completar, indican que el haber delegado funciones en Muñoz Llerena no exime al ex contralor de sus responsabilidades.
Corral dijo a BLANCO Y NEGRO que a la fecha en que él asumió las funciones (diciembre de 1998) ya estaban designados los comisarios y no era necesario nombrar otros. "Si ellos no actuaron era responsabilidad de la Comisión Administradora hacerlos actuar". Añade que durante su ejercicio nadie objetó los manejos del Fondo de Jubilación.
Pero los integrantes de la subcomisión no se convencen y también apuntan a sacar del cargo al contralor subrogante, Genaro Peña Ugalde, quien asumió la titularidad en febrero de 2003 y continúa en funciones porque durante todo este tiempo el Congreso Nacional no ha sido capaz de formular una terna para ponerla en consideración del presidente de la República.
A este funcionario, la subcomisión lo acusa de haber tratado de encubrir a los responsables del fraude (los diputados ponen en primer plano a Corral), por haber aprobado un informe parcial de ContralorÃa, que establece "indicios de perjuicio económico al Fondo de Jubilación Patronal", es decir responsabilidad civil, en lugar de tipificar penalmente el presunto peculado.
El referido informe fue cuestionado internamente por Gonzalo Falconà Gomezjurado, abogado supervisor de la propia ContralorÃa, quien señalaba que esa determinación alteraba la lÃnea de defensa y la estrategia procesal delineada para que la justicia sancionara a los autores, cómplices y encubridores del delito de peculado, ya que consideraba que el informe parcial más bien apoyaba la tesis del imputado Luis Muñoz Llerena, que el pasado mayo habÃa solicitado que se le levantara la orden de prisión.
Posteriormente, los auditores que elaboraron el informe parcial aclararon que habÃan establecido indicios de peculado.
Mientras el tema se politiza, el caso se ventila en el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha, donde se tramita la instrucción fiscal que responsabiliza como autores del peculado a Luis Muñoz Llerena, Rafael y Juan Botero Velásquez (colombianos, representantes de la firma Interibis), Diego Andrade Lara (ex asesor de inversiones del Fondo de Jubilación) y MarÃa del Pilar VillacÃs Salgado (allegada a los Botero). Ellos están prófugos.
Entre otros, la FiscalÃa señala como presuntos cómplices a Eduardo Muñoz Vega, director jurÃdico de la ContralorÃa; Ana Suárez, directora de RRHH; Marco Arias, subdirector Financiero; Victoria Minaya, de la Asociación de Empleados, y Yolanda Lara, representante de los jubilados, quienes también integraban la Comisión Administradora del Fondo de Jubilación. (AA)
Pasaporte oficial para funcionario de cuarta lÃnea
El coordinador general viajaba con su esposa e hijo
Luis Muñoz Llerena, ex presidente del Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, se desplazaba por el mundo con pasaporte oficial.
El pasado 3 de julio, el director de Documentos de Viaje de la CancillerÃa, Raúl Serrano, certificó que el ex coordinador general de la ContralorÃa (cuarta autoridad) tuvo un pasaporte oficial entre el 3 de junio de 1999 y el 2 de julio de 2001.
Esa concesión, reservada para las principales autoridades del paÃs, ministros y subsecretarios, fue solicitada al ex canciller, BenjamÃn Ortiz, por el entonces subcontralor Genaro Peña Ugalde.
El pasaporte diplomático DS 04.979, incluÃa a la esposa de Muñoz, Cecilia Burgos Herrera, y a su hijo, Carlos Muñoz Burgos, quienes no eran funcionarios públicos. (AA)
ENTREVISTA
"Muñoz respondÃa ante el Fondo de Jubilación"
Ex contralor del Estado dice que su representante personal no tenÃa por qué informarle sobre sus actuaciones
¿Alguna vez ordenó que se examinara el manejo del Fondo?
AuditorÃa Interna hizo su trabajo, pese a que antes de que yo asumiera las funciones el ex director jurÃdico de la ContralorÃa, Ezequiel Bermeo, habÃa señalado que los recursos eran privados y por eso no debÃan ser auditados.
¿La Comisión Administradora es autónoma?
TenÃa autonomÃa por tratarse de un Fondo Privado de Jubilación, no son recursos de la ContralorÃa sino de ese Fondo que pertenece a los servidores de la institución.
El TC dice que el Fondo es "parte orgánica de la ContralorÃa".
Yo discrepo, porque la ContralorÃa, como tal, es una institución de derecho público, que pertenece al Estado ecuatoriano y, dentro de la ContralorÃa, como entidad pública, no existe este Fondo Privado.
Pero se nutre con recursos públicos, porque la ContralorÃa aporta el 50%.
En junio de 2002, cuando se dicta la Ley Orgánica de la ContralorÃa, se establece que los recursos públicos, cuando son entregados a entidades privadas, no pierden esa calidad. Es el caso de este Fondo.
¿Cómo se enteraba usted del movimiento económico?
HabÃa sesiones públicas a las que concurrÃan los jubilados y muchos funcionarios. AllÃ, Luis Muñoz Llerena rendÃa informes. También se publicaban balances y estados de situación financiera, que nunca fueron impugnados.
¿Luis Muñoz fue su representante en el Fondo?
Yo le delegué el ejercicio de la Presidencia de la Comisión Administradora. Las actuaciones que él tuvo en esta no eran conocidas por mà sino por esa Comisión.
¿Por qué recibió obsequios de la Comisión?
Los proveedores de esos objetos han declarado que los entregaban a Luis Muñoz. Yo jamás los he recibido y tampoco los habrÃa aceptado si me los hubieran querido dar. (AA)
LA FICHA
Alfredo Corral Borrero, de 64 años, doctor en Jurisprudencia, fue ministro de Trabajo en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, fue contralor General del Estado (1998-2003), profesor universitario, actualmente ejerce libremente su profesión.
ENTREVISTA
"Los informes hablan de responsabilidad penal"
El contralor subrogante se muestra extrañado por la actitud de la Comisión de Fiscalización y asegura que no encubre a nadie
¿Hay un informe definitivo del examen a las cuentas del Fondo de Jubilación?
El pasado 28 de octubre se aprobó el informe definitivo a los estados financieros desde 1997 hasta 2003. En lo referido a la supuesta inversión en Interibis confirma los indicios de responsabilidad penal establecidos en el informe parcial de 19 de junio de 2003.
El informe parcial solo determina "indicios de perjuicio económico", no de responsabilidad penal.
Los auditores supervisores y jefes de equipo, que realizaron ese informe, comunicaron al jefe de Patrocinio de la ContralorÃa que en el perjuicio se determinan "indicios de responsabilidad penal", de conformidad con el artÃculo 211 de la Constitución.
Una subcomisión, de la Comisión de Fiscalización, lo acusa de pretender encubrir a los responsables.
Me parece extraño, porque todos los miembros de la Comisión conocen mi actuación en este tema.
¿Qué acciones ha tomado como contralor subrogante?
El pasado 12 de marzo presenté la denuncia correspondiente; el 23 de abril presenté un escrito ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha (dentro del juicio), en el que señalaba que se habÃa instaurado la investigación por el presunto delito de peculado; y el 22 de octubre presenté acusación particular contra Luis Muñoz Llerena y otros, por el delito de peculado.
¿El tema se ha politizado?
Personas que antes laboraron aquà acuden a la Comisión de Fiscalización, incluso usan sus computadoras para hacer sus escritos. Esto atenta contra la seriedad de un organismo como la ContralorÃa.
¿Por qué pidió pasaporte oficial para Muñoz Llerena?
El me manifestó que como tenÃa que viajar con el contralor a diferentes comisiones oficiales, precisaba de ese instrumento para tener mayor agilidad, apertura y facilidad de movilización. (AA)
LA FICHA
Genaro Peña Ugalde, de 71 años, contralor general del Estado subrogante, ex director nacional de Cooperativas, ex subsecretario de Recursos Humanos y Empleo del Ministerio de Trabajo, fue asesor jurÃdico de varias entidades públicas.
Comisión Administradora agasaja a las autoridades que deben controlarla
Las compras de obsequios y la realización de homenajes, una práctica común en la ContralorÃa
La Comisión Administradora del Fondo de Jubilación realizaba homenajes y decidÃa la entrega de obsequios para las autoridades de la ContralorÃa.
Un acta del 25 de junio de 2001 da cuenta de la aprobación de un aporte de $2 500 para contribuir a un homenaje al al contralor Alfredo Corral, organizado por la Asociación de Jubilados.
En una liquidación de gastos (acta de 9 de agosto de 2001), constan $1 500 como pago del "obsequio de una computadora al contralor". En un acta del 19 de noviembre de 2002 se señalan $3 300, correspondientes a la compra de un "obsequio al contralor".
El 21 de enero de 2002, otra acta refiere la aprobación de un homenaje al director financiero, Jaime Torres, y se anticipa que se le comprará un regalo a un costo de entre $70 y $505.
Asimismo, el 24 de abril de 2002, la Comisión aprobó la contribución de $1 500 pedida por Carmen Ponce (esposa de Alfredo Corral), para entegar al Innfa.
El 7 de febrero de este año, el comprobante de egreso Nº 00182 indica que el Fondo destinó $1 350, "correspondientes a compra de obsequio al doctor Alfredo Corral Borrero". (AA)
Decenas de miles de dólares se gastan en subvenciones sociales y homenajes
Una empleada refiere que en una ocasión se entregaron tours para viajes a cualquier parte del mundo
Según un informe de los peritos Elizabeth Montesinos y Eduardo Sandoval, entregado a la FiscalÃa, en 1999 el Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa destinó 75 234 548 sucres, y $36 356 entre 2000 y 2003, para subvenciones sociales.
La referida cuenta detalla gastos de bebidas por homenajes en diferentes fechas, pagos de servicios a hoteles de lujo, arreglos florales, artistas y obsequios para autoridades, entre otros.
Asimismo, en la versión sin juramento rendida el pasado 9 de junio por Sonnia Ulloa, quien dice haber actuado ocasionalmente como secretaria del Fondo de Jubilación, en reemplazo de la titular, refiere que en una ocasión se decidió entregar al ex contralor Alfredo Corral Borrero y a Luis Muñoz Llerena, como presidente del Fondo, "una credencial en la que decÃa que eran acreedores a un tour a cualquier parte del mundo...".
De su parte, los peritos señalan que el Fondo otorgó 30 créditos a personas que no aportaban al organismo por ser funcionarios de libre remoción. (AA).
Cuatro organismos públicos investigan el manejo de los recursos del Fondo
En la entidad de control se descuidó la vigilancia del dinero para la jubilación de sus propios empleados
Tres informes de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC), los exámenes especiales de la ContralorÃa, asà como la instrucción fiscal, dejan ver que hubo un manejo poco prolijo y no hubo un control de los recursos del Fondo Privado de Jubilación Patronal de los servidores de la ContralorÃa.
Esos documentos coinciden en determinar indicios de responsabilidad penal en contra del ex presidente de la Comisión Administradora, Luis Muñoz Llerena, el ex asesor económico, Diego Andrade Lara y otros miembros que actuaron en el organismo, pero no acusan de peculado al ex contralor Alfredo Corral o al actual contralor subrogante, Genaro Peña Ugalde (aunque no los eximen de la responsabilidad de control), como sà lo hacen tres diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Los argumentos del informe de la subcomisión, del pasado 17 de noviembre, coinciden con los de la impugnación de Francisco Morales, ex servidor de la ContralorÃa, presentada a la candidatura de Corral a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. (AA)
PUNTO DE VISTA
Que los polÃticos saquen las manos de la investigación
Como ocurre en los casos más delicados y en las denuncias más grandes del paÃs, la mano de los polÃticos y sus intereses casi siempre están de por medio. En un paÃs marcado por la polÃtica, eso no es extraño, y tampoco se podrÃa considerar siempre negativo; pero en un tema tan delicado como el de los manejos del Fondo Privado de Jubilación Patronal de la ContralorÃa, la polÃtica debe quedar por fuera.
El perjuicio a cientos de empleados y jubilados del organismo de control tiene que ser investigado. Y por el bien de la propia institución -nada más ni nada menos que el principal organismo que controla a los entes estatales-, tiene que terminar sancionando a los responsables.
Por eso, la actuación de la Comisión de Fiscalización del Congreso podrÃa interpretarse como una intervención cargada de subjetividad; puesto que de por medio está también el destino de un ex contralor, postulado para ocupar una magistratura en la CSJ, con el respaldo de 16 instituciones, y a quien se le querrÃa impedir que accediera a esa alta función.
Solo asà se explicarÃa el porqué los informes no mencionan que Iteribis también ha perjudicado a otras instituciones.
Por todo esto, los polÃticos deben sacar las manos de la investigación. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
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