Quito (Ecuador). 02 oct 95. Los juicios políticos por
corrupción en países como Brasil y Venezuela sirvieron de
catarsis colectiva y no de antídoto.
De las cinco exigencias para la confesión, las dos más
importantes son dolor de corazón y propósito de enmienda.
Eso es lo menos que podría esperarse de un líder de gobierno
que enfrente un juicio por corrupción. Sin embargo, esto por
lo general no ocurre y, como aquel cristiano común que tras
confesarse vuelve a cometer los mismos pecados, los políticos
son también reincidentes.
Cuando en diciembre de 1992, el ex presidente brasileño,
Fernando Collor de Melo, fue obligado a dimitir de la
presidencia de la República, a consecuencia de los delitos de
corrupción de los que había sido declarado culpable, muchos
brasileños creyeron que su marcha iba a inaugurar una nueva
era. Bien pronto se desvanecieron sus esperanzas.
Debido a unos defectos de procedimiento, Fernando Collor había
quedado en libertad y seguía gozando de sus 10 millones de
dólares adquiridos fraudulentamente.
No solo eso. La destitución del ex presidente ni siquiera
sirvió de lección para quienes manejan la cosa pública. Nuevos
casos de enriquecimiento ilícito se denunciaron. En 1993, una
comisión parlamentaria de investigación sacó a la luz, un
sistema de malversación de fondos en el que salían
comprometidos unos 20 funcionarios de todo el arco iris
político.
De la desilusión, los brasileños pasaron a la indignación. Las
grandes marchas de jóvenes con las caras pintadas, exigiendo
la salida del presidente, el famoso "Impeachment" sirvieron de
poco. Las revelaciones demostraban que el Estado brasileño
seguía siendo un rehén de quienes actúan en su nombre.
No. En Brasil la destitución del presidente y su
enjuiciamiento no terminó con las vastas redes de un sistema
político corrupto.
Las denuncias de corrupción han servido, sin embargo, de un
mecanismo de catarsis y renovación política en condiciones de
crisis de credibilidad de los gobiernos.
La justicia venezolana convirtió al líder socialdemócrata,
Carlos Andrés Pérez, en el primer ex presidente del país
detenido y confinado en un penal por delitos como "peculado
doloso" y "malversación genérica", en momentos de sus más baja
credibilidad.
Meses antes, el gobierno de Pérez enfrentó una ola de tumultos
y saqueos -el "caracazo"-, con más de mil muertos; su partido
Acción Democrática tomó distancia de la gestión económica; el
Congreso había iniciado investigaciones sobre las actividades
ilícitas de funcionarios del gobierno y un grupo de militares
intentó derrocar al presidente.
La salida de Pérez parecía inminente y se resolvió por la vía
del enjuiciamiento por corrupción. Su sacrificio, sin embargo,
no sirvió como antídoto para la corrupción.
Según un informe de la organización anticorrupción
Transparencia Internacional, Venezuela encabeza la lista de
los más corruptos del mundo. La corrupción en el país se
extiende a todos los niveles y es una práctica cotidiana, no
solo en la administración pública sino en el ámbito privado.
En enero de 1994, la quiebra del Banco Latino, segunda entidad
crediticia del país, desató un escándalo de proporciones. Más
de 80 dirigentes y empresarios fueron inculpados de
"asociación de malhechores". El Estado tuvo que reinyectar 4
mil millones de dólares para evitar la ruina de millares de
pequeños ahorristas.
Los enjuiciamientos por corrupción en los dos países sirvieron
de catarsis colectiva y no de antídoto contra la corrupción.
Sin embargo, de algún modo renovaron la relación de la
sociedad con sus gobernantes. Dos ex presidentes en ejercicio
destituidos por corrupción. ¿Cuál fue el efecto de estos
proceso? En el caso de Brasil, el movimiento anticorrupción y
los chicos de las caras pintadas desataron una inmensa gama de
iniciativas de la sociedad orientadas a la defensa de los
derechos de la "ciudadanía".
En Venezuela, la desatinada conducción del presidente Pérez de
su Presidencia, ha creado límites a la acción gubernamental
del presidente Caldera, sobre todo en lo que ha la política
económica se refiere.
UN GOLPE BAJO A LA DEMOCRACIA
Los juicios por corrupción contra ex gobernantes han ocupado
las primeras páginas, también en otros países. Pese a sus
múltiples versiones y distintos niveles de gravedad, ninguno
de ellos ha representado un riesgo real para el sistema
democrático.
Sin embargo, en muchos casos la conducción que se hace de
estas crisis conducen a reducir el espectro democrático.
El juicio contra el ex presidente del Perú, Alan García, marcó
el final de la carrera política del último líder del populismo
peruano, que hoy cuenta con una orden de búsqueda y captura
internacional.
Las pruebas y testimonios acumulados por las autoridades
peruanas contra García eran abrumadoras y contundentes, según
todos los juristas que han analizado el caso. Alan García fue
acusado de "delitos de cohecho, negociación incompatible,
colusión y enriquecimiento ilegal, en agravio del Estado". El
líder del APRA había recibido más de un millón de dólares en
sobornos del consorcio italiano Tralima, a cambio de
encargarle a éste la construcción del tren eléctrico de Lima,
en 1989 y 1990.
Sin embargo, las denuncias de corrupción contra el ex
presidente fueron lanzadas el mismo día en que el presidente
Alberto Fujimori, anunciaba la disolución temporal del
Congreso y la reorganización de la justicia. Aquel 2 de abril
de 1992, Fujimori alegó que la reconstrucción del país era
obstaculizada por la inoperancia y la corrupción de todos los
poderes y lanzó las primeras acusaciones contra el líder del
partido opositor.
El APRA, el principal partido de oposición a Fujimori, recibía
un golpe mortal. Las denuncias de corrupción tuvieron como
efecto una mayor restricción del espectro político peruano.
Este juicio, sumado al de el socialdemócrata Jorge Blanco, de
República Dominicana, hacía pensar que la corrupción estaba
sirviendo de vendetta política, en un momento en que la
correlación de fuerzas giraba persistentemente hacia la
derecha. En julio de 1988, el ex presidente Blanco, era
condenado por estafa, acusado de vender armas a sobreprecio a
las Fuerzas Armadas de su país. Las denuncias contra Blanco
permitieron el ascenso de una de las figuras más polémicas de
la vida política latinoamericana, Joaquín Balaguer. Desde la
condena a Jorge Blanco el país no ha encontrado una conducción
política creíble.
POLITICA, DROGAS Y CORRUPCION UNIDOS
La relación entre narcotráfico y corrupción enrarece la vida
política de muchos países latinoamericanos y produce
situaciones extremadamente delicadas que atraviesan toda la
vida política y que involucran incluso la relación con Estados
Unidos.
Tras la invasión de Panamá, abogados del gobierno
estadounidense acusaron al depuesto hombre fuerte de Panamá,
general Manuel Antonio Noriega, de haber recibido un soborno
de medio millón de dólares de narcotraficantes del colombiano
cartel de Medellín.
De acuerdo a la acusación, el cartel de Medellín pagó a
Noriega para permitir que esa organización utilizara
territorio de Panamá. Noriega fue condenado de tráfico de
drogas, conspiración y lavado de dinero.
La prisión de Noriega fue el último capítulo de una serie de
hechos dolorosos de la vida política panameña, de la cual
apenas hoy parece recuperarse.
Una semana crítica en Colombia
La semana que termina ha sido para el presidente de Colombia,
Ernesto Samper, la más trágica desde el inicio de su mandato
el 7 de agosto de 1994, y la más difícil después de que
estalló el "narcoescándalo" que sacude al país.
Samper es investigado por la recepción de dinero procedente
del narcotráfico en su campaña electoral el año pasado. Según
el vicefiscal general Adolfo Salamanca Correa, la aportación
de esos fondos del cartel de Cali en la campaña del partido
Liberal estaría "plenamente establecida".
El lunes pasado se conocieron algunas de las declaraciones del
chileno Guillermo Pallomari, el "tesorero" de los
narcotraficantes del Cartel de Cali y que se entregó a las
autoridades de Estados Unidos el pasado mes de agosto.
La confesión de Pallomari coincide con las revelaciones del ex
tesorero de la campaña presidencial de Samper, el anticuario
Santiago Medina quien dijo que el narcotráfico aportó unos
5.000 millones de pesos (casi seis millones de dólares) a la
elección.
El miércoles, sin embargo, un atentado contra su abogado en el
proceso, Antonio José Cancino, agravó la situación.
El mismo día, el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe,
dejó entrever que el Departamento Estadounidense Antidrogas
(DEA) y la embajada de EEUU en Bogotá, habían participado en
el atentado contra Cancino y preparaban una conspiración
contra el Gobierno de Samper.
La participación de la CIA y la DEA sobre la realidad de las
relaciones entre los carteles y la clase política han
reavivado la polémica y provocado una crisis de confianza
entre Washington y Bogotá.
La Comisión de Acusación, cuyos 15 miembros recibieron
amenazas de muerte, que se ejecutarían si absuelven al
presidente, deberá indicar si cabe el proceso penal contra el
ex presidente.
El narcotráfico vinculado a la actividad política es en la
experiencia de América Latina el origen de episodios de
violencia y de descomposición social. (Política) (Diario HOY)
(8A)
corrupción en países como Brasil y Venezuela sirvieron de
catarsis colectiva y no de antídoto.
De las cinco exigencias para la confesión, las dos más
importantes son dolor de corazón y propósito de enmienda.
Eso es lo menos que podría esperarse de un líder de gobierno
que enfrente un juicio por corrupción. Sin embargo, esto por
lo general no ocurre y, como aquel cristiano común que tras
confesarse vuelve a cometer los mismos pecados, los políticos
son también reincidentes.
Cuando en diciembre de 1992, el ex presidente brasileño,
Fernando Collor de Melo, fue obligado a dimitir de la
presidencia de la República, a consecuencia de los delitos de
corrupción de los que había sido declarado culpable, muchos
brasileños creyeron que su marcha iba a inaugurar una nueva
era. Bien pronto se desvanecieron sus esperanzas.
Debido a unos defectos de procedimiento, Fernando Collor había
quedado en libertad y seguía gozando de sus 10 millones de
dólares adquiridos fraudulentamente.
No solo eso. La destitución del ex presidente ni siquiera
sirvió de lección para quienes manejan la cosa pública. Nuevos
casos de enriquecimiento ilícito se denunciaron. En 1993, una
comisión parlamentaria de investigación sacó a la luz, un
sistema de malversación de fondos en el que salían
comprometidos unos 20 funcionarios de todo el arco iris
político.
De la desilusión, los brasileños pasaron a la indignación. Las
grandes marchas de jóvenes con las caras pintadas, exigiendo
la salida del presidente, el famoso "Impeachment" sirvieron de
poco. Las revelaciones demostraban que el Estado brasileño
seguía siendo un rehén de quienes actúan en su nombre.
No. En Brasil la destitución del presidente y su
enjuiciamiento no terminó con las vastas redes de un sistema
político corrupto.
Las denuncias de corrupción han servido, sin embargo, de un
mecanismo de catarsis y renovación política en condiciones de
crisis de credibilidad de los gobiernos.
La justicia venezolana convirtió al líder socialdemócrata,
Carlos Andrés Pérez, en el primer ex presidente del país
detenido y confinado en un penal por delitos como "peculado
doloso" y "malversación genérica", en momentos de sus más baja
credibilidad.
Meses antes, el gobierno de Pérez enfrentó una ola de tumultos
y saqueos -el "caracazo"-, con más de mil muertos; su partido
Acción Democrática tomó distancia de la gestión económica; el
Congreso había iniciado investigaciones sobre las actividades
ilícitas de funcionarios del gobierno y un grupo de militares
intentó derrocar al presidente.
La salida de Pérez parecía inminente y se resolvió por la vía
del enjuiciamiento por corrupción. Su sacrificio, sin embargo,
no sirvió como antídoto para la corrupción.
Según un informe de la organización anticorrupción
Transparencia Internacional, Venezuela encabeza la lista de
los más corruptos del mundo. La corrupción en el país se
extiende a todos los niveles y es una práctica cotidiana, no
solo en la administración pública sino en el ámbito privado.
En enero de 1994, la quiebra del Banco Latino, segunda entidad
crediticia del país, desató un escándalo de proporciones. Más
de 80 dirigentes y empresarios fueron inculpados de
"asociación de malhechores". El Estado tuvo que reinyectar 4
mil millones de dólares para evitar la ruina de millares de
pequeños ahorristas.
Los enjuiciamientos por corrupción en los dos países sirvieron
de catarsis colectiva y no de antídoto contra la corrupción.
Sin embargo, de algún modo renovaron la relación de la
sociedad con sus gobernantes. Dos ex presidentes en ejercicio
destituidos por corrupción. ¿Cuál fue el efecto de estos
proceso? En el caso de Brasil, el movimiento anticorrupción y
los chicos de las caras pintadas desataron una inmensa gama de
iniciativas de la sociedad orientadas a la defensa de los
derechos de la "ciudadanía".
En Venezuela, la desatinada conducción del presidente Pérez de
su Presidencia, ha creado límites a la acción gubernamental
del presidente Caldera, sobre todo en lo que ha la política
económica se refiere.
UN GOLPE BAJO A LA DEMOCRACIA
Los juicios por corrupción contra ex gobernantes han ocupado
las primeras páginas, también en otros países. Pese a sus
múltiples versiones y distintos niveles de gravedad, ninguno
de ellos ha representado un riesgo real para el sistema
democrático.
Sin embargo, en muchos casos la conducción que se hace de
estas crisis conducen a reducir el espectro democrático.
El juicio contra el ex presidente del Perú, Alan García, marcó
el final de la carrera política del último líder del populismo
peruano, que hoy cuenta con una orden de búsqueda y captura
internacional.
Las pruebas y testimonios acumulados por las autoridades
peruanas contra García eran abrumadoras y contundentes, según
todos los juristas que han analizado el caso. Alan García fue
acusado de "delitos de cohecho, negociación incompatible,
colusión y enriquecimiento ilegal, en agravio del Estado". El
líder del APRA había recibido más de un millón de dólares en
sobornos del consorcio italiano Tralima, a cambio de
encargarle a éste la construcción del tren eléctrico de Lima,
en 1989 y 1990.
Sin embargo, las denuncias de corrupción contra el ex
presidente fueron lanzadas el mismo día en que el presidente
Alberto Fujimori, anunciaba la disolución temporal del
Congreso y la reorganización de la justicia. Aquel 2 de abril
de 1992, Fujimori alegó que la reconstrucción del país era
obstaculizada por la inoperancia y la corrupción de todos los
poderes y lanzó las primeras acusaciones contra el líder del
partido opositor.
El APRA, el principal partido de oposición a Fujimori, recibía
un golpe mortal. Las denuncias de corrupción tuvieron como
efecto una mayor restricción del espectro político peruano.
Este juicio, sumado al de el socialdemócrata Jorge Blanco, de
República Dominicana, hacía pensar que la corrupción estaba
sirviendo de vendetta política, en un momento en que la
correlación de fuerzas giraba persistentemente hacia la
derecha. En julio de 1988, el ex presidente Blanco, era
condenado por estafa, acusado de vender armas a sobreprecio a
las Fuerzas Armadas de su país. Las denuncias contra Blanco
permitieron el ascenso de una de las figuras más polémicas de
la vida política latinoamericana, Joaquín Balaguer. Desde la
condena a Jorge Blanco el país no ha encontrado una conducción
política creíble.
POLITICA, DROGAS Y CORRUPCION UNIDOS
La relación entre narcotráfico y corrupción enrarece la vida
política de muchos países latinoamericanos y produce
situaciones extremadamente delicadas que atraviesan toda la
vida política y que involucran incluso la relación con Estados
Unidos.
Tras la invasión de Panamá, abogados del gobierno
estadounidense acusaron al depuesto hombre fuerte de Panamá,
general Manuel Antonio Noriega, de haber recibido un soborno
de medio millón de dólares de narcotraficantes del colombiano
cartel de Medellín.
De acuerdo a la acusación, el cartel de Medellín pagó a
Noriega para permitir que esa organización utilizara
territorio de Panamá. Noriega fue condenado de tráfico de
drogas, conspiración y lavado de dinero.
La prisión de Noriega fue el último capítulo de una serie de
hechos dolorosos de la vida política panameña, de la cual
apenas hoy parece recuperarse.
Una semana crítica en Colombia
La semana que termina ha sido para el presidente de Colombia,
Ernesto Samper, la más trágica desde el inicio de su mandato
el 7 de agosto de 1994, y la más difícil después de que
estalló el "narcoescándalo" que sacude al país.
Samper es investigado por la recepción de dinero procedente
del narcotráfico en su campaña electoral el año pasado. Según
el vicefiscal general Adolfo Salamanca Correa, la aportación
de esos fondos del cartel de Cali en la campaña del partido
Liberal estaría "plenamente establecida".
El lunes pasado se conocieron algunas de las declaraciones del
chileno Guillermo Pallomari, el "tesorero" de los
narcotraficantes del Cartel de Cali y que se entregó a las
autoridades de Estados Unidos el pasado mes de agosto.
La confesión de Pallomari coincide con las revelaciones del ex
tesorero de la campaña presidencial de Samper, el anticuario
Santiago Medina quien dijo que el narcotráfico aportó unos
5.000 millones de pesos (casi seis millones de dólares) a la
elección.
El miércoles, sin embargo, un atentado contra su abogado en el
proceso, Antonio José Cancino, agravó la situación.
El mismo día, el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe,
dejó entrever que el Departamento Estadounidense Antidrogas
(DEA) y la embajada de EEUU en Bogotá, habían participado en
el atentado contra Cancino y preparaban una conspiración
contra el Gobierno de Samper.
La participación de la CIA y la DEA sobre la realidad de las
relaciones entre los carteles y la clase política han
reavivado la polémica y provocado una crisis de confianza
entre Washington y Bogotá.
La Comisión de Acusación, cuyos 15 miembros recibieron
amenazas de muerte, que se ejecutarían si absuelven al
presidente, deberá indicar si cabe el proceso penal contra el
ex presidente.
El narcotráfico vinculado a la actividad política es en la
experiencia de América Latina el origen de episodios de
violencia y de descomposición social. (Política) (Diario HOY)
(8A)
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