Quito. 08. jul 96. Los problemas surgidos en algunas instituciones
financieras ponen en la mesa de discusión la necesidad de
establecer dos instrumentos de seguridad: la central de riesgo
para las instituciones financieras, y el seguro de depósito para los
inversionistas.

La central de riesgos se encuentra ordenada en el artículo 94 de
la Ley de Instituciones Financieras. Se trata de un mecanismo que
permite "contar con información individualizada, debidamente
consolidada y clasificada, sobre los deudores principales del
sistema financiero ecuatoriano".

Para Pedro Gómez-Centurión, gerente de Filanbanco, se trata de
una de las mejores herramientas de seguridad para los bancos,
porque les otorga mayor capacidad para estudiar los riesgos de
inversión.

La labor fue encomendada en un principio por la Superintendencia
de Bancos a un ente privado sin fines de lucro, llamado
Corporación Técnica. La conformarían algunas instituciones
financieras, sus características se convirtieron en limitante
debido a la obligatoriedad que tiene el sistema financiero, de
entregar esa información.

La Corporación trabajó en el diseño de programas, pero después se
dedicó a perfeccionar un nuevo producto financiero, los cajeros
automáticos de esas instituciones conectados a través de una red.

Gómez- Centurión confirmó la existencia del ente y el apoyo del
sector financiero.

No obstante de ello, la corporación siguió trabajando en la
central hasta el 2 de julio de este año, cuando la
Superintendencia de Bancos decidió tomar a cargo el desarrollo
final y su administración.

La razón de este cambio la explica el superintendente, Mauro
Intriago: "Tratándose de información confidencial, no era
conveniente que la Superintendencia delegue a un tercero la
administración de esta central".

Para cumplir el objetivo, la entidad ha reordenado su estructura
orgánica y ha creado la Dirección de Sistemas, con lo cual espera
completar la base de datos que tendrá la información centralizada
de todos los deudores. Estos pueden ser identificados con el
número del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y la cédula de
identidad.

El acceso a la base de datos será restringido, afirmó Intriago.
Por lo pronto, se estima que sean dos funcionarios de la entidad
quienes tengan ese privilegio.

La ventaja de la central es que las instituciones financieras
podrán tener información consolidada de los deudores y calificar
sus riesgos. Pero hay un límite: no se podrá conocer en detalle
la distribución de las deudas del cliente investigado. Se tendrá
solo una cifra global. Esto obedece a la necesidad de respetar la
vigencia del sigilo bancario.

El proyecto se manifiesta ambicioso, pretende conocer a los
deudores directos e indirectos, el índice de morosidad de los
mismos, las garantías que ellos dejan en prenda, y la fecha y
persona que avaluó el bien.

También se podrá tener información sobre los sectores a los
cuales se ha dirigido el crédito y su distribución por regiones.

El sistema también permitiría avanzar en la recepción de
información del sistema financiero. A la fecha, dice Intriago,
solo ha ingresado el 85 por ciento de la información básica de
las entidades financieras ecuatorianas. La Ley de Instituciones
Financieras, en su artículo 96, determina la obligatoriedad de
que entreguen la información necesaria para mantener al día el
registro.

La idea es que a fines de este año la historia financiera de los
deudores pueda ser conocida por la banca antes de otorgar un
crédito o financiar un proyecto. A comienzos de 1996 los bancos
tenían cerca de 807.155 cuentacorrentistas y 2 millones 745.491
ahorristas. Todo esto engloba algo que se habla en voz muy baja:
la ley es buena porque está adaptada a las necesidades del
mercado financiero, pero limita en mucho la acción de control de
la Superintendencia.

Intriago mostró también preocupación por las administradoras de
fondos. "Uno de los problemas de las altas tasas de interés es el
accionar de las administradoras de fondos y de las casas de
valores controladas por la Superintendencia de Compañías".

Para Intriago, éstas han creado mecanismos de intermediación que
repercuten en tasas de interés altas a muy corto plazo. Además,
"las administradoras de fondos tienen a su vez fondos, que pueden
invertirse en instituciones financieras, especialmente comprando
acciones de esas compañías".

¿Un sistema necesario?

Hay una idea que las autoridades monetarias le están dando forma,
y sobre la cual hablan, en todo momento que pueden: el seguro de
depósitos.

La pregunta es ¿quedará como una idea o es realmente necesaria?

La necesidad se enmarca bajo la sombra de dos casos: Intermil
(aparentemente resuelto) y Ecuacorp, cuya solución se da por
descontada en esta semana.

Los inversionistas han tenido que esperar entre cinco y siete
meses para recuperar algo de su inversión, en el mejor de los
casos, los mil UVC que la ley otorga.

El superintendente de Bancos, Mauro Intriago, informó que entregó
a algunos diputados un proyecto de ley que establece este
sistema. Pero dijo que deben hacer ajustes, porque tiene un
aspecto que puede considerarse negativo.

El proyecto iba a darle a los depositantes la oportunidad de
escoger dónde poner su inversión en función de la rentabilidad y
no por su seguridad, lo cual beneficiaría a las instituciones
financieras que más rentabilidad ofrezcan, sintiéndose protegidos
por el seguro.

Esto se resolvería, según Intriago, poniéndole un techo al monto
del depósito que sería cubierto, "puede hablarse de 100 o 200
UVC", agregó.

No todos se convencen de las bondades

Pero ¿qué ocurriría si se pusiera un techo al monto del depósito
para que sea cubierto, con 100 o 200 UVC?

Se explicó que al producirse la liquidación de una institución
financiera, el depositante no cobraría el cien por ciento de la
inversión, sino un 85 por ciento, el otro sería una contribución
que tendría la figura de una prima.

El fondo de este seguro se formaría a través de una contribución
de las instituciones financieras, en función de la posición de
los depósitos a la vista que opten por cubrirlo, más una
contribución del Banco Central del Ecuador.

El fondo sería administrado por una unidad especial, y los
dineros depositados en el Banco Central, que serían invertidos en
papeles de alta rentabilidad.

Pero a pesar de esta idea, no todos están convencidos de las
bondades que ofrece el sistema propuesto. El gerente del
Filanbanco, Pedro Gómez-Centurión, expresó que el costo del
seguro sería trasladado al cliente, pero la medida no es tomada
como definitiva por los inconvenientes que generaría.
(FUENTE: EL COMERCIO, P. B-1)
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