Ffaa, Una Vuelta De Tuerca

Quito. 14 ene 2002. Las conclusiones que hizo públicas la Comisión
Anticorrupción, respecto de la contratación de seguros de la flota aérea
de las FFAA, han vuelto a ponerlas en una posición que estaban intentando
superar, a partir de la denuncia de supuesto sobreprecio en aquella
negociación, realizada por el ex agregado naval en la embajada de Ecuador
en Londres.

Que las FFAA estén señaladas por esa Comisión es un grave problema de
todos, y enciende luces de alarma en los organismos del poder público,
cuya propia existencia es una garantía para el desarrollo de la
democracia en el país.

Así se lo ha venido repitiendo en este espacio de análisis. Es equivocado
decir que los enemigos de las FFAA han engatusado a los medios de
información para el desprestigio institucional y el descrédito de la
cúpula militar. La denuncia mencionada se produjo en las propias filas
castrenses y los medios de comunicación, comprometidos con el sistema
constitucional, están en la línea de que la corrupción es uno de los
mayores obstáculos que enfrenta el desarrollo del Ecuador y, en
consecuencia, hay que combatirla en todo terreno.

Este Diario no desconoce que las FFAA pueden tener enemigos, pero juzga
que las informaciones publicadas en torno a la denuncia del capitán
Rogelio Viteri, las opiniones y los análisis jamás han descuidado la
necesidad de salvaguardar el prestigio y el honor de los hombres de
armas, pero ello no quiere decir que se ha de eludir la obligación de
revelar en detalle nombres y circunstancias, porque eso lo demanda el
derecho social a la información.

Este Diario también ha insistido en que la denuncia debe desvirtuarse
dentro de un proceso judicial, y ha criticado que, por el contrario, se
haya preferido la descalificación del denunciante. Cierto es que la
Comisión Anticorrupción no es un organismo con capacidad punitiva y que
sus conclusiones no tienen la misma fuerza legal que aquellas a las que
puede llegar la Contraloría General del Estado, pero sí tiene una
dimensión moral que se debe afirmar: su papel es, precisamente, el de
operar como la conciencia crítica de los ecuatorianos.

La situación planteada la semana anterior lleva a averiguar qué es lo que
sucede con los sistemas de control interno de las FFAA, tanto más cuanto
que en ella, como es natural pensar, se manejan importantes sumas en las
distintas negociaciones que emprende. Rogelio Viteri prefirió entregar su
denuncia en manos del embajador Sixto Durán Ballén porque, en su
criterio, hubiera sido estéril si procedía por el órgano regular. ¿Opera
con eficiencia una inspectoría en las filas militares? Lo que está
aconteciendo en estos mismos días en la Policía Nacional pone de
manifiesto la importancia de contar con este tipo de sistemas: las
evidencias de vínculos de Abraham Correa, general de la Policía, con una
mafia de narcotraficantes fueron conseguidas por una unidad policial de
alto nivel, cuyo propósito es sanear esa institución.

Luego, la cúpula militar debe procesar el problema de los seguros a la
luz de su relación con la llamada sociedad civil y la organización
política del Estado.

Quizás haya llegado el momento de revisar el sistema de designación del
ministro de Defensa, para que, como ocurre en otros países, él no sea
necesariamente un militar en servicio pasivo sino, por el contrario, un
civil. Con la denuncia de Viteri, puede haberse impregnado en la opinión
pública el criterio de que las FFAA piensan que sus leyes están por sobre
la Constitución, es decir, que no se someten al poder civil.

Se vive un momento en que hay que dar una vuelta de tuerca. Hay que
actuar en consecuencia.

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