Quito. 06 sep 2001. La decisión de la Jueza Tercera de lo Civil de Guayas movió a las autoridades del Estado. La AGD también se aferra a una resolución de la CSJ.
El procurador del Estado, Ramón Jiménez, reaccionó ayer ante la sentencia de la jueza tercera de lo Civil de Guayas, Mercedes Bacilio, del pasado 27 de agosto.
Ella resolvió que se transfieranlas deudas de 91 empresas con el banco, valoradas en 141 millones de dólares a los ex accionistas de Filanbanco (Grupo IsaÃas).
"La ProcuradurÃa no acepta que la cartera sea devuelta a los ex accionistas". Argumentó que el art. 24 de la Ley que creo la AGD, que permitÃa dicha transacción, fue derogado en la Ley Trole I. "Era solo aplicable a entidades en saneamiento". Si la ProcuradurÃa, la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) y Filanbanco no fueron notificados de la sentencia. Entonces, "el juicio es nulo". Para que jurÃdicamente sea asÃ, un juez de la Corte Superior de Justicia (CSJ) debe pronunciarse asÃ, y por pedido del Procurador.
Jiménez dijo que envió varias comunicaciones a Bacilio, pero ésta las desestimó debido a que consideraba que la ProcuradurÃa no era parte interesada ya que la AGD tiene personerÃa jurÃdica propia. El Procurador cree que "de acuerdo con el artÃculo 126 de la Constitución, el Procurador es el único abogado del Estado".
Por ello presentará alegatos para que la fiscal, Mariana Yépez, inicie las acciones penales contra la Jueza por la sospecha de prevaricato. Y "presentamos una nueva queja ante el Consejo de la Judicatura" (recuadro inferior).
Entre tanto, la AGD se aferra a una resolución de la CSJ para evitar el traspaso de la cartera.
Recién el 4 de septiembre, la AGD presentó el reclamo por una supuesta no notificación de esa sentencia y pidió que se revoque la última providencia, del 3 de septiembre, que la ratifica y ordena que se traslade el proceso a consulta de una de las salas.
Ayer la Jueza analizaba ese pedido aunque Bacilio considera que las partes no apelaron la sentencia del 27 de agosto y que esta fue notificada en el término.
Eduardo Carminiani, ex miembro de la Junta Bancaria, explicó que la sentencia no es en firme, ya que está sujeta a una consulta final en una de las seis salas de la CSJ de Guayaquil.
Esa instancia es clave para los ex accionistas, AGD y Filanbanco ya que expondrán y argumentarán el caso. Pero si la CSJ ratifica la sentencia, el Estado no tendrá derecho al recurso de casación, por que la AGD no apeló a tiempo la sentencia de Bacilio.
La Agencia tiene mala experiencia en esas gestiones, aunque ayer Patricio Dávila, gerente, dijo que las boletas judiciales nunca fueron dejadas en los casilleros. "No podemos adivinar lo que está sucediendo en el juicio".
"Es una coincidencia que ningún demandado recibió las notificaciones. Eso hay que investigar". Pero en los boletines que da el Juzgado sà se notifica.
Uno de los cuestionamientos que tienen los asesores legales de la AGD y Filanbanco es la pobre actuación en el juicio 147-D-2001. La Agencia no presentó escritos desde el 9 de agosto.
Otro hecho es la no presencia del representante de Filanbanco en la audiencia de conciliación el pasado 1 de agosto. Solo estuvo Dávila y MarÃa I. Morlas apoderada de los ex accionistas.
Según Dávila, era improcedente e ilegal la retención de cartera. Cuestionó a la Jueza ya que "no le correspondÃa determinar los activos" reclamados por los demandantes. También lamentó que Filanbanco no haya actuado en concordancia y comparecido.
El banco y la AGD cambiaron más de dos veces sus abogados. Cuando empezó el juicio eran Roberto Cortés (Filanbanco) y Juan C. Cassinelli (AGD). Ahora está solo César Ayala (AGD). Cortés hasta la primera semana de agosto no sabÃa si continuaba o no en la defensa. A causa de los cambios de gerentes no recibió una notificación al respecto.
Para Dávila, la inestabilidad en el banco afectó al proceso. En menos de un mes hubo tres gerentes, se descuidó el juicio y "se fue perdiendo información histórica", arriesgando el proceso.
Cuando Filanbanco cerró, el 17 de julio pasado, Miguel Crespo era gerente, renunció el 26. Asumió Diógenes VillacÃs hasta el 7 de agosto. Hoy es Jorge Morán.
Aunque la Superintendencia de Bancos dijo que era inaplicable el fallo de la Jueza ayer este Diario no tuvo acceso a la resolución de la Junta Bancaria que puede justificar ese argumento.
Dávila también presentó su reclamo al Consejo de la Judicatura y ante Yépez (recuadro).
La liquidación es una medida de última instancia
Si la subasta de activos y pasivos de Filanbanco no se concreta el sábado 8 de septiembre, la liquidación se convertirá en una salida. Asà lo advirtieron las autoridades económicas y del sistema bancario, ya que no pueden alargar más la reprivatización del banco. Por eso la Junta Bancaria analiza esa opción, pues tiene la facultad para hacerlo en caso de que la subasta fracase.
En primer lugar resolverá la liquidación y luego la ocupación de los valores. Es decir, se encargará directamente de la venta de los activos y la recuperación de la cartera de Filanbanco.
Según técnicos de la Superintendencia de Bancos (SB) la liquidación es un hecho, pues la banca privada no está interesada en adquirir activos ni recuperar cartera. Además explicaron que los programas de reestructuración, regularización, intervención y reprivatización que se aplicaron en la institución bancaria, buscaban solucionar el problema fracasaron. "La liquidación es la última salida", señalaron.
Sin embargo todavÃa no se aclara cuál será la figura ni la reglamentación para esta acción, ya que existen experiencias diferentes en procesos de liquidación como el Banco de Descuento, la Cooperativa San Francisco de Quito, el Mercantil Unido y otros.
Pero esa propuesta le movió el piso a los representantes del sector productivo ya que existe temor de que se aplique la coactiva en corto tiempo. Es decir que tengan que cancelar el total de sus deudas a su vencimiento, una vez que se quedó paralizada la reestructuración de créditos.
Pero para la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) las liquidaciones son traumáticas ya que todavÃa no puede hacerlo con nueve bancos que están en saneamiento. Según Patricio Dávila, gerente de la AGD, no puede liquidarlos porque no encuentra los caminos para cumplir la disposición del artÃculo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Esa ley obliga a devolver a los ex accionistas de los bancos los activos que causaron la pérdida patrimonial. "Si devuelvo la cartera o los activos a los ex dueños me arman un escándalo por dar el vuelto y, si no lo hago, los ex accionistas me demandarán por no cumplir la Ley. Es un camino sin salida".
La Judicatura analiza la actuación de la jueza Bacilio
Ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se tramitan dos quejas que solicitan la destitución de Mercedes Bacilio Mariscal, como jueza tercera de lo Civil del Guayas desde 1998.
La primera (23 de agosto) es del Delegado Distrital de la ProcuradurÃa, Sócrates Vera. Su argumento principal es que se "coartó el derecho a la defensa del Estado", al no ser notificado como lo establece el artÃculo 14 de la Ley Orgánica de la ProcuradurÃa General del Estado.
La jueza en su defensa utiliza el mismo argumento legal, aunque con otra interpretación. Dice que no era necesario citar al Procurador: solo se lo hace cuando las demandas contra el Estado carezcan de personerÃa jurÃdica y "la AGD fue citada por medio de su representante legal". Asà consta en su providencia del 17 de julio, en el juicio y en su escrito de defensa que remitió ayer al CNJ.
Pero la ProcuradurÃa advirtió las supuestas irregularidades en un escrito de seis páginas remitido al Juzgado el 13 de agosto. En este pidió "la nulidad de todo lo actuado, volviendo el proceso a fojas cero para su correcta y legal substanciación". La Jueza no procedió al respecto.
Además, según Vera, Bacilio era incompetente para el trámite de este juicio verbal sumario, numerado 147-D-2001. "El único órgano competente es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo". Paradójicamente, la Jueza notificó a la ProcuradurÃa de las dos últimas providencias, entre ellas la sentencia.
La segunda queja la presentó ayer la AGD, cuyo titular, Patricio Dávila, argumenta que "no fueron notificados a tiempo". Además de que solicita la destitución de la magistrada, él pide que la FiscalÃa le inicie la respectiva instrucción fiscal por prevaricato y "pida su orden de prisión preventiva como castigo al grave perjuicio ocasionado al Estado".
La subasta aún se mantiene en espera
Los representantes de la banca privada guardan silencio con relación a la subasta de los activos de Filanbanco. La Asociación de Bancos Privados no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre su interés para participar de este proceso. Pero el miércoles envió un correo electrónico a sus miembros con información de algunos activos de Filanbanco. El material contenÃa una lista de bienes inmuebles, como oficinas y edificios de propiedad del banco cerrado, detallada por ubicación, y caracterÃsticas de la propiedad pero sin valoración. Adjunto al listado se incluyó un correo electrónico de una tercera persona a quien contactar para mayores informes. Para Mario Canessa, gerente general del Banco de Machala, la información sobre la subasta ha sido muy escasa para los bancos privados. "Aún no se conoce el valor de los activos ni cuales serán las bases para la subasta".
El experto en temas bancarios, León Roldós, explica que existe preocupación por el contenido de los paquetes que se conformen para la venta de activos. "Los paquetes que tengan cartera con mayor provisión son los que más beneficiarán a los compradores, pero además preocupa la forma en que se valorarán esos grupos de activos". Un técnico de la Superintendencia de Bancos explicó que para la banca privada es decisión muy difÃcil porque puede pesar sobre sus actuales activos. Esto se produce porque al comprar un activo improductivo, el banco pierde liquidez y contribuye a desmejorar su situación.
LAS FECHAS
14 de marzo del 2001 * Las compañÃas Intral Panamá y Seguros Rocafuerte, representadas por Carlos Pareja, presentaron una demanda civil para quedarse con unos 375,1 millones de dólares y con una provisión (respaldo de cartera) de 158,2 millones.
3 de abril La Jueza Tercera de lo Civil ordenó que se retenga el dinero.
13 de julio Filanbanco acepta que existen antecedentes de devolución de activos a ex accionistas.
20 de julio La jueza levantó la retención parcial de 324 empresas.
26 de julio La jueza sumó a su anterior providencia 14 empresas más, aunque aún quedaban retenidas 41 cuentas deudoras.(Texto tomado de El Comercio)
El procurador del Estado, Ramón Jiménez, reaccionó ayer ante la sentencia de la jueza tercera de lo Civil de Guayas, Mercedes Bacilio, del pasado 27 de agosto.
Ella resolvió que se transfieranlas deudas de 91 empresas con el banco, valoradas en 141 millones de dólares a los ex accionistas de Filanbanco (Grupo IsaÃas).
"La ProcuradurÃa no acepta que la cartera sea devuelta a los ex accionistas". Argumentó que el art. 24 de la Ley que creo la AGD, que permitÃa dicha transacción, fue derogado en la Ley Trole I. "Era solo aplicable a entidades en saneamiento". Si la ProcuradurÃa, la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) y Filanbanco no fueron notificados de la sentencia. Entonces, "el juicio es nulo". Para que jurÃdicamente sea asÃ, un juez de la Corte Superior de Justicia (CSJ) debe pronunciarse asÃ, y por pedido del Procurador.
Jiménez dijo que envió varias comunicaciones a Bacilio, pero ésta las desestimó debido a que consideraba que la ProcuradurÃa no era parte interesada ya que la AGD tiene personerÃa jurÃdica propia. El Procurador cree que "de acuerdo con el artÃculo 126 de la Constitución, el Procurador es el único abogado del Estado".
Por ello presentará alegatos para que la fiscal, Mariana Yépez, inicie las acciones penales contra la Jueza por la sospecha de prevaricato. Y "presentamos una nueva queja ante el Consejo de la Judicatura" (recuadro inferior).
Entre tanto, la AGD se aferra a una resolución de la CSJ para evitar el traspaso de la cartera.
Recién el 4 de septiembre, la AGD presentó el reclamo por una supuesta no notificación de esa sentencia y pidió que se revoque la última providencia, del 3 de septiembre, que la ratifica y ordena que se traslade el proceso a consulta de una de las salas.
Ayer la Jueza analizaba ese pedido aunque Bacilio considera que las partes no apelaron la sentencia del 27 de agosto y que esta fue notificada en el término.
Eduardo Carminiani, ex miembro de la Junta Bancaria, explicó que la sentencia no es en firme, ya que está sujeta a una consulta final en una de las seis salas de la CSJ de Guayaquil.
Esa instancia es clave para los ex accionistas, AGD y Filanbanco ya que expondrán y argumentarán el caso. Pero si la CSJ ratifica la sentencia, el Estado no tendrá derecho al recurso de casación, por que la AGD no apeló a tiempo la sentencia de Bacilio.
La Agencia tiene mala experiencia en esas gestiones, aunque ayer Patricio Dávila, gerente, dijo que las boletas judiciales nunca fueron dejadas en los casilleros. "No podemos adivinar lo que está sucediendo en el juicio".
"Es una coincidencia que ningún demandado recibió las notificaciones. Eso hay que investigar". Pero en los boletines que da el Juzgado sà se notifica.
Uno de los cuestionamientos que tienen los asesores legales de la AGD y Filanbanco es la pobre actuación en el juicio 147-D-2001. La Agencia no presentó escritos desde el 9 de agosto.
Otro hecho es la no presencia del representante de Filanbanco en la audiencia de conciliación el pasado 1 de agosto. Solo estuvo Dávila y MarÃa I. Morlas apoderada de los ex accionistas.
Según Dávila, era improcedente e ilegal la retención de cartera. Cuestionó a la Jueza ya que "no le correspondÃa determinar los activos" reclamados por los demandantes. También lamentó que Filanbanco no haya actuado en concordancia y comparecido.
El banco y la AGD cambiaron más de dos veces sus abogados. Cuando empezó el juicio eran Roberto Cortés (Filanbanco) y Juan C. Cassinelli (AGD). Ahora está solo César Ayala (AGD). Cortés hasta la primera semana de agosto no sabÃa si continuaba o no en la defensa. A causa de los cambios de gerentes no recibió una notificación al respecto.
Para Dávila, la inestabilidad en el banco afectó al proceso. En menos de un mes hubo tres gerentes, se descuidó el juicio y "se fue perdiendo información histórica", arriesgando el proceso.
Cuando Filanbanco cerró, el 17 de julio pasado, Miguel Crespo era gerente, renunció el 26. Asumió Diógenes VillacÃs hasta el 7 de agosto. Hoy es Jorge Morán.
Aunque la Superintendencia de Bancos dijo que era inaplicable el fallo de la Jueza ayer este Diario no tuvo acceso a la resolución de la Junta Bancaria que puede justificar ese argumento.
Dávila también presentó su reclamo al Consejo de la Judicatura y ante Yépez (recuadro).
La liquidación es una medida de última instancia
Si la subasta de activos y pasivos de Filanbanco no se concreta el sábado 8 de septiembre, la liquidación se convertirá en una salida. Asà lo advirtieron las autoridades económicas y del sistema bancario, ya que no pueden alargar más la reprivatización del banco. Por eso la Junta Bancaria analiza esa opción, pues tiene la facultad para hacerlo en caso de que la subasta fracase.
En primer lugar resolverá la liquidación y luego la ocupación de los valores. Es decir, se encargará directamente de la venta de los activos y la recuperación de la cartera de Filanbanco.
Según técnicos de la Superintendencia de Bancos (SB) la liquidación es un hecho, pues la banca privada no está interesada en adquirir activos ni recuperar cartera. Además explicaron que los programas de reestructuración, regularización, intervención y reprivatización que se aplicaron en la institución bancaria, buscaban solucionar el problema fracasaron. "La liquidación es la última salida", señalaron.
Sin embargo todavÃa no se aclara cuál será la figura ni la reglamentación para esta acción, ya que existen experiencias diferentes en procesos de liquidación como el Banco de Descuento, la Cooperativa San Francisco de Quito, el Mercantil Unido y otros.
Pero esa propuesta le movió el piso a los representantes del sector productivo ya que existe temor de que se aplique la coactiva en corto tiempo. Es decir que tengan que cancelar el total de sus deudas a su vencimiento, una vez que se quedó paralizada la reestructuración de créditos.
Pero para la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) las liquidaciones son traumáticas ya que todavÃa no puede hacerlo con nueve bancos que están en saneamiento. Según Patricio Dávila, gerente de la AGD, no puede liquidarlos porque no encuentra los caminos para cumplir la disposición del artÃculo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Esa ley obliga a devolver a los ex accionistas de los bancos los activos que causaron la pérdida patrimonial. "Si devuelvo la cartera o los activos a los ex dueños me arman un escándalo por dar el vuelto y, si no lo hago, los ex accionistas me demandarán por no cumplir la Ley. Es un camino sin salida".
La Judicatura analiza la actuación de la jueza Bacilio
Ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se tramitan dos quejas que solicitan la destitución de Mercedes Bacilio Mariscal, como jueza tercera de lo Civil del Guayas desde 1998.
La primera (23 de agosto) es del Delegado Distrital de la ProcuradurÃa, Sócrates Vera. Su argumento principal es que se "coartó el derecho a la defensa del Estado", al no ser notificado como lo establece el artÃculo 14 de la Ley Orgánica de la ProcuradurÃa General del Estado.
La jueza en su defensa utiliza el mismo argumento legal, aunque con otra interpretación. Dice que no era necesario citar al Procurador: solo se lo hace cuando las demandas contra el Estado carezcan de personerÃa jurÃdica y "la AGD fue citada por medio de su representante legal". Asà consta en su providencia del 17 de julio, en el juicio y en su escrito de defensa que remitió ayer al CNJ.
Pero la ProcuradurÃa advirtió las supuestas irregularidades en un escrito de seis páginas remitido al Juzgado el 13 de agosto. En este pidió "la nulidad de todo lo actuado, volviendo el proceso a fojas cero para su correcta y legal substanciación". La Jueza no procedió al respecto.
Además, según Vera, Bacilio era incompetente para el trámite de este juicio verbal sumario, numerado 147-D-2001. "El único órgano competente es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo". Paradójicamente, la Jueza notificó a la ProcuradurÃa de las dos últimas providencias, entre ellas la sentencia.
La segunda queja la presentó ayer la AGD, cuyo titular, Patricio Dávila, argumenta que "no fueron notificados a tiempo". Además de que solicita la destitución de la magistrada, él pide que la FiscalÃa le inicie la respectiva instrucción fiscal por prevaricato y "pida su orden de prisión preventiva como castigo al grave perjuicio ocasionado al Estado".
La subasta aún se mantiene en espera
Los representantes de la banca privada guardan silencio con relación a la subasta de los activos de Filanbanco. La Asociación de Bancos Privados no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre su interés para participar de este proceso. Pero el miércoles envió un correo electrónico a sus miembros con información de algunos activos de Filanbanco. El material contenÃa una lista de bienes inmuebles, como oficinas y edificios de propiedad del banco cerrado, detallada por ubicación, y caracterÃsticas de la propiedad pero sin valoración. Adjunto al listado se incluyó un correo electrónico de una tercera persona a quien contactar para mayores informes. Para Mario Canessa, gerente general del Banco de Machala, la información sobre la subasta ha sido muy escasa para los bancos privados. "Aún no se conoce el valor de los activos ni cuales serán las bases para la subasta".
El experto en temas bancarios, León Roldós, explica que existe preocupación por el contenido de los paquetes que se conformen para la venta de activos. "Los paquetes que tengan cartera con mayor provisión son los que más beneficiarán a los compradores, pero además preocupa la forma en que se valorarán esos grupos de activos". Un técnico de la Superintendencia de Bancos explicó que para la banca privada es decisión muy difÃcil porque puede pesar sobre sus actuales activos. Esto se produce porque al comprar un activo improductivo, el banco pierde liquidez y contribuye a desmejorar su situación.
LAS FECHAS
14 de marzo del 2001 * Las compañÃas Intral Panamá y Seguros Rocafuerte, representadas por Carlos Pareja, presentaron una demanda civil para quedarse con unos 375,1 millones de dólares y con una provisión (respaldo de cartera) de 158,2 millones.
3 de abril La Jueza Tercera de lo Civil ordenó que se retenga el dinero.
13 de julio Filanbanco acepta que existen antecedentes de devolución de activos a ex accionistas.
20 de julio La jueza levantó la retención parcial de 324 empresas.
26 de julio La jueza sumó a su anterior providencia 14 empresas más, aunque aún quedaban retenidas 41 cuentas deudoras.(Texto tomado de El Comercio)
Más en el