ES HORA DE DISCUTIR LA REFORMA FISCAL

Quito. 28 sep 2001. Si algo no le ha caracterizado al Ecuador en los
últimos años es una cierta capacidad de previsión, de pensarse como país
a mediano y largo plazo, y de encontrar las instituciones que aseguren la
viabilidad de un proyecto sostenible de desarrollo.

La política es, desde muchas perspectivas, la responsable de esa falta de
previsión. La ausencia de reglas aceptadas por los actores políticos, su
poca predisposición al consenso, su vocación por el conflicto y la
confrontación, han hecho del Ecuador un país vulnerable, acosado por
frecuentes crisis de ingobernabilidad y una enorme incertidumbre
económica.

Ningún campo de la gestión pública se ha librado de los avatares de la
política, menos todavía el manejo de las finanzas estatales. Bastaría
revisar la inestabilidad en sus cargos de los ministros de Finanzas para
confirmar lo que se acaba de señalar: desde el retorno a la democracia en
1979 el promedio de permanencia en el cargo ha sido de diez meses. De
este modo, las metas que se pueden trazar en política fiscal no han
tenido una proyección mayor a un año. Esto, a su vez, explica por qué el
Ecuador ha incumplido tantas veces sus acuerdos con el FMI, hasta poner
en riesgo toda su credibilidad en los ámbitos financieros y de
cooperación internacional.

Ya en términos de manejo de política económica, la inestabilidad fiscal
se ha expresado en permanentes déficit. La historia económica del
Ecuador, en los últimos 15 años, podría definirse como un esfuerzo
constante, pero nada exitoso, de poner las cuentas fiscales en orden
mediante sucesivas medidas de ajuste. Tan fallidos fueron estos esfuerzos
que el Ecuador adoptó el más extremo de los modelos económicos la
dolarización para intentar romper el círculo vicioso del déficit-ajuste.

La política ha intervenido en este contexto no solo a través de las
confrontaciones constantes por la disputa de recursos, sino mediante un
comportamiento irresponsable de los sucesivos gobiernos en cuanto al
gasto público. El actual ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, describía
hace unas semanas esta actitud irresponsable de los gobiernos con la
figura del "efecto monumento" y el "efecto ataúd" (planteado
originalmente por el economista Jürgen Schuldt): en los últimos meses de
gestión, los presidentes gastan más dinero del que tienen en obras
monumentales, mientras los costos de semejante despilfarro los tiene que
asumir el nuevo gobierno.

Si el país no enfrenta estas maneras de conducir la política y el manejo
de las finanzas públicas, es probable sin pecar de pesimistas que pierda
toda su viabilidad. Lo decía hace unos pocos días un ex presidente de la
República: el Ecuador ha llegado a un punto en el cual si no revierte sus
estilos de hacer política y de manejar la cosa pública, corre el serio
peligro de volverse inviable.

En este contexto poco halagador habría que inscribir y evaluar la
propuesta de reforma fiscal planteada por el Gobierno. En lo sustancial,
lo que se ha presentado al Congreso es la definición de un conjunto de
reglas y mecanismos cuya aplicación permitiría al Ecuador salir del
cuello de botella de las crisis fiscales, por un lado; y por otro, crear
un fondo de estabilización con los recursos que generen las nuevas
exportaciones petroleras, que dé horizonte a la propia dolarización. Se
completa la propuesta con la eliminación de las preasignaciones
presupuestarias, expresión del corporativismo de la política ecuatoriana
cada sector asegura recursos al margen de las prioridades nacionales y
que constituyen una camisa de fuerza de la política fiscal. ¿Será el país
lo suficientemente responsable para iniciar un debate serio sobre este
tema crucial? ¿O la reforma fiscal pasará, como la reforma política, al
baúl de los olvidos?

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