Quito. 11 may 2000. Novoa dice que la secretaria de Estado,
Madelaine Albright recibió información tergiversada sobre el
Ecuador.
Lo hizo tras las declaraciones de la secretaria de Estado
norteamericana respecto a la potencial inestabilidad democrática
de América Latina. Noboa dijo que si Albright se refirió al
Ecuador posiblemente recibió "información tergiversada". El
Ejecutivo volvió a impulsar en el Congreso la amnistía en favor de
civiles y militares comprometidos en la asonada del pasado 21 de
enero.
Causó revuelo el pronunciamiento de la secretaria de Estado
norteamericana, Madeleine Albright, respecto a que en América
Latina sus habitantes han perdido la confianza en el sistema
democrático. Y aunque no aludió directamente al Ecuador, sus
gobernantes reaccionaron.
El presidente Gustavo Noboa dijo que si Albright se refirió al
Ecuador posiblemente recibió "información tergiversada, producto
de las declaraciones que
hiciera Salvador Quishpe, cuando estaba en
campaña para ser reelecto presidente
de la Ecuarunari (el brazo andino y más poderoso de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE)".
Quishpe declaró que si no se producían rectificaciones en la
política económica del gobierno, particularmente en el tema de la
dolarización, a la CONAIE no le quedaría sino "volver a tumbar al
gobierno", merced a un levantamiento popular.
Pese al desmentido oficial respecto al riesgo de una dictadura, al
tenor de lo ocurrido el pasado 21 de enero, monseñor Mario Ruiz
Navas, presidente de la Conferencia Episcopal, manifestó que la
declaración de Albright era "casi una fotografía del caso
ecuatoriano".
El analista Claudio Malo compartió el pronunciamiento y llamó al
gobierno "a escuchar los voces que vienen de afuera porque
reflejan la imagen que el Ecuador proyecta al exterior".
El debate coincidió con la difusión de un artículo del periodista
argentino Andrés Oppenheimer, en el Miami Herald, en el cual
destaca que el escenario de la vuelta a una cadena de dictaduras
populistas en la región podrían empezar en el Ecuador "con un
golpe de Estado de los coroneles mesiánicos y respaldado por
indígenas radicales y grupos de ultraizquierda, que podría derivar
en una alianza con la guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, que controlan un área del tamaño de
Suiza", en la frontera común.
Frente a la suspicacia, el ministro de Gobierno, Antonio Andretta,
expresó que el régimen "no sólo garantiza la democracia, sino que
actúa junto a todos los ecuatorianos que quieren vivir en
democracia más allá de las dificultades que debemos superar".
Ante la eventualidad de un riesgo dictatorial, el presidente del
Congreso, Juan José Pons, anotó que si los indígenas vuelven a
escoger "la vía del golpe y la anarquía, se están condenando al
aislamiento total del mundo actual, con lo cual lo único que
lograrían la inestabilidad económica del Ecuador".
En medio de la preocupación surgida, luego del rompimiento del
diálogo entre el gobierno y la CONAIE, se produjo un signo
esperanzador en circunstancias que Quishpe, conocido por su
discurso radical, fue derrotado en las elecciones internas de la
Ecuarunari por Eduardo Remache, un dirigente más moderado y
abierto a reanudar las negociaciones.
"Si el gobierno como un gesto de buena voluntad impulsa la
amnistía en favor de civiles y militares procesados por los hechos
del 21 de enero, estamos dispuestos a retomar el diálogo", dijo
Remache.
Andretta acudió a la sede legislativa para instar a los
congresistas a priorizar el trámite de la amnistía.
Pons se manifestó abierto a atender el requerimiento del Ejecutivo
al manifestar que el hecho de la amnistía no podría soslayar la
sanción disciplinaria de los coroneles implicados en la asonada,
al tenor de las disposiciones del reglamento militar.
Y aunque todavía no hay la garantía de contar con los votos
suficientes, Andretta reconoció que si bien todavía no hay el
respaldo requerido, "institucionalmente quiero pensar que la
amnistía demanda de esfuerzos importantes que confío estemos
dispuestos a hacer".
Este trance entre el diálogo y la confrontación tiene como
referente el reciente acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, FMI, en base a un programa económico que contempla
importantes ajustes en el precio de combustibles y tarifas
eléctricas, a partir de junio próximo.
Ante el rechazo que ha suscitado en los movimientos sociales,
Jeffrey Franks, representante del FMI en el Ecuador, instó a los
detractores del acuerdo a presentar una política económica
coherente y alternativa.
En medio de las tensiones, fue un signo alentador que empresarios
y trabajadores se reúnan en una mesa de diálogo para discutir los
principales temas de la agenda nacional, sobre todo lo relativo al
futuro de las relaciones obrero-patronales en el marco de una
proceso de reactivación económica.
"Este encuentro es histórico porque evidencia que bandos opuestos
pueden deponer actitudes por el bien del país", destacó Fernando
Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.
Estrategia privatizadora
El Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, informó
que espera recibir más de 300 millones de dólares el presente año
por las privatizaciones.
El presidente del CONAM, Ricardo Noboa, hermano del mandatario,
informó que dicho programa se ejecutará con el soporte de tres
pilares: las privatizaciones, las concesiones y la reforma del
Estado.
Respecto a las privatizaciones, se priorizará la venta de 19
empresas de distribución eléctrica, incluidas la Empresa Eléctrica
Quito y la Empresa Eléctrica del Ecuador, EMELEC, que presta su
servicio a la ciudad de Guayaquil.
También se procurará vender o capitalizar las dos telefónicas
estatales: Andinatel y Pacifictel, producto de la escisión del
antiguo Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL.
Asimismo, se impulsará la concesión de los nuevos aeropuertos de
Quito y Guayaquil, y la tercerización de los servicios del
Registro Civil.
El plan incluye introducir reformas a Ley de Modernización del
Estado y Ley de Hidrocarburos para facilitar el concesionamiento
de los cinco principales yacimientos del ente estatal
Petroecuador, cuya explotación se volvió ineficiente por la falta
de capacidad de inversión en nuevas tecnologías.
Por último, está previsto un nuevo modelo de gestión del Estado
sobre la base de una ley de Gobiernos Autónomos, que satisfaga las
demandas de descentralización de las 22 provincias del país.
Intentan renegociar la deuda
Luego de la firma del acuerdo con el FMI, el gobierno está
empeñado en impulsar la renegociación de la deuda externa. Desde
septiembre pasado, en que se declaró una moratoria parcial, el
país ha acumulado vencimientos ante tenedores de los bonos Brady y
eurobonos.
Con el objetivo de reanudar el diálogo con los acreedores, el
ministro de Finanzas, Jorge Guzmán, viajó con destino a Nueva York
para procurar un contacto directo.
"Tenemos que buscar la real capacidad de pago, disminuyendo su
monto y permitiendo un alivio de su servicio. No podíamos seguir
pagando lo que veníamos pagando y eso lo saben los acreedores",
agregó.
Guzmán ha señalado que espera concretar dicha renegociación hasta
junio, pero la mayoría de analistas anticipan que el proceso
demandaría más tiempo.
Por su lado, la embajada ecuatoriana en Washington emitió un
comunicado señalando que la situación actual es insatisfactoria
tanto para los acreedores como para Ecuador. "Creemos que la
mayoría de los tenedores de bonos desean ver un planteamiento
sensible, orientado al mercado", añadió el remitido.
El monto total de la deuda externa asciende a 16.000 millones de
dólares, de los cuales 6.000 corresponden a bonos Brady.
Simultáneamente, el canciller Heinz Moeller inició gestiones ante
la Unión Europea para conseguir una condonación parcial de
alrededor de 2.000 millones de dólares que el país adeuda al Club
de París. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
Madelaine Albright recibió información tergiversada sobre el
Ecuador.
Lo hizo tras las declaraciones de la secretaria de Estado
norteamericana respecto a la potencial inestabilidad democrática
de América Latina. Noboa dijo que si Albright se refirió al
Ecuador posiblemente recibió "información tergiversada". El
Ejecutivo volvió a impulsar en el Congreso la amnistía en favor de
civiles y militares comprometidos en la asonada del pasado 21 de
enero.
Causó revuelo el pronunciamiento de la secretaria de Estado
norteamericana, Madeleine Albright, respecto a que en América
Latina sus habitantes han perdido la confianza en el sistema
democrático. Y aunque no aludió directamente al Ecuador, sus
gobernantes reaccionaron.
El presidente Gustavo Noboa dijo que si Albright se refirió al
Ecuador posiblemente recibió "información tergiversada, producto
de las declaraciones que
hiciera Salvador Quishpe, cuando estaba en
campaña para ser reelecto presidente
de la Ecuarunari (el brazo andino y más poderoso de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE)".
Quishpe declaró que si no se producían rectificaciones en la
política económica del gobierno, particularmente en el tema de la
dolarización, a la CONAIE no le quedaría sino "volver a tumbar al
gobierno", merced a un levantamiento popular.
Pese al desmentido oficial respecto al riesgo de una dictadura, al
tenor de lo ocurrido el pasado 21 de enero, monseñor Mario Ruiz
Navas, presidente de la Conferencia Episcopal, manifestó que la
declaración de Albright era "casi una fotografía del caso
ecuatoriano".
El analista Claudio Malo compartió el pronunciamiento y llamó al
gobierno "a escuchar los voces que vienen de afuera porque
reflejan la imagen que el Ecuador proyecta al exterior".
El debate coincidió con la difusión de un artículo del periodista
argentino Andrés Oppenheimer, en el Miami Herald, en el cual
destaca que el escenario de la vuelta a una cadena de dictaduras
populistas en la región podrían empezar en el Ecuador "con un
golpe de Estado de los coroneles mesiánicos y respaldado por
indígenas radicales y grupos de ultraizquierda, que podría derivar
en una alianza con la guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, que controlan un área del tamaño de
Suiza", en la frontera común.
Frente a la suspicacia, el ministro de Gobierno, Antonio Andretta,
expresó que el régimen "no sólo garantiza la democracia, sino que
actúa junto a todos los ecuatorianos que quieren vivir en
democracia más allá de las dificultades que debemos superar".
Ante la eventualidad de un riesgo dictatorial, el presidente del
Congreso, Juan José Pons, anotó que si los indígenas vuelven a
escoger "la vía del golpe y la anarquía, se están condenando al
aislamiento total del mundo actual, con lo cual lo único que
lograrían la inestabilidad económica del Ecuador".
En medio de la preocupación surgida, luego del rompimiento del
diálogo entre el gobierno y la CONAIE, se produjo un signo
esperanzador en circunstancias que Quishpe, conocido por su
discurso radical, fue derrotado en las elecciones internas de la
Ecuarunari por Eduardo Remache, un dirigente más moderado y
abierto a reanudar las negociaciones.
"Si el gobierno como un gesto de buena voluntad impulsa la
amnistía en favor de civiles y militares procesados por los hechos
del 21 de enero, estamos dispuestos a retomar el diálogo", dijo
Remache.
Andretta acudió a la sede legislativa para instar a los
congresistas a priorizar el trámite de la amnistía.
Pons se manifestó abierto a atender el requerimiento del Ejecutivo
al manifestar que el hecho de la amnistía no podría soslayar la
sanción disciplinaria de los coroneles implicados en la asonada,
al tenor de las disposiciones del reglamento militar.
Y aunque todavía no hay la garantía de contar con los votos
suficientes, Andretta reconoció que si bien todavía no hay el
respaldo requerido, "institucionalmente quiero pensar que la
amnistía demanda de esfuerzos importantes que confío estemos
dispuestos a hacer".
Este trance entre el diálogo y la confrontación tiene como
referente el reciente acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, FMI, en base a un programa económico que contempla
importantes ajustes en el precio de combustibles y tarifas
eléctricas, a partir de junio próximo.
Ante el rechazo que ha suscitado en los movimientos sociales,
Jeffrey Franks, representante del FMI en el Ecuador, instó a los
detractores del acuerdo a presentar una política económica
coherente y alternativa.
En medio de las tensiones, fue un signo alentador que empresarios
y trabajadores se reúnan en una mesa de diálogo para discutir los
principales temas de la agenda nacional, sobre todo lo relativo al
futuro de las relaciones obrero-patronales en el marco de una
proceso de reactivación económica.
"Este encuentro es histórico porque evidencia que bandos opuestos
pueden deponer actitudes por el bien del país", destacó Fernando
Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.
Estrategia privatizadora
El Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, informó
que espera recibir más de 300 millones de dólares el presente año
por las privatizaciones.
El presidente del CONAM, Ricardo Noboa, hermano del mandatario,
informó que dicho programa se ejecutará con el soporte de tres
pilares: las privatizaciones, las concesiones y la reforma del
Estado.
Respecto a las privatizaciones, se priorizará la venta de 19
empresas de distribución eléctrica, incluidas la Empresa Eléctrica
Quito y la Empresa Eléctrica del Ecuador, EMELEC, que presta su
servicio a la ciudad de Guayaquil.
También se procurará vender o capitalizar las dos telefónicas
estatales: Andinatel y Pacifictel, producto de la escisión del
antiguo Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL.
Asimismo, se impulsará la concesión de los nuevos aeropuertos de
Quito y Guayaquil, y la tercerización de los servicios del
Registro Civil.
El plan incluye introducir reformas a Ley de Modernización del
Estado y Ley de Hidrocarburos para facilitar el concesionamiento
de los cinco principales yacimientos del ente estatal
Petroecuador, cuya explotación se volvió ineficiente por la falta
de capacidad de inversión en nuevas tecnologías.
Por último, está previsto un nuevo modelo de gestión del Estado
sobre la base de una ley de Gobiernos Autónomos, que satisfaga las
demandas de descentralización de las 22 provincias del país.
Intentan renegociar la deuda
Luego de la firma del acuerdo con el FMI, el gobierno está
empeñado en impulsar la renegociación de la deuda externa. Desde
septiembre pasado, en que se declaró una moratoria parcial, el
país ha acumulado vencimientos ante tenedores de los bonos Brady y
eurobonos.
Con el objetivo de reanudar el diálogo con los acreedores, el
ministro de Finanzas, Jorge Guzmán, viajó con destino a Nueva York
para procurar un contacto directo.
"Tenemos que buscar la real capacidad de pago, disminuyendo su
monto y permitiendo un alivio de su servicio. No podíamos seguir
pagando lo que veníamos pagando y eso lo saben los acreedores",
agregó.
Guzmán ha señalado que espera concretar dicha renegociación hasta
junio, pero la mayoría de analistas anticipan que el proceso
demandaría más tiempo.
Por su lado, la embajada ecuatoriana en Washington emitió un
comunicado señalando que la situación actual es insatisfactoria
tanto para los acreedores como para Ecuador. "Creemos que la
mayoría de los tenedores de bonos desean ver un planteamiento
sensible, orientado al mercado", añadió el remitido.
El monto total de la deuda externa asciende a 16.000 millones de
dólares, de los cuales 6.000 corresponden a bonos Brady.
Simultáneamente, el canciller Heinz Moeller inició gestiones ante
la Unión Europea para conseguir una condonación parcial de
alrededor de 2.000 millones de dólares que el país adeuda al Club
de París. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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