Quito. 17 sep 99. El prefecto de Pichincha, Rafael Reyes invirtió
27 millones de dólares a un interés del 1% anual y solo construyó
780 casas
El presidente interino Fabián Alarcón se empeñó en hacer realidad
el programa de vivienda popular ofrecido por su coideario el
prefecto de Pichincha, Rafael Reyes Uribe. Para financiar el
arranque del plan, el 23 de octubre de 1997, el Ministerio de
Finanzas ordenó la transferencia de 2.5 millones de dólares, pero
"sobre la utilización de estos recursos se han determinado gastos
que no corresponden al Programa de Vivienda Popular", dice la
"comunicación parcial de resultados", del nueve de agosto de
1999, elaborada por la ContralorÃa General que está examinando
el uso que el Consejo le dio a estos y otros recursos entregados
para este programa.
El 10 de julio, un mes antes de dejar el mandato, Alarcón
concedió a Reyes 25 millones de dólares adicionales, en bonos del
Estado para el mismo programa de vivienda.
Entre julio y agosto de 1998 el Consejo Provincial autorizó al
prefecto Reyes la venta de los bonos del Estado. Pero él omitió
la obligación legal de realizar estas operaciones a través de una
subasta pública universal y el 14 de agosto nombró una comisión
privada, para un análisis privado de cinco ofertas. La comisión
determinó que la mejor oferta era la del Banco Unión.
El 28 de agosto, Investunion, la casa de valores de dicho Banco,
negoció 8.420.000 bonos en 7.990.290 dólares, "pero no existe la
documentación suficiente que demuestre los procedimientos...",
dice la ContralorÃa. Sin autorización del Consejo, Reyes depositó
ese dinero, en efectivo, en el Banco Unión. El dos de junio de
1999 aparece una liquidación de fondos presentada por Unión AFPV
Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A., la cual nunca fue
autorizada por el Consejo para manejar sus recursos de vivienda.
El 14 de octubre de 1998, el prefecto Reyes solicitó a Unión AFPV
que invierta los fondos de la CompañÃa de Vivienda Provincial,
Coviprov S.A., en operaciones de reporto en Banco Unión, a una
tasa mÃnima del 7,5% anual, operaciones que, según el Prefecto,
"deberán irse renovando en la misma institución financiera, hasta
una nueva instrucción mÃa". Reyes dio esta orden antes de que se
constituya legalmente Coviprov, antes de que se nombre a sus
directivos y antes de que se constituya el fideicomiso.
Efectivamente, Coviprov recién fue inscrita en el registro
mercantil, al dÃa siguiente, el 15 de octubre de 1998.
De esa manera, el plan para construir alrededor de 5.000
viviendas en Pichincha, continuaba adelante. Ramiro González,
vicepresidente del Consejo Provincial, dijo a Vistazo que solo
están construidas unas 780 casas en el barrio La Bretaña, de
Quito. Para las restantes 4.220 solo habrÃan algunos terrenos.
Y fue justamente por la adquisición de un nuevo terreno que
Coviprov se metió en otro problema, en el que aparece por enésima
vez el Banco Unión.
El 30 de octubre de 1998, José Rafael Sáenz Pérez y José Rafael
Sáenz
El prefecto de Pichincha, Rafael Reyes invirtió 27 millones de
dólares a un interés del 1% anual y solo construyó 780 casas
El presidente interino Fabián Alarcón se empeñó en hacer realidad
el programa de vivienda popular ofrecido por su coideario el
prefecto de Pichincha, Rafael Reyes Uribe. Para financiar el
arranque del plan, el 23 de octubre de 1997, el Ministerio de
Finanzas ordenó la transferencia de 2.5 millones de dólares, pero
"sobre la utilización de estos recursos se han determinado gastos
que no corresponden al Programa de Vivienda Popular", dice la
"comunicación parcial de resultados", del nueve de agosto de
1999, elaborada por la ContralorÃa General que está examinando
el uso que el Consejo le dio a estos y otros recursos entregados
para este programa.
El 10 de julio, un mes antes de dejar el mandato, Alarcón
concedió a Reyes 25 millones de dólares adicionales, en bonos del
Estado para el mismo programa de vivienda.
Entre julio y agosto de 1998 el Consejo Provincial autorizó al
prefecto Reyes la venta de los bonos del Estado. Pero él omitió
la obligación legal de realizar estas operaciones a través de una
subasta pública universal y el 14 de agosto nombró una comisión
privada, para un análisis privado de cinco ofertas. La comisión
determinó que la mejor oferta era la del Banco Unión.
El 28 de agosto, Investunion, la casa de valores de dicho Banco,
negoció 8.420.000 bonos en 7.990.290 dólares, "pero no existe la
documentación suficiente que demuestre los procedimientos...",
dice la ContralorÃa. Sin autorización del Consejo, Reyes depositó
ese dinero, en efectivo, en el Banco Unión. El dos de junio de
1999 aparece una liquidación de fondos presentada por Unión AFPV
Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A., la cual nunca fue
autorizada por el Consejo para manejar sus recursos de vivienda.
El 14 de octubre de 1998, el prefecto Reyes solicitó a Unión AFPV
que invierta los fondos de la CompañÃa de Vivienda Provincial,
Coviprov S.A., en operaciones de reporto en Banco Unión, a una
tasa mÃnima del 7,5% anual, operaciones que, según el Prefecto,
"deberán irse renovando en la misma institución financiera, hasta
una nueva instrucción mÃa". Reyes dio esta orden antes de que se
constituya legalmente Coviprov, antes de que se nombre a sus
directivos y antes de que se constituya el fideicomiso.
Efectivamente, Coviprov recién fue inscrita en el registro
mercantil, al dÃa siguiente, el 15 de octubre de 1998.
De esa manera, el plan para construir alrededor de 5.000
viviendas en Pichincha, continuaba adelante. Ramiro González,
vicepresidente del Consejo Provincial, dijo a Vistazo que solo
están construidas unas 780 casas en el barrio La Bretaña, de
Quito. Para las restantes 4.220 solo habrÃan algunos terrenos.
Y fue justamente por la adquisición de un nuevo terreno que
Coviprov se metió en otro problema, en el que aparece por enésima
vez el Banco Unión.
El 30 de octubre de 1998, José Rafael Sáenz Pérez y José Rafael
Sáenz Borja vendieron a Coviprov el 50% de los derechos
fiduciarios del fideicomiso El Conde, terrenos que estaban ya
hipotecados a favor del Banco Unión.
PERDIDAS
Se produjo la revocatoria del fideicomiso y se recuperaron los
bonos, pero con una pérdida de 443.123 dólares por honorarios de
dos años de administración, cuando el tiempo fue solo de ocho
meses.
El Banco Unión, en agudo proceso de iliquidez, negó desde enero
de 1999 desembolsos a Coviprov. Entonces, esta empresa cayó en
sobregiros por casi 96 millones de sucres que el mismo Banco le
debitó de su cuenta en sucres.
El Banco Unión se negó a devolver la totalidad de los depósitos
en dólares, aduciendo que "estaban congelados", cuando el decreto
eximÃa de ese congelamiento a los dineros de las entidades del
Estado.
Vistazo insistió ante el prefecto de Pichincha para conseguir las
respuestas a los cuestionamientos de la ContralorÃa General del
Estado, la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción y uno de
los consejeros, pero en vano esperamos la cita con Rafael Reyes
Uribe. (Texto tomado de La Revista Vistazo)
27 millones de dólares a un interés del 1% anual y solo construyó
780 casas
El presidente interino Fabián Alarcón se empeñó en hacer realidad
el programa de vivienda popular ofrecido por su coideario el
prefecto de Pichincha, Rafael Reyes Uribe. Para financiar el
arranque del plan, el 23 de octubre de 1997, el Ministerio de
Finanzas ordenó la transferencia de 2.5 millones de dólares, pero
"sobre la utilización de estos recursos se han determinado gastos
que no corresponden al Programa de Vivienda Popular", dice la
"comunicación parcial de resultados", del nueve de agosto de
1999, elaborada por la ContralorÃa General que está examinando
el uso que el Consejo le dio a estos y otros recursos entregados
para este programa.
El 10 de julio, un mes antes de dejar el mandato, Alarcón
concedió a Reyes 25 millones de dólares adicionales, en bonos del
Estado para el mismo programa de vivienda.
Entre julio y agosto de 1998 el Consejo Provincial autorizó al
prefecto Reyes la venta de los bonos del Estado. Pero él omitió
la obligación legal de realizar estas operaciones a través de una
subasta pública universal y el 14 de agosto nombró una comisión
privada, para un análisis privado de cinco ofertas. La comisión
determinó que la mejor oferta era la del Banco Unión.
El 28 de agosto, Investunion, la casa de valores de dicho Banco,
negoció 8.420.000 bonos en 7.990.290 dólares, "pero no existe la
documentación suficiente que demuestre los procedimientos...",
dice la ContralorÃa. Sin autorización del Consejo, Reyes depositó
ese dinero, en efectivo, en el Banco Unión. El dos de junio de
1999 aparece una liquidación de fondos presentada por Unión AFPV
Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A., la cual nunca fue
autorizada por el Consejo para manejar sus recursos de vivienda.
El 14 de octubre de 1998, el prefecto Reyes solicitó a Unión AFPV
que invierta los fondos de la CompañÃa de Vivienda Provincial,
Coviprov S.A., en operaciones de reporto en Banco Unión, a una
tasa mÃnima del 7,5% anual, operaciones que, según el Prefecto,
"deberán irse renovando en la misma institución financiera, hasta
una nueva instrucción mÃa". Reyes dio esta orden antes de que se
constituya legalmente Coviprov, antes de que se nombre a sus
directivos y antes de que se constituya el fideicomiso.
Efectivamente, Coviprov recién fue inscrita en el registro
mercantil, al dÃa siguiente, el 15 de octubre de 1998.
De esa manera, el plan para construir alrededor de 5.000
viviendas en Pichincha, continuaba adelante. Ramiro González,
vicepresidente del Consejo Provincial, dijo a Vistazo que solo
están construidas unas 780 casas en el barrio La Bretaña, de
Quito. Para las restantes 4.220 solo habrÃan algunos terrenos.
Y fue justamente por la adquisición de un nuevo terreno que
Coviprov se metió en otro problema, en el que aparece por enésima
vez el Banco Unión.
El 30 de octubre de 1998, José Rafael Sáenz Pérez y José Rafael
Sáenz
El prefecto de Pichincha, Rafael Reyes invirtió 27 millones de
dólares a un interés del 1% anual y solo construyó 780 casas
El presidente interino Fabián Alarcón se empeñó en hacer realidad
el programa de vivienda popular ofrecido por su coideario el
prefecto de Pichincha, Rafael Reyes Uribe. Para financiar el
arranque del plan, el 23 de octubre de 1997, el Ministerio de
Finanzas ordenó la transferencia de 2.5 millones de dólares, pero
"sobre la utilización de estos recursos se han determinado gastos
que no corresponden al Programa de Vivienda Popular", dice la
"comunicación parcial de resultados", del nueve de agosto de
1999, elaborada por la ContralorÃa General que está examinando
el uso que el Consejo le dio a estos y otros recursos entregados
para este programa.
El 10 de julio, un mes antes de dejar el mandato, Alarcón
concedió a Reyes 25 millones de dólares adicionales, en bonos del
Estado para el mismo programa de vivienda.
Entre julio y agosto de 1998 el Consejo Provincial autorizó al
prefecto Reyes la venta de los bonos del Estado. Pero él omitió
la obligación legal de realizar estas operaciones a través de una
subasta pública universal y el 14 de agosto nombró una comisión
privada, para un análisis privado de cinco ofertas. La comisión
determinó que la mejor oferta era la del Banco Unión.
El 28 de agosto, Investunion, la casa de valores de dicho Banco,
negoció 8.420.000 bonos en 7.990.290 dólares, "pero no existe la
documentación suficiente que demuestre los procedimientos...",
dice la ContralorÃa. Sin autorización del Consejo, Reyes depositó
ese dinero, en efectivo, en el Banco Unión. El dos de junio de
1999 aparece una liquidación de fondos presentada por Unión AFPV
Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A., la cual nunca fue
autorizada por el Consejo para manejar sus recursos de vivienda.
El 14 de octubre de 1998, el prefecto Reyes solicitó a Unión AFPV
que invierta los fondos de la CompañÃa de Vivienda Provincial,
Coviprov S.A., en operaciones de reporto en Banco Unión, a una
tasa mÃnima del 7,5% anual, operaciones que, según el Prefecto,
"deberán irse renovando en la misma institución financiera, hasta
una nueva instrucción mÃa". Reyes dio esta orden antes de que se
constituya legalmente Coviprov, antes de que se nombre a sus
directivos y antes de que se constituya el fideicomiso.
Efectivamente, Coviprov recién fue inscrita en el registro
mercantil, al dÃa siguiente, el 15 de octubre de 1998.
De esa manera, el plan para construir alrededor de 5.000
viviendas en Pichincha, continuaba adelante. Ramiro González,
vicepresidente del Consejo Provincial, dijo a Vistazo que solo
están construidas unas 780 casas en el barrio La Bretaña, de
Quito. Para las restantes 4.220 solo habrÃan algunos terrenos.
Y fue justamente por la adquisición de un nuevo terreno que
Coviprov se metió en otro problema, en el que aparece por enésima
vez el Banco Unión.
El 30 de octubre de 1998, José Rafael Sáenz Pérez y José Rafael
Sáenz Borja vendieron a Coviprov el 50% de los derechos
fiduciarios del fideicomiso El Conde, terrenos que estaban ya
hipotecados a favor del Banco Unión.
PERDIDAS
Se produjo la revocatoria del fideicomiso y se recuperaron los
bonos, pero con una pérdida de 443.123 dólares por honorarios de
dos años de administración, cuando el tiempo fue solo de ocho
meses.
El Banco Unión, en agudo proceso de iliquidez, negó desde enero
de 1999 desembolsos a Coviprov. Entonces, esta empresa cayó en
sobregiros por casi 96 millones de sucres que el mismo Banco le
debitó de su cuenta en sucres.
El Banco Unión se negó a devolver la totalidad de los depósitos
en dólares, aduciendo que "estaban congelados", cuando el decreto
eximÃa de ese congelamiento a los dineros de las entidades del
Estado.
Vistazo insistió ante el prefecto de Pichincha para conseguir las
respuestas a los cuestionamientos de la ContralorÃa General del
Estado, la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción y uno de
los consejeros, pero en vano esperamos la cita con Rafael Reyes
Uribe. (Texto tomado de La Revista Vistazo)
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